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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00161-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00161-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de la esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00161-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00161-00

Accionante: CENEIDA ISAO QUINTERO Y OTRO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – procede
de forma excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – se acudió a
la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión que resolvió el juez natural
de la controversia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por los señores Ceneida Isao Quintero y Edgar Beltrán Vega, de conformidad con
el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 16 de enero de 2025, los señores Ceneida Isao Quintero y Edgar Beltrán
Vega presentaron acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Meta y
el Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare, en procura de la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y móvil,
seguridad social, acceso a la administración de justicia y dignidad humana que
consideran vulnerados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 5001-33-33-003-2020-00159-00/01.

Hechos relevantes

2. El 11 de febrero de 2024, falleció Johnny Leandro Beltrán Isao, de 19 años,
hijo de los accionantes, como consecuencia de un disparo con arma de dotación
oficial por parte de uno de sus compañeros cuando ambos se encontraban
prestando el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, dentro de las
instalaciones de una institución castrense ubicada en el municipio de Puerto
Concordia, Meta.

1 Que ingresó para fallo el 28 de enero de 2025

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025.00161-00
Accionante: Ceneida Isao Quintero y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3. De conformidad con lo anterior, los padres del fallecido reclamaron las
prestaciones sociales a las que tenía derecho su hijo, las cuales les fueron
reconocidas. También elevaron la petición de la pensión de sobrevivientes, la cual
se absolvió mediante resolución No. 01374, del 1 de septiembre de 2014, acto en
virtud del cual la Policía Nacional les concedió la compensación por muerte pero les
negó el derecho a la pensión, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2727 de
1968, Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004, normas que, según afirmaron, la
jurisprudencia de manera reiterada ha inaplicado por ser abiertamente violatorias
de la Constitución y la ley.

4. Así mismo, con posterioridad, a través del comunicado S-2019 052396-
SEGEN Y/O OFICIO No. S- 2019 /ARPRE – GRUPE -1.10 del 25 de septiembre de
2019, el Jefe del Grupo de Pensionados les negó nuevamente el derecho al
reconocimiento a la pensión de sobrevivientes y les puso en su conocimiento que,
mediante resolución No. 00636 del 15 de mayo de 2017, la entidad ordenó el pago
de compensación a los señores Jhon Dair Murcia Dueñas y Arabel Yesenia Muñoz,
personas que los accionantes afirman conocer.

5. Ante la negativa por parte de la Policía Nacional, la parte actora presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en procura de obtener el
reconocimiento pensional. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San
José del Guaviare, que conoció del proceso en primera instancia negó las
pretensiones elevadas por los padres del fallecido, al considerar que si bien era
procedente el estudio para otorgar la pensión de sobrevinientes contemplada en el
régimen general, según la regla de favorabilidad que estableció la sentencia de
unificación del Consejo de Estado el 12 de abril de 2018, que cobija a los
beneficiarios de los soldados que fallecieron en actos de servicio, al revisar los
requisitos contemplados en la Ley 100 de 1993 para acceder a este reconocimiento,
se evidenció que los peticionarios no lograron acreditar la dependencia económica
con el occiso, lo cual pretendieron probar con sus declaraciones y la de su otro hijo,
sin que con estas se lograra tener certeza sobre si el joven Johnny Beltrán era una
fuente de ingresos significativa y regular para su familia.

6. Le correspondió al Tribunal Administrativo del Meta resolver la controversia
en segunda instancia, el cual confirmó el fallo impugnado, al argumentar que si bien
era cierto lo manifestado por los recurrentes en el sentido de que la jurisprudencia
constitucional determinó que la exigencia de la dependencia económica no
implicaba una dependencia cabal y completa del causante, sino que esta podía
configurarse cuando esa eliminación de la fuente de ese ingreso generaba
dificultades para que los beneficiarios suplieran sus necesidades básicas, lo cierto
es que ello debía demostrarse con cualquier medio de prueba, por ejemplo, las
facturas de los servicios públicos o un certificado que diera cuenta de que no
recibían alguna pensión, sin que el caso sub examine eso se hubiera probado, más
allá de las afirmaciones expuestas por los reclamantes; además, cuestionó que en
el interrogatorio de parte la apoderada de los actores no hubiese indagado más

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025.00161-00
Accionante: Ceneida Isao Quintero y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que el fallecido le prestaba
ayuda a sus padres.

Pretensiones

7. El accionante solicitó lo siguiente (se transcribe de forma literal):

“Con base en los argumentos fácticos y jurídicos expuestos precedentemente
enunciados, solicitamos respetuosamente al H. Consejo Ponente y por su
conducto a la H. Sala, AMPARAR A LOS SUSCRITOS ACCIONANTES, LOS
DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES AL MINIMO VITAL Y
MOVIL, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL DEBIDO PROCESO, AL PRINCIPIO
DE LEGALIDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LOS
DEMÁS QUE RESULTEN CONCULCADOS, con la actuación de las
autoridades tuteladas, y en consecuencia, disponer:

1.- REVOCAR las sentencias de PRIMERA SEGUNDA INSTANCIA proferidas
por el Juez Primero Administrativo del Circuito de San José́ del Guaviare y
Tribunal Administrativo del Meta, ésta última, el pasado 22 de agosto de 2024,
mediante la cual los miembros de Sala del Tribunal Contencioso Administrativo
del Meta CONFIRMARON la sentencia de primera instancia proferida por el
Juez I Administrativo del Circuito de San José́ del Guaviare dentro del presente
asunto.

2.- DECLARAR LA NULIDAD de los actos acusados, esto es, la Resolución
No. 01374 de septiembre 1 de 2014 y la Resolución No. S-2019 052396-SEGEN
y/o No. S-2019 / ARPRE – GRUPE – 1.10 del 25 de abril de 2019 proferidas por
la entidad demandada.

3.- EN SU LUGAR disponer que el restablecimiento de los derechos
conculcados a los suscritos accionantes en la forma y términos solicitados en la
demanda, ordenando que se cancelen a nuestro favor todos los derechos
pecuniarios a que haya lugar desde el mismo momento en que se causó́ el
derecho reclamado.

4.- CONDENAR EN COSTAS a la entidad demandada”.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. La parte actora sostuvo que era inapropiada y fuera de toda lógica la
sentencia cuestionada, la cual, a su parecer, debía ser revocada, al considerar como
erróneo que la dependencia económica de los accionantes debía acreditarse con
cuentas de servicios públicos o con un reporte de los ingresos que percibían antes
de la muerte de su hijo y con posterioridad a su fallecimiento o con un certificado de
no pensionados, dado que desde la misma demanda se precisó que la familia vivía
en un zona rural y que los padres del occiso laboraban en faenas del campo en las
fincas del sector como recolectores y en las demás actividades propias de la
agricultura, por la cual recibían un jornal en efectivo, equivalente a un día de salario
mínimo, por lo que era desacertado pretender que se acreditara la dependencia
económica con otras pruebas documentales, más aún cuando ni la ley ni la
jurisprudencia lo exige.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025.00161-00
Accionante: Ceneida Isao Quintero y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9. Adujo que se produjo un defecto sustantivo por el equivocado raciocinio del
juez, el cual se configuró al aplicar erróneamente la Ley 100 de 1993 y establecer
requisitos que no están previstos en la norma, al pretender que los actores
acreditaran una condición física o mental que justificara la protección a través del
reconocimiento de sus pretensiones en relación con la pensión de sobrevivientes.

10. También sostuvo que se presentó un defecto sustantivo, al interpretar la Ley
100 de 1993, apartándose de la salvaguarda de los derechos fundamentales y sin
tomar en cuentas las particularidades del caso, como su condición de campesinos,
su escasa escolaridad y su dicho en cuanto al apoyo económico recibido del
causante.

11. Contrario a lo manifestado por las autoridades judiciales accionadas, para la
parte actora con las declaraciones extrajuicio y los testimonios recaudados en el
curso del proceso sí se encontraba probada la referida dependencia económica
para acceder a la pensión de sobrevivientes.

12. Indicó que se presentó un desconocimiento del precedente judicial, en tanto
que la jurisprudencia de las altas cortes estableció que no era necesario probar una
dependencia económica absoluta del fallecido para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes.

13. Además, señaló que se produjo un error de hecho al sostener la autoridad
accionada que en su calidad de beneficiarios del fallecido, continuaron con sus
propias actividades, lo que daba cuenta que supervivencia no dependía del
causante, al considerar que esto era carente de toda objetividad y con ello se
desconocieron los derechos reconocidos por la ley y la jurisprudencia, ya que esta
conclusión la extrajeron de las declaraciones presentadas en el proceso, pero, por
otra parte, el contenido de las mismas fue desestimado como sustento de la
dependencia económica.

14. Manifestó que el despacho erró al exponer que no era claro si los fondos que
afirmaron recibir fuesen utilizados para su cuidado y sostenimiento, ya que en la
demanda sí indicaron que esos recursos los destinaban para su sustento y ese
dicho estaba cobijado por la buena fe, lo cual coincide con la declaración extrajuicio
que allegaron como prueba y que no fue tachada como falsa por la entidad
accionada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

15. Señaló que el fallador incurrió en un yerro al pasar por alto e indagar sobre
los generales de ley al recibir los testimonios, momento en el que se pudo
profundizar en la edad y grado de escolaridad de los declarantes, por lo que, a su
juicio, consideraban como un despropósito indicar que no acreditaron su condición
física o mental para justificar una protección especial, ya que era evidente que son
humildes ancianos y que su sustento lo percibían de las labores del campo o el
servicio doméstico.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025.00161-00
Accionante: Ceneida Isao Quintero y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

16. Agregó que negar el derecho a la pensión de sobrevivientes, inobservando
el acervo probatorio constituye una vía de hecho, que se ahonda porque la
demandada nada dijo en la contestación sobre la dependencia económica, pues tan
solo hizo mención a la inaplicación de esta figura por no haber fallecido en combate
el joven Beltrán Isao.

Trámite previo

17. Mediante auto del 20 de enero de 2025, este despacho admitió la demanda
de tutela de la referencia, ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; además, vinculó a la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional como tercero con interés en las resultas
del proceso.

Intervenciones

18. El Tribunal Administrativo del Meta, a través del magistrado ponente de la
decisión cuestionada, se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se
declarara improcedente el amparo requerido por los accionantes, al señalar que no
se reunían los presupuestos generales de procedibilidad de la tutela contra
decisiones judiciales, porque los alegatos de la parte actora estaban encaminados
a revivir la discusión del proceso ordinario, dada su inconformidad con la sentencia
que resolvió la segunda instancia.

19. Indicó que los accionantes no acreditaron la existencia de una vulneración
de los derechos fundamentales incoados, sino que se limitaron a señalar que el
tribunal incurrió en un defecto fáctico y jurídico al no valorar adecuadamente las
pruebas obrantes en el expediente, las cuales, a criterio de la sala, no fueron
suficientes para acreditar los requisitos contenidos en la ley para el reconocimiento
de la pensión de sobreviviente.

20. El Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare indicó que
el amparo solicitado era improcedente, en tanto que, a su consideración, era claro
que los accionantes lo que pretendían era tornar la acción de tutela como una
tercera instancia, dado que al citar los defectos endilgados de las decisiones
cuestionadas argumentó nuevamente su inconformidad con el no reconocimiento
de la pensión de sobreviviente a su favor por la falta de acreditación de la
dependencia económica requerida en la ley para su procedencia.

21. Expuso que efectuó un análisis detallado del material probatorio, incluyendo
los documentos que daban cuenta del parentesco de los demandantes con la
víctima, así como las declaraciones juramentadas y los interrogatorios mencionados
en la tutela, pero concluyó que no se acreditaba la dependencia económica
requerida en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, decisión que fue confirmada por
el superior.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025.00161-00
Accionante: Ceneida Isao Quintero y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

22. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional, solicitó su desvinculación de
la acción de tutela, por configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva,
en tanto que de los hechos narrados por la parte actora estaban dirigidos en contra
de las autoridades judiciales que adoptaron las decisiones en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho2.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

23. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

24. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces3.

25. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber4.

26. i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.

27. Al revisar la demanda de tutela se evidencia que lo que se cuestiona es la
conclusión a la que llegó tanto el Juzgado Primero de San José del Guaviare como
el Tribunal Administrativo del Meta en relación con la acreditación de la condición
de dependencia económica de los accionantes, para negar así la pensión de
sobrevivientes, al considerar que con las declaraciones y los testimonios

2 Se precisa que, en la misma fecha, 24 de enero de 2025, pero a través de correo electrónico, se
recibió otro informe de tutela por parte de la Policía Nacional en el que se solicitó no conceder las
pretensiones de la demanda, ante la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se
advertía la existencia de una vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E),
expediente 11001-03-15-000-2019-04646-00; Sentencia de tutela del 16 de enero de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2018-04124-00, M.P. César Palomino Cortés; entre otros. 8 sentencia
T–422 de 2018.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. consejero
ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025.00161-00
Accionante: Ceneida Isao Quintero y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

presentados por los padres y el hermano del causante no se logró probar que su
aporte económico fuese constante y significativo para la subsistencia de los
reclamantes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

28. De manera particular, los accionantes señalaron como un error que se les
exigiera la presentación de pruebas documentales específicas para la acreditación
de su dependencia económica, ya que con ello se desconoció, entre otras, su
condición de trabajadores del campo y su nivel de escolaridad. En el mismo sentido
advirtieron que también se incurrió en un defectuoso ejercicio interpretativo de la
ley, al exigírseles probar una condición física o mental especial para acceder al
derecho reclamado; además, sostuvieron que se transgredió el precedente
jurisprudencial al pretender requerir la prueba de una dependencia económica
absoluta. También catalogaron como un yerro de hecho que las autoridades
judiciales accionadas concluyeran que el aporte del causante no era fundamental
para su subsistencia en tanto que continuaron laborando y sosteniéndose por sus
propios medios. Finalmente reprocharon que las declaraciones presentadas fuesen
desestimadas, dado que en el proceso ordinario no fueron tachadas como falsas ni
objeto de cuestionamiento por parte de la entidad demandada.

29. Así las cosas, y tras revisar las decisiones cuestionadas, se evidencia que el
punto de la controversia planteado en la demanda de tutela es un asunto que
desarrollaron ampliamente las autoridades judiciales accionadas y como fue la
sentencia de segunda instancia la que resolvió finalmente el litigio, al confirmar la
decisión del a quo, el análisis que realizará la Sala se centrará en lo abordado en la
providencia del 22 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Meta.

30. Respecto de la dependencia económica que representó el fundamento del
recurso de apelación presentado por los accionantes, la autoridad judicial accionada
precisó lo siguiente, para confirmar que, tal como lo había concluido el a quo, en el
caso analizado no se había logrado acreditar esta condición para acceder a la
pensión de sobrevivientes (se transcribe de forma literal, con posibles errores
incluidos):

“En el presente caso, si bien es cierto que la recurrente manifiesta que la
jurisprudencia constitucional ha determinado que la exigencia de la
dependencia económica no implica una dependencia cabal y completa del
causante, sino que puede configurarse cuando la falta de ayuda del fallecido
genera dificultades para atender las necesidades básicas del beneficiario,
también lo es que ello requiere ser demostrado, por ejemplo, con cuentas de
servicios públicos, un reporte básico de cuáles eran los ingresos que percibía
antes del fallecimiento y cuáles luego de ese momento, un certificado de no
pensionado, entre otras.

Examinado el material probatorio, la sala no advierte que la parte demandante
haya aportado alguna de las pruebas antes referidas, para demostrar la
dependencia económica respecto del fallecido Johnny Leandro Beltrán Isao o
de que hubiera requerido de su apoyo para lograr cubrir sus necesidades
económicas básicas; más allá de las afirmaciones que hacen sus padres y su
hermano, Jeifer Mauricio Beltrán Isao.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025.00161-00
Accionante: Ceneida Isao Quintero y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Los interrogados y el testigo dejaron claro que Johnny Leandro Beltrán Isao,
antes de cumplir la mayoría de edad e ingresar a prestar servicio militar,
realizaba algunas labores de campo, que cuando podía les entregaba $20.000
o $30.000 a sus progenitores y, que en vida manifestó que ingresaba a la Policía
Nacional con la finalidad de mejorar las condiciones de vida tanto de él como
de sus padres.

El causante convivía con su progenitora, quien se encontraba separada hacía
varios años de su padre, y con su hermano Jeifer Mauricio Beltrán Isao.

Es preciso indicar que, a pesar de que la parte demandante tuvo la oportunidad
de haber preguntado en el interrogatorio de parte, y de esta forma haber
esclarecido mejor las circunstancias de modo tiempo y lugar en las que
sustentaban sus argumentos, brilló por su ausencia una explicación clara de,
por ejemplo, cuál era la forma en la que los padres recibían el aporte económico
que dicen les proporcionaba su hijo, si lo otorgaba en efectivo o a través de giro
o consignación, o cómo estaba dispuesto aquel apoyo para cubrir sus
necesidades en su cotidianidad. Adicionalmente, cuanto percibía el causante
por jornal y de esto cuanto destinaba a su sostenimiento y el de sus
progenitores.

Para la sala, se acreditó que el causante, bajo el deber de solidaridad que le
asiste para con sus padres, les colaboraba en la medida en que obtuviera algún
ingreso, no obstante, no se encuentra demostrado que los señores Cenaida
Isao Quintero y Edgar Beltrán Vega dependían económicamente de su hijo.

Lo anterior, aunado a que lo expuesto por los demandantes no reflejan que se
encuentren en una situación económica precaria, ni el nexo con el fallecimiento
del causante. Tampoco se advierte o indica con claridad algún elemento
probatorio que permita colegir que los demandantes no cuentan con recursos
propios para garantizar autónomamente su sostenimiento”.

31. De lo expuesto y contrastando con lo manifestado por los accionantes en la
demanda de tutela, se puede concluir que no existe desacuerdo entre las partes en
relación con las pruebas que fueron valoradas y en su contenido, en lo que se
discrepan es en la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada al
considerarlas, dado que, contrario a lo señalado por el tribunal, según la parte
actora, de las declaraciones presentadas sí se podía advertir la dependencia exigida
en la Ley 100 de 1993.

32. Frente a los cargos presentados por los demandantes, la Sala considera que
no existió un desconocimiento del precedente jurisprudencial, en la medida en que,
de entrada, el Tribunal Administrativo del Meta reconoció en su estudio la existencia
de la postura de la Corte Constitucional en cuanto a que no era necesario acreditar
una dependencia económica absoluta para acceder a la pensión de sobreviviente;
no obstante, al valorar los testimonios y la declaración extrajudicial presentada por
la parte actora, concluyó que en virtud del deber de solidaridad que le asistía con
sus padres, el causante les colaboraba en la medida en la que tuviera algún ingreso
como jornalero, sin que este, a su juicio, se constituyera como un indicativo de la
requerida dependencia económica.

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Accionante: Ceneida Isao Quintero y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

33. De igual forma, si bien es cierto que, al valorar las pruebas allegadas al
expediente, que básicamente contenían las afirmaciones presentadas por los
demandantes respecto de la ayuda monetaria que les proporcionaba el fallecido, el
ad quem echó de menos la existencia de otros medios de convicción que le
permitieran concluir la dependencia económica y, para ello citó, a modo de ejemplo,
algunos documentos o condiciones especiales a nivel físico o mental que
usualmente se aportan o exponen para sustentar la referida dependencia, pero no
lo hizo de modo taxativo o desconociendo que no hay tarifa legal frente a ese asunto,
dado que, literalmente, mencionó estos elementos a título enunciativo.

34. Precisado lo anterior, la Subsección evidencia que las pruebas aportadas por
la parte actora fueron debidamente valoradas y sobre estas se razonó y se explicó
porque no eran suficientes para acreditar la dependencia económica requerida para
acceder a la pensión de sobrevivientes, con fundamento en la normativa y la
jurisprudencia constitucional sobre el particular, sin que exista una carga argumental
robusta que permita a la Sala identificar cuál fue el yerro en la valoración probatoria
o en la interpretación de las normas aplicables al caso.

35. Así las cosas, para la Subsección es claro que el propósito de los
accionantes es reabrir el debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez
natural de la causa, desconociendo que, como lo ha señalado la Corte
Constitucional, “la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida
como un ‘juicio de validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado5
, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado, que dieron origen a la controversia, más aun cuando las partes cuentan
con los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios para combatir las
decisiones que estiman arbitrarias o que son incompatibles con la Carta Política ”6 .

36. Como consecuencia de lo anterior, al no ser este el escenario idóneo para
estudiar cuestiones que son de resorte de los jueces naturales, se declarará la
improcedencia de la acción de tutela en este caso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5 Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en la
supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una labor
de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela
se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia judicial
resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos fundamentales’.
Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina Pardo
Schlesinger).”
6 Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025.00161-00
Accionante: Ceneida Isao Quintero y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de la esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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