Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00140-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00140-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00140-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
25 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00140-00
Demandante: Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00140-00
Demandante: INMOBILIARIA E INVERSIONES ASA S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo
porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente
para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada / Se
pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de origen.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la sociedad Inmobiliaria e Inversiones
ASA S.A. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 15 de enero de la presente anualidad1, la sociedad Inmobiliaria e Inversiones ASA
S.A. interpuso acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia de segunda
instancia proferida el 17 de junio de 2024, en el marco del proceso de reparación directa
con radicado 05001-23-33-000-2017-00348-01. Formuló las siguientes pretensiones:
Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de Justicia de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones ASA.
Como consecuencia de la declaración anterior, se deje sin efectos la sentencia del
17 de junio de 2024, notificada el 24 de julio de 2024, para que en su lugar se expida
una sentencia de reemplazo donde se realice una valoración racional individual y
conjunta de todos los medios de prueba decretados y practicados en el proceso.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos relevantes:
1
Se advierte que el 4 de febrero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00140-00
Demandante: Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A.
3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, la sociedad Inmobiliaria e
Inversiones ASA S.A. presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, el Municipio de Turbo y
el Departamento de Antioquia, con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios derivados del «despojo» de un
bien de su propiedad: la «Hacienda Las Guacamayas», ubicada en el Municipio de
Turbo, Antioquia.
4. En la demanda de reparación directa, la parte actora indicó que, mediante escritura
pública No. 730 del 21 de agosto de 1997, se constituyó la sociedad Las Guacamayas
Ltda., cuyo objeto social comprendía, entre otras, las actividades de «siembra,
comercialización, ganadería, explotación maderera». Dicha sociedad fue posteriormente
fusionada con la sociedad Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A., a través de la Escritura
Pública 4083 del 29 de diciembre de 2005.
5. En fecha indeterminada, la sociedad adquirió 21 predios ubicados en el corregimiento
Macondo del Municipio de Turbo, Antioquia, y conformó un lote terreno de gran
extensión: aproximadamente 1.100 hectáreas, que se denominó «Hacienda Las
Guacamayas».
6. Según se narró, desde 2012 un grupo de «reclamantes de tierras» invadió la hacienda
de propiedad de la sociedad demandante, por lo que a partir de ese momento acudió
insistentemente a distintas autoridades municipales, de policía y judiciales, en procura
de que se le protegiera el derecho a la propiedad que ostentaba sobre el predio; no
obstante, tal restitución nunca se logró.
7. Simultáneamente, a un incidente abierto dentro del proceso de Justicia y Paz que se
adelantaba contra el señor Raúl Emilio Hasbún Mendoza, se incorporaron las solicitudes
de restitución de 12 predios que hacían parte de la hacienda Las Guacamayas,
reclamados por algunos «invasores» que alegaban ser víctimas de la violencia. Dicha
solicitud fue denegada en primera y segunda instancia; sin embargo, luego de que la
Corte Constitucional profiriera la sentencia SU - 648 de 2017, la Corte Suprema de
Justicia, mediante providencia de reemplazo del 11 de diciembre de 2018, accedió a la
restitución jurídica y material de los bienes inmuebles objeto de disputa y declaró «la
nulidad absoluta de la tradición de los bienes inmuebles incluidos en la escritura pública
No. 2183 del 30 de septiembre de 20102».
2 Por Escritura Pública 2183 del 30 de septiembre de 2010, la sociedad Inmobiliaria e Inversiones ASA
S.A. adquirió los derechos de propiedad sobre los predios «Sin pensar», «El Sencillo», «El Porvenir»,
«Santa Teresa», «No hay como Dios (B)», «No hay como Dios (C)» y «Campo Alegre» por efecto de la
fusión por absorción de la sociedad Las Guacamayas Ltda.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00140-00
Demandante: Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A.
8. La demandante adujo que las entidades demandadas debían ser declaradas
administrativa y patrimonialmente responsables por el «despojo» de la Hacienda Las
Guacamayas, pues la invasión violenta del predio impidió que pudiera seguir
usufructuándolo.
9. Al proceso de reparación directa se le asignó el radicado 05001-23-33-000-2017-
00348-00/01 y correspondió, por reparto, a la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que, mediante providencia del 6 de junio de 2019, negó las
pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no se acreditó el daño antijurídico
alegado en el libelo inicial. Precisó que, por un lado, en providencia de reemplazo del 11
de diciembre de 2018 —proferida en cumplimiento de la sentencia SU-648 de 2017— la
Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución jurídica y material de varios bienes objeto
de la litis y, por otro, sostuvo que, si bien la demandante acreditó la titularidad respecto
de algunos bienes, lo cierto es que no allegó elemento de juicio alguno tendiente a
demostrar que aquellos hubieran sido invadidos u ocupados.
10. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. Según
afirmó, el a quo incurrió en una imprecisión en la interpretación de la providencia de
reemplazo del 11 de diciembre de 2018, pues en ella se dispuso la restitución jurídica y
material de sólo 11 de los 21 predios que integraban la hacienda, y no de 18 como
erróneamente lo sostuvo la sentencia de primera instancia. Asimismo, cuestionó la
apreciación probatoria que condujo al Tribunal accionado a no encontrar acreditado el
daño antijurídico respecto de los 3 bienes inmuebles restantes.
11. Mediante sentencia del 17 de junio de 2024, notificada el 24 de julio siguiente, la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación confirmó el fallo de primera
instancia. Para fundamentar su decisión, argumentó que, mediante Escritura Pública
2183 del 30 de septiembre de 2010, la sociedad Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A.
adquirió los derechos de propiedad sobre los predios «Sin pensar», «El Sencillo», «El
Porvenir», «Santa Teresa», «No hay como Dios (B)», «No hay como Dios (C)» y «Campo
Alegre», por efecto de la fusión por absorción de la sociedad Las Guacamayas Ltda. Sin
embargo, en proveído del 11 de diciembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia dispuso
la nulidad absoluta de la referida tradición, por lo que la demandante no ostenta la
titularidad sobre tales bienes.
12. Adicionalmente adujo que, si bien la sociedad actora acreditó la propiedad de los
bienes «Los Cuervos», «Santa Rosa» y «El Pescao», lo cierto es que no lo hizo respecto
del menoscabo de este derecho sobre dichos bienes, pues no se allegaron elementos
de prueba suficientes para establecer que, en efecto, fueron despojados.
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Demandante: Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A.
13. En el escrito de tutela, Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A. adujo que la providencia
censurada adolece de defecto fáctico, por falta de apreciación de algunos elementos
de juicio y por indebida valoración de otros, que, de no haber sido ignorados o apreciados
indebidamente, hubieran cambiado la decisión cuestionada, dado que con las
documentales obrantes en el expediente se acreditó la propiedad respecto de los 11
predios que no fueron objeto de disputa en el proceso de justicia y paz, así como también
se probó el despojo del derecho a la propiedad de los referidos bienes inmuebles,
aspectos estos en los que se fundó la providencia atacada.
14. Refirió que la autoridad judicial accionada «tergiversó» los medios de prueba que
permitían acreditar la propiedad de 11 bienes, que, en su criterio, no fueron objeto de
disputa ni disposición en el incidente del proceso de justicia y paz, por lo que su titularidad
nunca fue invalidada.
15. Adicionalmente, expuso que el Consejo de Estado no valoró una serie de pruebas
documentales que dan cuenta de que, a partir de 2012, algunos «reclamantes de tierras»
intentaron recuperar predios de los que habían sido propietarios, mediante acciones de
ocupación violenta que afectaron «no solo la hacienda Las Guacamayas sino una región
mucho más grande del Urabá antioqueño» y que, desde el 26 de noviembre de 2014, la
totalidad de la hacienda quedó en manos de dichos «invasores».
16. Cuestionó también la conclusión a la que arribó la accionada respecto de la
credibilidad de los testimonios practicados en el juicio y la falta de mérito probatorio que
se le otorgó a las fotografías allegadas al plenario. En ese sentido, precisó que, si bien
no se les tuvo como prueba directa del daño, al menos pudieron ser valoradas como
indicios y así corroborar lo acreditado por otros medios de prueba cuyo análisis se omitió
por completo.
Trámite impartido e intervenciones
17. Mediante auto del 23 de enero de 2025 3, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra los magistrados que integran la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y ordenó notificar director general de la Policía
Nacional, a la directora ejecutiva de Administración Judicial, a la fiscal general de la
Nación, al gobernador de Antioquia y al alcalde de Turbo, en calidad de terceros con
interés. Asimismo, dispuso que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
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SAMAI, índice 5.
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Demandante: Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A.
18. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado4, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se declare improcedente la
solicitud de amparo, por carecer de relevancia constitucional. De manera subsidiaria,
pidió que, de encontrarse acreditados los requisitos generales de procedencia, se negara
la protección invocada, porque en el caso de estudio no se configuró ninguna causal
específica o defecto que justifique la intervención del juez de tutela.
19. A su juicio, la acción de tutela no reviste trascendencia constitucional, porque la
accionante pretende discutir nuevamente unas pruebas que ya fueron objeto de
valoración por el juez natural de la causa, sin haber acreditado la existencia de una
verdadera transgresión de derechos fundamentales.
20. Agregó que en la providencia censurada se realizó un análisis integral de las pruebas
allegadas al proceso, que permitió establecer que la sociedad demandante no ostentaba
la propiedad sobre 11 predios cuyo despojo reclamaba, pues en el ordinal quinto del auto
del 11 de diciembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia no especificó que la nulidad
recayera única y exclusivamente sobre algunos predios, sino que, por el contrario, se
refirió a la nulidad absoluta de la tradición del derecho de dominio de los inmuebles
incluidos en la Escritura Pública 2183 de 30 de septiembre de 2010, relativa a la fusión
por absorción de la sociedad Las Guacamayas Ltda.
21. En relación con la falta de valoración de algunos medios de prueba y la indebida
apreciación de otros, argumentó que dicho análisis fue integral; sin embargo, se arribó a
la conclusión de que tales elementos de juicio no resultaban suficientes para acreditar
que la sociedad Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A. hubiera sido despojada de los
predios frente a los cuales acreditó ser titular.
22. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5 solicitó que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva, debido a que sus actuaciones no fueron las que
dieron lugar a la supuesta vulneración de los derechos de la sociedad demandante y
precisó que, en todo caso, no hay lugar a conceder el amparo solicitado, en la medida
en que la decisión censurada no se observa caprichosa o arbitraria, por el contrario, se
fundamentó en un criterio jurídico sólidamente respaldado.
23. La Fiscalía General de la Nación 6 también solicitó que se declare la falta de
legitimación de la causa por pasiva, porque no existe relación entre sus actuaciones y
los hechos que, de acuerdo con la demanda, dieron origen a la supuesta vulneración de
los derechos fundamentales de la sociedad actora.
4 SAMAI, índice 16.
5 SAMAI, índice 10.
6 SAMAI, índice 13.
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24. El Departamento de Antioquia7 pidió que se niegue la petición de tutela, porque la
controversia ya fue analizada en las dos instancias judiciales en sede ordinaria, lo que
indica que la demandante pretende que el juez constitucional valore nuevamente las
pruebas obrantes en el expediente.
25. La Policía Nacional8 precisó que la acción de tutela es improcedente, porque no se
acreditó la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante ni el riesgo de
configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez de tutela.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar si la petición de amparo satisface los requisitos
generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional. Sólo en el
evento de que se cumplan, se analizará si se encuentra configurado el defecto fáctico
atribuido por la sociedad demandante a la providencia del 17 de junio de 2024, dictada
por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado.
Análisis de la Sala
De la relevancia constitucional
27. En sentencia del 5 de agosto de 20149, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que esta exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial
y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela
tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
28. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales».
29. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez
que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos
7 SAMAI, índice 14.
8 SAMAI, índice 17.
9 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias
con las providencias que allí se dicten.
30. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o
instancia adicional a las establecidas por el legislador.
31. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 10 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
Caso concreto y solución del problema jurídico
32. En el asunto bajo examen, si bien la demanda cuenta con una mínima carga
argumentativa y se identifica el defecto del que supuestamente adolece la providencia
cuestionada: fáctico, por omisión de valoración de algunos elementos de prueba e
indebida apreciación de otros, de entrada se advierte que la parte actora busca convertir
este mecanismo en una instancia adicional al proceso de reparación directa,
simplemente porque no está de acuerdo con el resultado de la valoración probatoria y la
definición que del litigio hizo el juez de la causa en segunda instancia.
33. Dicho en otras palabras, aun cuando la solicitud de amparo refiere la vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los argumentos propuestos no son de orden constitucional, ni se dirigen a poner
en evidencia la falta de razonabilidad del análisis de la autoridad judicial accionada. En
realidad, lo que se presenta es un desacuerdo que no tiene la fuerza para justificar la
intervención del juez constitucional, puesto que del contenido de la protesta de la
sociedad accionante surge la intención de erigir este instrumento de protección de
derechos fundamentales en una tercera instancia judicial, sin que el ejercicio de
intelección realizado por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación
merezca reproche alguno desde una perspectiva constitucional.
10 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de
2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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34. Revisado el expediente ordinario, se encuentra que la sociedad Inmobiliaria e
Inversiones ASA S.A. presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial,
el municipio de Turbo y el departamento de Antioquia, con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios causados a
ella con ocasión del «despojo» de la «Hacienda Las Guacamayas», ubicada en el
Municipio de Turbo, Antioquia.
35. En sentencia del 17 de junio de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación confirmó la providencia proferida, el 6 de junio de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda. Para tal efecto, acogió
en su integridad los argumentos que condujeron al a quo a desestimar las pretensiones.
Señaló que, mediante proveído el 11 de diciembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia
declaró la nulidad absoluta de la tradición de los bienes inmuebles realizada por Escritura
Pública 2183 del 30 de septiembre de 2010, por lo que la sociedad demandante no
acreditó la propiedad respecto de algunos predios, y en relación con los que sí demostró
la titularidad no probó el despojo que alegó haber sufrido.
36. De otra parte, la sociedad demandante alegó que la providencia del 17 de junio de
2024 adolece de defecto fáctico por indebida apreciación y por omisión de valoración de
los siguientes elementos de juicio:
• Providencia de reemplazo del 11 de diciembre de 2018, proferida por la Corte
Suprema de Justicia, específicamente, la orden contenida en el ordinal quinto,
relativo a la declaratoria de nulidad absoluta de la tradición de derechos de
propiedad de los bienes inmuebles incluidos en la Escritura Pública 2183 de 30
de septiembre de 2010.
• Acta de reunión del 2 de diciembre de 2014, presidida por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en la que se consignó:
«Cesar Acosta pide a las instituciones, que se den las categorías precisas en los
informes y decisiones sobre retornos, llámense estas: vías de hecho o retornos
voluntarios. Se ha desarrollado una campaña mediática en la que se justifican las
vías de hecho, a pesar de los actos de violencia y la destrucción de bienes, con el
argumento de "retornos voluntarios"; desconociendo el riesgo para los pobladores
y la violación del derecho a la propiedad y al debido proceso, en los trámites de
restitución de tierras».
• Informe 01248 del 18 de diciembre de 2014, expedido por el Departamento de
Policía de Urabá de la Policía Nacional, en el que se informa sobre las labores
preventivas y disuasivas realizadas en la «jurisdicción en la que se encuentra la
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Hacienda Las Guacamayas». Además, contiene imágenes de verificación in situ
que demuestran la presencia de invasores y dan cuenta de los hechos acaecidos,
el 26 de noviembre de 2024.
• Documento del 9 de junio de 2017, aportado por la Gobernación de Antioquia con
la contestación de la demanda, en el cual se afirmó que, en efecto, para el 26 de
noviembre de 2014 la hacienda fue atacada por hombres armados, lo que se
«corrobora con los videos y fotografías aportados»11.
• Oficio del 24 de febrero de 2015, expedido por la Gobernación de Antioquia, en el
que la entidad «manifiesta conocer la situación de orden público respecto de las
invasiones a la Hacienda Las Guacamayas y la imposibilidad de acceso a la
misma de sus propietarios»12.
• Oficio radicado el 1º de octubre de 2018 ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio del cual el Municipio de Turbo allegó al proceso las querellas
policivas presentadas por Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A., en cumplimiento
del exhorto decretado en la audiencia inicial.
• Expediente contentivo del proceso policivo con radicado 111-1206-11-2012, por
perturbación de la propiedad del predio denominado Los Olivos. Según afirmó la
sociedad accionante, en el acta de la visita para la notificación de apertura del
trámite, se consignó que existía una ocupación de hecho en el predio y que los
invasores manifestaron que no se irían de la finca.
• Oficio del 22 de enero de 2013, suscrito por el coordinador de la Oficina Regional
Apartadó de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
11 El documento consigna: «En el marco de esta disputa jurídica han ocurrido enfrentamientos entre
comunidades desplazadas que retornaron a los territorios sin acompañamiento integral del Estado y que
han iniciado procesos de reclamación de tierras y administradores de los predios ubicados en las veredas
descritas. La primera semana de noviembre resultó herido un hombre y una mujer. En la finca Guacamayas
de la vereda del mismo nombre. propiedad de Inversiones ASA, quienes fueron atacados por varios
reclamantes de tierras apoyados por la corporación Tierra y Vida, que ingresaron al predio con armas,
atacando, intimidando a sus administradores y realizando daños a la infraestructura de una de las
propiedades».
12 En el contenido del documento, en realidad, es el siguiente: «En referencia a la petición elevada por
usted el 30 de enero del presente año mediante la cual denuncia el abandono de la hacienda Guacamayas,
ubicada en el corregimiento macondo del Municipio de Turbo, por dificultades de orden público y la llegada
de 30 invasores a los predios, la Secretaría de Gobierno Departamental pondrá su solicitud en
conocimiento del Comandante del Departamento de Policía de Urabá, Coronel Raül Antonio Riaño, el
Comandante de la Brigada 17, Coronel German Rojas, responsables de mantener el orden público en la
región y de la personería municipal como entidad de apoyo para el ejercicio y defensa de los derechos.
De igual forma hemos mantenido seguimiento constante a la evolución de los factores de orden público en
el territorio y de las acciones desarrolladas por las instituciones y la fuerza pública en la zona. La secretaría
ha estado presente en consejos de seguridad en el municipio de Turbo con la administración municipal,
donde se ha evaluado la situación y se ha determinado la continuidad de la presencia y acompañamiento
de la fuerza pública en el territorio. Además, el 130215 la secretaría de gobierno departamental participó
en una reunión interinstitucional en el municipio de Apartadó con el director nacional de la Unidad de
Restitución de Tierras donde se analizaron las medidas cautelares emitidas para la comunidad de la Larga-
Tumaradó» (Énfasis de la Sala).
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00140-00
Demandante: Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A.
Tierras Despojadas, en el que solicita información sobre los trámites policivos
adelantados en la jurisdicción del corregimiento de Macondo.
• Expediente contentivo del proceso policivo con radicado 111-13-22-19-0313,
promovido por el señor Humberto de Jesús Duque, representante legal de la
sociedad accionante, por perturbación de la propiedad del inmueble conocido
como «El descanso». En el acta de la diligencia de notificación personal del 22 de
marzo de 2013, se anotó que el señor Benicio Rivas Vargas afirmó que no contaba
con ningún documento que «autorizara su retorno», pero que se consideraba
dueño de la finca, porque su padre se vio obligado a vender el predio por la presión
ejercida por un grupo armado al margen de la ley, en 1997.
• Declaraciones bajo la gravedad de juramento rendidas por los señores Humberto
Montes Montes, Adriana Rico Ballesteros y Tomás Martínez, que dan cuenta de
los actos de perturbación a la propiedad del predio.
• El acta de inspección ocular del 11 de mayo de 2013, que da cuenta de la
presencia de los invasores.
• «Decisión» policiva del 19 de julio de 2013, mediante la cual se resolvió
restablecer el inmueble «El descanso» y se ordenó el lanzamiento del señor
Dionisio Vargas y otras personas indeterminadas que se encontraban en el
inmueble.
• Expediente contentivo del proceso policivo con radicado 111-1205-2012,
promovido por perturbación de la propiedad del predio Campo Alegre, que
«contiene información no solamente de esta querella sino de otros predios como
Los olivos, El jardín y La claridad, todos ubicados en el sector Las Guacamayas».
• Plan de contingencia diseñado por el Municipio de Turbo, que contiene el
protocolo para el desalojo de los ocupantes por vía de hecho en las veredas «La
Eugenia, Cuchillo Negro del Corregimiento de Macondo, el 40 del corregimiento
de lomas aisladas, paraje la Guacamayas del Corregimiento de Nuevo Oriente».
• Acta del 30 y 31 de julio de julio de 2013, que da cuenta de una reunión previa a
los desalojos a realizarse en los predios La Unión, El Paraíso, No hay como Dios
y Los Olivos.
• Oficio del 1º de julio de 2016, expedido por la alcaldía municipal de Turbo,
mediante el cual se da respuesta a una petición presentada por el abogado José
Augusto Rendón García, en el que se informó sobre la imposibilidad de realizar el
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00140-00
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desalojo como consecuencia de la existencia de una medida cautelar decretada
mediante auto del 12 de diciembre de 2014.
• Oficios del 14 de julio y del 24 de agosto de 2016 —sin especificaciones—.
• Acta del 4 de septiembre de 2014, suscrita por la Inspección Central de Policía de
Turbo, en la que se consignó: «se procede a suspender el cumplimiento del fallo
que ordena el lanzamiento de desalojo a los ocupantes de hecho (…) quienes se
encuentran ocupando los predios No hay como Dios y El descanso, ubicados en
el paraje Las Guacamayas del corregimiento de Macondo».
• Informe técnico de infracciones ambientales del 5 de marzo de 2015, suscrito por
Coporurabá, en el que se realizó una relación de las quejas presentadas por
afectación de terceros, que guardaban similitud con la invasión denunciada por la
sociedad accionante.
• Informes técnicos de infracciones ambientales del 23 y 24 de marzo de 2015.
Particularmente, en el informe del 23 de marzo se consignó: «[c]ómo se puede
evidenciar estos predios se encuentran en actualidad en proceso de que sus
tierras (sic) por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas del Ministerio de Agricultura, este hecho ha originado que
algunas familias salgan y otras entren a ocupar los predios, y quienes las ocupan
se dedican a aprovechar los árboles maderables que allí se encuentran».
• Oficio 100-06-01-01-1248 del 11 de mayo de 2015, según el cual entre los años
2014 y 2015 Corpourabá recibió siete quejas relacionadas con tala ilegal en el
corregimiento de Macondo, en el Municipio de Turbo.
• Oficio MP-342-080 del 1º de septiembre de 2015, suscrito por el Procurador 342
Judicial I Penal de Apartadó y dirigido a la Fiscalía 54 Local de Turbo, en el que
se solicita e impulso de procesos derivados de la problemática de invasión de
tierras en la Hacienda Las Guacamayas.
• Oficios MP-196-007 del 22 de enero de 2016 y MP-196-058 del 4 de agosto de
2016 —sin especificaciones—.
• Resolución de archivo proferida el 16 de junio de 2014 dentro del SPOA
058376100499201200214, en el que se denunciaron actos de amenaza, así como
la invasión de predios en el sector Las Guacamayas.
• Oficio MP-196-005, expedido por la Procuraduría 196 Judicial Penal de Apartadó,
en el que se solicitó el desarchivo de las diligencias y se indicó: «como es de su
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Demandante: Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A.
entero conocimiento, en la zona del Urabá y Chocó se han presentado disputas
territoriales, por predios entre propietarios y comunidades quienes se disputan la
titularidad, posesión y/o tenencia de bienes inmuebles en mayores extensiones,
para el caso puntual las comunidades específicamente de Las Guacamayas y La
Eugenia, territorios donde, por demás, se tiene conocimiento incursionan grupos
al margen de la ley (…)».
• Decisión del 19 de enero de 2015, mediante la cual se activa nuevamente la
indagación.
• Entrevistas a los señores Aicardo López Urrego, Iris Mendoza Jiménez, Luis
Eduardo Morales, obrantes en el expediente del proceso penal allegado al trámite
contencioso administrativo, en las cuales relatan los hechos acaecidos el 26 de
noviembre de 2014.
• Oficio del 31 de julio 2015, suscrito por la procuradora delegada para el ministerio
público en asuntos penales, en virtud del cual se constituye una agencia especial
y se designa a la Procuraduría 196 Judicial I penal de Apartadó para intervenir en
varios procesos policivos.
• Oficio 20180420015561 del 31 de julio de 2018, que da cuenta de que existían 32
investigaciones en trámite en las fiscalías municipales de Turbo, relacionadas con
los supuestos fácticos de la demanda, lo que se encuentra corroborado con los
videos y fotografías aportados con la demanda.
37. La sociedad accionante afirmó que las pruebas anteriormente relacionadas son
elementos de convicción que resultan suficientes para demostrar que ostentaba la
propiedad sobre los predios cuya titularidad echó de menos la autoridad judicial
accionada y que, además, acreditan la pérdida total de posesión de la hacienda Las
Guacamayas. En su criterio, de manera contraevidente y ajena a la sana crítica, la Sala
de conocimiento valoró inadecuadamente el contenido del ordinal quinto de la
providencia del 11 de diciembre de 2018, proferida por la Corte Suprema de Justicia, y
omitió la apreciación de las demás pruebas.
38. Asimismo, expresó que en caso de que la accionada hubiera considerado que los
referidos elementos de juicio resultaban insuficientes para acreditar directamente la
invasión, lo cierto es que, valorados de manera integral con los testimonios rendidos en
el proceso y las demás pruebas aportadas, incluidas las fotografías a las que se les restó
injustificadamente vocación probatoria, podían servir al menos como indicios del hecho
generador del daño.
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39. Sin embargo, como se anticipó, la Sala advierte que la presente petición de amparo
carece de relevancia constitucional. Tal conclusión encuentra sustento en que, (i) si bien
algunas de las pruebas que la sociedad demandante estimó desconocidas no fueron
mencionadas expresamente en la decisión cuestionada, lo cierto es que sí fueron
valoradas de manera conjunta con los demás elementos de convicción allegados al
proceso, aunado a que, en todo caso, (ii) no se evidencia que el análisis probatorio
realizado por la autoridad judicial accionada hubiera sido arbitrario, caprichoso o
irracional.
40. En efecto, revisado el contenido de las pruebas documentales supuestamente
desconocidas, se observa que aquellas son fundamentalmente oficios, quejas, querellas
y denuncias presentadas por la demandante o sus representantes legales ante diversas
autoridades, elementos de convicción que la autoridad judicial demandada sí apreció.
Cosa distinta es que consideró que resultaban insuficientes para acreditar el despojo
alegado en la demanda. Veamos:
Sobre este punto, es menester precisar que, aunque se probó que José Augusto
Rendón García y Víctor Alonso Pérez Gómez fueron los apoderados judiciales que
elaboraron y formularon las querellas13 y las denuncias penales14, respectivamente,
a nombre de la Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A., lo cierto es que aquellas no
constituyen un elemento material probatorio o evidencia física que permita acreditar
la certeza de las afirmaciones o los hechos allí consignados.
En efecto, las querellas y las denuncias obrantes en el plenario, por sí solas no
dan cuenta de la lesión injustificada a un interés subjetivo y particular
protegido por el ordenamiento jurídico, esto es, que la accionante haya sido
despojada de los predios frente a los cuales acreditó su titularidad. Tan es así
que como pruebas de los hechos alegados en las querellas y las denuncias,
únicamente se anexaba el certificado de existencia y representación de la sociedad
Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A. y los folios de matrículas inmobiliarias de los
predios presuntamente afectados. (Énfasis de la Sala).
41. De hecho, revisada la providencia censurada, esta Sala advierte que la decisión de
confirmar la sentencia de primera instancia, denegatoria de las súplicas de la demanda,
se adoptó luego de un acucioso análisis probatorio que de ninguna manera resulta
aislado o contraevidente. Por el contrario, se trató de una valoración integral del material
probatorio obrante en el expediente, lo que condujo a la autoridad judicial demandada a
13 Cita original: «Corte Suprema de Justicia. Sentencia 15 de mayo de 2013. Sobre el particular señaló:
“La querella no corresponde a un documento, declaración, testimonio, o medio probatorio de otra
naturaleza, sino a una acción dispuesta por el legislador para ser ejercida por el sujeto pasivo de ciertos
delitos o por quienes tengan legitimidad para ejercerla en nombre de aquél”. (Se resalta)».
14 Cita original: «Corte Constitucional. Sentencia C-1177 de 2005. Sobre el particular señaló: “La denuncia
en materia penal es una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona, ofendida o no con
la infracción, pone en conocimiento del órgano de investigación un hecho delictivo, con expresión detallada
de las circunstancias de tiempo modo y lugar, que le consten… El acto de denuncia tiene carácter
informativo en cuanto se limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar,
la perpetración de una conducta presumiblemente delictuosa, con indicación de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se realizó y de los presuntos autores o partícipes, si fueren conocidos por el
denunciante”. (Se resalta)»
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establecer que ninguno de esos elementos de convicción, ni todos en conjunto, ofrecían
certeza acerca del despojo que la sociedad demandante afirmó haber sufrido.
42. Lo anterior se evidencia en el razonamiento que realizó la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación, en la sentencia del 17 de junio de 2024 que aquí se
cuestiona:
En suma, se echan de menos en el plenario pruebas de cualquier índole que
permitan establecer lo dicho por la actora, esto es, que fue despojada de los
predios “Los Cuervos”, “Santa Rosa”, “El Pescao” y que ello conllevó la afectación de
su derecho a la propiedad. Así pues, se observa que la parte demandante no
probó la causación cierta de un daño antijurídico, de modo que, ante su ausencia
como elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente
carece de toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar
responsabilidad patrimonial de la Administración15.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso la parte actora
no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso,
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño que alega requiere de prueba,
cuya omisión por la parte demandante, a quien corresponde tal onus, impide
establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la responsabilidad,
sin la cual, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible
su declaración. (Se destaca)
43. Como puede verse, el ad quem concluyó razonablemente que las pruebas allegadas
al plenario, incluidas las querellas, denuncias, quejas, reclamaciones administrativas, los
testimonios y las fotografías no resultaban suficientes para otorgar certeza respecto del
despojo de los tres predios cuya titularidad probó la sociedad demandante.
44. Es claro, entonces, que la decisión contenida en la providencia atacada fue adoptada
razonablemente, como resultado de una valoración conjunta del material probatorio
obrante en el expediente y, aun cuando algunas de las pruebas cuya valoración echó de
menos la accionante no fueron expresamente mencionadas por la autoridad judicial
demandada, lo cierto es que resultaba innecesario e intrascendente que ésta se refiriera
concretamente frente a cada una de ellas, como lo pretende la actora.
45. De lo anterior se colige que la verdadera intención de la sociedad accionante es
revivir un debate probatorio que ya se zanjó en el proceso de reparación directa, dado
que, como de demostró, no es cierto que la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación hubiera omitido injustificadamente analizar determinados elementos de
convicción.
15 Cita Original: «Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo
de 2020, Rad. 50264.»
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46. En el escrito de tutela también se precisó que la autoridad judicial accionada realizó
una valoración distorsionada del numeral quinto de la sentencia del 11 de diciembre de
2018, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en la medida
en que «[e]ra evidente que la orden se refería a los bienes que eran objeto de
reclamación − Villa Fany, Fabiola, Deja que Digan y Carmen Alicia−, sería insólito que la
Corte Suprema de Justicia ordenara cancelar actos jurídicos sobre bienes que no
estaban en disputa, que no eran objeto de restitución».
47. En este punto, se observa que las razones que aduce la parte demandante en la
tutela son una reiteración de los argumentos expuestos en el recurso de alzada contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda en primera instancia, argumento que constituyó justamente el punto sobre el
cual se pronunció la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, en la
providencia del 17 de junio de 2024, y que desestimó con fundamento en las siguientes
consideraciones:
De otra parte, se demostró que mediante escritura pública No. 2183 del 30 de
septiembre de 2010, la sociedad Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A. adquirió los
derechos de propiedad sobre los predios “Sin pensar”, “El Sencillo”, “El Porvenir”,
“Santa Teresa”, “No hay como Dios (B)”, “No hay como Dios (C)” y “Campo Alegre”
por efecto de la fusión por absorción de la sociedad Las Guacamayas Ltda. (hecho
probado 7.1.5.).
Y, finalmente, se probó que en un proceso de restitución de tierras adelantado frente
a varios de los predios adquiridos por la sociedad demandante, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 11 de diciembre de
2018, ordenó la restitución de los derechos de propiedad de los predios “Villa Fanny”,
“La Fabiola”, “Carmen Alicia”, “Santa María”, “Santa Fe”, “No hay como Dios (A)”,
“Deja que digan”, “El Descanso”, “Fundación”, “Fundación I”, “Fundación II” y
“Candelaria” a los originarios titulares de dichos bienes. Además, declaró la nulidad
absoluta de la tradición de los derechos de propiedad de los predios “Sin
pensar”, “El Sencillo”, “El Porvenir”, “No hay como Dios (B)”, “Santa Teresa”,
“No hay como Dios (C)”, “Campo Alegre” (hecho probado 7.1.20.)16 . Sobre este
último punto, se advierte que la declaratoria de nulidad absoluta tiene efectos ex tunc,
lo que implica que las cosas vuelvan a su estado anterior17 .
En efecto, esta Corporación ha considerado respecto a los efectos de las sentencias
que declaran nulidad que “éstos son ‘ex tunc’, es decir, que producen efectos desde
el momento en que se profirió el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse
al estado en que se encontraban, antes de la expedición del acto” 18. Así, en el caso
sub examine la declaratoria de nulidad absoluta trajo como consecuencia que
desapareciera del folio de matrícula inmobiliaria la anotación respectiva frente a la
16 Cita original: «En la sentencia aludida se resolvió lo siguiente: “2. ORDENAR. en consecuencia, la
restitución jurídica y material a los originarios titulares del derecho de dominio de los bienes inmuebles
identificados en esta providencia: Villa Fanny, La Fabiola, Carmen Alicia, Santa María, Santa Fe, No hay
como Dios (A), Deja que digan, El Descanso, Fundación, Fundación I, Fundación II. 3. DECLARAR la
inexistencia de la tradición de derechos de dominio respecto de los bienes inmuebles [atrás identificados].
4. DECLARAR la nulidad absoluta de la tradición de derechos de dominio de los bienes inmuebles [atrás
relacionados]. 5. DECLARAR la nulidad absoluta de la tradición de derechos de dominio de los bienes
inmuebles incluidos en la escritura pública n°. 2183 de 30 de septiembre de 2010 de la Notaría Séptima
de Medellín, relativa a la fusión por absorción de la sociedad Las Guacamayas Ltda. a Inmobiliaria e
Inversiones ASA S.A…”.».
17 Cita original: «Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Sentencia del 18 de septiembre de 2014, Rad.: 52001-23-31-000-2005-01421-01».
18 Cita original: «Ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia
del 7 de febrero de 2008, Rad.: 15.443.».
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adquisición de los derechos de propiedad sobre los predios “Sin pensar”, “El
Sencillo”, “El Porvenir”, “No hay como Dios (B)”, “Santa Teresa”, “No hay como Dios
(C)”, “Campo Alegre”, así como todos los actos de disposición que sobre dichos
inmuebles se hubiesen realizado por parte de la sociedad actora, quien figuraba
como última propietaria 19.
48. Así, al volver una y otra vez sobre la discusión de si la Corte Suprema de Justicia
ordenó restituir varios predios e invalidó por nulidad absoluta la tradición de la propiedad
que se había realizado respecto de otros inmuebles, la sociedad demandante no sólo
exterioriza su propósito de convertir la acción de tutela en una instancia adicional del
proceso de reparación directa, sino que pretende a toda costa que se soslaye el riguroso
análisis probatorio efectuado por los jueces naturales y la contundente conclusión a la
que arribaron, sintetizada en el fallo del Consejo de Estado, relativa a los efectos ex tunc
de la sentencia que declaró la ya mencionada nulidad absoluta, lo cual, a su vez, implicó
la desaparición en el folio de matrícula inmobiliaria de las anotaciones de adquisición de
la propiedad y demás actos de disposición de los predios cuya titularidad se continúa
debatiendo a través de este mecanismo de estirpe constitucional.
49. Se insiste: compártanse o no los argumentos y la decisión del juez de la causa, la
Sala no puede adentrarse en un juicio de corrección de una labor que es propia del juez
ordinario, máxime si no se pone ante el juez constitucional un debate que revele o genere
dudas sobre su disconformidad con la Carta Política, y si se desarrollaron las dos
instancias previstas en la ley que descartaron la posición de la accionante.
50. No es labor del juez de tutela fijar el criterio de interpretación correcto y único que
debe guiar la labor de los jueces naturales de la causa en los asuntos que, precisamente,
el legislador les confió al determinar tanto el objeto de la jurisdicción como la competencia
de cada una de las autoridades judiciales que la integran.
51. Así, el descontento de la sociedad accionante revela más bien la intención de
prolongar en sede constitucional un debate que ya se clausuró, a fin de obtener de
cualquier manera una alternativa de decisión en la que se resuelva favorablemente su
visión del litigio. Además, la Sala no advierte que las conclusiones a las que arribó la
autoridad judicial accionada se tornen irracionales, absurdas o caprichosas, al punto que
justifiquen un estudio de fondo y una interpretación de los hechos, las normas y la
jurisprudencia propios del contencioso de validez. Definitivamente, la acción de tutela no
19 Cita Original: «En efecto, la sentencia del 11 de diciembre de 2018 resolvió en su numeral 6º lo siguiente:
“ORDENAR a las oficinas de Instrumentos Públicos, la inscripción de esta providencia en los folios de
matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles relacionados y la cancelación de todos los antecedentes
registrales sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de tenencia, arrendamientos, de la
denominada falsa tradición y las medidas cautelares registradas con posterioridad a la tradición de
dominio, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales en
cumplimiento de lo previsto en los literales d. y e. del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011…”».
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puede ejercerse a manera de juicio de corrección, pues, como lo afirma la Corte
Constitucional:
Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.
En el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los jueces
que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos. Si luego de agotar dichos
recursos persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra
habilitada la tutela contra providencias judiciales20. (Se destaca).
52. Por último, conviene considerar que, en sentencia de unificación SU-215 de 2022, la
Corte Constitucional insistió en la relevancia constitucional, como un requisito necesario
para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se
convierta en instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales sin
trascendencia constitucional:
[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela
como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales21. Para determinar si este requisito se
cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales22. (Se destaca).
53. En suma, mientras la parte no soporte argumentos constitucionales desconocidos
por la autoridad judicial accionada, el contenido de la providencia es razonable, goza de
presunción de acierto y se acompasa con los principios de independencia y autonomía
judiciales que no pueden ser desconocidos por el juez de tutela, razón por la cual la Sala
declarará improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional.
54. Por último, cabe anotar que ha sido la propia Corte Constitucional la que de antaño
ha restringido la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias dictadas por
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, señaló que,
además del cumplimiento de los requisitos generales y la configuración de una de las
20 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
21 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en los
que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea
como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que
trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para
decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar
la afectación del patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones”.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Demandante: Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A.
causales específicas, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera
abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es,
cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del
juez constitucional»23.
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por la sociedad Inmobiliaria e
Inversiones ASA S.A., por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
23 Criterio fijado en la sentencia SU-917 de 2010, reiterado en las sentencias SU-050 y SU-573 de 2017.
18
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