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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00131-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00131-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Scarleth Cubillos Delgado y otros, por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00131-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

7 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00131-00
Demandante: Scarleth Cubillos Delgado y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00131-00
Demandante: Scarleth Cubillos Delgado y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción
de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Scarleth
Cubillos Delgado y otros, por medio de apoderado judicial, en contra del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Gloria Fanny Delgado Ramírez, Scarleth Cubillos Delgado, Martha Fátima Cubillos
de González, Henry Cubillos García, Dick Carlos Cubillos García y Luisa Fernanda
Cubillos Céspedes, por medio de apoderado judicial1, solicitaron la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, que consideraron vulnerados por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, con ocasión de la sentencia del 20 de mayo de
2024, dictada al interior del proceso de reparación directa identificado con radicado
núm. 50001 2331-000-2010-00583-00/01 (62.519).

2. Hechos

2.1. Gloria Fanny Delgado Ramírez, Scarleth Cubillos Delgado, Martha Fátima
Cubillos de González, Henry Cubillos García, Dick Carlos Cubillos García y Luisa
Fernanda Cubillos Céspedes interpusieron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, la
Policía Nacional y el municipio de San Carlos de Guaroa (Meta), con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de los daños y perjuicios derivados de la
desaparición forzada del señor Gabriel Alberto Cubillos García, quien se

1 Páginas 81 a 86 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el

índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
474757B8AB5BB8FD 1A53D7F79BB9331E A14D5C4E99A3EF78 2954AA7C79610210.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00131-00
Demandante: Scarleth Cubillos Delgado y otros

desempeñaba como personero municipal al momento de los hechos ocurridos el 11
de diciembre de 2002.

2.2. El asunto le correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo del
Meta, autoridad judicial que, mediante sentencia del 22 de febrero de 2018 2,
accedió a las pretensiones de la demanda. Como fundamento del fallo, el despacho
encontró acreditado que, tanto la Policía Nacional como el alcalde municipal de San
Carlos de Guaroa, tenían conocimiento de la presencia de grupos al margen de la
ley en la zona, así como también de las amenazas en contra del personero Gabriel
Alberto Cubillos García por razón del desempeño de ese cargo público; además,
consideró que las demandadas conocían la situación de riesgo extraordinario de la
víctima y omitieron adoptar medidas de protección a su favor, lo que permitió
materializar su secuestro durante un desplazamiento en el que no fue acompañado
por un esquema de seguridad.

Respecto de los perjuicios, el Tribunal reconoció una indemnización por daño moral
y dispuso como medidas de reparación no pecuniarias la remisión de la sentencia
al Centro de Memoria Histórica, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
junto con la realización de un monumento y una placa que deberían ser ubicados
en la plaza pública del municipio de San Carlos de Guaroa.

2.3. Inconformes con la decisión, las partes interpusieron recurso de apelación en
contra de la sentencia proferida en primera instancia. Al punto, el municipio de San
Carlos de Guaroa indicó que en el asunto no fue demostrado el nexo causal entre
la desaparición forzada del personero municipal y la presunta omisión en el
cumplimiento deber legal a su cargo, dado que las pruebas no dieron cuenta que el
alcalde municipal conocía de las amenazas en contra del funcionario ni que estas
eran reales e inminentes con posibilidad de materializarse.

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, sostuvo que la condena que le
fue impuesta en la sentencia de primera instancia no era procedente, toda vez que,
lo sucedido fue una situación imprevisible. Afirmó que, una vez conocido el hecho,
la institución desplegó las gestiones encaminadas a hallar a la víctima y que, pese
a que fueron infructuosas, daban cuenta del cumplimiento de su deber legal. Agregó
que la desaparición forzada no fue ejecutada por miembros de la Policía Nacional,
por lo que el daño no le era atribuible, al ser consecuencia directa del hecho
exclusivo y determinante de un tercero.

Por su lado, la parte demandante insistió en su reclamo sobre el reconocimiento
económico de las sumas solicitadas en la demanda por concepto de daño a la vida
de relación.

2.4. Los recursos fueron desatados por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, autoridad judicial que, en sentencia del 20 de mayo de 2024 3,
revocó el numeral cuarto del fallo de primera instancia frente a las medidas de
reparación no pecuniarias y confirmó las demás decisiones.

2 Páginas 35 a 80 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el

índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
474757B8AB5BB8FD 1A53D7F79BB9331E A14D5C4E99A3EF78 2954AA7C79610210.
3 Páginas 12 a 34 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el

índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
474757B8AB5BB8FD 1A53D7F79BB9331E A14D5C4E99A3EF78 2954AA7C79610210.
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Demandante: Scarleth Cubillos Delgado y otros

La Sala de Subsección explicó, en primer lugar, que las omisiones al deber de
seguridad y protección en las que incurrieron la Policía Nacional y el municipio de
San Carlos de Guaroa incidieron de forma relevante y eficiente en la causación del
daño reclamado en la demanda, ya que si bien, tal como adujo la fuerza pública, la
muerte de la víctima fue provocada por la acción directa de un tercero, lo cierto es
que también estaba acreditado que esa situación se hubiera podido evitar si las
demandadas hubieran desplegado oportunamente las medidas idóneas, suficientes
y eficientes para efectos de garantizar la seguridad del personero municipal, de
quien era claro que corría un riesgo inminente por amenazas y agresiones con
ocasión del desempeño de su cargo.

En segundo lugar, sostuvo que el flagelo que padeció la víctima en su condición de
personero del municipio de San Carlos de Guaroa no podía entenderse como una
circunstancia imprevisible e irresistible para las autoridades demandadas, dado que
fueron alertadas sobre las amenazas de que fue objeto desde su elección como
agente del Ministerio Público en el ente territorial, las que resultaron concretadas
de forma lamentable el 11 de diciembre de 2002.

Por último, respecto de los cuestionamientos relacionados con el reconocimiento
de los daños a la vida de relación estimó que no estaban llamados a prosperar,
dado que los padecimientos propios de la aflicción que tuvieron que soportar los
familiares fueron reparados mediante los perjuicios morales reconocidos, por lo que
no era viable resarcirlos nuevamente. Además, decidió revocar las medidas de
reparación no pecuniarias, al considerar que las medidas pecuniarias decretadas
eran suficientes para garantizar la reparación integral del daño reclamado en la
demanda.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. En su demanda de tutela, los accionantes afirmaron que la autoridad
cuestionada vulneró sus garantías fundamentales, teniendo en cuenta que, en la
sentencia objeto de tutela, desconoció el precedente jurisprudencial relacionado con
el reconocimiento de perjuicios por daño a la vida de relación y no pecuniarios.

Explicaron que la demanda fue formulada el 26 de noviembre de 2010, fecha para
la cual estaba vigente el precedente de unificación jurisprudencial del 28 de agosto
de 20144, relacionado con el reconocimiento de perjuicios a la vida de relación, dado
que en el caso bajo estudio era claro que la desaparición forzada de que fue víctima
el señor Gabriel Alberto Cubillos fue causada por grupos al margen de la ley, no
podía aplicarse un precedente nuevo.

Resaltaron que el análisis que expuso la autoridad cuestionada no tuvo en cuenta
la aflicción y el dolor que sufrieron ante la pérdida de su familiar, por lo que, la
decisión “(…) viola flagrantemente uno de los derechos fundamentales más
sagrados que consagró nuestra Constitución, como es el debido proceso, pues por
los precedentes ya citados, consideramos que no se respetó el mismo al haber
aplicado una precepto jurisprudencial que no estaba vigente para el momento en
que ocurrieron los hechos, esto es, veinticuatro (24) años atrás, antes de que se
profiera la decisión que hoy se cuestiona por este mecanismo constitucional, en la

4Consejo de Estado, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 28832.
Expediente 31170.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00131-00
Demandante: Scarleth Cubillos Delgado y otros

espera de una mejor decisión acorde al sufrimiento que padecieron y siguen
generando dolor en las víctimas que reclamaron justicia en este proceso.”5.

3.2. Los accionantes solicitaron al juez constitucional6:

“(…) 1. Que se deje sin efectos la providencia del 20 de mayo de 2024, notificada
por edicto el 21 de junio de 2024, dentro del proceso 50001-2331-000-2010-00583
01

2. Que se profiera una nueva sentencia en la que estudie a fondo el cambio de
presente jurisprudencial y el resarcimiento de las medidas de naturaleza no
pecuniaria”7.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. El Despacho del magistrado ponente, mediante auto del 16 de enero de 20258,
admitió la acción, vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo del
Meta, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, al municipio de
San Carlos de Guaroa (Meta) y a los demás sujetos y/o entidades que hubieren
participado en el medio de control de reparación directa con número de radicado
50001-2331-000-2010-00583-00/01 (62.519).

En el mismo proveído ordenó las notificaciones, solicitó el expediente digital del
proceso ordinario, reconoció personería al abogado de la parte accionante, decretó
como pruebas los documentos allegados con la solicitud de amparo y suspendió los
términos de la acción hasta tanto se diera cumplimiento a lo ordenado.

4.2. El Tribunal Administrativo del Meta, por medio del escribiente del despacho,
allegó copia digital del expediente ordinario9, relacionó a las partes e intervinientes
en el proceso10, sin embargo, guardó silencio respecto del caso concreto.

4.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B11, a través del
magistrado del despacho sustanciador, adujo que la solicitud de amparo era
improcedente por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

Explicó que la decisión dictada estuvo acorde con el contenido de los recursos de
apelación interpuestos por los sujetos procesales y tuvo como propósito materializar

5 Página 11 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2

del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
474757B8AB5BB8FD 1A53D7F79BB9331E A14D5C4E99A3EF78 2954AA7C79610210. Esta es
una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
6 Página 11 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2

del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
474757B8AB5BB8FD 1A53D7F79BB9331E A14D5C4E99A3EF78 2954AA7C79610210.
7 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto

original.
8 Archivo electrónico ubicado en el índice 4 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:

96ADAB4B22010B42 0FA73E4A25E2F097 9F26151A547C3611 4D46EF8BDDF69116.
9 Archivo electrónico ubicado en el índice 9 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:

CB721832E55D4A21 91F28F81559B5FD0 BA7C9032D50466EA A9AEC1C4CEC2EF17.
10 Archivo electrónico ubicado en el índice 9 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:

5FB583DF321A70CE 7DEACCE1C3821F5B 165C05B83A3F3506 573D3D5D80535042. Ver
también índice 11.
11 Archivo electrónico ubicado en el índice 8 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:

766F09551209130B 18F4276CA934C91D 8D83303DBAF0CA79 FFE082B4EE7FF643.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00131-00
Demandante: Scarleth Cubillos Delgado y otros

el principio de reparación integral del daño. En este sentido, respecto de las
indemnizaciones decretadas en primera instancia, confirmó la indemnización por
daño moral y negó la reparación pecuniaria solicitada por daño a la vida de relación,
dado que, en consonancia con la jurisprudencia vigente, este último fue analizado
bajo las tipologías de perjuicio inmaterial por daño a la salud y por afectación a
bienes constitucional y convencionalmente protegidos.

Precisó que la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia dictada el 25 de
septiembre de 201812, indicó que los cambios jurisprudenciales son propios de la
interpretación judicial y obedecen a la variación en la conformación de las cortes y
el cambio en las realidades sociales, por lo que la aplicación inmediata de los
precedentes de unificación constituye una materialización de los principios de
igualdad y seguridad jurídica; así, por regla general, las sentencias de unificación
rigen desde el momento de su ejecutoria y se deben aplicar a todos los casos que
se encuentren pendientes de resolución judicial, situación que en efecto ocurrió en
el caso concreto.

En suma, sostuvo que en el proceso fueron surtidas las etapas procesales con
observancia de las directrices constitucionales, legales y jurisprudenciales, así
como los principios que respaldan el debido proceso. Aunado a lo anterior, indicó
que la parte accionante solo pretendía revivir un debate ya resuelto por el juez
natural de la causa, sin exponer un asunto en el que en sede constitucional sea
procedente un estudio de fondo por una posible vulneración de sus garantías
fundamentales.

4.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional13 a través de su
apoderado resaltó que la entidad no vulneró ningún derecho fundamental de la parte
accionante y que, en todo caso, la solicitud de amparo tampoco superaba los
requisitos para la procedencia del amparo deprecado, por lo que solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y la consecuente
declaración de improcedencia de la acción de tutela.

4.5. El municipio de San Carlos de Guaroa (Meta)14, a través del alcalde
municipal, sostuvo que la autoridad cuestionada tuvo en cuenta todos los elementos
necesarios para dictar la sentencia objeto de tutela, por lo que la solicitud era
improcedente y, en ese orden, solicitó no acceder a las pretensiones de la parte
accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia
12 Expediente con radicado número 11001-03 15-000-2007-00136-00.
13 Archivos electrónicos ubicados en el índice 10 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados:

F50E361C74BC58B3 EDA5C87518F8F478 987424359EEC2501 8AF12547EA2CC2B7,
4D0B0874BB17F1D1 F96802B6CB99F635 08777DD8391B338F 0D351C48114179F5,
A7A4D611F85E9B94 B4DEFA870D67A086 A24701962BE39404 1A6F4FFEB9AB3CB9,
9668473635E6FA1F CF8EF394586BEB18 5E8C5AE4B3545B47 4F2646EE78DFFAB3 y
E9EB582736FA7EAD E97671F31AF416FC 9762AB738AED856E CD6F3FF16054BAEC. Ver
también índice 16.
14 Archivos electrónicos ubicados en el índice 14 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados:

3E8A61EAB44725A7 6FD8FFAF304CF9EA E2352BCAFF43F302 36FFF3FB699A97EE,
69C8CBA4C9D2703D 779A84D95E7946BF DF9F728C004A86BA F9CB2FCA29428787,
1A260137E4D35C83 CA0C841AD6C907DB B64033A6D69A8EBE FA622C01AFB1A944 y
700B699393029CE7 B63A7C00D1E7F6BE 9EC1399E93D98B65 0B99D9948FADF8BF.
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Demandante: Scarleth Cubillos Delgado y otros

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1 La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
los accionantes son los titulares de los derechos que, afirman, son vulnerados en
su condición de parte demandante dentro del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia objeto de tutela, y, por lo tanto, en caso de configurarse los
defectos alegados, resultarían afectados en relación con sus garantías al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

2.2 También está probada la legitimación en la causa por pasiva, porque el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B profirió la providencia que,
según la parte tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general15 para, luego, en caso de resultar
superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos de los defectos aducidos por el
accionante y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial16.

15 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar

en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
16 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se

concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto
procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento
establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba
obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en
el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
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Demandante: Scarleth Cubillos Delgado y otros

Los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 199117 permiten que la acción de
tutela como mecanismo de protección constitucional sea presentada con un margen
de informalidad, tanto en el escrito de solicitud de amparo como en su despliegue
argumentativo; sin embargo, las acciones de tutela contra providencias judiciales
exigen una carga argumentativa más sólida, pues de prosperar el amparo se
afectaría el principio de cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se
pretende en sede de tutela.

Así, la carga argumentativa implica un ejercicio de concreción que, primeramente,
se cumple a partir del requisito de que la parte actora presente con suficiencia y
claridad el cuestionamiento que endilga a la providencia que considera vulneradora
de sus derechos fundamentales. Luego, este debe tener la suficiente relevancia
constitucional para transcender de la discusión litigiosa propia del proceso ordinario,
a un asunto que, por referirse a una posible amenaza o vulneración de un derecho
fundamental, haga procedente la intervención del juez de tutela. Lo anterior, por
cuanto dicha intervención que debe ser subsidiaria18 y excepcional, pues, en todo
caso, las providencias son proferidas en un proceso judicial que cuenta con los
mecanismos de defensa de los derechos fundamentales y que, una vez en firme,
goza de presunción de constitucionalidad y de legalidad.

En ese contexto, el requisito de relevancia constitucional exige que los argumentos
de la solicitud de amparo estén dirigidos a exponer las razones por las que el
cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria19, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto20. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas

desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º
de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
17 Artículo 14 íbidem: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii)

identificación del accionante y autoridad demandada; iii) declaración juramentada de no haber
impuesto otra acción por los mismos hechos y derechos.
18 El artículo 86 de la Constitución establece:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
[…]
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
19 Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se

desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren
relevancia constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la
Corte Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
20 Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión
cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas,
podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando
el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es
víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
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Demandante: Scarleth Cubillos Delgado y otros

que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario o reiterar las ya
expuestas en este, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la
función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional” 21.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad22; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales23.

4. Caso concreto

La Sala revisará a continuación los argumentos expuestos en el escrito de tutela, a
partir de los parámetros constitucionales fijados y de conformidad con el requisito
de relevancia constitucional. Solo en caso de encontrarlos satisfechos, continuará
con el estudio de las demás exigencias de procedibilidad y, si hay lugar a ello, a
emitir un pronunciamiento de fondo en lo que corresponda.

La parte accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, toda vez que,
a su juicio, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado efectuó
una indebida aplicación del precedente jurisprudencial, lo cual dio lugar a la
denegación de las pretensiones resarcitorias formuladas en el escrito de demanda
a título de daño a la vida de relación.

En esa línea, la configuración del defecto por desconocimiento del precedente
jurisprudencial exige que la parte accionante vincule la falta de aplicación de una
regla jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia la razón por la cual el precedente con
identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma la inobservancia
de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectaron sus garantías
fundamentales.

fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
21 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
22 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de

2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012,
T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de
2018.
23 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera

instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte
Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
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Así, es preciso indicar que la Subsección B explicó en la sentencia censurada, para
efectos de resolver el recurso de apelación y confirmar la decisión del a quo
ordinario, específicamente en relación con los perjuicios reclamados por daño a la
vida de relación, que el Consejo de Estado en jurisprudencia de unificación
estableció “dos categorías autónomas de perjuicio inmaterial, diferentes al daño
moral, a saber: el daño a la salud24, cuando se trate de una lesión a la integridad
psicofísica de la persona, y la afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados25, perjuicio este que debe estar
plenamente acreditado en el proceso y ameritar su reparación integral, teniendo en
cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.”26.

Por lo anterior, la autoridad cuestionada concluyó que no se aportaron medios de
convicción que acreditaran la causación de un daño a la salud de los demandantes.
Por el contrario, las pruebas allegadas solo evidenciaban el sufrimiento derivado de
la pérdida de su familiar, el cual ya había sido indemnizado bajo el concepto de
perjuicio moral. En consecuencia, dicho daño no podía ser reconocido nuevamente.

De lo expuesto, es viable concluir que los cuestionamientos de la parte accionante
se tornan insuficientes para sustentar el cargo, en la medida en que la sola mención
de la sentencia que, a su juicio, fue desconocida, tiene similitud o es aplicable a su
caso, sin que se demuestre que tal inobservancia tuvo como consecuencia una
afectación desproporcionada de una garantía fundamental, no es suficiente para
determinar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En efecto, la Sala encuentra que la parte accionante no logró acreditar que la
decisión adoptada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
haya desconocido de manera manifiesta y relevante un precedente jurisprudencial
aplicable al caso concreto, ni que dicha inobservancia haya tenido un impacto
directo sobre sus derechos fundamentales.

Por el contrario, se observa que la Corporación aplicó el precedente jurisprudencial
vigente al momento de la decisión —Sentencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado del 25 de septiembre de 2018—, conforme al principio de seguridad jurídica,
que establece que las sentencias de unificación deben aplicarse de manera
inmediata a todos los casos pendientes de resolución. Además, justificó la negativa
de la reparación por daño a la vida de relación bajo las tipologías de perjuicios
inmateriales ya establecidas, específicamente por daño a la salud y por afectación
a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, sin que se evidenciara la
existencia de un daño adicional que ameritara indemnización.

Planteados así los argumentos, es claro que se refieren a un desacuerdo con las
conclusiones a las que llegó el juez de segunda instancia del proceso ordinario y,
en consecuencia, no es posible asumir el estudio de fondo propuesto por la parte

24 Cita original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, MP Danilo Rojas
Betancourth y exp. 31170. MP Enrique Gil Botero.”.
25 Cita original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988, MP Ramiro Pazos
Guerrero y exp. 26.251, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa.”.
26 Página 32 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice

2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
474757B8AB5BB8FD 1A53D7F79BB9331E A14D5C4E99A3EF78 2954AA7C79610210. Esta es
una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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Demandante: Scarleth Cubillos Delgado y otros

actora, pues de hacerlo se estaría invadiendo la órbita de competencia del juez
natural y desconociendo la autonomía judicial.

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo de carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y
entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que
su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin
que ello implique, como lo pretenden los aquí accionantes, un nuevo estudio del
caso como si fuera una instancia adicional a las ya surtidas. El juicio que realiza el
juez en sede de tutela es de validez y no de corrección de la decisión cuestionada27,
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que
se resolvieron en el curso del proceso ordinario28.

En suma, la solicitud se torna improcedente en la medida que los argumentos
planteados por la parte accionante no cumplen el requisito de relevancia
constitucional, en tanto solo están encaminados a reabrir el debate ya resuelto
por el juez natural de la causa, desconociendo así el carácter subsidiario de la
acción de tutela, la estructura de la administración de justicia y los principios de
independencia y autonomía judicial.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Scarleth Cubillos Delgado y otros, por los motivos expuestos en las consideraciones
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

27 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
28 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00131-00
Demandante: Scarleth Cubillos Delgado y otros

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SABF

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