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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00108-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00108-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la directora de acciones constitucionales de Colpensiones, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela instaurada por la señora Blanca Otálora de Telch en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00108-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

27 de febrero de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00108 00
Accionante: Blanca Otálora de Telch

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00108 00
Accionante: BLANCA OTÁLORA DE TELCH
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SALA DE
CONJUECES

Tesis: No hay lugar a amparar los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso efectivo a la administración de
justicia, cuando la autoridad judicial accionada no ha
incurrido en mora judicial injustificada.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Blanca Otálora
de Telch en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Blanca Otálora de Telch, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra de la precitada autoridad judicial, con
el fin de que se amparen sus derechos fundamentales “(…) al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, al mínimo vital, y a la

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Accionante: Blanca Otálora de Telch

obtención del reconocimiento y pago de la reliquidación a que tiene
derecho (…)”1, y para ello formuló la siguiente pretensión2:

“[…] respetuosamente solicito al Honorable Consejo de Estado,
otorgar el amparo de tutela solicitado, ordenando para el efecto, al
Honorable Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”
Sala de Conjueces, se sirva proferir sentencia de segunda instancia,
dentro de la acción ejecutiva de carácter laboral radicado 25000 23
42000 2017 01456 01, concediéndolo un plazo de 48 horas, como
lo ordena la ley, o que en su defecto se inste a la Corporación a
producir la sentencia a la mayor brevedad posible, a fin de obtener
pronta y cumplida justicia […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que prestó sus servicios al sector público desde el
4 de junio de 1973 hasta el 31 de marzo de 2001, en las siguientes
entidades: el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, la Caja
Colombiana de Subsidio Familiar, el Ministerio de Educación Nacional y el
Consejo Superior de la Judicatura.

Señaló que, mediante la Resolución nro. 02183 de 16 de septiembre de
2002, expedida por la jefe del Departamento de Atención al Pensionado
del Instituto de Seguros Sociales, le fue reconocida su pensión de
jubilación en cuantía de $2.599.205 desde el 31 de marzo de 2001 y de
$2.798.044 a partir del 1 de enero de 2002, suma que, según manifestó,
no guardaba proporción con lo devengado en el último año de servicios.

Relató que el 19 de noviembre de 2004, solicitó ante el Instituto de
Seguros Sociales la reliquidación de su pensión en los términos
establecidos en la Ley 33 de 1985, la cual fue negada mediante la
Resolución nro. 046602 del 2 de noviembre de 2006.

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00108 00.
2
Ibidem.
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Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra del Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que se declarara
la nulidad de la precitada resolución y, a título de restablecimiento del
derecho, se ordenara a la demandada la reliquidación de su pensión.

Anotó que la demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que en sentencia del
13 de agosto de 2009 accedió a las pretensiones.

Agregó que, inconforme con la decisión anterior, la entidad demandada
interpuso recurso de apelación y, el Consejo de Estado, Sección segunda,
Subsección A, en sentencia proferida el 7 de diciembre de 2011 la
confirmó.

Expuso que, mediante oficio radicado el 14 de junio de 2012 ante la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, solicitó el
cumplimiento de las precitadas providencias, razón por la cual, según
aseguró, Colpensiones expidió las siguientes resoluciones:

(i) Resolución GNR 121084 del 8 de abril de 2014, que en su artículo
primero dispuso: “Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por la SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA el 7 de
diciembre de 2011 y, en consecuencia, reliquidar a favor del (a) señor(a)
OTÁLORA DE TELCH BLANCA…Valor mesada a 1º de abril de 2014=
$4.817.669”3. La accionante aseveró que, en dicha resolución, no se
incluyó el pago de retroactivo.

(ii) Resolución GNR 35716 del 16 de febrero de 2015, que en su artículo
primero resolvió: “Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA el 7 de diciembre de 2011 y, en consecuencia,
reliquidar a favor del (a) señor(a) OTÁLORA DE TELCH BLANCA…Valor
mesada a 9 de noviembre de 2002= $ 2.889.008”4. La accionante advirtió

3
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00108 00.
4
Ibidem.
3

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que, en dicha resolución, se ordenó el pago de retroactivo por una suma
correspondiente a $26.687.308.

(iii) Resolución GNR 239345 del 6 de agosto de 2015, que en su artículo
primero dispuso: “Modificar la Resolución GNR 35716 del 16 de febrero
de 2015, respecto de la efectividad es a partir del 1º de abril de 2001, de
conformidad con las razones expuestas en l (sic) parte motiva del
presente acto administrativo”5, y en el artículo segundo, ordenó el pago
de un retroactivo desde el 1 de abril de 2001 al 8 de noviembre de 2002
por un valor correspondiente a $2.721.786.

(iv) Resolución GNR 292844 del 4 de octubre de 2016, que en su artículo
primero resolvió: “Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por
TRIBUNAL ADMNISTRATICO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A confirmada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA el 13 de agosto de
2009 y, en consecuencia, reliquidar a favor del (a) señor(a) OTÁLORA DE
TELCH BLANCA…Valor mesada a 1 de abril de 2001= $2.946.325”6. La
accionante precisó que, en la precitada resolución, se ordenó el pago de
retroactivo por una suma correspondiente a $101.827.241.

Adujo que, “(…) en razón al incumplimiento sistemático por parte de la
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES” – de darle
cabal cumplimiento a las sentencias referidas (…) se vio en la imperiosa
obligación de promover demanda ejecutiva en su contra, con fundamento
en las sentencias del 13 de agosto de 2009 y 7 de diciembre de 2011
dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Consejo de
Estado, respectivamente, las cuales sin lugar a dudas quedaron
debidamente ejecutoriadas el día 24 de diciembre de 2012 (…)”7.

Resaltó que “(…) el día 7 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” adelantó la primera

5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
4

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audiencia, donde se declaró no probada la excepción de pago propuesta
por la entidad demandada y, en la que se ordenó seguir adelante con la
ejecución. En la providencia se indicó, que sobre la Bonificación por
Gestión Judicial del Decreto 4040 de 2004 no se descontó valor alguno
por concepto de seguridad social en pensión, por lo que no se tendría en
cuenta para el Ingreso Base de Liquidación de la pensión, en
consideración a que el título ejecutivo ordenó expresamente que
solamente se pueden incluir los factores salariales sobre los cuales se
efectuaron aportes (…)”8.

Explicó que, “(…) inconformes con lo decidido, la parte demandante
interpuso recurso de apelación, bajo el argumento que se debe tener en
cuenta la Bonificación por Gestión Judicial (Bonificación por
compensación), por ser un factor salarial devengado por la ejecutante
BLANCA OTALORA DE TELCH, y de otro lado, la parte demandada,
interpuso de la misma manera el recurso de apelación indicando que la
reliquidación se realizó en los términos indicados en los fallos judiciales,
y que la bonificación por compensación no se encuentra reconocida por el
empleador, razón por la cual no se debe tener en cuenta, así como la
prima técnica (…)”9.

Informó que los recursos de apelación fueron repartidos y radicados ante
el Consejo de Estado el 29 de mayo de 2019 y admitidos mediante
providencia del 16 de julio de ese mismo año.

Reprochó que “(…) después de cuatro (4) años de encontrarse el
expediente al Despacho para su decisión, la Sala de la Sección Segunda
de la Subsección “B” con fecha ocho (8) de junio de 2023, esto es, por
más de cuatro (4) años, hizo la manifestación de impedimento de los
Honorables Magistrados integrantes de la Subsección A, para conocer del
proceso de la referencia (…)”10.

8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
5

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Al respecto, señaló que los magistrados indicaron que se encontraban
incursos en la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo
141 del Código General del Proceso, comoquiera que, durante su
trayectoria laboral, fueron beneficiarios de la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 de 1998, situación que les
impedía conocer y decidir con un criterio imparcial y objetivo. En ese
sentido, anotó que dicha situación condujo a la aceptación del
impedimento, separó a los magistrados del conocimiento del proceso
ejecutivo y se remitió a la Sala de Conjueces.

Alegó que “(…) si bien es cierto que el actual Conjuez ponente lleva menos
de un (1) año en el ejercicio del cargo, con anterioridad el proceso estuvo
a cargo de otro Conjuez que no decidió, y antes los Consejeros de la
Sección Segunda Subsección “A”, ello no justifica desde ningún punto de
vista la dilación de un proceso por más de cinco (5) años en resolver el
recurso de apelación contra un fallo de excepciones en un proceso
ejecutivo, que lleva en su trámite más del doble de tiempo que duró el
proceso ordinario en ese alto tribunal (…)”11.

Sostuvo que “(…) con las actuaciones anteriores se han vulnerado sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, porque desde que se radicó en el Consejo de Estado, para
resolver la apelación, esa entidad no se ha pronunciado hace más de cinco
(5) años (…)”12.

Advirtió que está a punto de cumplir 80 años y que se encuentra en
tratamientos médicos permanentes para atender las distintas patologías
que aquejan su salud y bienestar. Al efecto, expuso que se encuentra en
seguimiento a un trauma craneal originado por una caída y que sufre de
hipertensión arterial, hipotiroidismo crónico, entre otros.

Argumentó que “(…) el asunto debatido es de puro derecho, ya resuelto
por la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez que la bonificación

11
Ibidem.
12
Ibidem.
6

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por compensación judicial que se reclama y que es materia de
inconformidad ha sido considerada reiteradamente como factor salarial,
por considerarlo así la ley, lo que ha sido reconocido como tal por
sentencias de unificación del Consejo de Estado, razón por la cual puede
fallarse sin que someta a turno alguno, en cumplimiento del artículo 63A
de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de
2009 (…)”13.

Agregó que “(…) resulta inaceptable la prolongación en el tiempo, y la
dilación en los trámites administrativos de un asunto que lleva implícitos
derechos fundamentales como el acceso a la administración de justicia y
al debido proceso para obtener una pensión acorde con lo devengado y
aportado en el último año de servicios de la accionante (…)”14.

Finamente arguyó que “(…) no es aceptable que una persona que prestó
sus servicios al Estado por más de veinte (20) años, y que cumple con el
requisito de edad señalado en la Ley, deba apelar a la acción de tutela
para que se falle pronto su proceso ejecutivo y se haga efectivo su
derecho a la reliquidación de su pensión (…)”15.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 13 de enero de 202516 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a esta Sección que por auto del 16 de enero de
202517 la admitió y dispuso notificar18 al Consejo de Estado, Sección

13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00108 00.
17
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00108 00.
18
Esta orden se cumplió el 22 de enero de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
00108 00.
7

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Segunda, Sala de Conjueces, como parte accionada; así como vincular19
a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, como
terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y/o al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado nro.
25000 23 42 000 2017 01456 00/01, el cual fue remitido20.

3.2. La directora de acciones constitucionales de Colpensiones presentó
escrito21 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad del presente
trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Explicó que, “(…) frente a las pretensiones del accionante mediante la
cual pretende se ordene al Honorable Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces se sirva a proferir sentencia de segunda
instancia, (…) resulta pertinente informar que la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones no puede atender lo solicitado
por el accionante en el presente trámite de tutela, teniendo en cuenta que
lo solicitado no va dirigido contra esta Administradora y además no se
tiene la competencia para entrar a responder por lo requerido (…)”.

Adicionalmente, en cuanto a la mora judicial alegada en el escrito de
tutela, adujo que “(…) [la] accionante no demuestra que la mora en su
caso obedezca a dilaciones injustificadas, por lo que, al no estar
demostrado, se constituiría en una vulneración al derecho a la igualdad
de aquellos quienes también llevan tiempo esperando la resolución de las
decisiones judiciales, no respetar estos turnos y ni que decir, de aquellos

19
Ibidem.
20
La Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación remitió el expediente
solicitado. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00108 00.
21
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00108 00.
8

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que se encuentren en situaciones fácticas similares al caso bajo estudio
(…)”.

3.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, guardaron silencio.

3.4. El expediente ingresó al despacho para fallo el 30 de enero de 202522.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199123 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,24 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202125, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201926, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente27:

22
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00108 00.
23
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
24
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
25
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
26
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
27
Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso ejecutivo identificado
con el radicado nro. 25000 23 42 000 2017 01456 00/01. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
00108 00.
9

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4.2.1. La señora Blanca Otálora de Telch, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda ejecutiva en contra de la Administradora
de Pensiones – Colpensiones, con el fin de que se librara mandamiento
de pago a su favor, por las sumas allí relacionadas, a las cuales fue
condenada la ejecutada en las sentencias proferidas el 13 de agosto de
2009 y el 7 de diciembre de 2011 por la Subsección A, Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado, respectivamente, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro.
25000 23 25 000 2007 00439 00/01.

4.2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, por auto del 5 de septiembre de 2017 dispuso, entre otras
cosas, lo siguiente:

“[…]

10

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[…]”.

4.2.3. La apoderada de Colpensiones presentó la excepción de pago de la
obligación y, en audiencia inicial realizada el 7 de mayo de 2019, la
Subsección A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dictó sentencia en la cual declaró no probada la precitada
excepción y ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos
dispuestos en el auto que libró mandamiento de pago.

Inconforme con la decisión anterior, tanto la parte ejecutante como la
ejecutada interpusieron recurso de apelación, los cuales se concedieron
en la misma diligencia.

4.2.4. El expediente en segunda instancia fue remitido al despacho del
entonces consejero de la Subsección A, Sección Segunda de esta
Corporación, Gabriel Valbuena Hernández, por acta de reparto del 20 de
mayo de 2019 e ingresó al despacho ese mismo día.

4.2.5. Por auto del 2 de julio de 2019, el entonces consejero ponente a
cargo del proceso admitió los recursos y, posteriormente, por auto del 9
de septiembre de esa misma anualidad corrió traslado para alegar de
conclusión.

4.2.6. El expediente ingresó al despacho para fallo el 28 de octubre de
2019, el 23 de julio de 2021 la apoderada de Colpensiones radicó solicitud
de impulso procesal y, el 24 de febrero de 2022, el consejero ponente a
cargo del proceso, profirió auto de mejor proveer en el que decretó de
oficio la práctica de una prueba documental.

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4.2.7. Las entidades encargadas allegaron la prueba documental
decretada y el expediente ingresó nuevamente al despacho el 10 de
agosto de 2022.

4.2.8. Mediante escrito del 19 de enero de 2023, remitido a la presidencia
de la Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, los entonces
consejeros de la Subsección A, manifestaron su impedimento, en el
siguiente sentido:

“[…] En la sentencia constitutiva de título ejecutivo se emitió una
orden genérica consistente en ordenar reliquidar la pensión de la
interesada con la inclusión de todos los factores percibidos en el
último año de servicios sobre los cuales se efectuaron aportes;
empero en el trámite del proceso ejecutivo la ejecutante considera
que deben incluirse las bonificaciones por compensación y por
gestión judicial, establecidas en los Decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004, respectivamente, dado que indica que las devengó y sobre
ellas realizó aportes.

Así las cosas, como en el presente asunto se discute la posible
inclusión de la bonificación por compensación para recomponer el
ingreso base de liquidación pensional, la cual, desde el punto de
vista salarial, beneficia a los magistrados de tribunal, magistrados
auxiliares del Consejo de Estado y procuradores judiciales, se
configura la causal de impedimento consagrada en el numeral 1° del
artículo 141 del Código General del Proceso, que establece lo
siguiente:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.
(Se resalta).

Lo anterior, en razón a que del eventual pronunciamiento sobre la
materia debatida se desprende un interés directo para cada uno de
los consejeros que conforman la Sección Segunda, Subsección A,
bien por haber sido magistrados de los tribunales administrativos,
magistrados auxiliares de esta corporación o procuradores
judiciales, pues en su vida laboral han sido beneficiarios de la
bonificación por compensación cuya inclusión en la liquidación de la
pensión se persigue a través del presente litigio.

Por lo anterior, la Sala declara su impedimento para conocer del
asunto […]”.

4.2.9. El 17 de mayo de 2023, la señora Blanca Otálora de Telch, hoy
accionante, radicó escrito solicitando impulso procesal.

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Accionante: Blanca Otálora de Telch

4.2.10. Por auto del 8 de junio de 2023, los consejeros de la Subsección
B, Sección Segunda de esta Corporación aceptaron el impedimento
manifestado por los consejeros de la Subsección A, Sección Segunda y, a
su vez, señalaron que ellos también se encontraban impedidos para
tramitar y decidir el asunto en cuestión, por lo que se ordenó a la
secretaría de dicha sección realizar el respectivo sorteo de conjueces
conforme lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 131 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

4.2.11. El 4 de agosto de 2023, se realizó el sorteo de conjueces y la Sala
de decisión quedó conformada de la siguiente forma:

4.2.12. Por auto del 7 de noviembre de 2023, notificado el 19 de enero
de 2024, la Sala de decisión de conjueces resolvió el impedimento
presentado por los consejeros de la Subsección B, Sección Segunda de
esta Corporación y lo declararon fundado.

4.2.13. El 25 de junio de 2024, conforme anotación secretarial, se realizó
cambio de conjuez ponente, debido a que el conjuez Erlin Abad Palacios
Moreno fue designado en reemplazo del conjuez Juan Camilo Morales

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Trujillo. Posteriormente, el 26 de junio de 2024, el expediente ingresó al
despacho del nuevo conjuez ponente.

4.2.14. El 11 de febrero de 2025, se realizó nuevo sorteo de conjueces y
la nueva Sala de decisión quedó conformada de la siguiente manera:

A la fecha, no se evidencia que el expediente haya ingresado al despacho
de la nueva conjuez ponente para proveer de conformidad.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En cuanto a la solicitud de desvinculación formulada por la directora de
acciones constitucionales de Colpensiones, la Sala advierte que dicha
petición no es procedente, comoquiera que Colpensiones fue vinculada a
este trámite tutelar por tener interés en el resultado del proceso,
atendiendo a que la demanda ejecutiva, objeto de debate en esta acción,
fue promovida en su contra.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la señora Blanca Otálora de Telch, actuando
por conducto de apoderado, presentó acción de tutela pretendiendo la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia y mínimo vital, cuya vulneración la

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atribuye a “(…) la dilación de un proceso por más de cinco (5) años en
resolver el recurso de apelación contra un fallo de excepciones (…)” 28 en
el proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000
2017 01456 00/01, promovido por la hoy accionante en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. Al efecto,
sostuvo que “(…) desde que se radicó en el Consejo de Estado, para
resolver la apelación, esa entidad no se ha pronunciado hace más de cinco
(5) años (…)”29.

Para resolver, la Sala recuerda que en relación con la mora judicial, la
Corte Constitucional en sentencia SU 179 de 202130, indicó que “(…) la
mora judicial ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como
un “fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el
disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y
que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo
cargo se encuentra la solución de los procesos”31. De ahí que, la mora
judicial se presenta cuando, por fuera de los términos legales previstos
en los códigos de procesales, los jueces omiten proferir las decisiones a
su cargo (…)”.

En esa misma oportunidad, la Corte Constitucional precisó que32:

“[…] 74. Frente a la tardanza o mora por parte de los jueces en el
cumplimiento de los términos judiciales, esta Corte ha determinado
que es posible promover acción de tutela para reclamar la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, debido a que estos pueden resultar
afectados por dicha omisión judicial. En estos eventos, corresponde
al juez constitucional determinar si se trata de un caso de mora
judicial justificada o injustificada, teniendo en consideración que son
hipótesis que surgen por distintas causas y tienen diferentes
implicaciones. En ese sentido, este tribunal ha reiterado que “no
toda mora judicial implica la vulneración de los derechos
fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar

28
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00108 00.
29
Ibidem.
30
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
31
Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018.
32
Corte Constitucional Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la
inexistencia de un motivo válido que lo justifique”. Para tal efecto,
deberán examinarse, en cada caso concreto, las condiciones
específicas del asunto sometido a decisión judicial, evaluarse si
existe o no una justificación debidamente probada que explique la
mora […]”.

75. En esa medida, la Corte ha entendido que, aun cuando se
superen los términos procesales para que el juez adopte una
determinación, no hay violación de los derechos al debido proceso y
acceso a la administración de justicia y, por consiguiente, no se
desconoce la garantía a obtener una decisión de fondo sin dilaciones
injustificadas y dentro del plazo razonable, cuando se constata que
existe un motivo válido que justifica la mora judicial, es decir,
cuando se trata de una mora judicial justificada. Ello, exige analizar
si el incumplimiento del término procesal “(i) es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión
judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley”.

[…]

77. En concordancia con lo anterior, esta Corte ha señalado que es
dado afirmar que existe mora judicial injustificada o indebida,
cuando quiera que se acredite que el juez no ha sido diligente y que
su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, de manera reiterada,
ha sostenido que la dilación injustificada que viola los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, se configura cuando está demostrado que “(i) se presenta
un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el
volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en
el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial”
[…]”.

Teniendo en cuenta lo explicado, se advierte que está acreditado que: (i)
el 29 de mayo de 2019, los recursos de apelación presentados por las
partes, tanto ejecutante como ejecutada, en el proceso ejecutivo objeto
de debate, fueron repartidos a la Subsección A, Sección Segunda de esta
Corporación e ingresaron al despacho del entonces consejero ponente ese
mismo día; (ii) por auto del 2 de julio de 2019, el entonces consejero
ponente a cargo del proceso admitió los recursos y, posteriormente, por
auto del 9 de septiembre de esa misma anualidad corrió traslado para

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alegar de conclusión; (iii) el 24 de febrero de 2022, el consejero ponente
a cargo del proceso profirió auto de mejor proveer en el que decretó de
oficio la práctica de una prueba documental; (iv) las entidades requeridas
allegaron la prueba decretada y el expediente ingresó nuevamente al
despacho el 10 de agosto de 2022; (v) el 19 de enero de 2023, los
entonces consejeros de la Subsección A, Sección Segunda, manifestaron
su impedimento para conocer del asunto; (vi) por auto del 8 de junio de
2023, los consejeros de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado aceptaron el impedimento manifestado por los consejeros de la
Subsección A, Sección Segunda y, a su vez, señalaron que ellos también
se encontraban impedidos para tramitar y decidir el asunto; (vii) el 4 de
agosto de 2023, se realizó el sorteo de conjueces y, por auto del 7 de
noviembre de 2023, notificado el 19 de enero de 2024, la Sala de decisión
de conjueces declaró fundado el impedimento presentado por los
consejeros de la Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación;
(viii) el 25 de junio de 2024 se realizó cambio de conjuez ponente, por lo
que el 26 de junio de 2024, el expediente ingresó al despacho del nuevo
conjuez ponente; (ix) el 11 de febrero de 2025, se realizó nuevo sorteo
de conjueces. A la fecha, no se evidencia que el expediente haya
ingresado al despacho de la nueva conjuez ponente para proveer.

Del anterior recuento procesal, y comoquiera que el reproche de la
accionante está orientado a que “(…) desde que se radicó en el Consejo
de Estado, para resolver la apelación, esa entidad no se ha pronunciado
hace más de cinco (5) años (…)”, es posible concluir que no está
acreditada una mora judicial injustificada para resolver la alzada, puesto
que no se advierte la falta de diligencia por parte de la autoridad judicial
accionada, como tampoco la omisión en el cumplimiento de sus funciones,
dado que, de la revisión del expediente ejecutivo en el aplicativo SAMAI,
se evidencia que una vez el expediente ingresó al despacho del ponente,
se le impartió el trámite correspondiente a los recursos de apelación, sin
embargo, en el curso de la segunda instancia se presentó la manifestación
de impedimento de todos los consejeros que, en ese entonces,
conformaban la Sección Segunda de esta Corporación, por lo que hubo la
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necesidad de conformar una Sala de Conjueces, la cual también tuvo
cambios internamente y recientemente, en febrero de este año, se
conformó una nueva Sala de Decisión, a lo que se agrega que, a la fecha,
el expediente no ha ingresado nuevamente al despacho de la nueva
conjuez ponente para proveer de conformidad.

De otra parte, se tiene que la accionante también alegó la transgresión
de su derecho fundamental al mínimo vital, sin embargo, no explicó de
qué manera se ve afectado dicho derecho ni allegó ningún medio
probatorio para acreditar que efectivamente se presenta una vulneración
a sus garantías mínimas de vida.

Cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha indicado que le
corresponde a la parte actora demostrar la vulneración de su mínimo vital,
indicando qué necesidades básicas, en este caso las del accionante y las
de su familia, están siendo insatisfechas, pues “no solo basta hacer una
afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital, sino que dicha
aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes y
contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de tutela tener la
certeza de tal situación”33.

Finalmente, en cuanto a los argumentos expuestos por la parte accionante
respecto a su edad y las patologías que padece y aquejan su salud, la
Sala precisa que el trámite de segunda instancia del proceso ejecutivo
objeto de debate, no conduce a la falta de aseguramiento en salud de la
señora Otálora de Telch. De hecho, en el escrito de tutela no se expuso
que no se le estén prestando los servicios de salud a la accionante, ni que,
por motivo de la segunda instancia que se encuentra en trámite, esté
dejando de percibir la pensión de jubilación otorgada que, dicho sea de
paso, el proceso ejecutivo en cuestión versa sobre el cumplimiento o no,
de unas providencias dictadas en un proceso ordinario donde se ordenó
la reliquidación de la pensión, es decir, que la accionante ya tiene
reconocido y percibe una pensión de jubilación.

33
Corte Constitucional. Sentencia T – 237 del 26 de febrero de 2001. M.P.: Rodrigo
Escobar Gil.
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Por consiguiente, como la parte actora no logró demostrar que la
autoridad judicial accionada incurrió en una mora judicial injustificada,
será negada la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la
directora de acciones constitucionales de Colpensiones, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela instaurada por la señora Blanca
Otálora de Telch en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala
de Conjueces, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no
fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

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Accionante: Blanca Otálora de Telch

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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