Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00107-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00107-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00107-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de febrero de 2025
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 00107 00
Demandante: David Luna Sánchez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Expediente: 11001 03 15 000 2025 00107 00
Accionante: David Luna Sánchez
Accionado: Presidente de la República
Tesis: El Jefe de Gobierno no vulneró los derechos fundamentales al buen nombre,
a la honra y a la dignidad de un Senador de la República, al cuestionar las gestiones
adelantadas por éste cuando era Ministro, si dichas manifestaciones se constituyen
en un discurso político.
ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor David Luna Sánchez en
contra del Presidente de la República.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. David Luna Sánchez, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela en
contra del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por considerar que dicho
mandatario vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre, honra y dignidad.
En el escrito de amparo solicitó lo siguiente:
“PRIMERO: Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales al
buen nombre, honra y dignidad del accionante.
SEGUNDO: Que se ordene al señor Gustavo Petro Urrego, en su calidad de
Presidente de la República, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes al procedimiento del fallo en primera instancia, se retracte
públicamente de las declaraciones y publicaciones realizadas contra mi
persona. Esta retractación debe hacerse a través de los mismos canales y con
el mismo nivel de difusión que tuvieron sus declaraciones contrarias a la verdad
inicialmente expuestas. Así mismo debe remitirse a todos los medios de
comunicación que expusieron la noticia
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Demandante: David Luna Sánchez
TERCERO: Que se ordene al accionado abstenerse de emitir declaraciones
que afecten los derechos fundamentales del accionante en el futuro”1.
1.2. Como fundamento de la solicitud, en el acápite de hechos, señaló que el 21 de
noviembre de 2024, el Presidente de la República realizó declaraciones públicas que
fueron ciadas en el artículo titulado como el: "Presidente Gustavo Petro insiste en
renegociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa" publicado
por periódico El Tiempo.
Particularmente, reprochó que el Jefe de Estado manifestó que: “Perdimos 500
millones de dólares ante Telefónica, el socio de Telecom. Telecom hoy vale menos
que 500 millones de dólares. Es decir que el señor David Luna en su ignorante
demanda acabó de completar la tarea de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, son socios
políticos. Uribe Vélez mandó al Ejército, sacó a los trabajadores, expropió de la
nación Telecom, terminó en manos de Movistar y ahora Telefónica acaba de
quedarse gratuitamente, prácticamente, con el otro pedazo pequeño que quedaba
de Telecom por la demanda de David Luna ante un tribunal que funciona en España,
de donde es Telefónica.”2.
Posteriormente, el 23 de noviembre de 2024, el Jefe de Gobierno, en su red social
X señaló: “Las sacaron a culatazos de fusil de su empresa: Telecom. Vendieron la
empresa y se gargariaron (Sic) el dinero. David Luna dio última estocada y ahora
toca pagar USD $500 millones. Al contrario, nosotros hacemos justicia: pago la
pensión a sus extrabajadores”3
Adicionalmente, el 27 de noviembre de 2024, señaló en la anotada red social, el primer
mandatario dijo: “medio billón de dólares nos cuesta el error del senador David Luna
cuando era ministro”4
Alego que esas afirmaciones eran injuriosas y deshonrosas, ya que el Presidente
Petro Urrego le atribuyó hechos falsos e inexistentes y utilizó calificativos que
afectaban su dignidad, honor y buen nombre, los cuales fueron reproducidos por varios
medios de comunicación a nivel nacional.
1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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Manifestó que el contexto real de los hechos era que, durante su gestión como Ministro
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el periodo 2016-2018, se
obtuvo un laudo arbitral histórico a favor del Estado colombiano, que condenó a Claro
y Telefónica a pagar cuatro coma siete billones de pesos ($4.700.000.000.000).
Agregó que, en 2021, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI) confirmó el fallo proferido por el Tribunal de Arbitramiento de la
Cámara de Comercio contra Claro, por un valor de tres coma uno billones de pesos
($3.100.000.000.000).
Destacó que el caso denunciado por el Presidente de la República corresponde a una
decisión emitida por el CIADI el 12 de noviembre de 2024, es decir, mucho después
de la finalización de su periodo como Ministro. Afirmó además que no fue responsable
de dicho fallo ni de la interposición de la demanda, ya que la parte convocante fue
Telefónica.
Adujo que el 25 de noviembre de 2024, envió una comunicación formal al Jefe de
Estado, solicitando públicamente su retractación, sin que se haya emitido alguna
respuesta.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. El expediente fue sometido a reparto el 14 de enero de 2025 y allegado al
Despacho sustanciador el 13 de ese mismo mes y año5.
2.2. El proceso de la referencia fue admitido mediante providencia del 20 de enero de
2025, en el que particularmente se ordenó notificar al Presidente de la República,
Gustavo Petro Urrego y comunicar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado6.
2.3. En memorial del 27 de enero de 2025, el Presidente de la República contestó la
demanda bajo los siguientes argumentos:
5 Visible a índice 1 ibidem.
6 Visible a índice 5 ibidem.
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Demandante: David Luna Sánchez
Indicó que, mediante el oficio OFI24-00239893 del 8 de enero de 2025, se dio
respuesta de fondo a la petición de retractación del señor Luna Sánchez, señalando
que las manifestaciones del Presidente no contenían expresiones que imputaran la
comisión de alguna irregularidad o delito que requiriera verificación o retractación. En
consecuencia, afirmó que la tutela era improcedente, dado que en este caso no
procedía la solicitud de retractación y no se evidenciaba una vulneración de los
derechos fundamentales al buen nombre, la honra ni la dignidad del demandante.
Dijo que, en caso de considerar que la petición de amparo cumple con los requisitos
para su estudio de fondo, las pretensiones deben ser negadas, toda vez que las
manifestaciones del Presidente se enmarcaron dentro del ejercicio más amplio de la
libertad de expresión de los altos funcionarios.
Anotó que, en fallo del 13 de junio de 2024, el Consejo de Estado negó una acción de
tutela radicada por el exministro Alejandro Gaviria Uribe, argumentando que la libertad
de expresión se encuentra reforzada cuando se trata de un discurso político, máxime
si cuando quien busca la rectificación es una figura pública, a quien le corresponde
una mayor carga argumentativa y probatoria para desvirtuar la presunción de primacía
de la libertad.
En ese orden, sostuvo que las manifestaciones del primer mandatario no tenían el
propósito de señalar penal o disciplinariamente al accionante, quien además, no
acreditó la existencia de un daño concreto y verificable.
Refirió que las afirmaciones del Jefe de Gobierno se realizaron en el contexto de
decisiones tomados por gobiernos anteriores. Lo anterior, como quiera que la solicitud
de arbitraje radicada por Telefónica ante el CIADI, data del 1 de febrero de 2018,
momento en el cual, el señor Luna Sánchez se desempeñaba como Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Refirió que las aseveraciones del Presidente de la República se hicieron para
evidenciar la necesidad de renegociar determinadas cláusulas de los Tratados de
Libre Comercio (TLC), dado que, aunque los procesos relacionados con Telefónica
S.A. se surtieron en el ámbito nacional, dichas cláusulas permitieron la resolución del
conflicto en el CIADI, instancia en la que Colombia fue condenada.
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Demandante: David Luna Sánchez
Concluyó que el accionante se limitó a señar que las declaraciones del Jefe de
Gobierno le han causado un daño significativo en su vida personal y profesional en su
rol de senador de la oposición, sin embargo, no señaló de manera concreta y
verificable cuál era el presunto daño. Además, refirió que, la jurisprudencia
constitucional en la materia, señala que las figuras públicas, están llamadas a soportar
el escarnio en el marco del discurso político7.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20218, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asignó a esta Sección el conocimiento de
este tipo de acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del
presente asunto.
3.2. Hechos relevantes
3.2.1. Los días 21, 23 y 27 de noviembre de 2024, el Presidente de la República
realizó algunas afirmaciones respecto a la gestión del señor David Luna Sánchez
cuando se desempeñó como Ministro de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
3.2.2. Al considerar que dichas aseveraciones eran contrarias a su buen nombre,
dignidad y honra, el señor Luna Sánchez el 25 de noviembre de 2024, solicitó la
retractación por parte del primer mandatario. Dicha petición fue negada por en
memorial con radicado OFI24-00239893 del 8 de enero de 2025.
7 Visible en el índice 10 del Sistema de Gestión SAMAI.
8 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada.”
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3.2.3. Inconforme con lo anterior, el señor David Luna Sánchez presentó la acción
de tutela de la referencia.
3.3. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
3.3.1. El artículo 86 de la Carta Política dispone los siguientes requisitos generales
de procedencia de las peticiones de amparo:
Articulo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste
lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y
su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.” (Subrayas de la
Sala).
Dicho artículo constitucional ha sido interpretado por la Corte Constitucional, quien
en su jurisprudencia ha señalado que los requisitos generales son: (i) legitimación
en la causa, (ii) que la demanda se interponga en un plazo razonable – inmediatez
y (iii) que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que la
tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable -
subsidiariedad. Sobre el particular, en sentencia T-091 de 2018, se señaló:
3. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
30. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
puede ejercer la acción de tutela “mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre”, para la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que resulten amenazados
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o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de
particulares. La acción de tutela resulta procedente cuando el accionante no
disponga de otro medio de defensa judicial eficaz para la protección de sus
derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable.
31. En esta medida, antes de pronunciarse de fondo sobre el caso concreto, es
deber del juez constitucional verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, a saber: (i) la legitimación en
la causa por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad.”
(Subrayas de la Sala).
3.3.2. En cuanto al primer requisito, se demostró la legitimación en la causa por
activa del accionante, ya que el accionante fue la persona mencionada en las
declaraciones emitidas por el Jefe de Estado, las cuales son objeto de controversia.
Asimismo, se probó la legitimación en la causa por pasiva, ya que el Presidente
Gustavo Petro Urrego es la persona señalada de haber vulnerado los derechos
fundamentales del tutelante.
3.3.3. Además, se cumplió el requisito de inmediatez, dado que la última
intervención del Jefe de Gobierno data del 27 de noviembre de 2024, y la acción de
tutela fue radicada el 14 de enero de 2025, lo que representa un plazo razonable
para su interposición.
3.3.4. Finalmente, se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, toda vez
que, la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela es el mecanismo
eficaz e independiente, para el amparo de los derechos al buen nombre y a la honra.
En efecto, en sentencia T-219 de 2009, se expresó:
“3.3. La tutela, medio eficaz de defensa judicial.
Según los artículos 86 de la Constitución y 6º del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela sólo es procedente en cuanto el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial para el amparo de sus derechos. En el caso de los
derechos a la honra y al buen nombre, el ordenamiento jurídico colombiano ha
previsto diferentes instrumentos para su protección, entre los que se encuentran
las acciones civiles y penales en contra del agresor. No obstante, la Corte ha
señalado que a pesar de la existencia de tales medios ordinarios de defensa,
no por ello la acción de tutela resulta desplazada como medio de protección,
teniendo en cuenta que no siempre es posible que se predique la existencia de
un delito por hechos relacionados con la vulneración de esos derechos, pero sí
que pueda consolidarse una lesión de los mismos sin que la conducta pueda
adecuarse a un tipo penal determinado.
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Demandante: David Luna Sánchez
Esta Corporación, tras analizar la efectividad de los diversos instrumentos
previstos en el ordenamiento jurídico para perseguir la responsabilidad penal y
civil del agresor y defender los derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre9, consideró pertinente el amparo constitucional como medio de
protección, en la medida en que algunas conductas, en desarrollo de la libertad
de información o de opinión, pueden significar la afectación de estos derechos
sin que se presente animus injuriandi propio del ordenamiento penal. Así, el
amparo constitucional resulta ser un medio de defensa eficaz e independiente
de la protección penal o civil que pudiera obtener un tutelante, y además,
permite la armonización de derechos como la libertad de información y el buen
nombre y honra de las personas, en el ámbito de los derechos fundamentales10
“11
(Subrayas de la Sala).
Finalmente, se evidencia que en oficio fechado el 25 de noviembre de 2024, el señor
Luna Sánchez solicitó al Presidente de la República que se retractara de sus
manifestaciones. Dicha petición fue rechazada mediante el escrito OFI24-
00239893, del 8 de enero de 2025.
3.4. De la controversia sobre la vulneración de los derechos fundamentales
En este punto, se tendrá que verificar si el Jefe de Estado vulneró los derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra y a la dignidad de un Senador de la
República, al indicar que éste último en su gestión como Ministro fue responsable
de la condena al Estado por una demanda presentada por una empresa de
telecomunicaciones.
3.4.1. Con el fin de abordar este reproche, es pertinente señalar que, en sentencia
del 6 de diciembre de 2024, esta Corporación se pronunció sobre la tensión entre el
derecho a la libertad de expresión del Presidente de la República y el derecho al
buen nombre de personas de reconocimiento público, estableciendo lo siguiente:
“2.4.1. Derecho a la libertad de expresión del presidente de la República
El presidente de la República ostenta las calidades de jefe de Estado, jefe de
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 189 de la Constitución Política12. La Corte Constitucional ha indicado
que estas calidades imponen el “poder-deber” de mantener un contacto
9 Ver entre otras las sentencias T-611 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-263 de
1998.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1319 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, C-392 de 2002
M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-787 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
10 Ver sentencias C-255 de 1997 y T-622 de 1995 entre otras.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-219 del 27 de marzo de 2009.
12 “Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema
Autoridad Administrativa”
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permanente con los ciudadanos, a través de sus discursos o intervenciones
públicas13. Lo anterior, con las siguientes finalidades, entre otras:
“(i) suministrarles información sobre los asuntos de orden nacional e
internacional en el ámbito económico, político, social, etc., que sean de
interés para el país; (ii) fijar la posición oficial del Gobierno frente a los
mismos asuntos; (iii) informar sobre las políticas gubernamentales; (iv)
analizar, comentar, y, en general, defender la política gubernamental que
desarrolla; (v) fomentar el ejercicio de una participación ciudadana
responsable, etc”14
La jurisprudencia constitucional15 ha precisado que ese “poder-deber” del
presidente de la República difiere de manera sustancial de la simple libertad de
expresión reconocida en general a los ciudadanos, en el sentido de que no se
reduce a difundir un pensamiento, información y una opinión, como así lo
dispone el artículo 20 de la Carta Política, sino que se constituye como un
mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e
informada; presupuesto esencial para contribuir a la participación democrática
de los ciudadanos y en el control del poder público.
Ahora bien, en ejercicio de ese “poder-deber” que tiene el presidente de la
República, es posible distinguir dos escenarios: (i) las manifestaciones que
pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de
interés general; y (ii) las declaraciones en las que, más allá de la transmisión
objetiva de información, se indican cuestiones acerca de la política oficial,
defienden su gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión acerca
de algún asunto, casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones
subjetivas formuladas a partir de criterios personales16.
En el primero de los escenarios, en el que el presidente de la República tiene la
intención de presentar una información como autentica, son exigibles las cargas
de veracidad e imparcialidad17, conforme al artículo 20 Superior18, para así
evitar cualquier tipo de manipulación en la construcción de la opinión pública.
En el segundo, no existe el propósito de trasmitir una información, sino de
exponer una apreciación personal y subjetiva sobre un determinado asunto; por
lo que no es exigible “la estricta objetividad”19. Sin embargo, en este último
evento, las opiniones deben ser formuladas a partir de un mínimo de
justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad, aspecto que, en criterio
de la Corte Constitucional, conduce a la “verificación del sustento de las mismas
para evaluar si resultan totalmente infundadas o si, por el contrario, ofrecen un
sustento razonable que las haga dignas de la protección a la libre expresión
establecida en la Constitución”20.
2.4.2. Derecho al buen nombre, a la honra y a la protesta social
2.4.2.1. La Corte Constitucional define el derecho al buen nombre, previsto en
el artículo 15 de la Carta Política21, como “la buena opinión o fama adquirida por
13 Corte Constitucional. Sentencia T-1191 de 2004
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2016
17 Al respecto, consultar, entre otras, la sentencia T-391 de 2007
18 “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”
19 Corte Constitucional. Sentencias T-1191 de 2004 y T-276 de 2015.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2016.
21 “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y
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Demandante: David Luna Sánchez
un individuo en razón de la virtud y el mérito, como consecuencia necesaria de
las acciones protagonizadas por él”22, es decir, alude a la reputación de una
persona derivada de la exteriorización de sus conductas23. También ha indicado
que aquella garantía guarda relación con la dignidad humana, ya que protege
al individuo contra ataques que restrinjan su proyección en el ámbito público o
colectivo24. El ámbito de protección de ese derecho reside en el “detrimento que
[se] pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o
informaciones falsas o tendenciosas”25. La jurisprudencia constitucional ha
sostenido que no es posible reclamar la afectación de este derecho “cuando el
comportamiento de la persona misma (sic) es el que impide a los asociados
considerarla digna o acreedora de un buen concepto o estimación”26
2.4.2.2. El derecho a la honra, por su parte, se encuentra regulado en el artículo
21 de la Constitución Política27. La jurisprudencia ha precisado que “la honra
hace alusión al respeto que la persona merece por su propia condición de tal”28,
y, por ende, es un derecho de que debe ser protegido para no menoscabar el
valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y a sí mismos, es decir,
para asegurar la adecuada valoración de las personas en una colectividad29. De
igual manera, ha establecido que la honra resulta afectada “por la información
errónea, [y] las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta
privada de la persona o sobre la persona en sí misma”30.
Para resolver el problema jurídico planteado, de la tensión entre el derecho a la
libertad de expresión del accionado y los derechos fundamentales al buen
nombre y la honra de la accionante, la Sala acoge los siguientes criterios y
parámetros constitucionales, que también corresponden a los pronunciamientos
de las Cortes y organismos internacionales de derechos humanos: (i)
presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros principios
constitucionales; (ii) diferencias entre derecho de opinión y derecho de
información, así como reconocimiento de las zonas de penumbra o borrosas
entre uno y otro; (iii) asimetría / simetría entre el accionante y el accionado.
Lo anterior debe reflejarse en: (i) el margen más o menos amplio en el ejercicio
de la libertad de expresión -y margen más o menos reducido de protección de
los demás derechos en tensión-; (ii) la carga argumentativa y la carga
probatoria, mayor o menor, que debe soportar quien busca la rectificación o
ejerce la acción de tutela; (ii) el equilibrio entre los derechos en conflicto variará,
dependiendo del tipo de discurso del que se trate, y del contexto en el cual se
ejerza31.
Dentro del rango de tipos de discursos protegidos por la libertad de expresión
en sentido estricto, el mayor grado de protección se provee al discurso político
y al debate sobre asuntos de interés público, así, “el discurso político está sujeto
a menores limitaciones y quienes se vean afectados por él, concretamente las
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas. […]”.
22 Sentencia T-411 de 1995.
23 Cfr. Sentencias C-442 de 2011 y T-015 de 2015. Ver también, sentencia del 29 de noviembre de
2001 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fontevecchia y D´Amico
vs Argentina.
24 Sentencia C-442 de 2011.
25 Sentencia C-489 de 2002.
26 Sentencia T-260 de 2010
27 “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección”
28 Sentencia T-411 de 1995. Reiterada en la sentencia C-442 de 2011.
29 Sentencia T-914 de 2014.
30 Ibíd.
31 Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2007.
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Demandante: David Luna Sánchez
figuras públicas, deben soportar una carga mayor en el ámbito de sus derechos
a la honra, intimidad y buen nombre32”33 (Subrayas de la Sala).
De lo anterior se deduce que, en relación con las manifestaciones realizadas por el
Presidente de la República, deben distinguirse dos tipos de expresiones: primero,
aquellas relacionadas con la entrega de información de interés general a la
ciudadanía, por ejemplo, en temas de política pública o decisiones de gobierno, esa
clase de comunicaciones debe estar basada en hechos verificables e imparciales,
ya que se espera que esté dirigida a proporcionar datos objetivos que puedan influir
en la toma de decisiones o en la percepción pública; y, en segundo lugar, aquellas
en las que el Jefe de Estado expresa sus opiniones, como ocurre en los discursos,
en los que se reconoce un margen más amplio en cuanto al ejercicio del derecho a
la libertad de expresión, incluso se admite que sus manifestaciones puedan ser
subjetivas o controversiales, siempre que cumplan con un mínimo de justificación
real y que respondan a criterios de razonabilidad.
En cuanto al ejercicio del segundo de los mencionados eventos, esto es cuando el
Presidente de la República emite opiniones políticas, la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que los personas que ocupan una posición pública, al
no encontrarse en una situación de asimetría frente al Jefe de Estado, deben
aceptar un margen más amplio en el ejercicio de la libertad de expresión de éste,
especialmente cuando se trata de temas relacionados con la política y la gestión
pública de cargos que hubieren ocupado; veamos:
“43. En sentencia SU-420 de 12 de septiembre de 201934, al estudiar un caso
relacionado con la publicación de información a través de canales digitales, la
Corte mencionó que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo
modo que a todos los medios de comunicación, por lo que sus limitaciones son
excepcionales y «la presunción de este derecho tiene plena vigencia en el
entorno digital». Agregó que las expresiones cuestionadas, para vulnerar la
honra y el buen nombre, deben tener la capacidad de denigrar a una persona,
a la vez que confirmó que las autoridades tienen una mayor carga frente al
ejercicio de la libertad de expresión de terceros. En esa oportunidad, se hicieron
las siguientes precisiones:
“En la divulgación de ciertas opiniones o pensamientos pueden
identificarse expresiones desproporcionadas en relación con los hechos
que se quieren comunicar o cierto grado de insulto que denotan la
intención injustificada de dañar, perseguir u ofender a la persona, lo que
32 Ibíd.
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección “C”. Sentencia del 6 de
diciembre de 2024. Proceso radicado número 11001 03 15 000 2024 05899 00. Magistrado Ponente:
Nicolás Yepes Corrales (E).
34 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 00107 00
Demandante: David Luna Sánchez
deriva en una vulneración de los derechos al buen nombre, honra e
intimidad, entre otros relacionados.
Por tanto, conforme a la jurisprudencia, la intención dañina,
desproporcionada o insultante no va a depender de la valoración subjetiva
que de la manifestación realice el afectado, sino de un análisis objetivo y
neutral que de la misma se haga y que arroje como resultado la
vulneración del núcleo esencial de los derechos al buen nombre y a la
honra. (…).
La jurisprudencia ha indicado que las autoridades públicas tienen un
deber de soportar mayores cargas en el ejercicio democrático que
comporta la libertad de expresión. Con base en los pronunciamientos de
la Corte IDH, ha manifestado que se requiere una «mayor laxitud en el
debate sobre asuntos de interés público y en las expresiones respecto de
las personas que ejercen funciones públicas, pues de esa manera se
previenen los sistemas de gobierno autoritarios» 24 . Así las cosas, los
funcionarios del Estado «voluntariamente se sometieron al escrutinio de
su vida pública y de aquellos aspectos de su fuero privado sobre los
cuales le asiste a la ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir,
por estar referidos: (i) a las funciones que esa persona ejecuta; (ii) al
incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a aspectos de la
vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las
personas a las que se confía el manejo de lo público; (iv) a la competencia
y capacidades requeridas para ejercer sus funciones. (…)”
El fallador de instancia debe realizar «un delicado y complejo balance»
entre la protección extensa que se confiere a la libertad de expresión y la
garantía de los derechos al buen nombre, honra o intimidad, «apuntando
siempre a buscar la medida menos lesiva para la libertad de expresión»,
de manera que se garantice que ello no funja como un mecanismo de
difamación y desinformación «en tiempos en donde las ‘noticias falsas’ se
apoderan de la opinión pública y se propagan rápidamente a través de los
distintos escenarios digitales». (…)
El derecho al buen nombre ha sido entendido como la reputación o la
imagen que de una persona tienen los demás miembros de la comunidad
(…) y guarda una relación de interdependencia material con el derecho a
la honra, de manera que la afectación de uno de ellos, generalmente
concibe vulneración del otro.
Su desconocimiento se presenta cuando se difunde información falsa o
errónea, o se afecta la reputación o el concepto de una persona como
consecuencia de expresiones ofensivas o injuriosas, lo que conlleva
adicionalmente la transgresión de su dignidad humana. (…)
Es indispensable establecer si, con fundamento en el principio de
proporcionalidad, las razones invocadas en un caso concreto tienen el
peso suficiente para justificar una interferencia en el ámbito de protección
de la libertad de expresión.
La Corte Constitucional ha referido que los intermediaros de Internet no
son responsables por el contenido que publican sus usuarios. (…) A pesar
de que estas plataformas no son las llamadas a responder por el
contenido que publican sus usuarios, en caso de que una autoridad
judicial encuentre que un contenido atenta contra los derechos
fundamentales de una persona, puede ordenar su remoción directamente
a los intermediaros de Internet, en orden a generar una garantía efectiva
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Demandante: David Luna Sánchez
de las prerrogativas de la persona afectada, porque el infractor no quiere
o no puede cumplir con lo ordenado por un juez. (se resalta)
(…)
50. La Sala establece, en atención a las pautas fijadas por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-420 de 2019, que las dos personas naturales
involucradas en la controversia ostentan la calidad de figuras públicas, siendo
el emisor de los mensajes el presidente de la República y el receptor del mismo
un ex ministro de Estado, lo que implica una reducción en la esfera de
protección de sus derechos, por el rol que desempeñan y el interés de la
ciudadanía en conocer y debatir acerca de las funciones que ejecutan o
ejecutaron e incluso sobre aspectos de su vida privada. Se advierte, así mismo,
que el accionante solicitó al presidente la rectificación de la información
difundida.
51. En cuanto a la forma que se empleó para difundir la información, se observa
que uno de los mensajes se dio, de forma verbal, durante un discurso público
en la ciudad de Montería, y el otro a través de la cuenta del presidente de la
República, en la red social X. De los medios empleados, el segundo podría tener
mayor poder de difusión, en consideración al número de personas que pueden
acceder a su contenido alojado en internet.
52. En este punto y, sin perjuicio de las consideraciones que hizo la Corte
Constitucional al analizar la relevancia constitucional en la providencia aludida,
en la que refirió, a manera de ejemplo, que un aspecto para determinar el
impacto de la publicación podría ser los «retweets» que recibió, la Sala
establece que, en el caso concreto, el número de seguidores que tiene el
presidente de la República en la red social X no necesariamente demuestra la
vulneración aducida en la demanda ni la desventaja de condiciones que afirma
el accionante, dado el acceso equitativo a los medios de comunicación de los
personajes implicados y, en todo caso, por la falta de constatación de la
afectación de derechos fundamentales, tal como se pasa a explicar”35
(Subrayas de la Sala).
Mientras que, en proveído del 6 de diciembre de 2024, se expuso:
“Pues bien, en este punto, esta judicatura pone de presente que, el margen de
protección de un ciudadano particular, que no es un personaje público ni es un
alto funcionario del Estado en cualquiera de sus ramas, es sin duda muy amplio
e, incluso, la jurisprudencia constitucional le reconoce un estado de indefensión
cuando busca la protección de su buen nombre y honra ante los medios de
comunicación, los altos funcionarios del Estado y los personajes públicos.
La más intensa de esta protección se produce cuando invoca su protección
frente hechos falsos o distorsionados, pero también puede recaer sobre el área
de penumbra entre la libertad de opinión y el derecho a la información e, incluso,
ante opiniones ofensivas o irritantes de tales personas. Las cortes
internacionales de derechos humanos, la Corte Europea, la Corte Suprema de
Estados Unidos y nuestra jurisprudencia constitucional reconocen esa relación
profundamente asimétrica de poder entre unos y otros.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Subsección “A”.
Sentencia del 27 de septiembre de 2024. Proceso radicado 11001 03 15 000 2024 02507 01.
Consejera Ponente: María Adriana Marín
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Demandante: David Luna Sánchez
En el otro extremo, cuando se trata de la discusión política o el debate público
entre personas que no están claramente en una relación asimétrica de poder,
como un alto funcionario del Estado y un personaje político ampliamente
reconocido, se aplican criterios distintos para resolver la tensión entre la libertad
de expresión y los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.
La Sala considera, como un hecho notorio, que la senadora de la República
María Fernanda Cabal Molina es un personaje público ampliamente reconocido
en el país, quien ha participado por varios años en la discusión política y el
debate público. Por lo tanto, es alguien de quien no resultaría adecuado decir
que se encuentra en una relación asimétrica con el accionado, así este sea el
presidente de la República, y menos en una situación de indefensión. Es cierto
que los altos funcionarios públicos también gozan de protección de sus
derechos a la honra y al buen nombre, pero ellos mismos gozan y deben tolerar
un margen más amplio en el ejercicio de la libertad de expresión y así, cuando
ejercen la acción de tutela para la protección de sus derechos a la honra y al
buen nombre, tienen una mayor carga argumentativa y probatoria que quienes
se encuentran en condiciones de indefensión”36 (Subrayas de la Sala).
Con todo, esta Sección ha señalado que el derecho a la libertad de expresión del
Presidente de la República, en el marco de sus opiniones o discursos políticos, no
es absoluto, sino que está limitado a que: (i) no incite a cometer genocidio, (ii) no
constituya un discurso de odio, (iii) no haga propaganda a favor de la guerra o (iv)
no promueva la pornografía infantil.
Al respecto, en fallo del 10 de octubre de 2024, se expuso:
“34. Resumidas las pruebas aportadas al proceso de tutela, la Sala considera
que en el presente caso no se encuentra acreditado que el accionado vulneró
los derechos fundamentales citados supra, con ocasión de las afirmaciones que
realizó en su cuenta de X.
35. La Sala comparte la afirmación del accionante relacionada con que el
derecho a la libertad de expresión no es absoluto. En efecto, y conforme a la
jurisprudencia constitucional, el ejercicio de esta garantía tiene límites legítimos
y precisos. Al respecto ha señalado la Corte Constitucional:
“[…] 96. En sentido estricto, la libertad de expresión o de opinión, protege
la trasmisión de pensamientos, ideas u opiniones propias de quien se
expresa. En estos casos, a diferencia de lo que ocurre con el derecho a
la información, predomina la subjetividad del emisor, incluyendo sus
sentimientos, apreciaciones y valoraciones. Dada su evidente carga
subjetiva, goza de una amplia protección y en consecuencia, está sujeta
a menos límites que aquellos que se exigen de otras formas de expresión
por lo que goza de la presunción de prevalencia, es decir, que en el
ejercicio de ponderación que adelante el juez tras advertir una tensión
entre la libertad de expresión con otros derechos, esta primera tendrá una
prevalencia prima facie.
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “C”.
Sentencia del 6 de diciembre de 2024. Proceso radicado 11001 03 15 000 2024 05899 00. Consejero
Ponente: Nicolás Yepes Corrales (E).
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97. Pese a su mayor ámbito de protección, la libertad de opinión tampoco
es un derecho absoluto. La jurisprudencia constitucional ha identificado
cinco discursos prohibidos, debido a su intensa capacidad lesiva frente a
los derechos humanos, a saber: la incitación a cometer genocidio, los
discursos de odio, la propaganda a favor de la guerra, la apología al delito
y la pornografía infantil.
98. Aunado a lo anterior, la libertad de expresión tampoco protege
discursos discriminatorios o que fomenten la violencia contra las mujeres,
incluidos los estereotipos, esto es, “una visión generalizada o una
preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un
grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben
cumplir”Los estereotipos de géneros pueden reforzar construcciones
sociales y culturales de hombres y mujeres que predeterminan roles e
impiden elecciones de vida libres y no condicionadas por
preconcepciones sociales. […]37”. [Cursiva original del texto y subrayado
fuera del texto].
36. De lo transcrito, se observa que el ejercicio de la libertad de expresión
tiene límites precisos y específicos, que son: “[…] la incitación a cometer
genocidio, los discursos de odio, la propaganda a favor de la guerra, la
apología al delito y la pornografía infantil […]”. Esta limitación también fue
señalada en la sentencia T031 de 202018, en la cual se indicó:
“[…] [S]i bien es cierto, en principio, todo tipo de discursos están
amparados por la libertad de expresión, existen algunos que por su
especial connotación reciben una protección acentuada y otros que, en
contraste, se encuentran excluidos de dicha protección por prohibición
expresa en normas internas e instrumentos internacionales de protección
de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Estos
últimos son aquellos relacionados con: (i) la propaganda de la guerra; (ii)
la apología del odio que constituya iniciación a la violencia; (iii) la
pornografía infantil y (iv) la incitación directa y pública al genocidio. […]”
38
(Subrayas y negrillas de la Sala).
3.4.2. En tal contexto, al constatar las intervenciones del primer mandatario, la Sala
encuentra que los señalamientos contra el señor Luna Sánchez se realizaron en el
marco de las críticas que el Jefe de Estado hizo a los Tratados de Libre Comercio
suscritos por Colombia. En dichas declaraciones, propuso su renegociación con el
fin de que las controversias entre empresas extranjeras y el Estado fueran resueltas
en el país y no ante organismos internacionales, dado que, en su criterio, ello llevó
a la condena del Estado por una demanda interpuesta por Telefónica ante la CIADI.
Además, en ese mismo contexto, reprochó la venta de la empresa TELECOM a
Telefónica.
37 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-063 de 28 de febrero de 2024. M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 10 de
octubre de 2024. Proceso radicado número 11001 03 15 000 2024 03529 01. Consejero Ponente:
Germán Osorio Cifuentes.
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De lo anterior da cuenta la lectura integra del artículo 21 de noviembre de 2024,
publicado por el diario El Tiempo y que se tituló "Presidente Gustavo Petro insiste
en renegociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa”; veamos:
“Presidente Gustavo Petro insiste en renegociar los Tratados de Libre
Comercio con Estados Unidos y Europa
El jefe de Estado aseguró que es clave para evitar demandas que, según él,
afecten la soberanía de la nación.
El presidente Gustavo Petro le puso al ministro de Industria y Comercio,
Luis Carlos Reyes, la tarea de renegociar los Tratados de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos y Europa.
El jefe de Estado, quien desde hace varios meses ha planteado esa necesidad,
volvió a referirse sobre este punto en la tarde de este jueves 21 de octubre,
cuando desde la Casa de Nariño aseguró que esa renegociación se debe hacer
por la soberanía de la nación.
La compañía Telefónica demandó al Estado colombiano por los $ 1,08 billones
que pagó del laudo por la reversión de activos.
"Hay que pedirle al ministro Reyes que empiece a negociar ese artículo lesivo
para la seguridad nacional tanto en el TLC con los Estados Unidos como en el
TLC con Europa. El año entrante seré el presidente de la Celac y tenemos un
encuentro con la Unión Europea y tiene que estar renegociado este artículo. No
es la justicia del socio, es la justicia del país la que se privilegia, así no le guste
al señor Vargas Lleras", dijo el mandatario.
El presidente Petro se refirió puntualmente a la demanda que perdió el Estado
colombiano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (Ciadi) contra Telefónica en un proceso que se inició durante el
gobierno de Juan Manuel Santos y el ministro de las TIC era David Luna, hoy
senador de la oposición.
Las pulla a Álvaro Uribe y a David Luna
"Perdimos 500 millones de dólares ante Telefónica, el socio de Telecom.
Telecom hoy vale menos que 500 millones de dólares. Es decir que el señor
David Luna en su ignorante demanda acabó de completar la tarea de Álvaro
Uribe Vélez. De hecho, son socios políticos. Uribe Vélez mandó al Ejército, sacó
a los trabajadores, expropió de la nación Telecom, terminó en manos de
Movistar y ahora Telefónica acaba de quedarse gratuitamente, prácticamente,
con el otro pedazo pequeño que quedaba de Telecom por la demanda de David
Luna ante un tribunal que funciona en España, de donde es Telefónica", agregó
el presidente Petro.
El jefe de Estado aseguró que esos 500 billones son "la bobadita" de más de 2
billones de pesos que debe pagar Colombia a la compañía privada "cuando
estamos, literalmente, en rines".
El presidente Petro también lanzó dardos a Uribe, a quien acusó de acabar con
Telecom, pues durante su gobierno se vendió la compañía colombiana a
extranjeros, específicamente a Movistar.
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"El señor Álvaro Uribe Vélez, por codicia, acabó con Telecom. Por una mentirilla
de las de él, que dice que solo matándose uno con el otro podemos llegar a la
prosperidad. Quería quitar la empresa pública porque dijo que no era capaz de
competir con la tecnología cambiante de las otras empresas y que había que
privatizar", complementó el mandatario.
Centro Democrático sale en defensa de Álvaro Uribe
Tras las palabras del mandatario, desde el Centro Democrático emitieron un
comunicado en el cual respondieron a los señalamientos contra el expresidente
Álvaro Uribe, jefe de la colectividad opositora.
"Presidente Gustavo Petro, su nostalgia por entidades altamente burocratizadas
y que significaban un lastre administrativo y financiero para los colombianos,
sigue siendo evidente. Le recordamos que, en 2003 el gobierno del
expresidente Álvaro Uribe tomó la difícil pero necesaria decisión de liquidar
Telecom, una empresa que acumulaba pérdidas de $ 470 mil millones y
enfrentaba una crisis insostenible. Telecom no solo estaba ahogada por un
desgreño administrativo, con 27 gerencias departamentales y 15 teleasociadas
que operaban como feudos políticos, sino también por un pasivo pensional de
$5,5 billones y un gasto promedio anual por empleado de $ 73 millones", dice
el partido.
Agrega que esa medida "evitó que el Estado colombiano siguiera siendo víctima
de la ineficiencia y corrupción, y abrió camino a Colombia Telecomunicaciones,
una empresa con estándares de transparencia, eficiencia y calidad"39 (Subrayas
de la Sala, negrillas dentro del texto).
Posteriormente, el 23 de noviembre de 2024, el Jefe de Gobierno amplió su postura
en relación a la anotada controversia en su cuenta de X, continuando con sus
críticas a las gestiones realizadas para la venta de TELECOM; veamos:
39Extraído de https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/presidente-gustavo-petro-insiste-en-
renegociar-los-tratados-de-libre-comercio-con-estados-unidos-y-europa-3401934, el 5 de febrero de
2025, a las 2:15 p.m.
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“
”40
Se agrega que, en esa misma fecha, realizó nuevas publicaciones, en las que una
vez más, se evidencia que su intención era reprochar la venta de la empresa
Telecom a Telefónica y el dinero que el Estado debía pagarle a esta última sociedad,
en el marco del procedimiento adelantado en el CIADI.
40 Extraído de:
https://x.com/search?q=(from%3Apetrogustavo)%20david%20luna&src=typed_query&f=top el 5 de
febrero de 2024.
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“
”41
Posteriormente, el 27 de noviembre de 2024, nuevamente criticó la gestión del
peticionario cuando se desempeñó como Ministro de Tecnologías de las
Información y las Comunicaciones, resaltando:
“
”42
41 Extraído de:
https://x.com/search?q=(from%3Apetrogustavo)%20david%20luna&src=typed_query&f=top el 5 de
febrero de 2024.
42 Ibidem.
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Demandante: David Luna Sánchez
De este modo, es evidente que las manifestaciones del Presidente de la República
objeto de controversia fueron realizadas en el marco de un discurso político, en el
cual expresó su postura sobre la necesidad de renegociar los Tratados de Libre
Comercio a raíz de la demanda de Telefónica, así como su cuestionamiento a la
venta de Telecom a dicha empresa. En otras palabras, en las intervenciones
cuestionadas se expusieron sus visiones ideológicas y políticas sobre estos temas
Por lo tanto, dichas expresiones constituyen apreciaciones subjetivas del Jefe de
Estado, formuladas a partir de su perspectiva personal y, en consecuencia,
amparadas por un margen más amplio de protección dentro del derecho a la libertad
de expresión que si bien no están sujetas a estrictas exigencias de veracidad y
objetividad, deben contar con un mínimo de justificación fáctica y ajustarse a
criterios de razonabilidad. Asimismo, dichas afirmaciones no deben transgredir los
límites establecidos por la Corte Constitucional para el ejercicio de este derecho en
discursos políticos.
Así las cosas, la Sala evidencia que las manifestaciones del Presidente en contra
del Senador David Luna cuentan con una justificación fáctica mínima y se ajustan a
criterios de razonabilidad, en la medida en que hacen referencia a la demanda
presentada por Telefónica, cuyo resultado implicó un pago por parte del Estado, y
cuya interposición tuvo lugar durante el período en que el accionante se
desempeñaba como Ministro de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
En efecto, en el escrito con radicado OFI24-00239893 del 8 de enero de 2023, por
el cual el Jefe de Gobierno respondió la petición de retractación del senador David
Luna, se expresó:
“Teniendo en cuenta lo anterior, para responder a su solicitud, debemos indicar
que la intervención del Primer Mandatario del 21 y 23 de noviembre de 2024, a
la que usted hace referencia, abordó diversos temas y problemáticas, por lo que
los apartados señalados por usted deben ser contextualizados para que no se
analicen de manera aislada o segmentada. Para el Consejo de Estado el
contexto en el que se emite una declaración es esencial para determinar los
límites y responsabilidades que se pueden derivar de determinadas
declaraciones. De manera puntual ha señalado:
(…)
Al verificar el contexto de la intervención que es objeto de su solicitud, se
encuentra que esta se trató de una opinión política del Primer Mandatario sobre
decisiones tomadas por gobiernos anteriores de los que usted fue parte. De
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manera específica, la referencia a su gestión dentro de dicho proyecto político
se hizo para evidenciar la necesidad que se ha encontrado de renegociar
determinadas cláusulas en algunos Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes
en Colombia con otros países, específicamente para que la resolución de
controversias quede dentro del ámbito de las autoridades del orden nacional.
El contexto completo de las declaraciones evidencia que, al hacer referencia a
su gestión en dicho proyecto político, lo que se indicó fue que los procesos que
rodearon a Telefónica que se surtieron en el orden nacional, su resolución y las
cláusulas vigentes de algunos TLC, permitieron que se acudiera al CIADI donde
Colombia fue finalmente condenada. En ningún momento se señaló que usted
hubiese instaurado la demanda arbitral de carácter internacional o que usted
hubiese estado involucrado en la orden de liquidación que se dio sobre la
empresa Telecom. Al efecto la intervención completa del Primer Mandatario
indicó:
(…)
En consonancia con la intervención antes transcrita, se observa que la
publicación del 23 de noviembre de 2024, en la Red Social X, consistió en la
réplica de un video sobre el evento del 21 de noviembre de 2024, donde el
Primer Mandatario acompañó el mencionado video con el mensaje que usted
cuestiona, el mismo de manera completa señaló:
(…)
Al apreciar ambos mensajes en su contexto, se observa que dichas
expresiones en ningún momento indicaron que usted hubiese instaurado
la demanda arbitral que culminó con la reciente condena por parte de
CIADI a Colombia, o que usted hubiese dado la orden para que se liquidara
Telecom. Solo se señaló que mientras usted estaba en una cartera
ministerial durante un gobierno anterior, se inició la controversia en
instancias nacionales que posteriormente culminó en una condena
internacional contra Colombia promovida por la empresa Telefónica. Sin
que esta afirmación este faltando a la verdad, le esté imputando la
comisión de alguna conducta ilícita o le esté endilgando algún detrimento
patrimonial”43 (Subrayas de la Sala).
Adicionalmente, no se evidencia que los pronunciamientos en cuestión (i) inciten a
cometer genocidio, (ii) constituyan discursos de odio, (iii) hagan propaganda a favor
de la guerra o (iv) promuevan la pornografía infantil. Por lo tanto, se encuentran
dentro de los límites establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
esta Corporación para los discursos políticos.
3.4.2.1. Tampoco se desconoce que el señor David Luna Sánchez, en su
calidad de exministro y actual Senador de la República, es una figura pública que
dispone de amplios espacios de comunicación ante la ciudadanía. Por lo tanto,
aunque goza de la protección de sus derechos fundamentales a la honra y al buen
43 Visible en el índice 10 del Sistema de Gestión SAMAI.
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nombre, debe tolerar un margen más amplio en el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión respecto de los cargos públicos que ha desempeñado.
En suma, la Sala considera que las expresiones del Jefe de Estado se enmarcan
dentro de un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, dado que: (i)
fueron realizadas en el contexto de sus opiniones políticas; (ii) cuentan con un
sustento mínimo y se ajustan a un criterio de razonabilidad; (iii) respetan los límites
establecidos por la jurisprudencia constitucional para este tipo de manifestaciones;
y (iv) el peticionario, en su calidad de figura pública, está sujeto a un mayor nivel de
escrutinio y crítica en razón de su trayectoria y funciones desempeñadas.
En suma, al no estar demostrada la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, se negará la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
IV. FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los
términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 13 de febrero de 2025.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 00107 00
Demandante: David Luna Sánchez
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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