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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00102-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00102-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el señor consejero doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del mismo. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 110010315000-2025-00102-00 Actora: ALLIANZ SEGUROS S.A. eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00102-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2025-00102-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ALLIANZ SEGUROS S.A.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR LA ACTORA ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO
Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la

sociedad actora contra el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR1 y el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL CESAR2.

1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 110010315000-2025-00102-00
Actora: ALLIANZ SEGUROS S.A.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La sociedad ALLIANZ SEGUROS S.A., actuando a través de

apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo

86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, así como al principio de legalidad, los cuales estima

vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido las

sentencias de 31 de enero de 2023 y 18 de julio de 2024,

respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 200013333001-2020-

00260-01.

I.2.- Hechos

Señaló que para el año 2018 el señor RENÉ ALEJANDRO URÓN

PINTO prestaba sus servicios como médico en el cargo de

profesional universitario en la Secretaría de Salud del

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Actora: ALLIANZ SEGUROS S.A.

DEPARTAMENTO DEL CESAR3.

Afirmó que mediante Resolución núm. 003079 de 18 de julio de

2018, el DEPARTAMENTO autorizó al señor RENÉ ALEJANDRO

URÓN PINTO el desplazamiento a la ciudad de Barranquilla durante

los días 19 al 22 de julio de 2018, con el fin de que participara en el

equipo nacional de riesgos de desastres en la salud de la Oficina

Territorial de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y la

Protección Social.

Aseguró que el 22 de julio de 2018 el vehículo oficial del

DEPARTAMENTO en el que se trasportaba el señor RENÉ

ALEJANDRO URÓN PINTO colisionó con otro que se encontraba

estacionado, causándole graves lesiones que fueron valoradas por la

Junta Regional de Invalidez con una pérdida de la capacidad laboral

del 47,6%.

Agregó que en el año 2020 el señor RENÉ ALEJANDRO URÓN

PINTO y su grupo familiar promovieron una demanda de reparación

directa contra el DEPARTAMENTO, con la finalidad de que se le

3
En adelante el DEPARTAMENTO.

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reparara por los daños sufridos en el accidente.

Indicó que el proceso fue identificado con el número único de

radicación 200013333001-2020-00260-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al JUZGADO que la vinculó al trámite

“[…] como llamada en garantía de la entidad Gobernación del Cesar,

dado su condición de Asegurado dentro de la póliza No. 022154914

/ 0, garante del rodante de placas OXV259 […]”.

Aseveró que a través de sentencia de 31 de enero de 2023 el

JUZGADO accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda

y, entre otros aspectos, la condenó al pago del daño moral en los

siguientes montos:

Demandante Monto
René Alejandro Urón Pinto 80 SMLMV
(Víctima)
María Alejandra Urón Espinosa 80 SMLMV
(Hija)
Emiliano Oscar Urón Espinosa 80 SMLMV
(Hijo)

Afirmó que interpuso el recurso de apelación respectivo, comoquiera

que: “[…] la póliza No.022154914 / 0, expedida por ALLIANZ

SEGUROS S.A., no tiene cobertura para la responsabilidad

contractual y mucho menos para la CULPA PATRONAL, teniendo en

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cuenta que dicha póliza es de RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL, lo cual no es compatible con la carga

indemnizatoria que se le impuso […]”.

Anotó que en sentencia de 18 de julio de 2024 el TRIBUNAL decidió

confirmar la decisión recurrida, “[…] ratificando la imposición de

cargas indemnizatorias que deben ser soportadas por mi

representada, con afectación a la póliza No. 022154914 / 0,

desconociendo que dicha póliza carece de amparo de RCC y/o CULPA

PATRONAL, de manera que recoge el error de aquel de primera

instancia en confundir que el hecho ocurrido es de naturaleza

extracontractual […]”.

Agregó que, en término, solicitó la aclaración de la sentencia aludida,

petición que fue resuelta de forma desfavorable por el TRIBUNAL a

través de auto de 12 de diciembre de 2024.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Sostuvo que desde que se le vinculó al proceso origen de la

controversia, manifestó que: “[…] la Póliza No. 022154914 / 0, es un

seguro que cubre riesgos de naturaleza netamente Extracontractual,

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de manera que NO tiene cubrimiento para los riesgos contractuales,

ni culpa patronal, por ser estos últimos amparos propios de otro tipo

de póliza (Póliza de RCC (Responsabilidad civil contractual) y/o póliza

de Predio, labores y operaciones) […]”.

Anotó que quedó probado que las circunstancias que rodean el hecho

dañoso se encuadran en un accidente de trabajo, como fue

reconocido por el empleador, además de ser un hecho confeso del

demandante al haber manifestado que recibió pago por concepto de

indemnización de parte de su ARL, quien trató el hecho como una

contingencia laboral.

Explicó que conforme con el numeral 9 del artículo 1047 del Código

de Comercio, la póliza de seguro deberá expresar “los riesgos que el

asegurador toma a su cargo”, por lo que, ante la ocurrencia del

siniestro, la compañía aseguradora tan sólo indemnizará los costos

que se generen de acuerdo a los amparos señalados expresamente

en el contrato.

Manifestó que, en ese orden de ideas, “[…] bajo ninguna

circunstancia, podrá imponerse cargas indemnizatorias al extremo

asegurador, por fuera de lo estrictamente contratado, de manera que

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mal podría imponerse el deber de indemnizar hechos que coinciden

con responsabilidad patronal y/o responsabilidad civil contractual, a

una póliza de seguros que es de carácter netamente extracontractual

[…]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora solicitó:

“[…] PRIMERA: Se conceda el amparo por vía de TUTELA,
contra las sentencias de primera y segunda instancia emitidas
por el Juzgado 1 Administrativo de Valledupar y el Tribunal
Administrativo de Valledupar, en fechas 31 de enero de 2023 y
18 de julio de 2024, respectivamente, dentro de la Acción de
Reparación Directa con radicado: 20-001-33-33-001-2020-
00260-00, por proferirse por vía de hecho y no conforme a
derecho.

SEGUNDA: Se declare que las sentencias de primera y segunda
instancia emitida por el Juzgado 1 Administrativo de Valledupar
y el Tribunal Administrativo de Valledupar, en fechas 31 de enero
de 2023 y 18 de julio de 2024, respectivamente, dentro de la
Acción de Reparación Directa con radicado: 20-001-33-33-001-
2020- 00260-00, no se decidieron conforme a derecho, sino por
vía de hecho.

TERCERA: Se descalifiquen como acto jurídico las sentencias de
primera y segunda instancia emitida por el Juzgado 1
Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo de
Valledupar, en fechas 31 de enero de 2023 y 18 de julio de 2024,
respectivamente, dentro de la Acción de Reparación Directa con
radicado: 20- 001-33-33-001-2020-00260-00 y
consecuentemente se ordene al despacho judicial que
corresponda, proferir nueva decisión conforme a derecho […]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El DEPARTAMENTO manifestó que la presente acción de

tutela era improcedente, comoquiera que las autoridades accionadas

no actuaron al margen “[…] del procedimiento establecido, ya que es

propio de su autonomía interpretar las normas jurídicas, aplicar la

jurisprudencia y darle el valor probatorio a cada medio de convicción

allegado dentro de las oportunidades probatorias, como en efecto

sucedió al dictar las providencias judiciales objeto de reproche […]”.

Agregó que, en todo caso, debía estarse a lo resuelto por esta

Corporación en sentencias de 4 de septiembre de 2024 y 18 de

octubre de dos mil veinticuatro (2024), proferidas dentro de la acción

de tutela identificada con el número único de radicación

110010315000-2024-04165-00, en la que se debatieron los mismos

hechos y pretensiones propuestos en el presente asunto.

I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir copia digital del expediente

origen de la controversia, sin realizar pronunciamiento alguno frente

al fondo del asunto.

I.5.3.- El TRIBUNAL pese a haber sido notificado en debida forma,

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guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión Previa

Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor

consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, mediante escrito obrante

en el índice 22 del expediente digital4, manifestó su impedimento

para actuar en el proceso de la referencia, por cuanto su esposa, la

señora JEANNETTE FORIGUA ROJAS, se desempeña como miembro

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El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial, SAMAI.

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de la Junta Directiva de la sociedad Allianz Seguros S.A., entidad

accionante en el proceso de la referencia.

Por lo anterior, considera que se encuentra incurso en la causal de

impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código

Procedimiento Penal -en adelante CPP-.

Para resolver, SE CONSIDERA:

La causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del CPP, prevé lo

siguiente:

“[…] Causales de impedimento.

Son causales de impedimento:

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad, tenga interés en la actuación procesal. […]”
(Resaltado fuera del texto original).

De la causal transcrita y los hechos que soportan el impedimento

manifestado por el señor consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,

la Sala considera que concurren los presupuestos para el efecto, toda

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vez que su cónyuge, la señora JEANNETTE FORIGUA ROJAS se

desempeñan actualmente como miembro de la Junta Directiva de la

sociedad Allianz Seguros S.A., entidad accionante en la acción de tutela

de la referencia.

Siendo ello así, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el citado consejero y lo separará del conocimiento

de la presente acción constitucional, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

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jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y

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extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

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limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la actora pretende el amparo de los derechos

deprecados, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el

TRIBUNAL al proferir las sentencias de 31 de enero de 2023 y 18

de julio de 2024, respectivamente, dentro del medio de control de

reparación directa identificado con el número único de radicación

20001-33-33-001-2020-00260-01.

A través de las referidas providencias las autoridades judiciales

accionadas declararon la responsabilidad administrativa del

DEPARTAMENTO por las lesiones que sufrió el señor RENÉ

ALEJANDRO URÓN PINTO en un accidente de tránsito mientras se

trasportaba en un vehículo oficial.

La sociedad actora fue condenada como llamada en garantía al pago

de los daños morales reconocidos, comoquiera que había expedido

la póliza de responsabilidad extracontractual del vehículo en el que

se trasportaba el señor RENÉ ALEJANDRO URÓN PINTO.

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El disenso de la accionante deriva del hecho de que, en su sentir, el

señor RENÉ ALEJANDRO URÓN PINTO se movilizaba en el

vehículo implicado en calidad de funcionario del DEPARTAMENTO,

por lo que el accidente fue de trabajo, por lo que no estaba llamada

a responder.

Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita

dejar sin efectos tanto la providencia de 31 de enero de 2023

proferida por el JUZGADO, como la dictada el 18 de julio de 2024

por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a esta última, toda vez que fue la que dio por terminado el

proceso origen de la controversia.

De igual forma, la Sala advierte que si bien en sentencia de 18 de

octubre de 2024, proferida en segunda instancia dentro del

expediente identificado con el número único de radicación

110010315000-2024-04165-01, la Sección Tercera – Subsección

“B”- de esta Corporación se pronunció respecto de una solicitud de

amparo elevada por la actora en similares términos a la de la

referencia, lo cierto es que en aquella oportunidad la acción de tutela

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fue declarada improcedente por subsidiariedad comoquiera que

estaba pendiente de resolución la petición de aclaración de la

sentencia de 18 de julio de 2024 acusada, lo cual ya acaeció a través

de auto de 12 de diciembre de esa anualidad, este último hecho

puesto de presente en el escrito introductorio.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el

TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en las

irregularidades aducidas por la actora, al haber proferido la

providencia de 18 de julio de 2024 dentro del medio de control

de reparación directa identificado con el número único de radicación

200013333001-2020-00260-01.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

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la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de

[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]” (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

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instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

que propone la actora respecto de las presuntas irregularidades

implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede

ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.

En efecto, la divergencia surge del hecho de que, en sentir de la

actora, no estaba llamada a responder con ocasión a la póliza de

responsabilidad civil extracontractual que emitió sobre el vehículo en

el que se trasportaba el señor RENÉ ALEJANDRO URÓN PINTO,

porque este se movilizaba en el automotor como funcionario del

DEPARTAMENTO lo que significaba que se trató de un accidente de

trabajo.

Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva

constitucional, giran en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el

TRIBUNAL, así:

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“[…] La llamada en garantía Allianz Seguros S.A en su memorial
de apelación adujo como argumentos principales: i) incoherencia
entre lo probado en el proceso y la condena a las demandadas;
ii) deben negarse las condenas por daño moral para el lesionado
y sus hijos dado que fue indemnizado integralmente y no ha
dejado de percibir su salario; iii) inexistencia de la
responsabilidad administrativa por cuanto existía
relación laboral; finalmente, que iv) la póliza de
responsabilidad civil extracontractual No 022154914/0
no cubre el riesgo de responsabilidad civil contractual.

En primer lugar planteó la incoherencia entre lo probado en el
proceso y las condenas a las demandadas porque se demostró
que las lesiones fueron causadas con ocasión de un accidente de
trabajo, se condenó a las demandadas al pago de perjuicios sin
tener en cuenta que la póliza 022154914/0 del vehículo de
placas OXV-259, sólo cubre los amparos de responsabilidad civil
extracontractual, de manera que al existir un vínculo contractual
laboral entre la victima directa y el tomador del seguro, el riesgo
no estaba asegurado.

En este sentido, es preciso traer a colación las condiciones del
contrato de seguro que fueron allegadas con la contestación de
la demandada, donde a folios 33 – 34 se evidencia la definición
de la responsabilidad civil extracontractual, así:

“6. Responsabilidad Civil Extracontractual

La compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, incluyendo el lucro cesante y daño moral,
siempre y cuando se encuentren debidamente acreditado, que
cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la
responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo
con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado
por el vehículo descrito en la póliza. (...)” - Subrayado fuera de
texto

Asimismo, se define a folio 37 del mismo archivo el amparo
patrimonial que cubre la póliza así:

[…]

De la norma y jurisprudencia transcrita es posible inferir que la
responsabilidad reclamada en este caso no deviene del contrato
laboral o de la relación legal reglamentaria existente entre la
entidad asegurada y el servidor público lesionado, puesto que la

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causa del daño es un accidente de tránsito, hecho jurídico
externo al vínculo laboral y al cumplimiento de las funciones
asignadas al servidor público como antes se dejó señalado.

Por otra parte, en el informe policial de accidente de tránsito en
el acápite de observaciones se indicó que “el vehículo de placas
OXV259 colisiona por la parte de atrás estando el vehículo de
adelante en movimiento ocasionando accidente de tránsito no
mantener distancia de seguridad y 116 exceso de velocidad” en
tal sentido, razón por la cual, lo ocurrido encuadra plenamente
en lo previsto en los amparos de la póliza puesto que allí se
indica que procederá el pago cuando el asegurado o el conductor
desatienda entre otras, los límites de velocidad, razón por la cual
debe cubrir los daños causados por el accidente ya que se
materializó el riesgo amparado.

Ahora bien, revisadas íntegramente las exclusiones de amparo
de la póliza enunciadas en el anexo, no se evidencia en ellas
causales que apliquen al presente caso, motivo por el cual se
entenderá que los daños a los que haya lugar a indemnizar
dentro de la litis deberán ser cubiertos por la póliza.

Acorde con lo manifestado, no se precisan razones por las cuales
se abstendría la llamada en garantía del pago de las condenas a
las que haya lugar, en tal sentido, el cargo se despachará
negativamente.

En segundo lugar, la demandada indicó que debieron negarse
las condenas por daño moral para el lesionado y sus hijos dado
que fue indemnizado integralmente por parte de la ARL y no ha
dejado de percibir su salario pues sigue vinculado laboralmente
al Departamento del Cesar.

Sobre este punto debe volver la Sala a lo analizado respecto de
los argumentos esgrimidos por el departamento del Cesar sobre
la reparación integral del daño, puesto que considerar que el
pago de los perjuicios materiales y la posibilidad de continuar
trabajando pese al alto grado de incapacidad dictaminado son
suficientes para reparar el daño, es tanto como decir que lo único
valioso para la persona son los bienes materiales y el trabajo
puesto que de allí deriva su sustento, entonces cómo desconocer
el aspecto emocional involucrado en los casos en que se causan
lesiones personales cuyos efectos son permanentes, que decir
de la disminución de sus fuerzas por causa de la discapacidad y
de la privación de algunas actividades placenteras por esa causa,
no puede aceptarse que ello no tenga relevancia al punto de
negar que debe ser tenido en cuenta para una reparación del

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daño.

Al respecto de la compatibilidad de las indemnizaciones, es decir,
de la entregada por la ARL y la que llegase a recibir la víctima
en la jurisdicción contencioso administrativa como reparación
del daño, la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia
73001-23-31-000-2008-00100-01(40496) del 7 de febrero de
2018, también se refirió al tema, así:

[…]

En cuanto a la inexistencia de la responsabilidad administrativa
porque existía relación laboral entre la victima directa y el
Departamento del Cesar y el día del accidente estaba de
comisión en el municipio de Barranquilla autorizado por el
empleador para dichas funciones, se remite la Sala a lo expuesto
en relación con los argumentos de apelación del ente
departamental, no sin antes reiterar que el hecho jurídico del
accidente de tránsito se encuentra por fuera del marco de las
obligaciones que tenía como funcionario del Departamento […]”.

En el caso bajo examen, la Sala observa que el TRIBUNAL consideró

los reproches de la actora y que coinciden con los que fundamentan

la solicitud de amparo, a partir del contenido de las condiciones del

contrato de seguros, la regulación civil de este y de las

particularidades del caso.

El TRIBUNAL destacó que la responsabilidad reclamada no devenía

de la relación laboral entre el servidor lesionado y su empleador,

dado que la causa del daño fue un accidente de tránsito, sin que se

advirtiera que las causales de exclusiones expresas en el contrato de

seguro aplicaran para esas particularidades.

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La autoridad judicial accionada destacó que conforme con el informe

policial elaborado con ocasión al siniestro, el daño se originó por la

colisión del vehículo en el que se trasportaba el señor RENÉ

ALEJANDRO URÓN PINTO, circunstancia que encuadraba en los

amparos de la póliza en la que se preveía que el pago procedería

cuando el asegurado o el conductor desatienda entre otros, los

límites de velocidad, causa del accidente origen de la controversia.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de

la referencia es improcedente por falta del requisito general de

la relevancia constitucional, porque a través de esta la parte

actora lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al

proceso ordinario, sin que en todo caso, se vislumbre que la

autoridad judicial accionada hubiera actuado de forma abiertamente

arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía

judicial.

Significa lo precedente que lo pretendido por la actora es que el juez

de tutela haga un nuevo examen integral de las pruebas que fueron

allegadas al proceso de reparación directa, con la finalidad de que se

haga una corrección al análisis que hizo la autoridad judicial

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accionada y se acoja la interpretación que propone, como si el

mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los

previstos en el trámite ordinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de

la relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por

el señor consejero doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ para

intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, se le separa

del conocimiento del mismo.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

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eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidenta

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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