Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00102-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00102-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00102-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2025-00102-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ALLIANZ SEGUROS S.A.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR LA ACTORA ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO
Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la
sociedad actora contra el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR1 y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR2.
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 110010315000-2025-00102-00
Actora: ALLIANZ SEGUROS S.A.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La sociedad ALLIANZ SEGUROS S.A., actuando a través de
apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo
86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, así como al principio de legalidad, los cuales estima
vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido las
sentencias de 31 de enero de 2023 y 18 de julio de 2024,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 200013333001-2020-
00260-01.
I.2.- Hechos
Señaló que para el año 2018 el señor RENÉ ALEJANDRO URÓN
PINTO prestaba sus servicios como médico en el cargo de
profesional universitario en la Secretaría de Salud del
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Actora: ALLIANZ SEGUROS S.A.
DEPARTAMENTO DEL CESAR3.
Afirmó que mediante Resolución núm. 003079 de 18 de julio de
2018, el DEPARTAMENTO autorizó al señor RENÉ ALEJANDRO
URÓN PINTO el desplazamiento a la ciudad de Barranquilla durante
los días 19 al 22 de julio de 2018, con el fin de que participara en el
equipo nacional de riesgos de desastres en la salud de la Oficina
Territorial de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y la
Protección Social.
Aseguró que el 22 de julio de 2018 el vehículo oficial del
DEPARTAMENTO en el que se trasportaba el señor RENÉ
ALEJANDRO URÓN PINTO colisionó con otro que se encontraba
estacionado, causándole graves lesiones que fueron valoradas por la
Junta Regional de Invalidez con una pérdida de la capacidad laboral
del 47,6%.
Agregó que en el año 2020 el señor RENÉ ALEJANDRO URÓN
PINTO y su grupo familiar promovieron una demanda de reparación
directa contra el DEPARTAMENTO, con la finalidad de que se le
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En adelante el DEPARTAMENTO.
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Actora: ALLIANZ SEGUROS S.A.
reparara por los daños sufridos en el accidente.
Indicó que el proceso fue identificado con el número único de
radicación 200013333001-2020-00260-00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al JUZGADO que la vinculó al trámite
“[…] como llamada en garantía de la entidad Gobernación del Cesar,
dado su condición de Asegurado dentro de la póliza No. 022154914
/ 0, garante del rodante de placas OXV259 […]”.
Aseveró que a través de sentencia de 31 de enero de 2023 el
JUZGADO accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda
y, entre otros aspectos, la condenó al pago del daño moral en los
siguientes montos:
Demandante Monto
René Alejandro Urón Pinto 80 SMLMV
(Víctima)
María Alejandra Urón Espinosa 80 SMLMV
(Hija)
Emiliano Oscar Urón Espinosa 80 SMLMV
(Hijo)
Afirmó que interpuso el recurso de apelación respectivo, comoquiera
que: “[…] la póliza No.022154914 / 0, expedida por ALLIANZ
SEGUROS S.A., no tiene cobertura para la responsabilidad
contractual y mucho menos para la CULPA PATRONAL, teniendo en
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cuenta que dicha póliza es de RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, lo cual no es compatible con la carga
indemnizatoria que se le impuso […]”.
Anotó que en sentencia de 18 de julio de 2024 el TRIBUNAL decidió
confirmar la decisión recurrida, “[…] ratificando la imposición de
cargas indemnizatorias que deben ser soportadas por mi
representada, con afectación a la póliza No. 022154914 / 0,
desconociendo que dicha póliza carece de amparo de RCC y/o CULPA
PATRONAL, de manera que recoge el error de aquel de primera
instancia en confundir que el hecho ocurrido es de naturaleza
extracontractual […]”.
Agregó que, en término, solicitó la aclaración de la sentencia aludida,
petición que fue resuelta de forma desfavorable por el TRIBUNAL a
través de auto de 12 de diciembre de 2024.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Sostuvo que desde que se le vinculó al proceso origen de la
controversia, manifestó que: “[…] la Póliza No. 022154914 / 0, es un
seguro que cubre riesgos de naturaleza netamente Extracontractual,
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de manera que NO tiene cubrimiento para los riesgos contractuales,
ni culpa patronal, por ser estos últimos amparos propios de otro tipo
de póliza (Póliza de RCC (Responsabilidad civil contractual) y/o póliza
de Predio, labores y operaciones) […]”.
Anotó que quedó probado que las circunstancias que rodean el hecho
dañoso se encuadran en un accidente de trabajo, como fue
reconocido por el empleador, además de ser un hecho confeso del
demandante al haber manifestado que recibió pago por concepto de
indemnización de parte de su ARL, quien trató el hecho como una
contingencia laboral.
Explicó que conforme con el numeral 9 del artículo 1047 del Código
de Comercio, la póliza de seguro deberá expresar “los riesgos que el
asegurador toma a su cargo”, por lo que, ante la ocurrencia del
siniestro, la compañía aseguradora tan sólo indemnizará los costos
que se generen de acuerdo a los amparos señalados expresamente
en el contrato.
Manifestó que, en ese orden de ideas, “[…] bajo ninguna
circunstancia, podrá imponerse cargas indemnizatorias al extremo
asegurador, por fuera de lo estrictamente contratado, de manera que
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mal podría imponerse el deber de indemnizar hechos que coinciden
con responsabilidad patronal y/o responsabilidad civil contractual, a
una póliza de seguros que es de carácter netamente extracontractual
[…]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora solicitó:
“[…] PRIMERA: Se conceda el amparo por vía de TUTELA,
contra las sentencias de primera y segunda instancia emitidas
por el Juzgado 1 Administrativo de Valledupar y el Tribunal
Administrativo de Valledupar, en fechas 31 de enero de 2023 y
18 de julio de 2024, respectivamente, dentro de la Acción de
Reparación Directa con radicado: 20-001-33-33-001-2020-
00260-00, por proferirse por vía de hecho y no conforme a
derecho.
SEGUNDA: Se declare que las sentencias de primera y segunda
instancia emitida por el Juzgado 1 Administrativo de Valledupar
y el Tribunal Administrativo de Valledupar, en fechas 31 de enero
de 2023 y 18 de julio de 2024, respectivamente, dentro de la
Acción de Reparación Directa con radicado: 20-001-33-33-001-
2020- 00260-00, no se decidieron conforme a derecho, sino por
vía de hecho.
TERCERA: Se descalifiquen como acto jurídico las sentencias de
primera y segunda instancia emitida por el Juzgado 1
Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo de
Valledupar, en fechas 31 de enero de 2023 y 18 de julio de 2024,
respectivamente, dentro de la Acción de Reparación Directa con
radicado: 20- 001-33-33-001-2020-00260-00 y
consecuentemente se ordene al despacho judicial que
corresponda, proferir nueva decisión conforme a derecho […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El DEPARTAMENTO manifestó que la presente acción de
tutela era improcedente, comoquiera que las autoridades accionadas
no actuaron al margen “[…] del procedimiento establecido, ya que es
propio de su autonomía interpretar las normas jurídicas, aplicar la
jurisprudencia y darle el valor probatorio a cada medio de convicción
allegado dentro de las oportunidades probatorias, como en efecto
sucedió al dictar las providencias judiciales objeto de reproche […]”.
Agregó que, en todo caso, debía estarse a lo resuelto por esta
Corporación en sentencias de 4 de septiembre de 2024 y 18 de
octubre de dos mil veinticuatro (2024), proferidas dentro de la acción
de tutela identificada con el número único de radicación
110010315000-2024-04165-00, en la que se debatieron los mismos
hechos y pretensiones propuestos en el presente asunto.
I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir copia digital del expediente
origen de la controversia, sin realizar pronunciamiento alguno frente
al fondo del asunto.
I.5.3.- El TRIBUNAL pese a haber sido notificado en debida forma,
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guardó silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión Previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor
consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, mediante escrito obrante
en el índice 22 del expediente digital4, manifestó su impedimento
para actuar en el proceso de la referencia, por cuanto su esposa, la
señora JEANNETTE FORIGUA ROJAS, se desempeña como miembro
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El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial, SAMAI.
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de la Junta Directiva de la sociedad Allianz Seguros S.A., entidad
accionante en el proceso de la referencia.
Por lo anterior, considera que se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código
Procedimiento Penal -en adelante CPP-.
Para resolver, SE CONSIDERA:
La causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del CPP, prevé lo
siguiente:
“[…] Causales de impedimento.
Son causales de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad, tenga interés en la actuación procesal. […]”
(Resaltado fuera del texto original).
De la causal transcrita y los hechos que soportan el impedimento
manifestado por el señor consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,
la Sala considera que concurren los presupuestos para el efecto, toda
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vez que su cónyuge, la señora JEANNETTE FORIGUA ROJAS se
desempeñan actualmente como miembro de la Junta Directiva de la
sociedad Allianz Seguros S.A., entidad accionante en la acción de tutela
de la referencia.
Siendo ello así, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado consejero y lo separará del conocimiento
de la presente acción constitucional, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
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jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
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extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
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limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la actora pretende el amparo de los derechos
deprecados, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el
TRIBUNAL al proferir las sentencias de 31 de enero de 2023 y 18
de julio de 2024, respectivamente, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
20001-33-33-001-2020-00260-01.
A través de las referidas providencias las autoridades judiciales
accionadas declararon la responsabilidad administrativa del
DEPARTAMENTO por las lesiones que sufrió el señor RENÉ
ALEJANDRO URÓN PINTO en un accidente de tránsito mientras se
trasportaba en un vehículo oficial.
La sociedad actora fue condenada como llamada en garantía al pago
de los daños morales reconocidos, comoquiera que había expedido
la póliza de responsabilidad extracontractual del vehículo en el que
se trasportaba el señor RENÉ ALEJANDRO URÓN PINTO.
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El disenso de la accionante deriva del hecho de que, en su sentir, el
señor RENÉ ALEJANDRO URÓN PINTO se movilizaba en el
vehículo implicado en calidad de funcionario del DEPARTAMENTO,
por lo que el accidente fue de trabajo, por lo que no estaba llamada
a responder.
Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita
dejar sin efectos tanto la providencia de 31 de enero de 2023
proferida por el JUZGADO, como la dictada el 18 de julio de 2024
por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
frente a esta última, toda vez que fue la que dio por terminado el
proceso origen de la controversia.
De igual forma, la Sala advierte que si bien en sentencia de 18 de
octubre de 2024, proferida en segunda instancia dentro del
expediente identificado con el número único de radicación
110010315000-2024-04165-01, la Sección Tercera – Subsección
“B”- de esta Corporación se pronunció respecto de una solicitud de
amparo elevada por la actora en similares términos a la de la
referencia, lo cierto es que en aquella oportunidad la acción de tutela
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fue declarada improcedente por subsidiariedad comoquiera que
estaba pendiente de resolución la petición de aclaración de la
sentencia de 18 de julio de 2024 acusada, lo cual ya acaeció a través
de auto de 12 de diciembre de esa anualidad, este último hecho
puesto de presente en el escrito introductorio.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el
TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en las
irregularidades aducidas por la actora, al haber proferido la
providencia de 18 de julio de 2024 dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
200013333001-2020-00260-01.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
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la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]” (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
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instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone la actora respecto de las presuntas irregularidades
implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede
ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.
En efecto, la divergencia surge del hecho de que, en sentir de la
actora, no estaba llamada a responder con ocasión a la póliza de
responsabilidad civil extracontractual que emitió sobre el vehículo en
el que se trasportaba el señor RENÉ ALEJANDRO URÓN PINTO,
porque este se movilizaba en el automotor como funcionario del
DEPARTAMENTO lo que significaba que se trató de un accidente de
trabajo.
Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, giran en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el
TRIBUNAL, así:
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“[…] La llamada en garantía Allianz Seguros S.A en su memorial
de apelación adujo como argumentos principales: i) incoherencia
entre lo probado en el proceso y la condena a las demandadas;
ii) deben negarse las condenas por daño moral para el lesionado
y sus hijos dado que fue indemnizado integralmente y no ha
dejado de percibir su salario; iii) inexistencia de la
responsabilidad administrativa por cuanto existía
relación laboral; finalmente, que iv) la póliza de
responsabilidad civil extracontractual No 022154914/0
no cubre el riesgo de responsabilidad civil contractual.
En primer lugar planteó la incoherencia entre lo probado en el
proceso y las condenas a las demandadas porque se demostró
que las lesiones fueron causadas con ocasión de un accidente de
trabajo, se condenó a las demandadas al pago de perjuicios sin
tener en cuenta que la póliza 022154914/0 del vehículo de
placas OXV-259, sólo cubre los amparos de responsabilidad civil
extracontractual, de manera que al existir un vínculo contractual
laboral entre la victima directa y el tomador del seguro, el riesgo
no estaba asegurado.
En este sentido, es preciso traer a colación las condiciones del
contrato de seguro que fueron allegadas con la contestación de
la demandada, donde a folios 33 – 34 se evidencia la definición
de la responsabilidad civil extracontractual, así:
“6. Responsabilidad Civil Extracontractual
La compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, incluyendo el lucro cesante y daño moral,
siempre y cuando se encuentren debidamente acreditado, que
cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la
responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo
con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado
por el vehículo descrito en la póliza. (...)” - Subrayado fuera de
texto
Asimismo, se define a folio 37 del mismo archivo el amparo
patrimonial que cubre la póliza así:
[…]
De la norma y jurisprudencia transcrita es posible inferir que la
responsabilidad reclamada en este caso no deviene del contrato
laboral o de la relación legal reglamentaria existente entre la
entidad asegurada y el servidor público lesionado, puesto que la
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causa del daño es un accidente de tránsito, hecho jurídico
externo al vínculo laboral y al cumplimiento de las funciones
asignadas al servidor público como antes se dejó señalado.
Por otra parte, en el informe policial de accidente de tránsito en
el acápite de observaciones se indicó que “el vehículo de placas
OXV259 colisiona por la parte de atrás estando el vehículo de
adelante en movimiento ocasionando accidente de tránsito no
mantener distancia de seguridad y 116 exceso de velocidad” en
tal sentido, razón por la cual, lo ocurrido encuadra plenamente
en lo previsto en los amparos de la póliza puesto que allí se
indica que procederá el pago cuando el asegurado o el conductor
desatienda entre otras, los límites de velocidad, razón por la cual
debe cubrir los daños causados por el accidente ya que se
materializó el riesgo amparado.
Ahora bien, revisadas íntegramente las exclusiones de amparo
de la póliza enunciadas en el anexo, no se evidencia en ellas
causales que apliquen al presente caso, motivo por el cual se
entenderá que los daños a los que haya lugar a indemnizar
dentro de la litis deberán ser cubiertos por la póliza.
Acorde con lo manifestado, no se precisan razones por las cuales
se abstendría la llamada en garantía del pago de las condenas a
las que haya lugar, en tal sentido, el cargo se despachará
negativamente.
En segundo lugar, la demandada indicó que debieron negarse
las condenas por daño moral para el lesionado y sus hijos dado
que fue indemnizado integralmente por parte de la ARL y no ha
dejado de percibir su salario pues sigue vinculado laboralmente
al Departamento del Cesar.
Sobre este punto debe volver la Sala a lo analizado respecto de
los argumentos esgrimidos por el departamento del Cesar sobre
la reparación integral del daño, puesto que considerar que el
pago de los perjuicios materiales y la posibilidad de continuar
trabajando pese al alto grado de incapacidad dictaminado son
suficientes para reparar el daño, es tanto como decir que lo único
valioso para la persona son los bienes materiales y el trabajo
puesto que de allí deriva su sustento, entonces cómo desconocer
el aspecto emocional involucrado en los casos en que se causan
lesiones personales cuyos efectos son permanentes, que decir
de la disminución de sus fuerzas por causa de la discapacidad y
de la privación de algunas actividades placenteras por esa causa,
no puede aceptarse que ello no tenga relevancia al punto de
negar que debe ser tenido en cuenta para una reparación del
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daño.
Al respecto de la compatibilidad de las indemnizaciones, es decir,
de la entregada por la ARL y la que llegase a recibir la víctima
en la jurisdicción contencioso administrativa como reparación
del daño, la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia
73001-23-31-000-2008-00100-01(40496) del 7 de febrero de
2018, también se refirió al tema, así:
[…]
En cuanto a la inexistencia de la responsabilidad administrativa
porque existía relación laboral entre la victima directa y el
Departamento del Cesar y el día del accidente estaba de
comisión en el municipio de Barranquilla autorizado por el
empleador para dichas funciones, se remite la Sala a lo expuesto
en relación con los argumentos de apelación del ente
departamental, no sin antes reiterar que el hecho jurídico del
accidente de tránsito se encuentra por fuera del marco de las
obligaciones que tenía como funcionario del Departamento […]”.
En el caso bajo examen, la Sala observa que el TRIBUNAL consideró
los reproches de la actora y que coinciden con los que fundamentan
la solicitud de amparo, a partir del contenido de las condiciones del
contrato de seguros, la regulación civil de este y de las
particularidades del caso.
El TRIBUNAL destacó que la responsabilidad reclamada no devenía
de la relación laboral entre el servidor lesionado y su empleador,
dado que la causa del daño fue un accidente de tránsito, sin que se
advirtiera que las causales de exclusiones expresas en el contrato de
seguro aplicaran para esas particularidades.
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La autoridad judicial accionada destacó que conforme con el informe
policial elaborado con ocasión al siniestro, el daño se originó por la
colisión del vehículo en el que se trasportaba el señor RENÉ
ALEJANDRO URÓN PINTO, circunstancia que encuadraba en los
amparos de la póliza en la que se preveía que el pago procedería
cuando el asegurado o el conductor desatienda entre otros, los
límites de velocidad, causa del accidente origen de la controversia.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de
la referencia es improcedente por falta del requisito general de
la relevancia constitucional, porque a través de esta la parte
actora lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al
proceso ordinario, sin que en todo caso, se vislumbre que la
autoridad judicial accionada hubiera actuado de forma abiertamente
arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía
judicial.
Significa lo precedente que lo pretendido por la actora es que el juez
de tutela haga un nuevo examen integral de las pruebas que fueron
allegadas al proceso de reparación directa, con la finalidad de que se
haga una corrección al análisis que hizo la autoridad judicial
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accionada y se acoja la interpretación que propone, como si el
mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los
previstos en el trámite ordinario.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de
la relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por
el señor consejero doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ para
intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, se le separa
del conocimiento del mismo.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
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eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de febrero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidenta
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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