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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00130-00

Fecha
17 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00130-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor José Antonio Bohórquez Herrera, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-00130-00 Accionante: José Antonio Bohórquez Herrera SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00130-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00130-00
Accionante: José Antonio Bohórquez Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento de sustitución pensional. Defecto
fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala1 decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por José
Antonio Bohórquez Herrera, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

2. El 15 de enero de 2025, José Antonio Bohórquez Herrera presentó una acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y
mínimo vital y móvil, al proferirse la Sentencia de 11 de octubre de 2024, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76111-33-33-003-2020-
00001-01. A título de amparo constitucional la parte actora solicitó:

“3.1 TUTELAR el Derecho Fundamental al Debido Proceso, en conexidad con los
Derechos Fundamentales a la Seguridad Social y al Mínimo Vital y Móvil, del señor
JOSE ANTONIO BOHORQUEZ HERRERA.

3.2 En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la Sentencia (…) de segunda Instancia No
181 del 11 de octubre de 2024, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA – SALA DE DECISIÓN DEL SISTEMA ORAL, mediante la cual se
confirmó la Sentencia de Primera Instancia No 058 del 22 de abril de 2024, proferida
por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Buga, dentro del proceso bajo el radicado
202-01.

3.3 En su lugar, DECRETAR la NULIDAD de la Resolución No. 01626 del 16 de mayo
de 2019, proferida por la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca
y a TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDENAR a la Secretaría de
Educación Departamental del Valle del Cauca el reconocimiento y pago de la

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00130-00
Accionante: José Antonio Bohórquez Herrera

sustitución pensional de la prestación causada por la señora GLORIA MARÍA BENITEZ
ZULETA (Q.E.P.D) al señor JOSE ANTONIO BOHORQUEZ HERRERA en calidad de
cónyuge supérstite.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron
identificados los siguiente:

4. José Antonio Bohórquez Herrera solicitó, ante la Secretaría de Educación del
Valle del Cauca, que le fuera reconocida la sustitución pensional de Gloria María
Benítez Zuleta (QEPD).

5. Mediante Resolución No. 01626 de 16 de mayo de 2019, la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca decidió, dejar en suspenso, el pago del 50% de la
mesada pensional, mientras la jurisdicción competente definía la controversia
presentada entre José Antonio Bohórquez Herrera y Cristóbal Benítez Buriticá,
quienes pretendían el reconocimiento de la sustitución de la pensión, aduciendo las
calidades de cónyuge y compañero permanente, respectivamente.

6. El 16 de enero de 2020, el aquí accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 01626 de 16 de mayo de
2019 de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca.

7. El Juzgado 4 Administrativo de Buga, mediante Sentencia de 22 de abril de
2024, negó las pretensiones del señor Bohórquez Herrera, tras considerar que no
se acreditó el requisito de convivencia por el termino exigido por la ley para el caso
de cónyuges con separación de hecho (5 años en cualquier tiempo). Así mismo, no
reconoció la sustitución pensional al señor Benítez Buriticá, por no acreditar la
condición de compañero permanente.

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante Sentencia de 11 de
octubre de 2024, confirmó la sentencia de primera instancia. Argumentó que, de
las pruebas, no se podía establecer que el periodo de convivencia entre José
Antonio Bohórquez Herrera y Gloria María Benítez Zuleta hubiere sido de 5 años,
en cualquier tiempo, como lo exige la norma.

9. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora manifestó que la
autoridad accionada incurrió en defecto fáctico, debido a que del material probatorio
se podía evidenciar el cumplimiento el tiempo mínimo de convivencia de 5 años.
Adujo que no se valoró de forma adecuada el testimonio Javier Córdoba Campo y
la declaración de parte hecha por el mismo demandante. Señaló que se configuró
un defecto sustantivo, por la contradicción entre los fundamentos y la decisión, al
no evaluar su condición de cónyuge supérstite después de descartar la convivencia
simultánea2. Finalmente, alegó el desconocimiento del precedente jurisprudencial
respecto de la Sentencias de 8 de septiembre de 2009, Rad. 36448 de la Corte

2
“toda vez que existió una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión, considerando que el despacho pudo
evidenciar que no existía ningún tipo de convivencia simultanea con el presunto compañero permanente y aun así desconoció
los derechos del cónyuge supérstite”.

2
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Suprema de Justicia y SU-108 de 2020 de la Corte Constitucional, relativas a la
convivencia como requisito para acceder a la pensión de sobreviviente.

1.2. Actuaciones procesales

10. Mediante Auto de 24 de enero de 2025, se inadmitió la acción de tutela y se
requirió para que allegara el poder conferido al abogado que presentó la acción de
tutela. Dicha situación, se estimó subsanada con la manifestación expresa del señor
Bohórquez Herrera, sobre su intención de actuar en nombre propio.

11. Por tal motivo, por Auto de 7 de febrero de 2025, se admitió la acción de
tutela y se ordenó su notificación, en calidad de parte accionada, al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, así como al Juzgado 3 Administrativo de Buga,
a Cristóbal Benítez Buriticá, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento del Valle
del Cauca, como terceros con interés directo en el proceso.

1.3. Intervenciones

12. El Juzgado 3 Administrativo de Buga hizo un recuerdo histórico de las
actuaciones realizadas por el despacho respecto al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por José Antonio Bohórquez Herrera. No
obstante, no presentó argumento en contra de la solicitud de amparo.

13. El departamento del Valle de Cauca indicó no vulneró ningún derecho
fundamental al señor Bohórquez Herrera, pues la acción estuvo dirigida contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia, solicitó ser
desvinculado de la acción.

14. Cristóbal Benítez Buriticá manifestó que ya está probado dentro del
proceso que no existió el termino el mínimo de convivencia exigido por ley de 5 años
entre José Antonio Bohórquez Herrera y Gloria María Benítez Zuleta. En ese orden,
las pruebas que fueron aportadas dentro del proceso desacreditan lo dicho en la
acción de tutela.

15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Ministerio de Educación
Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, pese a que fueron
debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa

16. Comoquiera que respecto del defecto sustantivo no se mencionaron
argumentos que den cuenta de cuál o cuáles normas fueron omitidas o
indebidamente interpretadas y aplicadas, la Sala se abstendrá de estudiar este

3
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Accionante: José Antonio Bohórquez Herrera

reparo y centrará su análisis en los defectos fáctico y de desconocimiento del
precedente.

2.2. Problema jurídico

17. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la Sentencia del 11 de octubre
de 2024, (1) incurrió en un defecto fáctico por la presunta indebida valoración del
testimonio de Javier Córdoba Campo y la declaración de parte de José Antonio
Bohórquez Herrera; defecto material por presuntamente encontrarse contradicción
entre los fundamentos y la decisión; y/o (2) desconoció el precedente jurisprudencial
respecto de las Sentencias del 8 de septiembre de 2009, Rad. 36.448, de la Corte
Suprema de Justicia y SU-108 de 2020 de la Corte Constitucional, relacionadas con
la convivencia como requisito para acceder a la pensión de sobreviviente y la justa
causa para la interrupción de la cohabitación.

2.3. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

18. La presente acción cumple con todos los requisitos generales de procedencia,
dado que: (1) posee relevancia constitucional, ya que el asunto en discusión se
centra en la posible vulneración de derechos fundamentales debido a la presunta
indebida valoración de pruebas y del desconocimiento del precedente
jurisprudencial; (2) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa
como pasiva, puesto que el accionante participó como demandante en el proceso
ordinario y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca; (3) se cumplió con el requisito de subsidiariedad,
ya que la parte actora agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar
la defensa de sus derechos; (4) la acción de tutela fue presentada el 15 de enero
de 2025, esto fue, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación
de la sentencia3; (5) no se alegó una irregularidad procesal, sino la falta de análisis
probatorio, así como la falta de aplicación de subreglas jurisprudenciales al caso
concreto; (6) los hechos y fundamentos en los que se basó la presunta vulneración
de derechos fueron identificados de manera razonable; y (7) la tutela no fe
interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza.

2.4. Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

19. La Sala negará la solicitud de amparo por no encontrar configurados los
defectos alegados, por las razones que pasan a explicarse:

20. En lo que respecta al defecto fáctico, José Antonio Bohórquez Herrera alegó
que hubo una indebida valoración el testimonio de Javier Córdoba Ocampo y la

3
La sentencia fue notificada a través de correo electrónico el 15 de octubre de 2024.

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declaración rendida por el mismo, a partir de los cuales quedaba probada la
convivencia de 5 años en cualquier tiempo, así como la justa causa para que él y la
señora Benítez Zuleta no convivieran bajo el mismo techo.

21. Para estudiar el aludido reparo, es preciso que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, a la hora de valorar las pruebas indicadas por la parte actora,
sostuvo:

“Al revisar las declaraciones se observa que las mismas son inconsistentes y no
concuerdan con lo relatado por el señor José Antonio Bohórquez en su interrogatorio
de parte respecto del tiempo de convivencia y el lugar donde la pareja fijó su domicilio.

Se tiene que, contrario a lo manifestado en las declaraciones extrajuicio el señor José
Antonio Bohórquez señaló que convivió con la occisa hasta el 2003, pues se separaron
por inconvenientes con la familia de ella; igualmente indicó que vivieron primero en la
vereda el Delirio y luego ella se fue a vivir a la finca paterna, la cual estaba ubicada en
la vereda el Rayito y también, que vivieron en Buga mientras construían su casa en el
municipio de Yotoco al lado de la fábrica de Carvajal.

Refirió el demandante en su declaración que los padres de la señora Gloria vivían casi
todo el tiempo en la finca ubicada en la vereda El Rayito, por lo que cuando frecuentaba
a la señora Gloria dormía en la casa, esporádicamente, porque el señor David Benítez
– padre de la occisa- era muy “fregado”.

Aunado a lo anterior, se encuentra que el señor José Antonio Bohórquez manifestó que
convivió con la causante Benítez Zuleta en la escuela de la vereda el Delirio desde
1997 hasta el 2003; sin embargo, su dicho fue desvirtuado por la madre de la occisa
Edilma Zuleta Montoya, cuando ésta afirmó bajo la gravedad de juramento que, el
tiempo que permanecieron juntos, el señor Bohórquez y su hija, fue de año y medio.

En cuanto a la ayuda económica que la señora Gloria María Benítez Zuleta le
proporcionaba al demandante estima esta colegiatura que no se probó más allá de lo
dicho por el demandante por manera que no se puede tener como un indicio de la
convivencia o de la permanencia en pareja con la causante.

El demandante José Antonio Bohórquez en su interrogatorio de parte refirió que entre
el 2009 y el 2014, la señora Gloria María Benítez Zuleta lo frecuentaba para las fechas
especiales – cumpleaños- y que para esa época, también visitaban a su hermana
Myriam o a sus amigos, destacando especialmente al señor Marcos Ortiz.

Al respecto la Sala considera que lo indicado por el demandante no es veraz pues su
dicho no guarda relación con lo declarado por el señor Marcos Ortiz, quien en la
declaración rendida bajo la gravedad de juramento afirmó que tuvo la oportunidad de
conocer a la señora Gloria María Benítez en el aeropuerto donde él trabajaba, así
mismo, señaló que no compartió en reuniones con la pareja, que su interacción con ella
fue breve y que a lo sumo fueron 1 o máximo en 2 oportunidades que los vio juntos.
[…]
El señor Javier Córdoba también rindió su declaración bajo la gravedad de juramento
y en donde manifestó conocer al señor José Antonio Bohórquez desde la infancia,
refirió que vivió con la pareja alrededor de 4 o 5 años, cuando estos vivieron en la
escuela de la vereda el Delirio, pero no indicó fechas aproximadas en la que se dio esa
convivencia. También señaló que la pareja no tenía hijos sin embargo, luego rectificó
lo dicho sin especificar el número de hijos de la pareja o si la señora Gloria María tenía
hijos por fuera de la relación con el señor Bohórquez. Finalmente el deponente
manifestó que después de que la señora Gloria María se fue a vivir a la vereda el Rayito
el señor Bohórquez siguió viviendo en Miravalle, otra vereda del municipio de Yotoco,
y ésta era quien lo visitaba en ese lugar.

La declaración rendida por el señor Córdoba si bien refiere que existió una convivencia
entre la pareja no refiere fechas aproximadas, también pone en entredicho la veracidad

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de lo afirmado por José Antonio Bohórquez cuando este aseguró que la convivencia
había sido en la casa paterna de la señora Gloria y tampoco guarda relación con lo
declarado por la señora María Camila Benítez, hija de la señora Gloria María Benítez,
quien afirmó bajo la gravedad de juramento que luego de que naciera su hermano
Sebastián, el 17- dic- 1998, la pareja duró aproximadamente un año y medio viviendo
solos en la vereda el Delirio.”

22. De lo anterior, no se encuentra que el análisis hecho por el tribunal haya sido
arbitrario, irracional o caprichoso, comoquiera que, a partir de la apreciación
conjunta de los testimonios, la declaración de parte y documentos que fueron
arrimados al proceso, la autoridad judicial concluyó que no quedaron demostrados,
dadas las inconsistencias entre uno y otro medio de prueba, los presupuestos de
ley para obtener la sustitución pensional, concretamente, el requisito de convivencia
de los 5 años.

23. Sobre ello, debe señalarse que las autoridades judiciales gozan de
autonomía e independencia, para brindar la solución del caso concreto y,
especialmente, para valorar el acervo probatorio recaudado en el marco de un
proceso, por lo que solo en el caso de que exista un error abiertamente contrario a
las reglas de la sana crítica, el juez puede entrar a pronunciarse sobre lo decidido.
En consecuencia, el hecho de que la autoridad judicial accionada haya realizado
una interpretación diferentes de los hechos no implica que la providencia
cuestionada haya incurrido en defecto fáctico, pues aquella efectuó una
interpretación razonable de las pruebas, sin que se observe alguna omisión o error
en la valoración de estas.

24. En otras palabras, para Sala el testimonio de Javier Córdoba Ocampo y la
declaración de José Antonio Bohórquez Herrera fueron valorados, de manera
razonable. Por tal razón, debe recordarse que la mera inconformidad entre lo
decidido y la postura o tesis que estime la parte deba prevalecer, por sí mismo, no
da lugar a tener por configurado un defecto fáctico o la vulneración de sus derechos
fundamentales.

25. Ahora bien, frente al presunto desconocimiento del precedente, es preciso
indicar que, pese a que la providencia enjuiciada no mencionó de forma expresa las
providencias que echa de menos la parte actora, relativas al alcance del requisito
de convivencia, dicha decisión se sustentó en varios pronunciamientos de altas
cortes, que de acuerdo a la interpretación probatoria realizada por los jueces de
instancia, guardaban relación con los hechos probados en el caso y constituían
subreglas jurisprudenciales vigentes y aplicables al caso.

26. La providencia de 11 de octubre de 2024 del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca tuvo como sustento la Sentencia T-128 de 2016 de la Corte
Constitucional, la cual a su turno, remitió a la Sentencia de 20 de junio de 2012,
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Rad.
41.821, en la que se sostuvo:

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“Sin embargo, debe la Corte precisar que, siendo la convivencia el fundamento esencial
del derecho a la prestación, el cónyuge separado de hecho debe demostrar que hizo
vida en común con el causante por lo menos durante cinco (5) años, en cualquier
tiempo, pues de no entenderse así la norma, se restaría importancia al cimiento del
derecho que, se insiste, es la comunidad de vida; al paso que se establecería una
discriminación en el trato dado a los beneficiarios, sin ninguna razón objetiva que la
justifique, pues, como se ha visto, al compañero o a la compañera permanente se le
exige ese término de convivencia, que es el que el legislador, dentro del poder que
tiene de configuración del derecho prestacional, ha considerado que es el demostrativo
de que la convivencia de la pareja es sólida y tiene vocación de permanencia, de tal
suerte que da origen a la protección del Sistema de Seguridad Social”

27. Aquella postura no riñe con lo establecido en la Sentencia SU-108 de 2020 de
la Corte Constitucional, en la que fijó como requisitos para el reconocimiento de la
sustitución pensional a favor del cónyuge o compañero permanente, a la luz del
artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, los siguientes:

“Primer requisito: haber hecho vida marital con el causante hasta su muerte.

La vida marital consiste en la prueba de la convivencia efectiva, real y material entre el
causante y el cónyuge o compañero permanente supérstite. No consiste en la simple
prueba del vínculo legal.
(…)
Segundo requisito: haber convivido de forma continua con el causante por un término
no menor a dos (2) años previos al fallecimiento, salvo que hubieran procreado hijos.

La cohabitación debe ser continua y por el término mínimo de 2 años, salvo que se
hayan procreado hijos en común.
(…)
Excepción jurisprudencial por la configuración de justa causa:

La interrupción de la convivencia –vida marital o cohabitación– de los cónyuges o
compañeros no implica, necesariamente, la pérdida del derecho. El juez debe evaluar
las circunstancias de cada caso, a fin de acreditar la configuración de justa causa.”

28. En otras palabras, la autoridad judicial accionada resolvió el caso en
consideración de una regla jurisprudencial valida y vigente. Por lo tanto, no existió
mérito para considerar que se desconoció el precedente.

2.5. Conclusión

29. La Sala negara la acción de tutela presentada por José Antonio Bohórquez
Herrera por no encontrar configurado un defecto fáctico ni un desconocimiento del
precedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección de la Sección Segunda del Consejo de
Estado administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor José Antonio Bohórquez
Herrera, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

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Accionante: José Antonio Bohórquez Herrera

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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