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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00141-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00141-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, para en su lugar: 2. Declarar improcedente la presente acción de tutela, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 5. enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00141-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

5 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00141-01
Demandante: William Ramón Camargo Pérez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00141-01
Demandante: WILLIAM RAMON CAMARGO PÉREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sanción de tránsito por conducir bajo el
influjo de alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Revoca
para declarar improcedente por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 18
de febrero de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
que denegó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 15 de enero de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
el señor William Ramón Camargo Pérez pidió la protección de su derecho fundamental
al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del
13 de noviembre de 2022 y del 2 de julio de 2024, dictadas por el Juzgado Once
Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral A, respectivamente, que denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado nº 08001-33-33-011-2018-00082-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló la siguiente pretensión:

SE TUTELE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO POR VÍAS DE HECHO de la
sentencia de primera y segunda instancia, por incurrir en una decisión judicial es producto de un
desconocimiento de las garantías fundamentales del debido proceso y en consecuencia se ordene a las
accionadas TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE
DECISION ORAL “A” y el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCULO DE
BARRANQUILLA, Y EN CONSECUENCIA SE REVOQUE LAS sentencias en primera en fecha 13 de
noviembre del 2022 y segunda instancia en fecha 2 de julio del 2024 en forma desfavorable, incurriendo
en una violación al debido proceso por vías de hecho dado que la decisión judicial es producto de un
desconocimiento de las garantías fundamentales del debido proceso.(sic para toda la cita)

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

El 7 de marzo de 2016, al señor William Ramón Camargo Pérez le fue impuesta la orden
de comparendo nº 11779739, por haber infringido el artículo 5 de la Ley 1696 de 2013,
al conducir bajo el influjo de alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00141-01
Demandante: William Ramón Camargo Pérez

A través de la Resolución 3574 del 20 de diciembre de 2016, el Inspector Segundo de
tránsito y transporte de la Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla declaró
contraventor al señor Camargo Pérez por los hechos ocurridos el 7 de marzo de 2016 y
lo sancionó con multa de 1440 SMLMV y la cancelación de su licencia de conducción.

Inconforme, el accionante presentó recurso de apelación. Sin embargo, esa decisión fue
confirmada por medio de la Resolución 2692 del 18 de julio de 2017.

3.2. Actuación Judicial

El señor William Ramón Camargo Pérez promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros para que se declarara la nulidad de las Resoluciones 3574 del 20 de
diciembre de 2016 y 2692 del 18 de julio de 2017. A título de restablecimiento del derecho,
pidió que se levantara la sanción impuesta.

Explicó que las resoluciones acusadas se habían proferido con trasgresión al debido
proceso y al derecho a la defensa, porque, según dijo, el agente que le realizó la prueba
de alcoholemia no contaba con certificación de idoneidad para el manejo de equipos
alcohosensores.

La demanda se adelantó bajo el radicado 08001-33-33-011-2018-00082-00 y
correspondió al Juzgado Once Administrativo de Barranquilla que, por sentencia del 3 de
noviembre de 2022, denegó las pretensiones, al estimar que en el procedimiento en el
que se impuso la orden de comparendo no era necesario que el agente de policía
exhibiera certificados de idoneidad, que, en todo caso, al proceso se allegaron
certificaciones que daban cuenta de que el agente de policía sí estaba capacitado para
utilizar equipos de alcohosensores y aspirados.

Que se había acreditado el cumplimiento de los protocolos señalados en la Ley 769 de
2002. Que en el procedimiento administrativo se había garantizado el derecho de
defensa. Que, por lo anterior, la parte demandante no había demostrado la supuesta
trasgresión de sus garantías fundamentales al debido proceso, a la defensa y
contradicción.

Inconforme, la parte demandante apeló y argumentó que no se tuvieron en cuenta todas
las pruebas aportadas al proceso. Que sí había aportado medios de convicción que
demostraban la falta de idoneidad del agente de policía que le realizó la prueba de
alcoholemia y que el mismo no había sido capacitado por una universidad acreditada.

Que el procedimiento policivo no se había ajustado a lo dispuesto en la sentencia C-633
de 2015 dictada por la Corte Constitucional y la Resolución 1844 de 2015. Que la entidad
demandada no contestó la demanda, por lo que se debían presumir ciertos los hechos
que narró en su demanda.

Por sentencia del 2 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral A, confirmó la decisión apelada. Básicamente, por las mismas
consideraciones del a quo.

4. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que las autoridades judiciales demandadas
incurrieron en defecto procedimental, pero lo cierto es que los argumentos se enmarcan
en un defecto fáctico, porque, según dijo, no hubo un análisis interpretativo del
procedimiento, porque no se tuvieron en cuenta pruebas que evidenciaban la falta de

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Demandante: William Ramón Camargo Pérez

idoneidad del agente de policía que le realizó la prueba de alcoholemia.

Dijo que el agente debía estar capacitado por una universidad acreditada por el Ministerio
de Educación, de acuerdo con lo señalado en la Resolución 1844 de 2015 y la sentencia
C-633 de 2014 dictada por la Corte Constitucional. Que el agente de policía había
aportado una certificación expedida por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, pero que ese documento había sido desvirtuado por el mismo instituto.

Que la realización de la prueba de alcoholemia, en cumplimiento de garantías
fundamentales, debía estar precedida por información clara y precisa sobre: (i) la
naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, las diferencias entre
ellas y la forma de controvertirlas, (iii) los efectos que se desprenden de su realización,
(iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el
trámite administrativo que se debe surtirse con posterioridad a la práctica de la prueba o
a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de participar y defenderse en
el proceso administrativo que se inicia con la orden de comparendo.

Que, además, la Corte Constitucional ha precisado que el conductor tiene derecho a
exigir de las autoridades de tránsito la acreditación de la regularidad de los instrumentos
que se emplean y la competencia técnica del funcionario que realiza la prueba
correspondiente.

Que las competencias técnicas del agente y del equipo alcohosensor debían estar
acreditadas y que en su caso ello no ocurrió.

5. Intervenciones

La magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A,
ponente de la sentencia del 2 de julio de 2024, pidió que se declarara improcedente la
solicitud de amparo o que, en su defecto, se denegaran las pretensiones de la parte
actora.

Argumentó que no incurrió en el defecto alegado, porque la sentencia acusada se dictó
conforme al procedimiento y normas aplicables al caso concreto. Que de acuerdo con las
pruebas aportadas al expediente era procedente confirmar la decisión de primera
instancia de denegar las pretensiones del demandante.

Que el tutelante pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional del
proceso ordinario.

El Juzgado Once Administrativo de Barraquilla solicitó que se denegaran las
pretensiones propuestas en la acción de tutela. Manifestó que decidió el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nº 08001-33-33-011-2018-00082-00
en tiempo prudencial, en atención a las normas aplicables y a las necesidades de la
administración de justicia.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela y su falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que no existió vulneración de derechos fundamentales ni vía de hechos y que
no se acreditó la consumación de un perjuicio irremediable.

La Policía Nacional solicitó que se declararan improcedentes las pretensiones del
accionante. Dijo que las autoridades judiciales demandadas no vulneraron los derechos
de la parte actora y que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla pidió su
desvinculación, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales del
demandante. señaló que no se acreditó ninguna de las causales específicas de

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Demandante: William Ramón Camargo Pérez

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y que el demandante solo
expuso su inconformidad sobre las decisiones que no le fueron favorables.

El demandante presentó memorial en el que afirmó que el Juzgado Once Administrativo
de Barranquilla no se pronunció sobre sus alegaciones, relacionadas con la vulneración
a su derecho fundamental al debido proceso, y reiteró los argumentos expuestos en el
escrito de tutela.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, denegó la solicitud de
desvinculación propuesta por la Secretaría Distrital de Trasporte y Seguridad Vial de
Barranquilla y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, debido a que
su vinculación se dio en calidad de terceros con interés, al fungir como demandadas en
el proceso ordinario.

Adicionalmente, también denegó las pretensiones de la parte actora, al estimar que los
argumentos de la acción de tutela se limitaban a presentar inconformidades sobre la
valoración efectuada por los jueces naturales de la causa en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado nº 08001-33-33-011-2018-00082-00/01.

7. Impugnación

El demandante impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia para,
en su lugar, decretar el amparo deprecado. Acto seguido reiteró los argumentos
propuestos en el escrito de demanda.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que denegó las pretensiones del señor William Ramón Camargo Pérez.

La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada para, en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora insiste en que se debió declarar la nulidad de
las Resoluciones 3572 de 2016 y 2692 de 2017, porque el agente de policía que le realizó
la prueba de alcoholemia no estaba capacitado ni certificado para realizar esa prueba.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del
caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la parte actora
señala que se debió declarar la nulidad de las Resoluciones 3572 de 2016 y 2692 de
2017, debido a que el agente de policía que le realizó la prueba de alcoholemia no estaba
capacitado ni certificado para realizar esa prueba.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 13 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado Once Administrativo de
Barranquilla, se lee lo siguiente:

Dentro de otros aspecto(sic) de la sentencia se observa que no hubo un análisis interpretativo de dicho
proceso, los documentos que fueron allegados al despacho de la Inspección de manera inicial no fueron
tenidos en cuenta por el Juez al momento del fallar, hacer un recuento del proceso contravencional de
tránsito desde la orden de comparecencia No. 11779739 observamos que se desconocieron los
derechos al señor WILLIAM RAMON CAMARGO PEREZ, y eso fue debatido en su momento oportuno
ante el Inspector Segundo de Tránsito y Transporte de la ciudad de Barranquilla.

Las objeciones se dieron conforme a la idoneidad el operador del equipo el señor CAMILO EDUARDO
GONZALEZ, son claras y evidentes y se aportaron a dicho proceso, dentro del desarrollo administrativo
en la Oficina de Secretaria de Movilidad se aportaron una serie de documentos en donde se demostraba
la falta de capacitación del agente alcohosensor, ya que este debía ser capitado(sic) por universidad
debidamente acredita y que esta información debida ser migrada a la página de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, así como lo establece la Resolución 1844 de 2015 y la Sentencia C-633 de la
Honorable Corte Constitucional, las cuales literalmente manifiesta que a falta de este requisito el
procedimiento es invalido, las personas pueden solamente estar capacitada por universidades y/o
centro académicos que estén debidamente acreditados por el Ministerio de Educación y en el proceso
en mención el agente operador del equipo aportó un documento que fue expedido por el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero esto fue desvirtuado por el mismo instituto manifestando que
no tenían capacidad.
(…)

3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: William Ramón Camargo Pérez

A partir de este documento empieza el proceso y aquí debe garantizarle al investigado sus derechos y
el agente alcohosensorista manifestó en el documento que el señor WILLIAM RAMON CAMARGO
PEREZ, no había consumido o ingerido licor en los últimos quince (15) minutos y en su declaración ante
el despacho bajo la gravedad de juramento éste respondió que se había negado en parte en el proceso,
esto nos conlleva a pensar que el procedimiento no se ajustó con los paradigmas establecidos por la
Sentencia C-633 y la Resolución 1844 de 2015, de otra parte al preguntársele al operador del equipo
donde fue capacitado, éste respondió que en las Instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
frente a esta situación la idoneidad nunca fue presentada, teniendo en cuenta que este Instituto no tiene
dentro de su derrotero la capacidad para manejar dicho proceso.

En la misma diligencia cuándo se le preguntó sobre las garantías de la entrevista previa éste no
respondió quedando en evidencia la falta de idoneidad y capacitación para este tipo de procedimientos.
El testimonio del señor CAMILO GONZALEZ es antagónico con la del señor JORGE ARBEY RAMIREZ
RAMIREZ, hay contradicciones testimoniales que hacen presumir debido proceso y el derecho a la
defensa.

Los ensayos que fungen como prueba dentro de este proceso también son contrarios a lo que establece
la Resolución 1844 de 2015 en el anexo 4 que dice a su tenor: Los ensayos deben traer consigo la
identificación del operador, como la del examinado y en el ensayo 03689 no aparece como requisito
mínimo la identificación del operador. Así mismo, quiero aclarar que este acto administrativo proferido
por Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, exige que cada una de las mediciones debe tener
dicho requisito mínimo (identificación del operador en cada uno de los ensayos esto se debe a la falta
de idoneidad del funcionario que operó dicho aparato).

Al no contestar la demanda, se presume cierto los hechos que se promueven en la misma y el despacho
debió ajustarse conforme a la narrativa que fue presentada en dicho proceso. Cabe destacar que la
displicencia de la demandada debe ser tenida en cuenta por el despacho a efecto de que prospere los
hechos del actor. En dicho proceso no existió contradicción porque la Alcaldía de Barranquilla no
contestó la demanda, por consiguiente, no hay elementos en los que el Juez debió fallar y garantizarle
los derechos al actor.

Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación) la parte actora argumenta
lo siguiente:

Dentro de otros aspecto(sic) de la sentencia se observa que no hubo un análisis interpretativo de dicho
proceso, los documentos que fueron allegados al despacho de la Inspección de manera inicial no fueron
tenidos en cuenta por el Juez al momento de fallar, hacer un recuento del proceso contravencional de
tránsito desde la orden de comparecencia No. 11779739 observamos que se desconocieron los
derechos al señor WILLIAM RAMON CAMARGO PEREZ, y eso fue debatido en su momento oportuno
ante el Inspector Segundo de Tránsito y Transporte de la ciudad de Barranquilla.

Las objeciones se dieron conforme a la idoneidad el operador del equipo el señor CAMILO EDUARDO
GONZALEZ, son claras y evidentes y se aportaron a dicho proceso, dentro del desarrollo administrativo
en la Oficina de Secretaría de Movilidad se aportaron una serie de documentos en donde se demostraba
la falta de capacitación del agente alcohosensor, ya que éste debía ser capacitado por universidad
debidamente acredita y que esta información debía ser migrada a la página de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, así como lo establece la Resolución 1844 de 2015 y la Sentencia C-633 de la
Honorable Corte Constitucional, las cuales literalmente manifiesta que a falta de este requisito el
procedimiento es invalido, las personas pueden solamente estar capacitada por universidades y/o
centro académicos que estén debidamente el Ministerio de Educación y en el proceso en mención el
agente operador del equipo aportó un documento que fue expedido por el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, pero esto fue desvirtuado por el mismo instituto manifestando que no tenían
capacidad.

(…)
En los folios 55 y 56 del cuerpo de la demanda, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
manifestó que este no estaba capacitado para el manejo del equipo alcohosensor, máxime si el Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias forenses
no certifica en el manejo del alcohosensor, expedía una constancia de participación en las mencionadas
capacitaciones. Cabe resaltar que el Anexo 2 de la Resolución No. 1844 de 2015, establece: "El
contenido mínimo del plan de estudios para la capacitación de los operadores de analizadores de
alcohol en aire espirado (alcohosensores), que de ser tenido en cuenta por las instituciones
universitarias aprobadas legalmente o las Escuelas de Formación del Estado que incluyan en su
portafolio de servicio de capacitación para estos operadores". Lo anterior en concordancia con la
sentencia C-633 de la Honorable Corte Constitucional, que aclaró con respecto a la idoneidad del
Agente encargado de los equipos alcohosensores, como una garantía constitucional para este tipo de
procedimiento.
(…)

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Luego entonces era menester demostrar la competencia técnica del funcionario que efectuaba la prueba
de alcoholemia y del equipo alcohosensor, el cual debía estar previamente calibrado y en el trámite
administrativo no se demostró su calibración del mismo; el cual debía ejecutarse por lo menos una vez
cada seis (6) meses y dentro del trámite administrativo, como dentro de la presente demanda, no se
demostró por parte de los entes demandados tal hecho. Así mismo, la lista de chequeo que también
forma parte de la documentación que debía aportar los entes demandados, por cuanto el equipo
presentaba una incorrecta configuración de la hora, no se demostró que estuviese adherida la etiqueta
de calibración, no se demostró el registro del resultado en blanco, se utilizaron la(sic) boquillas
suficientes y todo los aspectos de que trata el Anexo 3 de la Resolución 1844 de 2015.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A, en la sentencia del 2 de julio de 2024, en la que se consideró:

37. Conforme al recurso de apelación impetrado por la parte demandante, contra la sentencia de primera
instancia, son dos los aspectos a analizar, así: i) lo de la presunta no contestación de la demanda por
parte del Distrito de Barranquilla, y su eventual consecuencia, y la desatención a los memoriales de
alegaciones que fueron debidamente presentados. ii) Las objeciones frente a la idoneidad el operador
del equipo el señor Camilo Eduardo González, aportadas en sede administrativa y dentro del proceso
se aportaron una serie de documentos en donde se demostraba la falta de capacitación del agente
alcohosensor, ya que éste debía ser capacitado por universidad debidamente acreditada y que, esta
información debe ser migrada a la página de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así́ como lo establece
la Resolución 1844 de 2015 y la Sentencia C-633 de la Honorable Corte Constitucional; lo de la
idoneidad del agente nunca fue acreditada, teniendo en cuenta que, este Instituto no tiene dentro de su
derrotero la capacidad para manejar dicho proceso. iii) La declaración del señor Camilo González es
contradictoria con la del señor Jorge Arbey Ramírez Ramírez, lo que hace presumir afectación del
debido proceso y el derecho a la defensa.

38. Se pronuncia la Sala sobre los fundamentos que plantea la alzada. Respecto al tema procesal de
las consecuencias de la desatención de los memoriales de alegatos y la presunta falta de contestación
de la demanda por parte del Distrito de Barranquilla, se tiene que, los memoriales de finalización o
conclusivos, son la oportunidad que tienen las partes para exponer su visión del asunto frente a lo que
se encontró probado dentro del trámite, empero, en caso alguno le imponen al fallador tomar decisión
en algún sentido porque, es su tarea interpretar tanto las normas aplicables al proceso como lo que se
acreditó en el mismo para forjar su propia visión que se condensa en la sentencia; omitir relacionar en
la sentencia que se presentaron no tiene consecuencia legal alguna, y menos que sea favorable a
alguna de las partes.

39. Respecto las consecuencias jurídico procesales por no haberse contestado la demanda por parte
del ente territorial demandado, se tiene que, la contestación del Distrito de Barranquilla, fue debidamente
presentada, y relacionada tanto en la audiencia inicial como en la sentencia de primera instancia, siendo
visible en el archivo digital denominado “22ContestacionDemanda”, no evidenciándose que lo planteado
en el recurso se acompase a la realidad procesal, por lo que, se releva la Sala de otro pronunciamiento
sobre el particular.

40. En lo que tiene que ver con la falta de acreditación del alcohosensorista que tomó la prueba del
demandante, se acreditó que:

41. El señor agente de la policía Camilo Eduardo González participó en el curso de capacitación
denominado: “Actualización y capacitación para cuerpos de control de tránsito que emplean
alcohosensores para la medición de etanol en aire espirado” los días 29, 30 y 31 de mayo de 2013,
completando 24 horas, obteniendo certificación expedida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses Subdirección de Investigación Científica y Escuela de Medicina Ciencias Forenses.

42. Se considera oportuno indicar que, en el Anexo 2 de la Resolución 0001844 de 2015 se estableció
que “Durante el año 2016, serán válidas las certificaciones de las capacitaciones en el manejo de
alcohosensores, siempre y cuando su expedición no haya superado el termino de cinco (5) años”, es
decir, que durante esa vigencia tenían plena validez las capacitaciones en el manejo de las herramientas
siempre y cuando no excedieran los cinco (5) años, sin embargo a partir de enero de 2017, la totalidad
de operadores de alcohosensores deben contar con la capacitación contenida en el Anexo 2 del referido
acto administrativo.

43. Teniendo en cuenta lo anterior, para la fecha en la que se le impuso el comparendo al demandante,
el alcohosensorista que hizo la prueba estaba plenamente capacitado para ello, bajo la égida normativa
del anexo 2 de la Resolución 0001844 de 2015, vigente y aplicable al momento en que ocurrieron los
hechos. Se precisa que, habiendo obtenido certificación de capacitación en mayo de 2013, y no
habiendo trascurrido cinco (5) años después de su expedición, a julio del año 2016, el señor Camilo
Eduardo González estaba plenamente capacitado para hacer la prueba con alcohosensor.

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Demandante: William Ramón Camargo Pérez

44. Así las cosas, el Instituto de Medicina Legal no podía certificar la idoneidad o la capacitación del
Agente de Tránsito que, realizó la prueba con el equipo alcohosensor, pero leídas las pruebas
aportadas, se aprecia que nunca señaló que el funcionario no estuviera capacitado o no fuera idóneo.
Al respecto debe destacarse que solo a partir del 1° de enero de 2017, el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses administra un aplicativo o base de datos en la cual se puede consultar los
datos de las personas que han sido capacitadas en el manejo de alcohosensores, lo que no tenía
aplicabilidad al momento que le fuera impuesto el comparendo al señor Camargo Pérez.

45. En este sentido, fue con la Resolución 1206 del 22 de diciembre de 2016, con la que se estableció
el procedimiento denominado “Ingreso y Consulta de Información de Personas Capacitadas en el
Manejo de Alcohosensores”, que permite la consulta a la comunidad en general acerca de este aspecto;
así mismo, permite la impresión de esta consulta la cual, en determinado momento, puede ser utilizado
dentro de los trámites judiciales o administrativos a que haya lugar, la cual se reitera no estaba vigente
al momento de ocurrencia de la infracción de tránsito.

46. En tal orden, habiendo coincidido la imposición del comparendo al demandante por parte de agentes
de la Policía de Tránsito habilitados en la ciudad de Barranquilla, con las fechas en las que era válida
la certificación para el manejo de alcohosensores por no haberse aún reglamentado lo de las
capacitaciones para el efecto, se tiene como autorizado y capacitado el agente Camilo Eduardo
González para el uso del alcohosensor en pruebas de alcoholemia, quedando sin sustento probatorio
el argumento que, en tal sentido contiene el recurso en aras de quebrantar la legalidad de los actos
acusados.

47. Con relación a la presunta contradicción en la que incurrieron los policiales que participaron en la
imposición del comparendo, advierte la Sala que, el memorial de alzada hace consistir la misma en
algunas inconsistencias en el dicho del señor Jorge Ramírez Ramírez y el señor Camilo Eduardo
González, en tanto referirse a la hora en que fue requerido el demandante, pues uno dijo que fue a las
22:00 horas y otro que fue a las 21:40 horas, empero tal discrepancia no tiene la entidad suficiente como
para que de ella se desprenda que hubo violación al debido proceso en el trámite administrativo. Aunado
a lo anterior, leído juiciosamente el memorial contentivo del recurso, se desprende que pese a que de
manera tangencial se acude a otros argumentos, el central es la presunta falta de capacitación del
agente que toma la muestra, lo que no está acreditado y no puede concluirse solo de afirmaciones, pues
lo que, si se demostró y no fue desvirtuado es que hubo un primer resultado positivo para el consumo
de bebidas alcohólicas, por lo que, este argumento no tiene vocación de prosperidad.

48. En tal orden, la prueba de alcoholemia fue tomada por el personal capacitado para ello según las
exigencias vigentes al momento del acaecimiento del hecho que dio lugar a la sanción, por lo que, luego
de analizar los extremos en los que se funda la alzada, se impone confirmar en todas sus partes la
sentencia apelada, al no encontrarse configurada causal de anulación alguna que afecte la presunción
de legalidad que reviste los actos acusados.

Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el tribunal
demandado, que explicó que no era dable declarar la nulidad de las Resoluciones 3572
de 2016 y 2692 de 2017, por cuanto el proceso a través del cual fue sancionado el señor
William Ramón Camargo Pérez con multa de 1440 SMLMV y la cancelación de su licencia
de conducción respetó sus garantías fundamentales.

En el escenario que proponen el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si el
agente de policía que le realizó la prueba de alcoholemia estaba o no capacitado para
realizar esa prueba.

La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.

Las anteriores razones son suficientes para revocar la decisión impugnada y, en su ligar,
declarar improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Demandante: William Ramón Camargo Pérez

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, para en su lugar:

2. Declarar improcedente la presente acción de tutela, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

5. enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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