RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00095-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00095-00

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00095-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por la Policía Nacional, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00095-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

21 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que
proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que la actora busca
convertir la acción de tutela en instancia adicional del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la Policía Nacional de Colombia
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 14 de enero de la presente anualidad1, la Policía Nacional de Colombia, a
través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia 2 , con ocasión de la sentencia proferida el 1º de agosto de 2024, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-
2014-01463-01 (1765-2023), mediante la cual accedió a las pretensiones y se
ordenó el reintegro al servicio del demandante, señor Cristian Esteban Barreiro

1
Se advierte que el 4 de febrero de 2025 el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

2 También consideró desconocido el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

Quiñones, al grado de patrullero. Formuló las siguientes pretensiones (se
transcriben):

PRIMERA: Que se declare que la sentencia de segunda instancia de fecha
30 de junio de 2015, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo
ContenciosoAdministrativo - Sección Segunda – Subsección B - Consejero
Ponente: JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA, demandante
estudiante Cristian Esteban Barreiro quiñones, Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, violó el derecho a la igualdad, debido proceso,
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y al acceso a la
administración de justicia de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda
el amparo de tutela solicitado por la Policía Nacional, se DEJE SIN EFECTOS
la sentencia citada, y se ordene el Consejo de Estado Sala de lo
ContenciosoAdministrativo - Sección Segunda – Subsección B - Consejero
Ponente: JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA dentro del
término razonable que se considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la
cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y
observando el precedente vertical fijado por la Honorable Corte
Constitucional, Honorable Consejo de Estado en las sentencias cuyo
desconocimiento se invocó y se pronunció de fondo sobre conferir el reintegro
del señor estudiante Cristian Esteban Barreiro Quiñones al cargo de
PATRULLERO

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos y jurídicos relevantes:

3. El señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones instauró el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional de Colombia, con
el fin de obtener la nulidad de la Resolución 349 del 18 de junio de 2014, mediante
la cual se le retiró de la institución al ser calificado como NO APTO, y, como
consecuencia, solicitó el reintegro al servicio activo.

4. En primera instancia conoció del proceso el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que, en sentencia del 31 de octubre de 2022, accedió a las pretensiones,
dado que anuló el acto demandado y ordenó a la Policía Nacional el reintegro del
accionante.

5. Inconforme con la decisión, la Policía Nacional la apeló con el argumento de que
la disminución de la capacidad laboral del actor es del 12%, y que no fue posible la
reubicación del actor, por tratarse de un estudiante, condición que, a su juicio,
impide el reintegro ordenado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

6. La decisión en segunda instancia, fue confirmada por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, mediante sentencia del 24 de julio de 2024,
tras considerar que la decisión del a quo se ajusta derecho, en consecuencia,
ordenó el reintegro del señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones al cargo de
patrullero.

7. Sostuvo que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto
fáctico, porque omitieron apreciar y evaluar una prueba, esto es, la Resolución 349
del 18 de junio de 2014 (acto acusado), en la que consta que el señor Barreiro
Quiñones fue retirado, en su condición de estudiante, de la Dirección Nacional de
Escuelas – Escuela Simón Bolívar.

8. Aclaró que el hecho de que el actor hubiera adquirido el título de «Técnico
Profesional en Servicio de Policía», no significa que haya ostentado el cargo de
patrullero, dado que ese tan solo es uno de los requisitos establecidos en el artículo
13 de la Ley 1791 de 2000, para efectos de ingresar al escalafón del nivel ejecutivo.

9. Asimismo, estimó que las providencias censuradas incurrieron en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, por «no acatar lo dispuesto en el
artículo 228 de la Constitución Política de Colombia de 1991», que consagra el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

10. Afirmó que en el proceso de origen la Policía Nacional expuso razones
suficientes para que el Tribunal accionado valorara la orden de reintegro a la luz del
artículo 13 de la Ley 1791 de 2000, pero la autoridad judicial no realizó un
pronunciamiento al respecto, sino que procedió a ordenar el ingreso al escalafón de
un estudiante sin verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos, omisión
de hecho que, en su concepto, significó apegarse al rito procedimental y dejar de
valorar la situación fáctica demostrada.

11. Igualmente, estima que las providencias cuestionadas incurrieron en el defecto
de desconocimiento del precedente judicial, dado que no aplicaron la orientación
dada por la Corte Constitucional en la sentencia C-288 de 2014, mediante la cual
se declaró inexequible el Acto Legislativo 01 de 2008, que adicionó el artículo 125
Superior, con una regla para permitir el ingreso automático en la carrera
administrativa de servidores públicos que ejercían el cargo en provisionalidad y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

cumplían con determinadas condiciones, al considerar que ello, atentaba contra el
principio constitucional de la carrera administrativa.

12. En ese orden, consideró que las providencias objeto de reproche no valoraron
la totalidad de requisitos exigidos a un estudiante para ingresar al escalafón y ser
designado en el grado de patrullero.

13. Finalmente, consideró que las autoridades judiciales accionadas profirieron su
decisión sin motivación, dado que ordenaron el ingreso del señor Barreiro
Quiñones al escalafón de la Policía Nacional, sin verificar el lleno de los requisitos
señalados en el artículo 13 de la ley 1791 de 2000 y sin percatarse de las reglas
definidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-053 de 2015,
dentro de las cuales, se encuentra el deber de examinar si el servidor público cumple
con los requisitos para acceder al cargo y está exento de antecedentes penales y
disciplinarios.

Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto de 20 de enero de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, como autoridad demandada, y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En calidad de terceros con
interés, se ordenó notificar al ministro de Defensa Nacional y al señor Cristian
Esteban Barreiro Quiñones, toda vez que intervinieron en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-2014-01463-00/01.

15. El magistrado ponente de la sentencia cuestionada, que integra la Subsección
B de la Sección Segunda de esta Corporación, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción, por ausencia del requisito de relevancia constitucional,
dado que la discusión planteada se limita a un claro desacuerdo con el resultado
del mismo, de donde se colige que la parte actora pretende convertir la tutela en
una instancia adicional del proceso ordinario.

16. A su juicio, la entidad accionante únicamente señaló que la autoridad judicial no
debió ordenar el reintegro del señor Barreiro Quiñones al cargo de patrullero, pero
no explicó concretamente en qué consiste la supuesta violación de sus derechos
fundamentales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

17. En caso de tenerse como procedente la tutela, solicitó que se nieguen el amparo,
como quiera que no se avizora vulneración alguna a los derechos fundamentales
invocados.

18. El señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones, mediante apoderado, señaló que
en el plenario del proceso de origen obra copia del acta de grado que le reconoce
la calidad de patrullero, situación fáctica que fue debidamente analizada por las
autoridades judiciales que resolvieron la controversia en primera y segunda
instancia.

19. Sostuvo que el título «Técnico Profesional en Servicio de Policía», es un estudio
técnico más avanzado que el grado de patrullero. Es más, para el 23 de noviembre
de 2012, fecha en que el señor Barreiro Quiñones accedió al título en mención, ya
ostentaba la calidad de patrullero de la Policía Nacional.

20. Por lo anterior, solicitó negar el amparo solicitado.

21. El ministro de Defensa Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado no intervinieron en esta oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Problema Jurídico

22. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se
analizará si la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado incurrió en
los defectos endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales cuya
protección se reclama.

Análisis de la Sala

23. Inmediatez. La acción de tutela cumple con este requisito, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 1º de agosto de 2024 y la solicitud
de amparo se presentó el 14 de enero de 2025, esto es, dentro de los seis meses
siguientes a su expedición. Este término resulta razonable, sin necesidad de
determinar la fecha de notificación de la sentencia de segundo grado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

24. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

25. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

26. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

27. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante, la Sala concluye
que la parte accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección
de los derechos fundamentales en una instancia adicional del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la determinación de los jueces naturales sobre el restablecimiento
del derecho ordenado en las providencias censuradas, que se concreta en el
escalafonamiento del señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones en el cargo de
patrullero.

28. De la lectura de la demanda se desprende que el cuestionamiento de la
accionante se relaciona con la supuesta indebida valoración de la Resolución 349
del 18 de junio de 2014, en la que, a su juicio, se especifica que, al momento de la
desvinculación, el señor Barreiro Quiñones ostentaba la condición de estudiante,
razón por la cual, en su concepto, no es procedente la orden de reintegro al grado
de patrullero, ni su escalafonamiento en el nivel ejecutivo, por cuanto, no se validó

3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

el cumplimiento de los demás requisitos necesarios para ello, establecidos en el
artículo 13 de la Ley 1791 de 2000.

29. Revisada la documental allegada al expediente, se verifica que, en sentencia
del 31 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle analizó la situación
fáctica descrita, ahora planteada por la Policía Nacional en esta instancia
constitucional.

30. En esa oportunidad, el a quo, no desconoció que el señor Barreiro Quiñones
aun no contaba con el escalafonamiento como patrullero de la institución, sin
embargo, a título de restablecimiento del derecho, ordenó su reintegro a ese grado,
al considerar que lo alcanzó al superar el curso de formación. Así discurrió:

31. Inconforme con la decisión, la Policía Nacional la impugnó y allí expuso
similares alegatos a los que utilizó para sustentar la acción de tutela de la
referencia. En efecto, la autoridad accionada en la sentencia de segunda instancia,
los resumió así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

Expuso que no comparte la decisión de primera instancia, al ser proferida con
errada interpretación sin diferenciar entre el régimen de carrera del personal
de nivel ejecutivo y el régimen jurídico de los estudiantes de la escuela de
formación, por lo cual consideró que la providencia está afectada por violación
directa a la Constitución, desconocimiento del precedente y defecto por
indebida interpretación.

Precisó que el estudiante Barreiro Quiñones se encontraba sometido a los
requisitos generales de las normas de carrera y a las condiciones psicofísicas
especiales contenidas en el Decreto 1796 de 2000, para la procedencia de la
incorporación, al igual para la permanencia del curso de formación, lo que
significa que en el evento en que sufra alguna lesión deberá ser sometido al
proceso de calificación de capacidad psicofísica por la autoridad médico
laboral para determinar si es apto o no para el servicio policial.

Sostuvo que el actor presenta una disminución de capacidad laboral del 12.%
no siendo apto para reubicación laboral por tratarse de un estudiante,
situación que no puede hacer posible el reintegro a la institución atendiendo
la disminución de la capacidad, por cuanto no se encuentra vinculado al nivel
ejecutivo de la Policía como erradamente lo interpretó el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dado que tenía una aspiración para
ingresar a la Policía en el grado de patrullero, debiéndose aplicar las normas
de estudiantes del nivel ejecutivo.

No se desconoce que el actor aprobó el título académico de formación
profesional policial, expedido por la Dirección de Educación Policial; sin
embargo, este es un requisito más para el ingreso al escalafón donde debe
acreditarse la calificación de la capacidad psicofísica como apto para el
servicio policial, emitida por los organismos Médico Laborales Militares y de
Policía.

Finalmente, manifestó que está probado que el demandante se encontraba
adelantando el proceso de formación académica en la Escuela de Policía
Simón Bolívar de Tuluá, como técnico profesional en servicio de policía, sin
obtener dicho nombramiento como profesional de Policía, pues no logró
escalafón del nivel profesional, por lo que, solicitó revocar la decisión de
primera instancia.

32. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia
cuestionada, proferida el 1º de agosto de 2024, resolvió cada uno de los
planteamientos de la alzada, y en especial, se refirió a la situación particular en la
que se encontraba el señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones, quien no tenía la
calidad de estudiante, por haber culminado sus estudios en la Dirección Nacional
de Escuela de Policía Simón Bolívar, pero, tampoco la de patrullero, por no haber
sido designado como tal.

33. Eso, precisamente, fue lo que el juez natural de la causa le reprochó a la
institución policial. Puesto que, mediante los actos administrativos demandados,
para efectos de la desvinculación, otorgó al señor Barreiro Quiñones trato como
miembro activo de la Policía Nacional, dado que le aplicó una causal de retiro
prevista en el artículo 55 del Decreto Ley 1791 de 2000; pero, para el análisis de su

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

posible reubicación, apeló a la calidad de estudiante 4 , la cual, a la luz de la
normativa aplicable 5 , había perdido, precisamente por haber superado periodo
académico.

34. Así se lee en la providencia objeto de censura:

De acuerdo a lo anterior, la entidad demandada mediante acto administrativo
desvinculó al señor Barreiro Quiñonez en condición de estudiante en
formación al no ser apto para el servicio de acuerdo con las valoraciones
realizadas por las autoridades médicas de la institución, empero, de las
pruebas que descansan en el expediente está claramente definido que, la
Dirección Nacional de Escuelas “Institución Universitaria” mediante acta de
grado 00001 del 23 de noviembre de 2012, confirió el título de “TÉCNICO
PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICIA” al señor “Patrullero Cristian
Esteban Barreiro Quiñonez”. En ese sentido, las actas de la junta médico
laboral del 5 de diciembre de 2012 y del Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía, así como, el acto administrativo contenido en la Resolución
000349 del 18 de junio de 2014 están falsamente motivadas, en vista que, las
autoridades médicas y educativas omitieron tener en cuenta hechos que, si
estaban demostrados mucho antes de la primera valoración, y que sí
hubiesen sido considerados otra sería la decisión.

Por lo tanto, la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía al realizar el
trámite administrativo omitió decirle a las autoridades médicas que el
demandante había culminado sus estudios conforme lo establece el
reglamento académico de la institución educativa de la Policía “General
Santander” vigente para esa época y contenido en la Resolución 02338 del
27 de septiembre de 2004, el cual establece en el literal a) del artículo 4 que
una de las causales para perder la calidad de estudiante es “cuando se ha
culminado el periodo académico previsto.”
(…)
En consecuencia, al haber superado el curso de formación la entidad
demandada debía materializar el nombramiento mediante el acto
administrativo proferido por el Director General de la Policía, con la debida
incorporación al escalafón de carrera en condición de patrullero de la
institución policial.

Así y todo, no se puede pasar por alto que el factor determinante para retirarlo
fue la evaluación de disminución de la capacidad laboral realizada de acuerdo
al Decreto 1796 de 2000 que en el artículo 3 establece que “es no apto quien
presente alguna alteración sicofísica que no le permita desarrollar normal y
eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo,
empleo o funciones”. Seguidamente, el artículo 4 regula que los exámenes
médicos y paraclínicos de capacidad sicofísica se realizarán en la selección
de alumnos de escuelas de formación y su equivalente en la Policía Nacional,
incorporación y otros eventos.

Ahora bien, en el citado marco legal señala en el numeral 2 del artículo 15
que corresponde a la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, dentro de sus
funciones “clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio,

4 No lo reubicó por tratarse de un alumno en proceso de formación.

5 Resolución 02338 del 27 de septiembre de 2004, por la cual se expide el reglamento académico
de la institución educativa de la Policía General Santander.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite”, en este
sentido, observa la Sala que la autoridad médica lo calificó con una pérdida
de capacidad del 12.00% y no lo reubicó por tratarse de un alumno en proceso
de formación, aspecto que no corresponde a la realidad fáctica como antes
se indicó, además, la pérdida de capacidad sicofísica no estaba establecida
en el reglamento estudiantil [ Resolución 02338 del 27 de septiembre de 2004,
artículo 4] como una causal de retiro para los estudiantes.

En ese orden de ideas, la autoridad demandada no analizó las normas
aplicables al actor y le dio un trato de alumno para evitar la incorporación por
la condición de la disminución de la capacidad psicofísica, pero esta causal
de retiro está prevista para los miembros de la Policía Nacional contenida en
el Decreto Ley 1791 de 2000, en el artículo 55, así: (…)

Así las cosas, el retiro por disminución de la capacidad sicofísica para los
miembros de la Policía Nacional le fue aplicado al señor Barreiro Quiñonez,
pero dándole un trato de alumno, ello sin darle un trato igual que le
corresponde a los miembros activos, como el de estudiar previamente la
reubicación e incorporación en un cargo en que pueda ser útil para la
institución, por ello, el acto administrativo además de estar afectado por la
causal de nulidad de falsa motivación, también le vulneró el derecho a la
igualdad por estar en condición de debilidad manifiesta física y mental.

35. Aunado a lo anterior, la autoridad judicial accionada analizó el caso particular
del actor a la luz de las normas superiores y, con un enfoque diferencial con
perspectiva étnica, atendiendo no solo a la condición de vulnerabilidad, dada su
disminución en la capacidad psicofísica, sino también a su doble condición de sujeto
de especial protección constitucional, puesto que de una parte, es oriundo de la
Región Pacífica Colombiana y pertenece a la población afrodescendiente, y de otra,
su padre falleció por muerte violenta.

36. Asimismo, la Subsección advierte que en la providencia cuestionada se modificó
la decisión de primera instancia, precisamente en lo atinente al restablecimiento del
derecho ordenado, tras advertir que el señor Barreiro Quiñones no ostentaba la
calidad de patrullero de la Policía Nacional, porque al momento de su desvinculación
no había sido nombrado en ese grado.

37. Bajo esa égida fue que el ad quem en la providencia cuestionada ordenó que, a
título de restablecimiento del derecho, la institución policial nombrara e incorporara
al señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones en el cargo de patrullero, a partir del 18
de junio de 2014, previa evaluación que determine con exactitud la mejor opción
para su reubicación laboral, atendiendo su grado de escolaridad, habilidades,
destrezas y capacidades físicas. Así sustentó su decisión:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

En otras palabras, la Policía Nacional al momento de adoptar la decisión del
retiro, la sustentó con falsa motivación, al no observar normas de rango
superior, entre ellas, los principios contenidos en la Constitución donde se
garantiza el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y el de
cumplir los fines esenciales de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo con la toma de acciones afirmativas en protección de los
derechos de las minorías,

En ese orden de ideas, para la Sala de Decisión no queda duda alguna que
la autoridad demandada en el trámite y en la formación del acto administrativo
contenido en la Resolución 000349 del 18 de junio de 2014, fue expedido con
falsa motivación, y además vulneró los derechos fundamentales del actor
quien tiene una doble condición de sujeto de especial protección
constitucional, razón suficiente para confirmar la declaración de nulidad de los
actos demandados pero por motivos diferentes a los ordenados por la primera
instancia; sin embargo, no sucede lo mismo con el ordinal segundo que se
modificará en el sentido de ordenar el nombramiento e incorporación del actor
a la carrera policial que fue omitido por la primera instancia y que fue advertido
por el magistrado disidente.

Es así, que la inconformidad planteada por el accionante con referencia a
partir de qué momento se haría efectivo el restablecimiento y se entiende que
no puede hacerse a partir de la entrega del título de formación, comoquiera
que para aquel momento no existía el acto administrativo que retiró al
demandante de la institución, en ese sentido, al declararse la nulidad del acto
administrativo los efectos de la sentencia son “ex tunc”, es decir, desde el
origen y los efectos de la nulidad se retrotraen al momento en que el acto
administrativo produjo los efectos jurídicos aquí demandados, por lo tanto, se
confirmará la decisión en que es desde el momento en que se expidió el acto
administrativo que aquí se censuró.

Al momento del restablecimiento la entidad determinará con exactitud la mejor
opción para la reubicación laboral del accionante, atendiendo su grado de
escolaridad, habilidades, destrezas y capacidades físicas. Igualmente, se
ordena el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales
correspondientes al cargo de Patrullero, que dejó de percibir desde su retiro
hasta cuando se haga efectivo el reintegro, previas las deducciones legales a
que haya lugar.

En lo que se refiere a la pretensión sexta de la demanda de prevenir a la
Policía Nacional para que se abstenga de incurrir en la conducta que dio
origen al proceso, así como de atender integralmente las patologías que
presente el accionante, debe decirse que en cumplimiento del artículo41 16
de la Ley 446 de 1998, como una medida propia de reparación integral, se
exhortará a la entidad demandada para que al momento de retirar a los
estudiantes de las escuelas de Policía Nacional valore las circunstancias
relacionadas con discapacidad pero con ubicación laboral e igualmente, en
presencia de personas pertenecientes a las poblaciones afro e indígenas con
enfoque diferencial étnico cuando la situación fáctica y jurídica la amerite,
haciendo énfasis, como está, en el concepto de enfoque diferencial positivo.

38. De la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación interpuesto contra el fallo del 31 de octubre de 2022, dictado por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y los propuestos en el escrito de tutela,
se evidencia que los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto,
desconocimiento del precedente judicial y decisión sin motivación, en que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

supuestamente incurrió la parte demandada fueron invocados para continuar con el
debate jurídico que ya fue decidido en el proceso ordinario.

39. A juicio de la Sala, los argumentos que sustentan la providencia objeto de
cuestionamiento, son razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de
vista constitucional. El hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al
juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente
por el juez natural de la causa.

40. La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en el único y el preferido
medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus
intereses. Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el
conflicto jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario
ideal para zanjarlas. El ejercicio hermenéutico que realiza el juez natural en la
decisión judicial forma parte de su autonomía e independencia, ámbito que debe
ser respetado por el juez de tutela cuando no observa la vulneración de los
derechos constitucionales fundamentales que haga necesaria su intervención.

41. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos
los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por
desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural6.

42. Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela,
las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente 2016-03419-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-00
Demandante: Policía Nacional del Colombia

configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional7».

43. Por todo lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.

44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por la Policía Nacional, de
acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

7
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.