Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00103-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00103-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00103-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
21 de febrero de 2025
Radicado: 11001031500020250010300
Accionante: Luis Eduardo Camacho Moreno
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11-001-03-15-000-2025-00103-00
Accionante: Luis Eduardo Camacho Moreno
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. / Fallo proceso disciplinario Ley 1123 de 2007. /
Requisitos de procedencia – Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Luis Eduardo
Camacho Moreno en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela.
Luis Eduardo Camacho Moreno1, actuando en nombre propio, presentó escrito de
tutela en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad jurídica
y al trabajo, al considerar que estos fueron vulnerados por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca,
con ocasión de las providencias dictadas el 27 de noviembre y el 28 de febrero de
2024, respectivamente, dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra
identificado bajo el radicado núm. 76-001-25-02-00-2023-01898-00/01.
2. Hechos probados del proceso ordinario.
Como antecedentes fácticos, manifestó que ejerció como apoderado judicial de los
señores Marciano Riascos Granja y Leici Lorena Riascos Rodríguez en el trámite
de un proceso de reparación directa adelantado en contra de la Fiscalía General de
la Nación, con ocasión de las lesiones personales sufridas por el señor Riascos
Granja en hechos ocurridos el 24 de marzo de 2010.
En su representación, formuló ante la entidad una solicitud de cumplimiento y pago
de las sumas reconocidas en la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2014 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, indicó que, durante el
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Luis Eduardo Camacho Moreno
trámite de reclamación de las aludidas sumas, su poderdante, el señor Riascos
Granja, falleció el 10 de diciembre de 2019.
Agregó que la señora María Lucrecia Valencia Moreno, quien afirmó ser la esposa
del señor Riascos Granja, formuló en su contra queja disciplinaria ante la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, cuyo fundamento fue la
renuencia injustificada por parte del abogado de hacer entrega efectiva de los
dineros reconocidos a su cónyuge.
En consecuencia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca,
mediante sentencia del 28 de febrero de 2024, impuso al actor una sanción
consistente en la suspensión del ejercicio de la profesión de abogado por seis (6)
meses y una multa de dos (2) SMLMV. Lo anterior, al considerar que incurrió en la
falta disciplinaria prevista en el artículo 35, numeral 4°, de la Ley 1123 de 20072, a
título doloso, además de haber inobservado el deber descrito en el numeral 8° del
artículo 28 ibidem3, agravado por lo dispuesto en el numeral 6° del literal C del
artículo 454 de dicha ley.
Inconforme con la decisión, el actor interpuso recurso de apelación, cuyo argumento
consistió en que, si bien recibió la suma de dinero adeudada al señor Riascos
Granja, solicitó a la señora Valencia Moreno que aportara los documentos que
acreditaran su vínculo con el beneficiario. Este mismo requerimiento fue efectuado
a los herederos del fallecido. En ese orden, su actuación estuvo orientada a tener
certeza de quienes eran legítimos destinatarios del monto reconocido.
Finalmente, el 27 de noviembre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
resolvió la alzada en la que dejó incólume lo decidido por el a quo.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela.
3.1. La parte actora solicitó: i) que se amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad
jurídica y al trabajo y, como consecuencia de ello, ii) se ordene a las autoridades
judiciales accionadas dejar sin efecto las sentencias cuestionadas y, en su lugar,
emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
3.2. Como fundamento de la acción de tutela sostuvo, en síntesis, que las
autoridades accionadas incurrieron en un defecto fáctico, pues, a su juicio,
realizaron un análisis erróneo del material probatorio incorporado al proceso.
Argumentó que su actuación se desarrolló en todo momento bajo el principio de
2 Ley 1123 de 2007 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”. Artículo 35.
Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…) 4. No entregar a quien corresponda y a la menor
brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o
demorar la comunicación de este recibo.
3 Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado (…) 8. Obrar con lealtad
y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el
abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio
prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que
perciba dineros, cualquiera sea su concepto. Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del
mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago.
4 Artículo 45. Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la
graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes: (…) C. Criterios de agravación. (…) 6. Haber
sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que
se investiga.
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Demandante: Luis Eduardo Camacho Moreno
buena fe y desprovista de dolo, por lo que no comparte la decisión proferida por
dichas autoridades.
Aclaró que, si bien la quejosa, al momento de comunicarse con el tutelante, se
presentó como la esposa de su representado, no tuvo certeza de la veracidad de
dicha afirmación ni del número de herederos. Por lo tanto, consideró que el
requerimiento efectuado tenía como finalidad esclarecer a quien realmente debía
devolver la suma de dinero.
4. Trámite de tutela e intervenciones.
4.1. Mediante auto del 15 de enero de 20255 se admitió la acción de tutela; se
vinculó como terceros con interés a María Lucrecia Valencia Moreno y Leici Lorena
Riascos Rodríguez; se ofició a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, para que remitieran
al trámite constitucional el expediente disciplinario identificado bajo el radicado núm.
76-001-25-02-00-2023-01898-00/01; además, se ordenó la notificación a las partes
y se suspendieron términos.
4.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial6 se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda, por cuanto esta carece de objeto al no configurarse
la vulneración de los derechos fundamentales que citó el tutelante en su escrito.
Consideró que, de conformidad con lo expuesto en sentencias T–906 de 2005 y T–
828 de 2012, la acción de tutela no es una tercera instancia para debatir asuntos ya
definidos por la jurisdicción correspondiente; lo anterior, en razón a que el
accionante afincó sus argumentos en los mismos reparos citados en el recurso de
apelación interpuesto en contra de la decisión de primera instancia, lo que conllevó
a concluir que pretendió reabrir un debate ya zanjado al estar en desacuerdo con la
valoración efectuada en segunda instancia.
En ese orden, sostuvo que el accionante no demostró la configuración de ninguno
de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
que la Corte Constitucional dispuso en sentencia C – 590 de 2005.
4.3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca7 solicitó
declarar la improcedencia de la solicitud, bajo el argumento de que el actor pretendió
reabrir la discusión resuelta en el proceso disciplinario ante el juez natural.
Además, a partir de la revisión de las actuaciones llevadas en el proceso, concluyó
que en ningún momento se desconoció su derecho al debido proceso, pues
concurrió a cada una de las etapas e incluso le fue garantizada la segunda instancia,
en la que tuvo la oportunidad de presentar recurso de apelación en razón de su
disenso, cuyos argumentos fueron los mismos que citó en la presente acción, por lo
que fue claro que su verdadero fin fue acudir ante el juez constitucional como si se
tratara de una tercera instancia.
II. CONSIDERACIONES
5 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
6 Índices 00008 y 00015 del aplicativo SAMAI.
7 Índices 00009 y 00011 del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Luis Eduardo Camacho Moreno
1. Competencia.
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación.
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Luis
Eduardo Camacho Moreno, dado que fungió como disciplinado en el trámite del
proceso disciplinario adelantado bajo el radicado núm. 76-001-25-02-00-2023-
01898-00/01; en consecuencia, es el titular de los derechos que afirma fueron
vulnerados.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, dado que ambas intervinieron como jueces en el trámite del
proceso referido y fue su actuación la que el actor señaló como causante de la
vulneración de las garantías constitucionales invocadas.
3. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
4. Relevancia constitucional.
En las acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a
través de la sentencia C-590 de 20059 estableció que la acción de tutela contra
8 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Luis Eduardo Camacho Moreno
decisiones judiciales sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que habilitan la interposición
de la tutela10, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma
del amparo, una vez interpuesta11.
Es importante destacar que estos requisitos se vuelven relevantes en este contexto,
dada su procedencia excepcional, toda vez que, en tratándose de decisiones
emitidas por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado adquieren
mayor exigibilidad, en aras de salvaguardar la razonabilidad interna de las
decisiones de los órganos de cierre.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.
En la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela
gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparos fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad debe
comprender la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención
del juez constitucional se establezca, de manera exclusiva, ante graves defectos
constitucionales.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta
al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a
estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal,
esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos
fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de
los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
11 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto
procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por
falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de
la Constitución.
12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto13.
5. Caso concreto
La Sala de la Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo
de la presente acción, por cuanto no logró superar el requisito de relevancia
constitucional, conforme se explica a continuación:
5.1. Luego de revisar el escrito de tutela, se observa que el señor Luis Eduardo
Camacho Moreno solicitó un nuevo análisis de las decisiones emitidas por las
autoridades judiciales enjuiciadas. Argumentó que fue sancionado por una supuesta
actuación dolosa que nunca cometió, pues su conducta estuvo guiada por el
principio de buena fe, en la medida en que no tenía certeza sobre la persona o
personas a quienes correspondía la entrega de los dineros obtenidos en
cumplimiento de una orden judicial. A su juicio, dichas decisiones adolecen de un
defecto fáctico al no valorar adecuadamente el material probatorio aportado al
proceso, además de incurrir en una interpretación errónea y jurídicamente
desacertada.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que el tutelante busca un nuevo
examen de los aspectos ya resueltos por el juez natural de la causa. Su discrepancia
se fundamenta en los mismos argumentos que expuso en la alzada contra la
sentencia proferida por el a quo, los cuales fueron debidamente analizados en la
decisión de segunda instancia dictada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial el 27 de noviembre de 2024, que puso fin a la actuación ordinaria y que será
objeto de análisis por parte de esta Sala.
En este sentido, se determinó que su argumento carecía de sustento probatorio,
toda vez que en el expediente no obraba evidencia alguna de que hubiera informado
a la quejosa sobre la recepción del pago. Por el contrario, quedó demostrado que
esta última nunca fue notificada acerca del dinero recibido por su apoderado. En su
declaración bajo juramento, manifestó que tuvo conocimiento del pago de la
condena únicamente a través de la respuesta a una petición presentada ante la
Fiscalía, en la que se le informó sobre el desembolso efectuado al disciplinado, así
como la fecha en que se autorizó dicha transacción.
13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Además, la autoridad judicial expuso que, de conformidad con lo probado en el
proceso, se advirtió que el abogado “(…) 1) tenía conocimiento de haber recibido
los dineros y de su deber de entregarlos a sus clientes, 2) voluntariamente se negó
a entregar los dineros que le correspondían a la quejosa, 3) era consciente de la
ilicitud de su actuar en la medida en que conocía que sus clientes tenían derecho
de recibir los dineros, por ser esposa del causante 4) su actuar no se acompasó con
la conducta que le era exigible, reiterándose que pudo entregarlo a su cliente y
esposa del causante, a los herederos o consignarlos a una cuenta en favor de masa
herencia, pero ninguna de estas situaciones ocurrió y los retuvo por
aproximadamente 2 años. Argumentos que reafirman que el disciplinado actuó con
dolo en su proceder”.
5.2. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el accionante pretende es
imponer su propia interpretación sobre las consideraciones expuestas por la
autoridad enjuiciada, así como reiterar su desacuerdo con la decisión adoptada, sin
aportar elementos que demuestren la vulneración de los derechos fundamentales
cuya protección reclama.
A partir de ello, es importante precisar que la inconformidad con lo decidido en las
providencias no habilita al juez constitucional a estudiar los cargos y pruebas que las
autoridades judiciales contra las que se dirige la acción consideraron o no al resolver
el asunto. En este sentido, compete al interesado demostrar, según los requisitos
enunciados por la jurisprudencia constitucional, que la actuación de aquellas en el
proceso ordinario fue consecuencia de una afectación al debido proceso, situación
que en este caso no se configura.
5.3. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
por la parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el
trámite del proceso primigenio, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco de esta actuación, sin esbozar las razones
concretas por las cuales los derechos fundamentales deprecados fueron vulnerados
con las providencias atacadas.
La Sala recuerda que este mecanismo fue concebido con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y
entre sus características se encuentra su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que
su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin
que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso
como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
Por último, es de indicar que el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de
validez y no de corrección de la decisión cuestionada14, lo que se opone a que use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del
proceso ordinario15.
14 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
15 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Así las cosas, La Sala advierte que la pretensión del actor está encaminada a
realizar un nuevo estudio de lo que ya fue resuelto por el juez natural de la causa,
lo que conlleva a declarar la improcedencia de la presente acción de tutela, al
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Luis
Eduardo Camacho Moreno en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
LMMT
8
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