Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00120-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00120-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00120-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
28 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00120-00
Accionante: FRACTURAS Y FRACTURAS S.A.S.
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-
Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la accionante contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda y el Juez Tercero Administrativo de Pereira.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 13 de enero de 2025, la Sociedad Fracturas y Fracturas S.A.S., a través de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado Tercero
Administrativo de Pereira al haber proferido las providencias del 28 de junio y 16 de
enero de 2024, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa 1
que Manuel Antonio Bermúdez Ocampo y otros interpusieron contra la ESE Hospital
Universitario San Jorge de Pereira, la Clínica Fracturas y Fracturas S.A., la Previsora
S.A Compañía de Seguros y la Clínica Los Rosales S.A.
1
Identificado con número de radicado: 66001-33-33-003-2021-00143-00/01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00120-00
Solicitante: Fracturas y Fracturas S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia
En virtud de la acción de tutela, solicita que los derechos alegados sean tutelados.
Pide que se dejen sin efectos las providencias reprochadas y, en consecuencia, que
se ordene a las accionadas a que procedan a analizar:
«(…) nuevamente la solicitud de nulidad procesal por indebida notificación, y se emita
una decisión con apego a derecho y en salvaguarda de los derechos fundamentales
de todas y cada una de las partes que conforman la litis.»
2. Hechos relevantes
El 28 de junio de 2021, Manuel Antonio Bermúdez Ocampo y otros, incoaron acción
de reparación directa contra la Sociedad Fracturas y Fracturas S.A.S. y otros, con el
fin de que fuera declarada su responsabilidad administrativa y patrimonial con
ocasión a los perjuicios derivados de la indebida prestación del servicio de salud, al
menor Kevin Andrés Bermúdez Fuentes.
El asunto correspondió en primera instancia al Juez Tercero Administrativo del
Circuito de Pereira quien, por audiencia celebrada el 16 de enero de 2024, resolvió
negar el decreto de unas pruebas, solicitadas por la parte demandante, y una nulidad
procesal presentada por la sociedad accionante. La parte actora y la Sociedad
Fracturas y Fracturas S.A.S. apelaron la decisión.
El asunto fue conocido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Risaralda quien, por auto del 28 de junio de 2024, confirmó lo resuelto por el aquo
respecto de la negativa en el decreto de las pruebas solicitadas por la parte
demandante y rechazó, por improcedente, el recurso de apelación contra la decisión
que negó la solicitud de nulidad procesal, presentada por la accionante.
3. Fundamentos de la solicitud
La accionante considera que el aquo y adquem vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, con ocasión a las decisiones del 16
de enero y 28 de junio, ambas de 2024. Sostiene que en estas se incurrió en el
defecto procedimental absoluto y violación directa de la Constitución.
3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00120-00
Solicitante: Fracturas y Fracturas S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia
Esgrime que el defecto procedimental absoluto se configura en la medida en que las
autoridades desconocieron el material probatorio aportado por la accionante. Aduce
que, con base en este, era posible evidenciar que el auto admisorio de la demanda
no fue debidamente notificado. Esto, pues se notificó a una dirección de correo
electrónico equivocada y porque, en realidad, se ordenó la notificación a una entidad
distinta.
Plantea que, debido a lo anterior, no pudo ejercer su derecho de defensa y
contradicción de forma integral. Trajo a colación el artículo 199 del CPACA y la
sentencia T-276 de 2020, proferida por la Corte Constitucional. Como fundamento
de lo anterior, afirma que:
«El auto admisorio de la demanda se proveyó el 17 de agosto de 2021, pero su
notificación, se ordenó y realizó personalmente por secretaría del despacho,
mediante notificación No. 353 del 05 de noviembre de 2021 a un correo electrónico
que no correspondía al de propiedad, administración y uso de mi representada,
puesto que, como consta en solicitud de actualización de datos del 06 de octubre del
2021 presentada ante la Cámara de Comercio de Pereira en su Departamento de
Registros Públicos, el correo dispuesto para notificaciones judiciales es únicamente
el correspondiente a la dirección juridico@fracturasyfractruas.com.co, por lo que la
notificación, si bien supuestamente se envió al correo
contabilidad@fracturasyfracturas.com.co, la misma no se puede tener como
practicada en debida forma y, por lo tanto, fue nula o ineficaz, es decir, no surtió
efecto al no haberse realizado, y por tanto, convenia retrotraer lo actuado hasta tanto
el Despacho titular del proceso, realizará la notificación en los términos previstos en
la ley.
(...)
ahondando en la indebida notificación producida, es menesteroso aducir que la
misma también se puede ver reflejada, al haberse ordenado la notificación a una
persona jurídica sustancialmente distinta de mi representada, la demanda alude
entonces a la CLINICA DE FRACTURAS S.A.S. Nit. 891.411.743-0, que, por demás
de ser disímil, corresponde a un competidor directo de mi representada, que es la
institución FRACTURAS Y FRACTURAS S.A.S. Nit. 800.146.679-1.»
Considera que las autoridades incurrieron en el defecto de violación directa de la
Constitución, en el marco de las providencias reprochadas, pues en estas se
infringen garantías constitucionales. Afirma que la indebida notificación generó que
no pudiera ejercer sus derechos a la defensa y contradicción, vulnerando su derecho
al debido proceso. Con base en lo planteado, sostiene que deben dejarse sin efectos
las providencias reprochadas, pues en estas se negó la solicitud de nulidad expuesta
en el escrito de tutela.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00120-00
Solicitante: Fracturas y Fracturas S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia
Considera que los requisitos generales de procedencia de acción de tutela contra
providencia judicial se encuentran superados y, al hacer mención al de inmediatez,
plantea que:
«la providencia que se ataca fue proferida el 28 de junio de 2024, notificado por
estados el día 02 de julio de 2024, no obstante, por lo que los seis meses establecidos
jurisprudencialmente como término prudencial para presentar este mecanismo de
amparo finalizaría el 02 de enero de 2025, sin embargo, en virtud de la vacancia
judicial que imposibilita la radicación de este escrito hasta el día 13 de enero de 2025,
en el cual se reanudan las funciones de la administración de justicia así como los
canales de recepción, este escrito se radica el mismo 13 de enero de 2025 dentro
del término para su culminación.»
4. Trámite procesal
El 20 de enero de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a
las autoridades accionadas, así como a la ESE Hospital Universitario San Jorge de
Pereira, a la Previsora S.A Compañía de Seguros, a la Clínica Los Rosales S.A. y a
Manuel Antonio Bermúdez Ocampo, Cindy Paola Fuentes Acosta, Juan Diego
Bermúdez Ocampo y Yeimmy Andrea Bermúdez Ocampo, en calidad de terceros
con interés. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo.
En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo de Risaralda solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela. Adujo que no satisface el requisito de
relevancia constitucional. Sostuvo que la accionante lo que pretende es reabrir un
debate legal ya zanjado en el marco del proceso ordinario y advirtió que su actuación
no fue arbitraria ni ilegal. Esgrimió que no es cierta la presunta vulneración de los
derechos fundamentales que invoca la accionante, por lo que no se encuentran
configurados los defectos que alega.
El Juez Tercero Administrativo de Pereira remitió copia digital del expediente
ordinario y guardó silencio respecto de la solicitud, al igual que los demás notificados.
CONSIDERACIONES
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00120-00
Solicitante: Fracturas y Fracturas S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra las
providencias que resolvieron renegar una solicitud de nulidad procesal, presentada
por la accionante, en el marco de una acción de reparación directa, en la que funge
como demandada.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3
Ibidem.
6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00120-00
Solicitante: Fracturas y Fracturas S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Inmediatez
La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela4.
Caso concreto
La accionante considera que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, con ocasión a las decisiones del 16
de enero y 28 de junio, ambas de 2024. Afirma que en estas se incurrió en los
defectos procedimental absoluto y violación directa de la Constitución. Considera
que las accionadas debieron acceder a la solicitud de nulidad procesal presentada
por la actora en el marco del proceso de reparación directa en el que funge como
demandada, pues se incurrió en una indebida notificación.
La Sala advierte que la providencia del 28 de junio de 2024, que rechazó por
improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 16 de enero
de 2024, fue notificada por estado el 2 de julio de 2024, comunicación que fue
enviada ese mismo día. Esto de conformidad a los índices 7 y 8 del expediente
ordinario digital, visible en la plataforma de SAMAI.
Teniendo de presente lo anterior, es dable plantear que la notificación se entendió
realizada a los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, quedando la
sentencia debidamente ejecutoriada el 9 de julio de 2024, de conformidad con el
artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo-CPACA- modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. La
demanda de tutela fue presentada el 13 de enero de 2025, superando el término de
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-422 del 16 de octubre de 2018 [fundamento jurídico 49].
7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00120-00
Solicitante: Fracturas y Fracturas S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia
6 meses establecido en la jurisprudencia unificada, pacífica y reiterada por esta
Corporación5, para la presentación de acciones de tutela dirigidas contra providencia
judicial. La accionante, además, no expuso razones que permitan flexibilizar el
requisito de inmediatez en este asunto, por lo que el amparo no cumple el requisito
de inmediatez y la tutela es improcedente.
De acuerdo con lo anterior, no es posible flexibilizar el requisito de inmediatez pues,
en casos como este, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, existe
una mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez, el cual garantiza el
cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al respecto, la Corte
ha señalado que:
«El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido
que por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la
acción de tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha
aclarado que lo anterior no debe entenderse como una facultad para presentar
la acción de tutela en cualquier momento, ya que ello sería contrario a la
seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de
aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los
derechos invocados.
Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen
reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye
un término razonable.
La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a
evaluar, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales
criterios se relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el
momento en el que se produce la vulneración, (iii) la naturaleza de la
vulneración, (iv) los efectos de la tutela y (v) la actuación contra la que se dirige
la tutela.
Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis
de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica
como vulneradora de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha
señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de
tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito
de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 2012-
02201-01. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00120-00
Solicitante: Fracturas y Fracturas S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia
providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe
ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones
judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente (…)6»
La accionante, en el escrito de tutela, plantea que el periodo de vacancia judicial
imposibilitó la radicación en tiempo de la acción presentada, por lo que fue hasta el
13 de enero de 2025 que la pudo presentar cuando las funciones de la
administración de justicia fueron reanudadas. Para la Sala resulta menester plantear
que dicho argumento no es de recibo.
La accionante, en su escrito de tutela, reconoce el término oportuno de los seis
meses ya mencionado, para la presentación de la acción de tutela que incoó y
pretende justificar la demora en dicha radicación, con ocasión a la entrada en
vigencia del periodo de la vacancia judicial. La Sala advierte que dicho argumento
no es de recibo. La accionante disponía de otros recursos digitales, dispuestos por
la Rama Judicial, para presentar en tiempo la presente acción constitucional. Así, de
acuerdo con el término adoptado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y por el mismo Consejo de Estado7, la presente acción de tutela no
cumple con el requisito de inmediatez.
Aun en vacancia judicial, la Rama Judicial dispone de un canal electrónico de
recepción de acciones de tutela8 el cual se encuentra disponible y al servicio de todo
aquel que requiera presentar una acción de tutela. Luego de dicha radicación se
procede a realizar el reparto de la acción por lo que, aun estando en curso el periodo
de la vacancia judicial, ello no exime a quien pretende presentar una acción de tutela
contra providencia judicial, a que tenga de presente el término de los seis meses
antes mencionado y la radique de forma oportuna, so pena de la declaratoria de su
improcedente por falta del cumplimiento del requisito de inmediatez.
Así las cosas, como la accionante disponía de un canal electrónico para presentar
la presente acción de tutela, pero esta fue presentada por fuera del término, de
conformidad con lo expuesto, la acción de tutela de no cumple con el requisito de
inmediatez y será declarada improcedente.
6
Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Idem
8
Disponible en: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutelaenlinea
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00120-00
Solicitante: Fracturas y Fracturas S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la Sociedad Fracturas
y Fracturas S.A.S., contra el Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado
Tercero Administrativo de Pereira
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Salvamento de voto
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