Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00133-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00133-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00133-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00133-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
16 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00133-01
Demandante: John Freddy Rojas López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00133-01
Demandante: JOHN FREDDY ROJAS LÓPEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumple el requisito de inmediatez / INMEDIATEZ – La demanda se presentó
pasados seis meses desde que se notificó la decisión a la que se atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales.
La Sala1 decide la impugnación instaurada por la parte demandante contra el fallo de
primera instancia, proferido el 11 de febrero de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, a través del cual declaró improcedente el amparo
solicitado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 15 de enero de 2025, el señor John Freddy Rojas López interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de
la providencia del 20 de junio de 2024, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 68001-33-33-008-2018-00351-01. Formuló las siguientes
pretensiones (se transcriben):
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales del suscrito John Freddy
Rojas López, a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad, a la
legalidad y a la confianza legítima.
1 Se advierte que el 9 de mayo de 2025 el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el respectivo proyecto de sentencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00133-01
Demandante: John Freddy Rojas López
SEGUNDA: Así las cosas, ORDENAR que se DEJE SIN EFECTO la
Sentencia de Segunda Instancia dictada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER el 20 de junio de 2024, por la cual se
revocó la Sentencia de Primer grado proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, en el expediente con
Radicado Número 68001333300820180035100, dentro del Medio de
Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovida por John
Freddy Rojas López en contra de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga
• DTB.
TERCERA: En consecuencia, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER que dicte una sentencia en reemplazo de la dejada sin
efectos, según la cual DECLARE LA NULIDAD del fallo No. 113 del 31 de
marzo de 2017 emitido por la Inspección Sexta de la Dirección de Tránsito
de Bucaramanga, en el cual se me declaró contraventor y se me impuso una
multa de 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes y la cancelación de
mi licencia de conducción, al igual que de la Resolución No. 019 del 5 de
marzo de 2018, emitida por la Dirección General de la Dirección de Tránsito
de Bucaramanga, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi
apoderado, declarándolo desierto y que se ordene el consecuente
restablecimiento de derechos personales y patrimoniales a favor del suscrito
con la respectiva condena en costas.
CUARTA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,
que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) siguientes a
la comunicación del fallo de primera instancia, proceda a dictar Sentencia
de Segunda Instancia que reemplace la dejada sin efecto, pronunciándose
a su vez sobre el restablecimiento de derechos del suscrito.
QUINTA: Condenar en costas a la parte accionada, de conformidad con lo
expuesto en los artículos 25 y 26 del Decreto 2591 de 1991.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. Luego del trámite del rigor, la Inspección Sexta de la Dirección de Tránsito de
Bucaramanga declaró contraventor al señor John Freddy Rojas López, en acto
administrativo del 31 de marzo de 2017, dentro del procedimiento con radicado «013-
2016», por negarse a realizar la prueba de embriaguez, de acuerdo con el parágrafo 3
del artículo 5 de la Ley 1696 de 20132, tras el accidente de tránsito ocurrido por una
colisión entre su vehículo y otro vehículo particular.
4. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue
declarado desierto, en Resolución 019 del 5 de marzo de 2018, dictado por la Dirección
2 Parágrafo 3°. Al conductor del vehículo automotor que pese a ser requerido por las autoridades de
tránsito, con plenitud de garantías, no permita la realización de las pruebas físicas o clínicas a que se refiere
la presente ley o se dé a la fuga, se le cancelará la licencia, se le impondrá multa correspondiente a mil
cuatrocientos cuarenta (1.440) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) y procederá la
inmovilización del vehículo por veinte (20) días hábiles .
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00133-01
Demandante: John Freddy Rojas López
de Tránsito de Bucaramanga, por no haber sido presentado conforme a lo previsto en el
artículo 142 del Código Nacional de Tránsito3 y el artículo 78 de la Ley 1437 de 20114.
5. El señor John Freddy Rojas López interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a fin de que declarara la
nulidad de los referidos actos administrativos, mediante los cuales se declaró infractor y
se sancionó al señor Rojas López con ocasión del comparendo
«68001000000011715796 del 4 de octubre de 2016».
6. En sentencia del 18 de diciembre de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo de
Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda, porque, en el procedimiento
con radicado «013-2016», se desconocieron las disposiciones fijadas en el parágrafo 3
del artículo 152 de la Ley 769 de 2002 – modificado por el artículo 5 de la Ley 1696 de
2013 - y, por ende, adolece de nulidad.
7. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga apeló la decisión y, en sentencia del 20 de
junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander, luego de analizar la normatividad
aplicable al caso en concreto, revocó el fallo recurrido y, en su lugar, negó las
pretensiones porque el procedimiento administrativo se realizó conforme a derecho.
8. A juicio del señor Rojas López, la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos
fáctico y procedimental, así como vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al debido proceso y a la igualdad, porque no tuvo en cuenta que el agente de
tránsito que le impuso el comparendo no era apto para realizarle la prueba de
alcoholemia, ni valoró las demás pruebas adjuntas que demuestran la transgresión de su
derecho fundamental al debido proceso. Resaltó que la decisión del Tribunal accionado
es incongruente, pues no abordó todos los reparos alegados en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, y, además, desconoció las garantías fijadas por la Corte
Constitucional, en la sentencia C-633 de 2014.
B. Trámite impartido e intervenciones
9. Mediante auto del 20 de enero de 2025, el magistrado sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran el
3 ARTÍCULO 142. RECURSOS. Contra las providencias que se dicten dentro del proceso procederán los
recursos de reposición y apelación.
El recurso de reposición procede contra los autos ante el mismo funcionario y deberá interponerse y
sustentarse en la propia audiencia en la que se pronuncie.
El recurso de apelación procede sólo contra las resoluciones que pongan fin a la primera instancia y deberá
interponerse oralmente y sustentarse en la audiencia en que se profiera.
Toda providencia queda en firme cuando vencido el término de su ejecutoria, no se ha interpuesto recurso
alguno o éste ha sido negado.
4 ARTÍCULO 78. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta
con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá
rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00133-01
Demandante: John Freddy Rojas López
Tribunal Administrativo de Santander, como parte demandada, al titular del Juzgado
Octavo Administrativo de Bucaramanga y al director general de la Dirección de Tránsito
de Bucaramanga, como terceros con interés.
10. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, al considerar que esa autoridad judicial no vulneró
los derechos fundamentales de la parte accionante. Resaltó que las decisiones
adoptadas en primera instancia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 680013333008-2018-00351-00/01, se ajustan al ordenamiento
jurídico aplicable.
11. El Tribunal Administrativo de Santander solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones de la demanda, pues
la parte accionante busca reabrir el debate que ya se zanjó en el proceso ordinario.
C. Fallo impugnado
12. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 11
de febrero de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo, por considerar que no
cumple con el requisito de inmediatez.
13. Expuso que la parte accionante tenía el plazo para presentar la acción de tutela el 13
de enero de 2025 y, una vez revisó el aplicativo Samai, la acción de tutela se ejerció el
15 de enero de 2025, por lo que se superó el término prudencial de 6 meses establecido
por la jurisprudencia para la presentación del mecanismo de amparo contra providencias
judiciales. Advirtió que el análisis de este requisito deberá ser estricto, con el objeto de
garantizar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues «las decisiones no
pueden mantenerse en la incertidumbre indefinitivamente». Resaltó que la contabilización
del término fijado por la jurisprudencia para presentar la solicitud de amparo inicia desde
el conocimiento de la afectación que surge de una providencia, «lo que resulta
identificable desde el trámite en que se perfecciona su notificación y ejecutoria».
D. Impugnación
14. El señor John Freddy Rojas López pidió que se flexibilizara el requisito general de
inmediatez, al considerar que, el 8 de junio de 2024, se sometió a un procedimiento
médico en el Hospital Internacional de Colombia, con el objeto de que le reconstruyeran
el plexo braquial izquierdo, circunstancia que le impidió ejercer la acción de tutela en el
plazo oportuno.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00133-01
Demandante: John Freddy Rojas López
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problema jurídico
16. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 11 de febrero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En primer lugar, la Sala deberá analizar si en el caso
concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela, en
especial el de inmediatez, que, según el a quo, no se satisfizo. Sólo en el evento de
cumplirse, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, a fin de establecer
si el Tribunal Administrativo de Santander vulneró o no los derechos fundamentales
invocados por el señor John Freddy Rojas López.
G. Análisis de la Sala
El requisito general de inmediatez
17. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es la inmediatez.
Con base en este requisito, se debe acreditar que el mecanismo de amparo constitucional
se ejerció en un plazo razonable.
18. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las
garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se considera violatoria de los derechos fundamentales y la
presentación de la acción de tutela para reclamar su amparo.
19. Para la Corte Constitucional, esta condición de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales es razonable, pues si se permite su ejercicio «meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos»5.
20. Además, como lo señaló esa misma Corporación, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en
un plazo irrazonable»6; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el
amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene el abuso del derecho,
5 Corte Constitucional. Sentencia T-322 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00133-01
Demandante: John Freddy Rojas López
al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la
propia negligencia en la agencia de los derechos»7.
21. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir
de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción
de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».
22. Para esta Subsección 8 , se debe contabilizar el plazo de seis meses desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce
la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por
la configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela
contra providencia judicial.
23. De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede contabilizar
el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión, en los casos que se hubiera
realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de
aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad,
siempre que no sean abiertamente improcedentes y puedan incidir en la decisión que se
cuestiona por vía de tutela, por lo que, en principio, también tendrían que ser objeto de
cuestionamiento.
24. De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al
momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados
como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del accionante9.
25. En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia del
actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de forma
inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad económica,
(v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o falta de ella) por
parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo represente una seria
afectación a la seguridad jurídica10.
26. Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que se
demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó es «muy
antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la especial situación del
accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de acudir al juez11.
7 Ibidem.
8
En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.
9
Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.
10
Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.
11
Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00133-01
Demandante: John Freddy Rojas López
27. Al examinar la solicitud de amparo, al igual que el a quo, la Sala encuentra que no se
cumple el requisito de inmediatez, por cuanto la notificación de la providencia
cuestionada, esta es, la proferida el 24 de junio de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander, se surtió el 28 de junio siguiente, dado que el
correspondiente mensaje de datos se envió el 26 del mismo mes y año; sin embargo, la
parte accionante radicó la demanda de tutela el 15 de enero de 2025, esto es, 6 meses
y 2 días12 después de haber sido notificada, término que no resulta razonable en el
caso particular.
28. Es evidente, entonces, que desde que tuvo conocimiento del fallo el señor John
Freddy Rojas López debió instaurar la demanda de tutela para reclamar la protección de
los derechos fundamentales que ahora invoca como vulnerados. Ese justamente era el
momento oportuno para cuestionar la decisión del Tribunal Administrativo de Santander
y no después de transcurridos seis meses, como ocurrió en este caso.
29. En la impugnación, la parte accionante resaltó que el requisito general de inmediatez
se debía flexibilizar, porque, el 8 de junio de 2024, le realizaron un procedimiento médico
cuyo objeto era la reconstrucción de su plexo braquial izquierdo a través de la técnica de
la neurorrafia, que le impidió presentar la solicitud de amparo en el término oportuno,
dada su «incapacidad física».
30. En ese sentido, a partir de la historia clínica presentada junto con el escrito de
impugnación, se encuentra probado que al señor Rojas López le realizaron el referido
procedimiento médico, sin que se advirtiera que el médico tratante le concediera algún
tipo de incapacidad, pues allí se dejó constancia de que ingresó al Hospital Internacional
de Colombia, el 8 de junio de 2024, a la 01:03, y que, luego de la referida cirugía se le
dio salida al día siguiente, sin complicación alguna durante el procedimiento. Además, se
le suministró un plan de tratamiento posoperatorio consistente, entre otras, en que el
paciente debía tomarse múltiples medicamentos y lo citaron al «consultorio [del] doctor
abril en 2 semanas (…)», para verificar su evolución y retirar los puntos.
31. La parte accionante resaltó que la incapacidad inicial para ese tipo de procedimientos
médicos puede ser de al menos 8 meses, en virtud de los conceptos emitidos por la
«literatura médica»; sin embargo, la Sala desconoce si el médico tratante le concedió tal
incapacidad en el momento que ocurrieron los hechos o durante los controles médicos
que le realizaron o realmente no lo hizo, pues en la historia clínica no se evidencia y
tampoco aportó otro documento que acreditara ese supuesto, documento que resultaba
necesario para evaluar su caso particular.
12 El artículo 62 de la Ley 4 de 1913 establece: «(…) pero si el último día fuere feriado o de vacante, se
extenderá el plazo hasta el primer día hábil», razón por la cual, como el término razonable para la
presentación de la presente solicitud de amparo inició el 2 de julio de 2024 (los días 29, 30 de junio y 1º de
julio no fueron hábiles) y culminó el 2 de enero de 2025, día inhábil, debió presentarla el 13 de enero de
2025, fecha en la que se reanudaron labores después de la vacancia judicial. No obstante, la radicó dos
días después.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00133-01
Demandante: John Freddy Rojas López
32. Lo anterior, sin desconocer que su extremidad superior izquierda estuvo afectada y
le impidió realizar algunas actividades; no obstante, esa simple inferencia es insuficiente
para flexibilizar el requisito general de inmediatez, máxime si se tiene en cuenta que la
solicitud de amparo no requiere de ninguna formalidad para su presentación, la cual, de
hecho, puede hacerse vía internet, a través del aplicativo denominado Tutelas en línea.
33. Se insiste, no hay certeza sobre la evolución del paciente ni se aportó dictamen
médico alguno que acreditara su estado de salud durante el tiempo que estuvo en
supervisión, aspecto que impide a la Sala determinar las razones de por qué el señor
Rojas López no presentó oportunamente la solicitud de amparo.
34. Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que no está
acreditado en el expediente: (i) que el accionante pertenezca a un grupo vulnerable que
en razón de esa situación les hubiese sido imposible acudir con antelación al juez de
tutela, (ii) la existencia de especiales circunstancias que impidieran acudir al juez de
tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la vulnerabilidad económica, (v) la afectación de
derechos de terceros y, por último, (vi) no se advierte diligencia en la presentación de la
solicitud de amparo por parte del accionante, ni que (vii) la presente acción de tutela
represente una seria afectación a la seguridad jurídica.
35. Así pues, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta
desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la parte accionante se
encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la acción de tutela dentro
de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia censurada, para lo cual
es insuficiente invocar la falta de instrucción jurídica, con mayor razón, se reitera, si se
tiene en cuenta que aquella no requiere de formalidades para su presentación.
36. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró
improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de inmediatez.
37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 11 de febrero de 2025, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00133-01
Demandante: John Freddy Rojas López
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.