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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00141-00

Fecha
18 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00141-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Secretaría Distrital de Transporte y Seguridad Vial de Barranquilla, y el Instituto Nacional de Medicina 11 Radicado: 11001-03-15-000-2025-00141-00 Demandante: William Ramon Camargo Pérez Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de William Ramon Camargo Pérez, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00141-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00141-00
Demandante: William Ramon Camargo Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento
del derecho / Idoneidad del agente de tránsito que realizó la
prueba con el equipo alcohosensor / Defecto fáctico
Decisión: Niega solicitud de amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por William Ramon Camargo Pérez, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

William Ramon Camargo Pérez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado
con ocasión de las sentencias proferidas el 13 de noviembre de 2022 y el 2 de
julio de 2024 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, respectivamente, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 08001333301120180008200/01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso:

i) Presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra de la DEIP de Barranquilla, Secretaría
Distrital de Transporte y Seguridad Vial, Inspección Segunda de Tránsito y
Transporte, Dirección Nacional de Tránsito y Transporte, Dirección Seccional de
Tránsito y Transporte de Barranquilla, Instituto de Medicina Legal Regional Norte
con el fin de cuestionar la legalidad de los actos administrativos por medio de los

1 Ver índice 2 de Samai. Actuación denominada «2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua

2»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00141-00
Demandante: William Ramon Camargo Pérez

cuales se le sancionó por infringir el artículo 5 de la Ley 1696 de 2016 con multa
de 1440 SMLMV y cancelación de la licencia de conducción.

ii) El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla en
sentencia del 13 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se acreditó la vulneración a los derechos de defensa,
contradicción y debido proceso en el proceso contravencional, por lo que los actos
administrativos gozan de la presunción de legalidad. En contra de esta decisión
la demandante interpuso recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del 2 de julio 2024,
confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que, el agente de la Policía Nacional
que tomó la prueba de alcoholemia estaba capacitado para ello, por lo que no se
configuró ninguna causal de anulación que afectara la legalidad de las decisiones.

iv) Se vulneró sus derechos fundamentales, al incurrir en defecto procedimental
por las irregularidades presentadas dentro del procedimiento, máxime, cuando no
hubo un análisis interpretativo del mismo, pues, los documentos referentes a la
inspección inicial no se tuvieron en cuenta, donde era claro que la orden de
comparendo se realizó con desconocimiento de sus derechos, lo cual, en su
momento, lo hizo saber ante el Inspector Segundo de Tránsito y Transporte de
Barranquilla.

Las inconformidades fueron respecto a la falta de capacitación del agente
alcohosensor, quien debió ser capacitado mediante universidad y/o centro
académico debidamente acreditados, como lo precisaron la Resolución 1844 de
2015, Ley 1696 de 2013 y la Sentencia C-633, donde se estableció que la falta de
ese requisito hacía que el procedimiento fuera invalido, y, en el presente caso el
agente aportó un documento expedido por el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, que, fue desvirtuado por el mismo instituto cuando manifestó
que no capacitaban para el manejo de equipos alcohosensores.

1.1.1. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] SE TUTELE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO POR VÍAS
DE HECHO de la sentencia de primera y segunda instancia, por incurrir en una
decisión judicial es producto de un desconocimiento de las garantías fundamentales
del debido proceso y en consecuencia se ordene a las accionadas TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE DECISION ORAL “A”
y el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA,
Y EN CONSECUENCIA SE REVOQUE LAS sentencias en primera en fecha 13 de
noviembre del 2022 y segunda instancia en fecha 2 de julio del 2024 en forma
desfavorable, incurriendo en una violación al debido proceso por vías de hecho dado
que la decisión judicial es producto de un desconocimiento de las garantías
fundamentales del debido proceso […]». (sic)

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00141-00
Demandante: William Ramon Camargo Pérez

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses2 solicitó
se declarara improcedente el amparo pretendido ante la inexistencia de
vulneración a los derechos fundamentales, daño irremediable o una vía de hecho
que ameritara la interposición de la tutela, pues, en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho impetrado, el demandante presentó recurso de
apelación contra la sentencia desfavorable a sus intereses de primera instancia,
la cual, fue confirmada.

Su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la
solicitud de amparo está dirigida contra autoridades judiciales, respecto de lo cual
no tiene injerencia en la presunta vulneración de derechos invocados.

1.2.2. El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla3
luego de realizar un reencuentro de la situación jurídico-procedimental surtida al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, indicó que adelantó
las actuaciones en un tiempo prudencial, con atención de las normas
correspondientes y necesidades de la administración de justicia.

1.2.3. La Policía Nacional4 solicitó se declarara improcedente lo pretendido ante
la inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales invocados, pues, con
las pruebas aportadas al plenario se pudo controvertir la presunta falta de
competencia e idoneidad por parte del uniformado para hacer uso del
alcohosensor, ya que para la época de los hechos estaba vigente la Resolución
0001844 de 2015 la cual habilitaba a funcionarios de esta entidad a realizar la
prueba de alcoholemia, por lo que evidenció que la verdadera intención del
demandante era convertir la tutela en una tercera instancia y obtener un resultado
favorable a sus intereses, comoquiera que tampoco se evidenció la existencia de
un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente.

1.2.4. La Secretaría Distrital de Transporte y Seguridad Vial de Barranquilla 5
solicitó su desvinculación comoquiera que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del demandante, pues, este organismo de tránsito procuró
salvaguardar los lineamientos establecidos en la Constitución Política, por lo que
no es necesaria la intervención del mecanismo constitucional, máxime, cuando el
demandante solo está inconforme con la decisión judicial tomada.

2 Ver índice 8 de Samai. Actuación denominada «8_MemorialWeb_Respuesta-
RESPUESTAACCIONDE(.pdf) NroActua 8»
3 Ver índice 9 de Samai. Actuación denominada «12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

2025000141201800(.pdf) NroActua 9»
4 Ver índice 10 de Samai. Actuación denominada
«15RECIBEMEMORIAL_RV_CONTESTACIONTUTEL(.zip) NroActua 10»
5
Ver índice 11 de Samai. Actuación denominada
«17RECIBEMEMORIAL_Memorial_CONTESTACIONAT202501(.pdf) NroActua 11»

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00141-00
Demandante: William Ramon Camargo Pérez

1.2.5. El Tribunal Administrativo del Atlántico6 luego de hacer un reencuentro
de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del proceso
contencioso, solicitó se declarara la improcedencia, o en su defecto, se negara el
amparo pretendido, por no acreditar los requisitos generales de procedibilidad,
específicamente, el de la relevancia constitucional, pues, su verdadera intención
es convertir el amparo en una instancia adicional del proceso en cuestión.

Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la configuración
del defecto procedimental alegado, en tanto que en la providencia enjuiciada se
demostró que la prueba de alcoholemia fue practicada por personal capacitado.

1.2.6. El demandante7 precisó que el Juzgado Once Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla no analizó las depreciaciones de los derechos
fundamentales invocados, los cuales fueron vulnerados en tanto demostró que el
agente Camilo González no tenía la idoneidad para manejar los equipos de
alcohosensores, conforme a los lineamientos establecidos por la sentencia C-633
de la Corte Constitucional y la Resolución 1844 de 2015.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) falta de legitimación en la causa
por pasiva; iii) cuestión previa; iv) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; v) determinación del problema jurídico; y vi) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 5 del artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20218 esta Sala es competente para conocer de la
presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Atlántico y otro.

2.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la

6
Ver índice 14 de Samai. Actuación denominada «25_MemorialWeb_Otro-
000202500141Info(.pdf) NroActua 14»
7
Ver índice 18 de Samai. Actuación denominada «32_MemorialWeb_Otro-
MEMORIALTUTELAWILL(.pdf) NroActua 18»
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de
la acción de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00141-00
Demandante: William Ramon Camargo Pérez

acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como
lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio
de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la
acción se tendrá por ejercida contra el superior.

La Corte Constitucional9 en relación con la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de
la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental10. En la medida que
refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso”11, la misma, en principio, no se predica del funcionario
que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente
será la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de
que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios,
por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez
constitucional “debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia
que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución,
fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce
la Carta Fundamental.”12 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente
formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la
protección del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien
es demandado […]».

La Secretaría Distrital de Transporte y Seguridad Vial de Barranquilla, y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses alegaron su falta de legitimación
en la causa por pasiva ante la falta de competencia en la pretensión de amparo.

Respecto de lo cual, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en
calidad de terceras con interés, al ser la parte demandada dentro del proceso
contencioso en cuestión, y en aras de garantizarles su derecho de defensa y
contradicción, por lo que se negará su solicitud.

2.3. Cuestión previa

Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las
decisiones proferidas por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de

9 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
10 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
12 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Demandante: William Ramon Camargo Pérez

Barranquilla y del Tribunal Administrativo del Atlántico, se observa que los
argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

Por lo anterior y en atención a que la sentencia del 13 de noviembre de 2022,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo del del
Atlántico, desató el recurso a través de la sentencia del 2 de julio 2024, al
confirmar lo resuelto por el a quo, el reclamo constitucional formulado será
estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.

2.4. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado 13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 14 Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-

2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: William Ramon Camargo Pérez

esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes
que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,17 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de
alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales.18

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir
el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.5. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los
derechos fundamentales de William Ramon Camargo Pérez con ocasión de la
sentencia del 2 de julio de 2024, a través de la cual confirmó la decisión de negar
las pretensiones dirigidas a cuestionar la legalidad de los actos administrativos
mediante los cuales se le sancionó luego de realizarle una prueba de alcoholemia,
cuyo resultado fue positivo, con lo cual incurrió, presuntamente, en defecto
fáctico?

16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004

y C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00141-00
Demandante: William Ramon Camargo Pérez

2.6. Análisis de la Sala

2.6.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

En este punto, se advierte que, pese a que el demandante alegó un defecto
procedimental, lo cierto es que lo motivó en la indebida valoración probatoria que
pudo realizar el tribunal demandado frente a las supuestas irregularidades
presentadas en el procedimiento administrativo adelantado por las autoridades de
tránsito, razón por la cual, el asunto será estudiado bajo un presunto defecto
fáctico.

2.6.2. Defecto fáctico

En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que el demandante le atribuye
a la sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional19,
tiene una dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»20, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente» 21 . La segunda, se
acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»22.

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.6.3. Caso concreto

William Ramon Camargo Pérez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 2 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico que confirmó la decisión negar las pretensiones dirigidas a cuestionar la

19 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de

2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
20 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
21 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
22 Sentencia T-538 de 1994.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00141-00
Demandante: William Ramon Camargo Pérez

legalidad de los actos administrativos mediante los cuales fue declarado
contraventor de la norma de tránsito.

Lo anterior al considerar que la decisión judicial acusada incurrió en defecto fáctico
por indebida valoración de las pruebas que acreditaban las irregularidades
presentadas dentro del procedimiento administrativo adelantado por las
autoridades de tránsito, pues, los documentos referentes a la inspección inicial no
se tuvieron en cuenta, donde era claro que la orden de comparendo se realizó con
desconocimiento de sus derechos, lo cual, en su momento, lo hizo saber ante el
Inspector Segundo de Tránsito y Transporte de Barranquilla.

Las inconformidades fueron respecto a la falta de conocimiento del agente
alcohosensor, quien debió ser capacitado mediante universidad y/o centro
académico debidamente acreditados, como lo precisan la Resolución 1844 de
2015, la Ley 1696 de 2013 y la Sentencia C-633 de 2014, donde se estableció que
la falta de ese requisito hacía que el procedimiento fuera invalido, y en el presente
caso el agente aportó un documento expedido por el Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, el cual fue desvirtuado por la misma entidad, cuando
manifestó que no capacitaban personal para el manejo de equipos
alcohosensores.

Al respecto, para mayor claridad se recuerda el análisis probatorio efectuado por
el Tribunal Administrativo del Atlántico a efectos de establecer que la prueba de
alcoholemia fue tomada por el personal capacitado para ello, así:

«[…] 41. El señor agente de la policía Camilo Eduardo González participó en el curso
de capacitación denominado: “Actualización y capacitación para cuerpos de control de
tránsito que emplean alcohosensores para la medición de etanol en aire espirado” los
días 29, 30 y 31 de mayo de 2013, completando 24 horas, obteniendo certificación
expedida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Subdirección de
Investigación Científica y Escuela de Medicina Ciencias Forenses.

42. Se considera oportuno indicar que, en el Anexo 2 de la Resolución 0001844 de
2015, se estableció que “Durante el año 2016, serán válidas las certificaciones de las
capacitaciones en el manejo de alcohosensores, siempre y cuando su expedición no
haya superado el termino de cinco (5) años”, es decir, que durante esa vigencia tenían
plena validez las capacitaciones en el manejo de las herramientas siempre y cuando
no excedieran los cinco (5) años, sin embargo a partir de enero de 2017, la totalidad
de operadores de alcohosensores deben contar con la capacitación contenida en el
Anexo 2 del referido acto administrativo.

43. Teniendo en cuenta lo anterior, para la fecha en la que se le impuso el comparendo
al demandante, el alcohosensorista que hizo la prueba estaba plenamente capacitado
para ello, bajo la égida normativa del anexo 2 de la Resolución 0001844 de 2015,
vigente y aplicable al momento en que ocurrieron los hechos. Se precisa que, habiendo
obtenido certificación de capacitación en mayo de 2013, y no habiendo trascurrido
cinco (5) años después de su expedición, a julio del año 2016, el señor Camilo Eduardo
González estaba plenamente capacitado para hacer la prueba con alcohosensor.

44. Así las cosas, el Instituto de Medicina Legal no podía certificar la idoneidad o la

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Demandante: William Ramon Camargo Pérez

capacitación del Agente de Tránsito que, realizó la prueba con el equipo alcohosensor,
pero leídas las pruebas aportadas, se aprecia que nunca señaló que el funcionario no
estuviera capacitado o no fuera idóneo. Al respecto debe destacarse que solo a partir
del 1° de enero de 2017, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
administra un aplicativo o base de datos en la cual se puede consultar los datos de las
personas que han sido capacitadas en el manejo de alcohosensores, lo que no tenía
aplicabilidad al momento que le fuera impuesto el comparendo al señor Camargo
Pérez.

45. En este sentido, fue con la Resolución 1206 del 22 de diciembre de 2016, con la
que se estableció el procedimiento denominado “Ingreso y Consulta de Información de
Personas Capacitadas en el Manejo de Alcohosensores”, que permite la consulta a la
comunidad en general acerca de este aspecto; así mismo, permite la impresión de esta
consulta la cual, en determinado momento, puede ser utilizado dentro de los trámites
judiciales o administrativos a que haya lugar, la cual se reitera no estaba vigente al
momento de ocurrencia de la infracción de tránsito.

46. En tal orden, habiendo coincidido la imposición del comparendo al demandante por
parte de agentes de la Policía de Tránsito habilitados en la ciudad de Barranquilla, con
las fechas en las que era válida la certificación para el manejo de alcohosensores por
no haberse aun reglamentado lo de las capacitaciones para el efecto, se tiene como
autorizado y capacitado el agente Camilo Eduardo González para el uso del
alcohosensor en pruebas de alcoholemia, quedando sin sustento probatorio el
argumento que, en tal sentido contiene el recurso en aras de quebrantar la legalidad
de los actos acusados […]». (sic)

Como se observa, la autoridad judicial demandada hizo un análisis explícito de la
normatividad aplicable al caso de los comparendos y al manejo de
alcohosensores, que refleja el contenido de la Resolución 0001844 de 2015, lo
cual le permitió concluir que, para la fecha de los hechos, tenía validez la
certificación para dicho manejo, pues, aún no se habían reglamentado las
capacitaciones para ello, comoquiera que solo desde el 1.º de enero de 2017 se
creó el aplicativo de consulta de las personas que son capacitadas en tal sentido.

Ahora bien, la Sala entiende que el reproche principal del demandante es que, de
conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se podía establecer que, el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no certificó la idoneidad del
agente alcohosensorista, sin embargo, es claro que dicha entidad no tenía la
calidad para hacerlo, pero de acuerdo a los demás documentos allegados,
tampoco indicó que el funcionario no estuviera capacitado para ello.

Respecto de lo anterior, la Sala observa que el demandante nunca ha estado
conforme con la valoración que se le ha dado al material probatorio recaudado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no configura
una vulneración a su derecho fundamental al debido proceso, pues, es claro que
se ha respetado el procedimiento acorde al Código Nacional de Tránsito Terrestre,
así como de las normas aplicables al caso, estas son, las referentes a temas como
las autoridades de tránsito, la Policía Nacional en sus cuerpos especializados de
policía de tránsito urbano y policía de carreteras, los parámetros científicos y
técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia, entre otros.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00141-00
Demandante: William Ramon Camargo Pérez

Como se observa, el Tribunal Administrativo del Atlántico explicó de forma clara y
contundente por qué no se podía indicar que el agente de tránsito carecía de
idoneidad al momento de realizar la prueba de alcoholemia, esto, por cuanto al
expediente se allegaron documentos tales como la certificación del curso de
capacitación «actualización y capacitación para cuerpos de control de tránsito que
emplean alcohosensores para la medición de etanol en aire espirado», que denotaban
el conocimiento que tenía sobre el tema el agente Jorge Arbey Ramírez.

Así las cosas, a juicio de la Sala, la autoridad judicial enjuiciada efectuó el estudio
del caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, sin que se
observe una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio de los intereses de la
parte demandante que pudiere configurar un defecto fáctico, en contraste, en la
sentencia enjuiciada se dio respuesta al reproche formulado en el escrito de tutela
en relación con la decisión de concluir que el agente si era idóneo y/o estaba
capacitado para el manejo de alcohosensores.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.

En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

3. Conclusión

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales de William Ramon Camargo Pérez, en la solicitud
de tutela presentada contra el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial
de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Secretaría Distrital de
Transporte y Seguridad Vial de Barranquilla, y el Instituto Nacional de Medicina

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00141-00
Demandante: William Ramon Camargo Pérez

Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de William Ramon
Camargo Pérez, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

12

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