Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00114-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00114-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00114-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00114-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-00114-011
Demandante : Diana Marcela Llano Sarmiento
Demandados : Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Administración de
Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá, sala Administrativa
Vinculados : Centro de Servicios Administrativos Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá- Coordinación
trámites administrativos
Acción : Tutela
Derechos : Derecho de petición, trabajo, al mínimo vital y móvil y debido
proceso
Decisión : Revoca sentencia de primera instancia/hecho superado
Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada
por Diana Marcela Llano Sarmiento contra el Consejo Superior de la Judicatura Unidad
de Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
Sala Administrativa, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de
petición, trabajo, al mínimo vital y móvil y debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la tutelante
frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
La accionante interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales de petición, trabajo, al mínimo vital y móvil y debido
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
proceso presuntamente vulnerados por la Consejo Superior de la Judicatura Unidad de
Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
Sala Administrativa.
Por consiguiente, requirió:
«2. ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá Sala Administrativa – quien
haga sus veces – en coordinación con la Unidad Administrativa de Carrera Judicial, que,
dentro del término perentorio de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela,
procesa a comunicar el número de vacantes definitivas para el cargo de ASISTENTE SOCIAL
DE CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD –
GRADO 18 y emita las respuestas correspondientes a las peticiones del 22 de noviembre de
2021 y 10 de diciembre de 2024 Oficio No. 8349 con REF: CONVOCATORIA PROVISION
VACANTES TEMPORALES CARGO ASISTENTE SOCIAL GRADO 18.
3. ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura Unidad de Carrera Judicial disponer lo
pertinente para que se lleve a cabo mi nombramiento en carrera en la vacante que
corresponda.
4. ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación investigar las posibles omisiones en que
haya incurrido la Unidad de Carrera Judicial y/o los funcionarios judiciales que hubiesen
omitido su deber de informar las vacantes existentes en cada uno de sus despachos».
1.3 Hechos.2
Relata la actora que, participó en la Convocatoria No. 4 de 2017 organizada por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, orientada a proveer los cargos en carrera
judicial para tribunales, juzgados y centros de servicios judiciales. El 17 de mayo de 2019
se publicaron los resultados de las pruebas de conocimientos, competencias y
habilidades y posteriormente el 24 de mayo de 2021, mediante Resolución CSJBTR21-
46, se conformó el Registro Seccional de Elegibles para el cargo de Asistente Social
Grado 18.
En vista del resultado obtenido, la accionante interpuso recurso contra esa decisión, el
cual, fue resuelto por la Resolución CJR21-0982 del 25 de octubre de 2021, confirmando
parcialmente la decisión, pero modificando los puntajes asignados en algunos factores.
El 22 de noviembre de 2021, la accionante elevó petición ante el Consejo Superior de la
Judicatura para obtener información sobre la provisión de vacantes, sin recibir respuesta
a la fecha de radicación de la tutela; no obstante indica que, el 10 de diciembre de 2024,
le fue informado mediante oficio No. 8349, sobre una vacancia temporal del cargo de
Asistente Social, ante lo cual, solicitó su posesión inmediata, y envió su hoja de vida a
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 2.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
las 4:04 p.m. del 10 de diciembre de 2024, incluyendo certificados laborales, educativos
y su inclusión en el registro de elegibles, sin recibir respuesta.
Actualmente, refiere que continúa sin empleo ni ingresos propios y se encuentra como
cotizante independiente en salud, únicamente gracias al apoyo económico de su familia.
1.4 Argumentos de la tutela.
La accionante indicó que, su inconformidad radica en que no ha recibido respuesta a sus
peticiones de fecha 22 de noviembre de 2021 y 10 de diciembre de 2024; y que, la falta
de nombramiento pese a estar en lista de elegibles impide el ejercicio efectivo de su
derecho al trabajo en igualdad de condiciones frente a otros aspirantes.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Quinta3, a través de
auto del 10 de febrero de 2025, admitió la presente acción de tutela y ordenó notificar al
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y al
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Sala Administrativa como accionadas;
posteriormente, mediante auto del 3 de marzo del mismo año4 se ordenó vincular al
Centro de Servicios Administrativos Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá- Coordinación trámites administrativos.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá5 solicitó que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva al no haber sido dirigida la petición ante dicha
entidad; manifestó que, tampoco le corresponde atender la solicitud radicada ante el
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad.
2.1.2 El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera
Judicial6 manifestó que la petición realizada por la accionante no es de su competencia,
3
Visible en el expediente digital en SAMAI 05.
4
Visible en el expediente digital en SAMAI 14.
5
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 10
6
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 12
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Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
por cuanto se trata de actos relacionados con las facultades nominadoras de otras
entidades; sin embargo, respecto a la solicitud radicada en el año 2021, manifestó que
incumple el requisito de inmediatez, por lo que, debe ser declarada improcedente.
2.1.3 El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad7 refirió que no ha vulnerado los derechos fundamentales
de la actora, por cuanto le contestó la petición mediante correo del 22 de febrero del 2025,
indicándole que debía remitir el formato de opción de sede para darle continuidad a su
solicitud por los medios adecuados, por lo demás, indicó que, no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la accionante.
2.2 Sentencia de Primera Instancia.8
El Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 27 de marzo del 2025 accedió
parcialmente las pretensiones, argumentando que:
«[Petición del 22 de noviembre de 2021 ] De acuerdo con el artículo 1º del Acuerdo PSAA11-
9109 de 2011, se designó como administrador principal del portal web oficial de la Rama
Judicial al Centro de Documentación Judicial – Cendoj el cual, dentro del organigrama de la
Rama Judicial, se encuentra como dependencia del Consejo Superior de la Judicatura. En
consecuencia, se evidencia que independiente del órgano que hubiera recibido la petición,
tenía la obligación de remitir al competente y atender la solicitud radicada en sus buzones de
PQRS.
Así las cosas, se observa que: (i) la accionante allegó la radicación de la petición realizada
en la página web de la Rama Judicial, de lo cual hay constancia según las pruebas aportadas
con la tutela; (ii) el Consejo Superior de la Judicatura es el encargado de atender dicha
solicitud; (iii) el hecho de no encontrar en el archivo de la entidad la petición en cuestión, no
es justificación para omitir la contestación, pues existe prueba de la radicación y, (iv) tampoco
es justificación para omitir otorgar respuesta que la entidad carezca de competencia, como lo
plantean en la contestación de la tutela, pues tiene el deber de remitir la petición a la autoridad
competente.
Es de anotar que si bien el Centro de Servicios Administrativos de los juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad no es la entidad competente para resolver la petición ni
fue el órgano ante el cual se radicó la petición, en su informe a la presente acción tutelar
indicó que para el momento existían dos vacantes para el cargo de interés de la señora Llano
Sarmiento, razón por la cual, debe ser el Consejo Superior de la Judicatura directamente o a
través de alguna de sus dependencias adscritas que le otorguen una contestación a la
accionante suministrándole la información solicitada
[…]
Como se evidencia, dicha respuesta no corresponde a lo solicitado por la actora, pues ni
siquiera se hace referencia al caso particular de la postulación, ni se informa el trámite que
se le dio a esta.
Si bien en el mismo informe se puso de presente que dicha plaza temporal había sido
otorgada a las personas que ocuparon los primeros lugares de la lista de elegibles, ello no
7
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 21
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Visible en el expediente digital en SAMAI 23
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Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
fue comunicado a la señora Llano Sarmiento, por lo que puede considerarse que en efecto
existió una vulneración de su derecho fundamental de petición, al no cumplirse con los
requisitos establecidos por la Corte Constitucional para que se entienda como válida la
respuesta otorgada a una solicitud, como lo son que sea de fondo, clara, precisa y con una
debida notificación.
Por lo tanto, se accederá a la solicitud de amparo y se le ordenará al Centro de Servicios
Administrativos de juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que
conteste la petición de la actora dentro de las próximas 48 horas siguientes a la notificación
del presente fallo.
[sobre la solicitud de nombramiento en propiedad] Por otro lado, se debe indicar que respecto
a la pretensión de la señora Llano Sarmiento de que se disponga lo necesario para su
nombramiento, debe recordarse que el amparo del derecho de petición no implica que el
contenido de la respuesta sea favorable a los intereses de la accionante.
A lo largo del escrito tutelar, la parte actora manifestó su inconformidad con el trámite indebido
que las entidades accionadas le han dado al manejo de la Convocatoria 04 de 2017, en
atención a la falta de respuesta a sus peticiones y la imposibilidad de posesionarse en el
cargo de asistente social, grado 18, para el cual se encuentra dentro de la lista de elegibles.
Para resolver dicho cargo se deben aclarar dos cosas. En primer lugar, los alegatos de la
tutelante se encuentran dirigidos a cuestionar el desconocimiento del principio de publicidad
respecto a su caso particular, lo cual se enmarca dentro del derecho fundamental de petición,
el cual ya fue resuelto previamente.
En segundo lugar, se debe indicar que la no posesión en el cargo al cual la actora aspira, no
se debe a una negligencia de parte de la administración, sino en atención a las vacantes que
se han liberado en el tiempo y el otorgamiento de los cargos a las personas que ocupan los
primeros puestos de la lista de elegibles, pues se recuerda que según el último informe
entregado por el centro de servicios, la señora Llano Sarmiento se encuentra en el número
10.
Así las cosas, lejos de observar una vulneración del derecho al debido proceso administrativo,
se advierte la existencia de un procedimiento reglado el cual ha sido seguido por las
autoridades con el fin de atender lo dispuesto por el reglamento de la convocatoria.
Es de advertir que, si la accionante no se encuentra de acuerdo con los nombramientos que
se han efectuado en dichas vacantes, ello podrá ser demandado ante la jurisdicción
contenciosa administrativa.
[sobre la solicitud de compulsa de copias] Dentro de las pretensiones suscritas por la señora
Llano Sarmiento se encuentra que solicita que se compulsen copias a las Fiscalía General de
la Nación para que se investiguen las presuntas omisiones en las que hayan incurrido las
autoridades accionadas, no obstante, dicho pedimento no supera el requisito de
subsidiariedad, dado que la acción de tutela no es el mecanismo para elevar denuncias contra
funcionarios públicos sino que se limita a la protección de derechos fundamentales».
2.3 Impugnación9
La accionante impugnó la decisión argumentando que, su inconformidad se centraba en
la negativa a ordenar su nombramiento en el cargo de asistente social, grado 18 del
Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para ello indicó que:
« Lo anterior, atendiendo que dicha sentencia fue emitida 51 días después de presentada la
demanda, desconociendo los perentorios e improrrogables términos establecidos en el
Decreto 2591 de 1991, con una palmaria falta de motivación respecto a las razones que dieron
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Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
lugar a negar el amparo de mis derechos fundamentales al debido proceso y mínimo vital,
limitándose a indicar que el Consejo Superior de la Judicatura si cumplió con lo establecido
en las normas que gobiernan la convocatoria, junto con el Acuerdo respectivo sin indicar, las
razones que de fondo le permitían arribar a tal conclusión y menos, hacer mención a las
pruebas que sustentan dicha afirmación, por lo cual surge evidente que tal afirmación
constituye una falacia por petición de principio y en consecuencia, omitió su deber de analizar
de fondo mi solicitud de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad,
trabajo y mínimo vital, cuya protección rogué no solo con la demanda, sino también con la
solicitud de medida provisional que elevé al advertir que ya habían pasado más de diez días
y su despacho ninguna decisión emitía de cara a la urgente solicitud de amparo que con tanta
urgencia presenté. Medida provisional que nunca decidió.
De lo antedicho, se sigue que el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus agentes,
bien Consejo Seccional o Centro de Servicios Judiciales de Ejecución de Penas, si violó mis
derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana, trabajo y debido proceso, pues de
no haber sido así, abundantes hubieran sido los argumentos que sustentaban tal conclusión,
pero como ya lo dije, ningún argumento se construyó para sustentar la escueta respuesta de
negar mi pretensión de amparo, más que una falacia que como es obvio no contó con ningún
sustento probatorio».
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo 80 de
12 de marzo del 201913 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
3.2 Cuestión previa.
En el índice 15 del expediente judicial de primera instancia en SAMAI, reposa una
segunda solicitud por parte de la actora en los siguientes términos:
«Teniendo en cuenta lo anterior respetuosamente le solicito se sirva ordenar mi
nombramiento y posesión en el cargo de Asistente Social Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad Grado 18 en calidad de MEDIDA PROVISIONAL para evitar un
perjuicio irremediable, mientras se emite el correspondiente fallo […]»
En atención a que, la solicitud se encuentra comprendida en la pretensión No. 3 de esta
acción constitucional, y que, la solicitud no está soportada por pruebas de ningún tipo que
permitan evidenciar alguna condición de vulnerabilidad tal y como lo alega la misma, el
análisis de esta pretensión se hará en el cuerpo de esta sentencia judicial junto con dicho
10
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
11
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
12
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
13
“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
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Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
pedimento.
3.3 Problema jurídico.
Se debe determinar si la acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos de
procedibilidad; de ser procedente, se deberá analizar si las entidades accionadas violaron
el derecho fundamental de petición de la accionante al no haberle dado respuesta clara,
pertinente y de fondo a sus solicitudes encaminadas a nombrarla como asistente social,
grado 18 del Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a pesar
de encontrarse en la lista de elegibles para dicho cargo.
3.4 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017
y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales.
Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que
no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.5 El debido proceso.
El artículo 29 de la norma Superior, establece que este derecho se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. La garantía en comento implica que tanto las
autoridades administrativas como los jueces, se encuentran compelidos a ceñirse a las
normas constitucionales y legales, con lo cual se garantizan a su turno, la protección y
realización de los derechos de las personas.
Conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional, el debido proceso comprende
plurales órbitas de incidencia:
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
«a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso
ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las
decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la
naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por
la Constitución y la ley.
c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el
derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos
a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el
derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el
proceso.
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige
que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables.
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas».14
Este derecho es una garantía de sujeción, que permite que se desarrollen otros derechos
como el de la igualdad ante la Ley o la dignidad humana, mientras que desarrolla una
serie de principios relacionados con la celeridad, la previsibilidad de las actuaciones
judiciales y el acceso a la administración de justicia, por lo que, su quebrantamiento
afecta uno de los núcleos esenciales que caracteriza al Estado de Derecho y en
consecuencia tiene la capacidad de justificar la intervención del juez de tutela.
3.6 Derecho al Trabajo.
El derecho al trabajo, tal como lo reconocen los artículos 25, 26 y 334 de la Constitución,
en el ámbito individual, implica la libertad de cada persona de escoger y desempeñar
una profesión u oficio en condiciones dignas. Desde la perspectiva colectiva, impone a
las autoridades el deber de implementar políticas que fomenten el pleno empleo15.
La Corte Constitucional ha reiterado en diversas ocasiones que el trabajo es un derecho
fundamental, no solo por su importancia dentro del Estado social de derecho, sino
14
Sentencia C-980 de 2010
15
Sentencia SU- 601 de 1999 MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
11
Sentencias T-03 de 1992, T-225 de 1992, T-483 de 1993, T-402 de 1994, T-799 de 1998 y T-1041 de 2000.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
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también por su papel esencial en la vida de las personas. Su carácter fundamental radica
en que es un elemento inherente a la dignidad humana, ya que, a través del trabajo, el
individuo encuentra los medios para su sustento, desarrolla sus capacidades y aporta a
la sociedad. Sin este, no podría garantizarse una existencia digna, pues es la vía principal
para la autosuficiencia y el crecimiento personal.
Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es posible identificar si la acción
de tutela procede como mecanismo de protección del derecho al trabajo, cuando:
«1. Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que consiste en toda acción u
omisión que impida el ejercicio de la facultad de desarrollar una labor remunerada en un
espacio y tiempo determinado16.
Se desconoce el núcleo esencial del derecho cuando se evidencia un desconocimiento de las
condiciones dignas y justas en las que el trabajador debe realizar su labor.
Hace parte del núcleo esencial la adecuada remuneración. La remuneración no puede ser
simplemente simbólica. Ha de ser adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el
trabajador, a su preparación, experiencia, conocimiento y al tiempo durante el cual vincule su
potencial de trabajo a los fines que interesan al patrono. No puede congelarse indefinidamente
2. La vulneración de un derecho conexo que conlleve el ataque injustificado del núcleo
esencial. 17
No pertenece al núcleo la pretensión incondicional de ejercer un oficio o cargo especifico, en
su lugar determinado ni la permanencia absoluta en un cargo. El retiro del servicio no implica
la prosperidad de la acción de tutela, solamente hay lugar al estudio del caso, cuando existe
debilidad manifiesta o se trata una trabajadora embarazada.
3. Por el incumplimiento o retardo en la obligación de pagar el salario más la prueba de
vulneración al mínimo vial del trabajador. La situación económica de la empresa no es óbice
para dejar de pagar durante varios meses los salarios de los empleados. 18
4. El empleador da por terminado el contrato con justa causa, pero faltó en el procedimiento
a los principios de buena fe al no expresar los hechos precisos e individuales que provocan
la justa causa de terminación para que así, la otra parte tenga la oportunidad de enterarse de
los motivos que originaron el rompimiento de la relación laboral y pueda hacer uso del derecho
a la defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo 19
5. Se desconoce el principio fundamental de a trabajo igual salario igual. Un tratamiento
diferente que vulnere este principio se considera una discriminación, es un trato diferente sin
justificación racional ni razonable.»20
3.7 Mínimo vital.
El derecho al mínimo vital está fundado en los principios del Estado Social de Derecho,
la dignidad humana y la solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales
16
Sentencia T-047 de 1995. y T-779 de 1998.
17
Sentencias C-671 y C-671 de 1999, T-799 y T-888 de 1999.
18
Sentencias SU-995 de 1999. MP. Carlos Gaviria Díaz, T-151 de 1998.
19
Sentencia C-593 de 1998, C-299 de 1998 y T-546 de 2000.
20
Sentencias C-479 de 1992, T-230 de 1994.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
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a la vida, a la integridad personal y a la igualdad.21 Estas directrices desarrolladas por
el máximo órgano de lo constitucional, reconocen la garantía que tiene toda persona
de gozar de «las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia
digna»22. De manera que, constituye una condición para el ejercicio de los derechos
y libertades constitucionales de la persona, además en garantía de las condiciones
básicas de subsistencia, puesto que sin un ingreso adecuado a ese mínimo no es
posible asumir los gastos más elementales, como los correspondientes a la
alimentación, salud, educación o vestuario23.
3.8 Derecho fundamental de petición.
El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política en los siguientes términos:
«Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales».
El título II, capítulo I de la Ley 1437 del 2011, modificado por el artículo 1° de la Ley 1755
del 2015, que en lo pertinente regula el término para contestar las peticiones, que por
regla general es de 15 días24, la información mínima que las solicitudes deben contener25,
la remisión a otros funcionarios o entidades si quien la recibe considera que carece de
competencia para contestarla26.
Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha sostenido:
«Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y
reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo esencial de
este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.
En este sentido, esta Corporación ha manifestado:
(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad
de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna,
precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo
razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo
21
Sentencia T-716 de 2017
22
Ibidem.
23
Sentencia C-776 de 2003, Sentencia T-772 de 2003
24
Artículo 14.
25
Artículo 16.
26
Artículo 21.
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por
regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el
silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa
y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es
distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha
violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera
del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe
notificar su respuesta al interesado.
De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de petición
exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo requerido por el
ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer decir
con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio
sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad
frente a la que ha sido presentada la petición» 27.
Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que «una respuesta es suficiente cuando
resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin
perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva
si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y es congruente si existe coherencia
entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no
sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información
adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta»28.
De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es vulnerado
cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite una pronta respuesta,
conforme a los términos que directamente fija el legislador y (iii) no cumple con su deber
de notificar la respuesta.
Ahora bien, en lo que, concierne a las solicitudes ante autoridades judiciales, la Corte
Constitucional, de manera reiterada, ha precisado que si bien el derecho de petición
puede ejercerse ante los jueces y por tanto estos se encuentran en la obligación de
tramitar y responder las peticiones que se les presenten, lo cierto es que «el juez o
magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y
los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas
peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y
27
Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
28
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-350 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-682 de 20
de noviembre de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado Y T-587-06, M. P. Jaime Araujo Rentería.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
con arreglo a las normas propias de cada juicio»29.
De igual manera, dicha Corporación30 ha sostenido que el alcance del derecho de petición
encuentra limitaciones respecto de las solicitudes presentadas frente a autoridades
judiciales, toda vez que, han de diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden
ser de dos clases: i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y ii)
aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del
derecho de petición que rigen la administración y en especial, de la Ley 1755 de 201531.
En consecuencia, la Corte Constitucional concluye que, la omisión del funcionario judicial
en resolver las peticiones relacionadas a su actividad jurisdiccional según las formas
propias del proceso respectivo, configura una violación del debido proceso y del derecho
al acceso a la administración de justicia32. Por otro lado, la omisión de la autoridad
jurisdiccional en resolver las peticiones formuladas en relación con los asuntos
administrativos constituye una vulneración al derecho de petición.
3.9 Carencia actual de objeto por hecho superado.
La acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales de las personas, cuando ellos sean vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una autoridad pública33; sin embargo, si la circunstancia que dio
origen a la trasgresión desaparece, se configura el fenómeno que se conoce como hecho
superado, el cual da como resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el
asunto. Al respecto, la Corte Constitucional34 ha definido este fenómeno jurídico en los
siguientes términos:
29
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández (cita tomada de la sentencia T-394 de 24 de
septiembre de 2018).
30
sentencia T-394 de 24 de septiembre de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
31
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
32
Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo. En lo relacionado a la omisión del funcionario
judicial en resolver peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al debido proceso, ver entre otras, sentencias T-
377 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-007 de 1999. M.P. Alfredo
Beltrán Sierra y T-604 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Diaz. En lo relacionado a la omisión del funcionario judicial en resolver peticiones
propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al acceso a la administración de justicia, ver entre otras, sentencias C-951 de
2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-006 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-173 de 1993: M.P. José Gregorio
Hernández Galindo y T-268 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
33
Artículo 86 de la Carta Política.
34
Corte Constitucional, sentencia T-70 del 24 de febrero de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
«35. La carencia actual de objeto en los trámites de tutela. La carencia actual de objeto es un
fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo se
extingue o “ha cesado”35 y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela frente a las
pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que “no tendría efecto alguno” o
“caería en el vacío”36. Este fenómeno puede configurarse en tres hipótesis: (i) daño consumado,
el cual tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía
evitar, de forma que (…) no es factible que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la
situación”37; (ii) hecho sobreviniente, el cual se presenta cuando acaece una situación que
acarrea la “inocuidad de las pretensiones” 38 y que no “tiene origen en una actuación de la parte
accionada dentro del trámite de tutela”39; y (iii) hecho superado, que ocurre cuando la
“pretensión contenida en la acción de tutela” se satisfizo por completo por un acto
voluntario del responsable40. La Corte Constitucional ha aclarado que el hecho superado se
configura cuando la satisfacción del derecho parte de ‘una decisión voluntaria y jurídicamente
consciente del demandado41, por razones ajenas a la intervención del juez constitucional 42. El
cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de instancia no configura la carencia actual de
objeto en sede de revisión» (Destaca la Sala)
3.10 Solución al caso concreto.
3.10.1 Requisitos de procedibilidad.
La sala comenzara por verificar si la acción de tutela promovida por Diana Marcela Llano
cumple los requisitos de procedencia de la acción de tutela
(i) Inmediatez. Se satisface el requisito, teniendo en cuenta que, tratándose de la
violación al derecho de petición, no existe un término perentorio, pues se alega
es la omisión a brindar una respuesta y las omisiones son continuadas en el
tiempo, lo que permite establecer que la vulneración es actual.
(ii) Subsidiariedad. En el caso del derecho de petición se considera procedente
debido a la ausencia de otros medios judiciales eficaces que garanticen una
respuesta oportuna.
35
Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
36
Corte Constitucional, sentencia T-533 de 2009.
37
Corte Constitucional, sentencia SU- 522 de 2019.
38
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2011.
39
Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y SU-440 de 2021. Ver también, Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.
“El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha
demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan
en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia
que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y
por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de
ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le
correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que
la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a
la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis”.
40
Corte Constitucional, sentencias T-321 de 2016 y T-154 de 2017.
41
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2019. En el mismo sentido se encuentra la sentencia T-104 de 2020.
42
Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2016. En el mismo sentido se encuentran las sentencias T-154 de 2017, T-715 de 2017 y
T-104 de 2020.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
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(iii) Legitimación por activa. Se cumple, por cuanto, fue la accionante quien
radicó el derecho de petición.
(iv) Legitimación por Pasiva. Se configura, teniendo en cuenta que, los
accionados son las autoridades a las que fueron dirigidos inicialmente los
derechos de petición.
Analizados los hechos y argumentos presentados en la acción constitucional, se tiene
que, colma los requisitos de establecidos en el Decreto 2591 de 1991, por lo que, se
examinará el fondo del asunto bajo los hechos específicos alegados por el tutelante.
Lo primero que debe destacar esta Sala es que, frente a las pretensiones relacionadas
con la garantía del derecho de petición, se ha configurado el fenómeno de la carencia
actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que, al expediente se remitió la
siguiente información:
• El Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Administración de Carrera
Judicial43, informó que mediante oficio CJO25-1770 del 2 de abril del 2025 le
respondió el derecho de petición a la actora, allí hizo un recuento de las
actuaciones relacionadas con el concurso e indicó que «[…] la solicitud de
información relacionada con las vacantes habilitadas para el cargo de asistente
social, grado 18 del Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad fue trasladada al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C
mediante Oficio CJO25-1769 del 2 de abril del año en curso44, por ser un asunto
de su competencia, en virtud de lo establecido en el artículo 88 de la Ley 2430 de
2024 y conforme el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015».
• El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá45, le informó a la actora que
no había recibido su solicitud, pero en cumplimiento de la orden judicial emitida
por esta Corporación procedió a brindar una respuesta de fondo a la solicitud que
le remitió a dicha dependencia mediante el oficio CSJBTOP25-372 del 3 de abril
del 2025, allí expuso que ,la actora se encuentra en lista para proveer una vacante
para el cargo ya mencionado, pero al momento de emitir la respuesta no habían
vacantes definitivas a proveer, por lo que debía estar pendiente de las
43
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 32.
44
Ibidem.
45
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 33.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
publicaciones que mes a mes se hacían en dicho sentido, de modo que finalizó
manifestándole que «[…] es importante señalar que, el hecho de convocar un
cargo a concurso, no implica que las plazas se encuentren disponibles al momento
de la Convocatoria, es más, resulta posible que todas estén ocupadas en
propiedad, en tanto el carácter específico de la carrera judicial atiende al principio
de permanencia, según el cual y por regla general los concursos no se convocan
para un determinado número de vacantes, sino para aquellas existan antes,
después, durante la convocatoria o la vigencia del respectivo registro de elegibles.
Esto, con el propósito de contar con un registro disponible en el evento de que se
produzca alguna vacante para su provisión en carrera».
• El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad46, comentó que le contestó el derecho de petición
a la actora mediante Oficio No. 1525 del 8 de abril del 2025, allí le informó a la
actora que las vacantes temporales fueron provistas con dos personas que se
encontraban de primeros en la lista de elegibles, pero que, al momento de emitir
la respuesta se presentaban dos vacantes permanentes para el cargo al que ella
se encuentra en lista, por lo que, deberá agotar el trámite previsto en la Ley con el
fin de ser nombrada en una de esas.
En este sentido, las respuestas vistas por esta Sala refulgen como claras, precisas,
completas y de fondo, por lo que, en efecto no hay objeto en un pronunciamiento posterior
respecto del derecho de petición de la señora Llano Sarmiento.
Por otra parte, la inconformidad que la accionante manifestó en su escrito de impugnación
consistió en que no se profirió una orden encaminada a nombrar a la accionante en el
cargo de Asistente Social Grado 18 adscrito al Centro de Servicios Administrativos, ha
de resaltarse que tal y como lo ha indoctrinado la Corte Constitucional de manera
reiterada47, el amparo del derecho de petición «[…] no implica necesariamente la
aceptación de lo solicitado […]», de modo que, no debe ser objeto de esta acción de
tutela un pronunciamiento respecto de la posibilidad de ser nombrada en el cargo en
cuestión.
Ahora, si lo pretendido por la actora se encuentra por fuera del límite del derecho de
46
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 37.
47
Corte Constitucional, sentencia T 478 del 2017.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
petición, y procura entonces cuestionar las respuestas negativas hechas por las
entidades accionadas, este medio entonces no cumpliría con el requisito de
subsidiariedad, porque la señora Llano en ese caso debe agotar los recursos contra los
actos administrativos expedidos y luego acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para demandarlos, en todo caso, ambas actuaciones
escapan al alcance previsto para esta acción constitucional.
Incluso, si se llegara a admitir la tesis de la protección constitucional transitoria de los
derechos invocados en el escrito de tutela, esta Sala concuerda con lo expuesto por la
primera instancia frente a la no vulneración de sus derechos fundamentales, en tanto no
existe un derecho adquirido por parte de la accionante a ser nombrada en los cargos
vacantes.
De acuerdo por lo previsto en el Acuerdo No. CSJBTA17-556 del 06 de octubre de 201748,
el concurso de méritos se instituyó con el fin de conformar los registros seccionales de
elegibles, dicho fin lo indicó de la siguiente manera:
«7.1 Registro
Concluida la etapa clasificatoria, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá procederá
a conformar los correspondientes Registros Seccionales de Elegibles, según orden
descendente de puntajes por cada uno de los cargos.
Los Registros de Elegibles empezarán a regir una vez se hayan agotado o perdido vigencia
los actualmente existentes.
La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro (4) Años».
Es decir, quienes aprobaron todas las etapas dispuestas en el concurso de méritos y
pasen a integrar el registro de elegibles, generan una mera expectativa frente a su
posibilidad de ser nombrados en un cargo en propiedad, ello porque, a partir de ahí tienen
que confluir varias circunstancias, entre ellas que exista la vacante, que la persona haya
optado por ella y quede en un puesto en la lista de elegibles que le permita acceder, por
lo demás, la posterior decisión del nominador solo debe acudir a los criterios objetivos
previstos en la Ley y en la jurisprudencia49, lo que incluye el respeto por el mérito y el
48
Puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-
bogota/acuerdos3
49
Esto incluye lo dispuesto por esta Sala en la sentencia del 12 de diciembre del 2023, dentro del radicado 11001-03-25-000-2016-
00753-00 (3443-2016), en la que se aclaró que los derechos de quien pretende acceder a la carrera judicial prevalecen sobre quienes
solicitan un traslado, ello lo dispuso en los siguientes términos: «Es claro que el demandante ya había consolidado su derecho de
carrera al ser nombrado como magistrado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca y en virtud de las razones de
salud que padece su menor hijo, justo un año después de haber tomado de manera libre y voluntaria posesión en dicho empleo,
solicitó traslado al Tribunal Superior de Santa Marta, circunstancia que dejaba en riesgo el derecho de Carlos Alberto Quant Arévalo
de poder acceder por primera vez a la carrera judicial en propiedad, comoquiera que de no haberse generado su nombramiento como
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
acceso a la carrera judicial como eje fundamental de nuestro entramado constitucional.
IV. DECISIÓN
Conforme con el material probatorio allegado, se revocará la sentencia impugnada y se
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la república y por
autoridad de la Constitución Política.
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la Sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, que amparó el derecho fundamental de petición de la
accionante, y en su lugar, DECLARAR la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, de conformidad con los
argumentos de esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedido, en la forma y
términos previstos en el Decreto 2591 de 1991
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
magistrado en el Tribunal Superior de Santa Marta para ese momento habría perdido la oportunidad de ello por vencimiento de la lista
de elegible, circunstancia diferente a la del demandante, puesto que, una vez expirara la vigencia de la lista, se le habilitaba toda
posibilidad para que insistiera en la solicitud de traslado, como en efecto, ocurrió al punto de materializarse tal pretensión con el
Acuerdo 936 del 9 de febrero de 2017 de la Corte Suprema de Justicia en virtud del cual dispuso su traslado de Bogotá al cargo de
magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00114-01
Demandante: Diana Marcela Llano Sarmiento.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
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