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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00164-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00164-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Jorman Leandro Suárez Beltrán, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00164-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

27 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00164-00
Demandante: Jorman Leandro Suárez Beltrán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-00164-00
Demandante JORMAN LEANDRO SUÁREZ BELTRÁN
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Régimen de vacaciones individuales servidor Rama
Judicial. Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Lapso otorgado de 25 días y disfrutado de 22 días. Requisito de
procedencia de la subsidiariedad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Jorman Leandro Suárez Beltrán, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 13 de enero de 20251, el señor Jorman Leandro Suárez Beltrán interpuso acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al descanso
remunerado.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Se solicita que se tutele en mi favor los derechos fundamentales a la IGUALDAD,
AL DESCANSO REMUNERADO Y A LAS VACACIONES PERIÓDICAS PAGAS, así como
cualquier otro derecho que resulte afectado en el marco de la presente acción de tutela.
SEGUNDO: Que se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cúcuta
y al Área de Talento Humano de Cúcuta llevar a cabo los trámites administrativos
necesarios, dentro de sus respectivas competencias, para garantizar el pago y disfrute efectivo
de mis vacaciones, por un término de 25 días, conforme a lo establecido en la Resolución No.
002 del 8 de enero de 2025, emitida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Cúcuta.
TERCERO: Que se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cúcuta,
al Área de Talento Humano de Cúcuta y a la Coordinación Financiera de Cúcuta la
expedición del correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), con el
propósito de nombrar un Oficial Mayor del Circuito en calidad de reemplazo durante el periodo
de mis vacaciones, estipulado en 25 días.
CUARTO: Que se ordene al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cúcuta abstenerse de modificar los términos de 25 días de vacaciones
judiciales ya concedidas en mi favor, conforme a la Resolución No. 002 del 8 de enero de
2025, correspondientes al periodo laborado entre el 14 de enero de 2023 y el 13 de enero de
2024.
QUINTO: Que se concedan todas las demás medidas que el Despacho considere pertinentes
para garantizar la protección efectiva de mis derechos fundamentales, dentro del marco de la
presente acción de tutela».

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Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.

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Demandante: Jorman Leandro Suárez Beltrán

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Jorman Leandro Suárez Beltrán fue nombrado mediante la
Resolución Nro. 005 de 2024, como Oficial Mayor en provisionalidad, en el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta
a partir del 22 de marzo de 2024. Previo a esta designación, se desempeñaba
en el mencionado despacho judicial como Asistente Jurídico Grado 19.

2.2. Mediante correo electrónico del 7 de enero de 2025, el accionante solicitó ante
su superior, esto es, el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cúcuta, el disfrute de vacaciones individuales por el periodo
laborado entre enero de 2023 a enero de 2024, por el término de 25 días que
pidió disfrutar desde el 27 de enero al 20 de febrero de 2025.

2.3. Mediante Resolución Nro. 002 del 8 de enero de 2025, el juez titular del
despacho resolvió conceder las vacaciones al actor en los términos en los que
fueron solicitadas y, pidió a la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cúcuta, el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para
proceder al nombramiento de quien reemplazara al servidor Jorman Leandro
Suárez Beltrán durante el periodo de vacaciones concedidas.

2.4. Mediante correo electrónico del 8 de enero de 2025, el Área de Talento
Humano, Sección Nomina de la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cúcuta, pidió que se aclarara la Resolución Nro. 002 del 8 de enero de
2025, en la medida que los días a conceder eran 22 y no 25 como se señalaba
en el acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
270 de 1996, modificado por el artículo 74 de la Ley 2430 de 2024.

2.5. Mediante Oficio DESAJCUO25-0071 del 24 de enero de 2025, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, informó al Juez
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta que
contaba con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP Nro. 225 del
3 de enero de 2025, para el nombramiento de reemplazo por vacaciones
conforme a la programación correspondiente al servidor Jorman Leandro
Suárez Beltrán, con fecha de inicio de disfrute el 27 de enero de 2025 y fecha
final de disfrute el 17 de febrero de 2025.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que se pretendía desconocer su derecho laboral adquirido
al disfrute de las vacaciones, invocando lo dispuesto en la Ley 2430 de 2024
promulgada el 9 de octubre de esa anualidad, cuando el descanso que se solicitaba
era por el periodo laborado desde el 14 de enero de 2023 al 13 de enero de 2024,
esto es, anteriores a la promulgación de la ley, pretendiendo que se modificara lo
ordenado en la Resolución Nro. 002 del 8 de enero de 2025 por parte de su
nominador, al entender que el periodo a reconocer era de 22 días y no de 25 días
como se había dispuesto.

Anunció que la respuesta dada por el área de talento humano, sección nómina,
mediante correo electrónico del 8 de enero de 2025, no era un acto administrativo
de manera que, no creaba, modificaba o derogaba una situación jurídica particular
y que por tanto no era susceptible de control judicial, por lo que no era posible acudir
a otro mecanismo de defensa salvo la acción de tutela.

Puso en conocimiento que, en el año 2024, mediante la Resolución Nro. 008 del 24
de mayo de 2024, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cúcuta concedió a su favor el disfrute de 25 días de vacaciones

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judiciales individuales, por el periodo laboral desde el 1º de enero de 2022 al 31 de
diciembre de 2022, los que habían sido pagados en su totalidad e incluso, se había
dispuesto el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para el
nombramiento de su reemplazo por el periodo de vacaciones concedido.

Advirtió que la Ley 2430 de 2024 no realizó modificación alguna respecto de los días
de vacaciones del régimen individual dispuestos en el artículo 146 de la Ley 270 de
1996, dentro de los que se encontraba el juzgado en el que laboraba,
desconociendo por el contrario, lo dispuesto en el artículo 107 del Decreto 1660 de
1978 que disponía que los días de vacancia en la Rama Judicial incluían los días
de semana santa y el artículo 108, que establecía que las vacaciones para los
funcionarios y empleados de los juzgados de instrucción criminal, de instrucción
penal aduanera, penales y promiscuos de menores y juzgados municipales penales
y promiscuos eran de 22 días, salvo para los empleados y funcionarios a los que se
refería el literal a) que serían de 25 días.

Finalmente, dijo que debía darse cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nro.
002 del 8 de enero de 2025 por parte del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Cúcuta, en cuanto a conceder las vacaciones
individuales por el término de 25 días y la emisión del respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal para el nombramiento de un reemplazo en el cargo
mientras duraran sus vacaciones.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Inicialmente conoció del presente asunto el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta que, por auto del 14 de enero de 2025, ordenó remitir por
competencia la demanda de tutela al Consejo de Estado.

4.2. Una vez allegada la tutela a esta Corporación, por auto del 22 de enero de
2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela, negó la medida
provisional solicitada, ordenó notificar a las partes accionante y accionadas y,
dispuso vincular como terceros con interés a la Coordinación de Talento
Humano y la Coordinación Financiera de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Cúcuta y al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander.

4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se pronunció e indicó
que la correspondencia se recibe a través de la cuenta de correo
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co y que en el caso, la petición radicada por el
actor no se había hecho por el canal oficial de la mesa de entrada de
correspondencia de la DEAJ, por lo que no le asistía legitimación en la causa
por pasiva para responder por la presunta amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el actor, más aún cuando lo solicitado
era de competencia de la respectiva dirección a la que estaba adscrito el
despacho en el que el servidor judicial prestaba sus servicios.

Por lo anterior, pidió se declare probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva y se ordenara la desvinculación de la entidad, además
de negar las pretensiones de la demanda en relación con lo que tuviera que
ver con la dirección.

4.4. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta,
rindió informe en el que manifestó que se había dado respuesta a lo reclamado
por el actor y se le había indicado que se le reconocían como vacaciones los
22 días continuos por cada año de servicios conforme al marco legal y que los

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3 días adicionales debían ser reconocidos como compensatorio que, según
voluntad del servidor podían ser seguidos a los días de vacaciones.

Informó que la Coordinadora del Área Financiera mediante Oficio del 24 de
enero de 2025 le había comunicado a Juez Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Cúcuta que se había generado certificado de
disponibilidad presupuestal para el cubrimiento del personal en reemplazo de
quien entraría a disfrutar de las vacaciones con fecha de inicio de disfrute el
27 de enero de 2025 y fecha de finalización el 17 de febrero de 2025.

En ese sentido dijo haber cumplido con lo que la ley permite y que, no tenía
competencia para negar o conceder los 3 días compensatorios del actor, razón
por la que pidió se desestimaran las pretensiones de la demanda de tutela.

4.5. El Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Cúcuta, presentó informe en el que hizo un recuento de lo solicitado por el
servidor judicial, lo concedido por el despacho en calidad de nominador, la
notificación a las entidades respectivas para el cumplimiento de las vacaciones
concedidas al actor y, la respuesta dada en relación con la solicitud de
modificación del acto administrativo por el que se concedieron vacaciones al
actor.

Consideró que, el despacho no había realizado acción alguna encaminada a
la negativa del reconocimiento y disfrute del periodo de vacaciones al que el
servidor tenía derecho, haciendo la salvedad que dicho periodo otorgado por
25 días había sido el establecido y reconocido de forma continua para las
vacaciones del régimen individual de la Rama Judicial, lo que, a su juicio,
constituía derechos adquiridos en favor del servidor. Por lo anterior, pidió la
desvinculación del juzgado de la presente acción, al no haberse vulnerado
derecho alguno al accionante.

4.6. El Consejo Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander
y Arauca, se pronunció e indicó que no era de competencia de la entidad lo
relacionado con el nombramiento de un oficial mayor del circuito que cubriera
el cargo del accionante durante el disfrute de sus vacaciones por el término de
25 días, ya que era un tema presupuestal que estaba en cabeza de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Norte de Santander y
Arauca.

4.7. El Consejo Superior de la Judicatura, no se pronunció en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

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2. Aspecto previo. Legitimación en la causa por pasiva.

De manera previa, se advierte que tanto la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial como el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Cúcuta, manifestaron no asistirle legitimación en la causa por pasiva dentro del
presente asunto y pidieron ser desvinculados.

Con respecto a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, encuentra la Sala
que fue vinculada como parte, al ser ordenadora del gasto y ser la administradora
de los bienes y recursos de la Rama Judicial, todo en pro del cumplimiento de las
obligaciones respectivas y su cabal funcionamiento, razón por la que debe ser parte
activa y es necesaria su participación en el presente trámite constitucional, pues lo
que se discute tiene que ver con la concesión de las vacaciones del actor en su
calidad de servidor judicial, razón por la que, eventualmente podría tener injerencia
en las decisiones que se profieran tanto en primera como en segunda instancia.

En relación con el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cúcuta, basta indicar que, fue vinculado en calidad de tercero con
interés en las resultas del presente proceso al ser el nominador que en su momento
concedió las vacaciones al actor, razón por la que, igualmente alguna decisión en
uno u otro sentido podrían involucrar al despacho judicial, por lo que deberá
continuar en tal calidad en el presente trámite constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos y el escrito de tutela, corresponde a la
Sala establecer si hay lugar a amparar los derechos fundamentales a la igualdad y
al descanso remunerado del señor Jorman Leandro Suárez Beltrán, en cuanto a
garantizar el pago y disfrute efectivo de las vacaciones individuales concedidas por
su nominador, en su condición de servidor judicial del Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, por el término de 25 días.

De manera preliminar y, con el propósito de resolver el presente asunto, la Sala
establecerá si la presente acción de tutela es procedente, a la luz del requisito
general de subsidiariedad.

4. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Norma
que señala que esta “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.”

A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos
sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede cuando no
existen otros medios de defensa para amparar los derechos fundamentales
invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio
de protección.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente, o si existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

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La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias3, consiste en que, por regla
general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es
procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de
defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias
en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la existencia o no de un
perjuicio irremediable.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la
existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente la acción de
tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas circunstancias su carácter
subsidiario y residual puede llegar a tener algunas excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20154 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando tales medios de
defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección,
se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es
un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su
situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."5

5. Análisis del caso concreto
5.1. En el presente caso, se advierten como hechos relevantes en relación con las
vacaciones individuales que fueron solicitadas por el accionante Jorman
Leandro Suárez Beltrán, los siguientes:

(i) El 7 de enero de 2025, el actor presentó solicitud a su nominador, con el fin de
que se le concedieran las vacaciones causadas por el periodo comprendido
entre enero de 2023 a enero de 2024, para su disfrute a partir del 27 de enero
hasta el 20 de febrero de 2025.

(ii) Mediante la Resolución Nro. 002 del 8 de enero de 2025, el juez titular del
despacho le concedió las vacaciones en los términos solicitados por el actor por
un lapso de 25 días, igualmente, pidió a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal para proceder al nombramiento de quien reemplazaría al servidor
por el tiempo en que estaría fuera del juzgado disfrutando su descanso
remunerado.

(iii) Remitido el acto administrativo en mención a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cúcuta, al área de nómina, Consejo Seccional de
la Judicatura de Norte de Santander y al área financiera, mediante correo
electrónico del 8 de enero de 2025, el Área de Talento Humano, Sección
Nomina de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, pidió
se aclarara la Resolución Nro. 002 del 8 de enero de 2025, en la medida que
los días a conceder eran 22 y no 25 como se señalaba en el acto administrativo.

(iv) Mediante Oficio DESAJCUO25-0071 del 24 de enero de 2025, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, informó al Juez
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta que
contaba con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP Nro. 225 del 3
de enero de 2025, para el nombramiento de reemplazo por vacaciones
conforme a la programación correspondiente al servidor Jorman Leandro
Suárez Beltrán, con fecha de inicio de disfrute el 27 de enero de 2025 y fecha
final de disfrute el 17 de febrero de 2025.

3
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre de 2019.
Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chaves García; sentencia del 2 de octubre de 2019.
Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Sentencia del 25 de septiembre
de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019.
Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
4
Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012 de 2003.
5
Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.

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(v) Obra manifestación hecha por el actor al despacho ponente en el trámite de la
presente acción, en la que manifiesta que, disfrutó finalmente de su periodo de
vacaciones que le había sido concedido por su nominador, pero solo por el
término de 22 días, desde el 27 de enero al 17 de febrero de 2025, habiéndose
reintegrado el 18 de febrero de 2025, pese haberse concedido su descanso por
25 días por parte del nominador.

Es así como advierte la Sala que, efectivamente el accionante disfrutó del
periodo de vacaciones que tenía causado por el lapso comprendido entre
enero de 2023 a enero de 2024, desde el 27 de enero al 17 de febrero de 2025,
habiéndose reintegrado a sus labores el 18 de febrero de esta anualidad.
5.2. Ahora bien, la discusión en la que insiste el actor, tiene que ver con el tiempo
solicitado y al que dice tener derecho, que dijo, le fue concedido mediante acto
administrativo por su nominador pero que, pese a ello no disfrutó en su
totalidad, quedando pendientes 3 días de disfrute.
Al respecto y de acuerdo con el recuento hecho en precedencia, se advierte
que, en efecto, mediante la Resolución Nro. 002 del 8 de enero de 2025, el
Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, concedió 25
días de vacaciones, del 27 de enero al 20 de febrero de 2025, sin embargo, el
CDP que fue expedido por el área financiera de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta solo fue por 22 días, esto es, del 27 de enero
al 17 de febrero de 2025, lo que le fue informado de manera previa al
nominador para la designación del reemplazo respectivo y, que de acuerdo
con los hechos y la manifestación hecha por el actor dentro del presente
trámite, fue el tiempo que finalmente se le otorgó de descanso remunerado.
Al respecto, esta Sección ha indicado que las “vacaciones (…) tienen por objeto que
el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar
y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de
derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos para que se
causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones
al trabajador”6.

En la misma línea, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones
anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental
al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se
encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios
prolongados de tiempo”7.

5.3. En este orden de ideas, de una parte, la Sala encuentra garantizado el derecho
al descanso remunerado del actor y de otra, advierte que no se satisface el
requisito de procedencia de la subsidiariedad, pues lo cierto es que, aspectos
de orden administrativo en relación con tiempo pendiente de ser disfrutado y
pagado por concepto de vacaciones, es un aspecto que el actor debe
cuestionar en sede administrativa inicialmente, pidiendo a la administración el
respectivo reconocimiento que extraña y que pide a través de la presente
acción y, de ser desfavorable la respuesta, cuenta con la posibilidad de acudir
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en
el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, al ser el mecanismo judicial previsto
para cuestionar actos administrativos de contenido particular y concreto.
La acción de tutela no resulta entonces ser el medio eficaz en el caso objeto
de estudio, pues si bien la Corte Constitucional6 ha precisado que, pese a la
existencia de otro medio de defensa judicial, si en el caso concreto se
evidencia que el mismo no es idóneo o eficaz, la acción de tutela es procedente
como mecanismo principal, en este caso no se cumple tal supuesto, en la

6
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01.
C.P. Milton Chaves García.
7
Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2005.

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medida que, el derecho al descanso remunerado del actor no se vulneró al
haber disfrutado de las vacaciones concedidas por su nominador, cosa distinta
es que no esté conforme con el número de días que finalmente salió a
descansar, lo que como se dijo, es un aspecto de orden administrativo que
deberá discutir ante la administración, razones por las que la Sala no advierte
la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente, al menos de
manera transitoria, la presente acción. 5.4. Sobre el particular, la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en un caso de
similares contornos fácticos8, en el que indicó que no se cumplía el requisito
de la subsidiariedad, razón por la que se considera aplicable como precedente
de esta Sección al caso que ocupa la atención de la Sala. En dicha
oportunidad, se sostuvo lo siguiente:
«Así las cosas, la Sala constata que la tutela no satisface la exigencia de subsidiariedad frente
al amparo de los derechos fundamentales al descanso remunerado y trabajo en condiciones
dignas, porque no se han agotado todas las instancias previstas para reclamar el pago de los
3 días de vacaciones que la actora exige, pues la autoridad accionada debe pronunciarse
sobre el particular al desatar la petición que aquella presentó el 22 de octubre de 2024 (en
cumplimiento del fallo de primera instancia). Ahora bien, en caso de que la demandada niegue el pago del dinero reclamado, la
demandante cuenta con la posibilidad de promover contra esa decisión la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 9 de la Ley 1437 de 2011. Ese medio
de control procede con el fin de que se declare la nulidad de actos administrativos y de que se
restablezca el derecho subjetivo de la persona lesionada. En este punto, debe advertirse que la actora adujo en la impugnación que se desata que no
cuenta con un acto administrativo enjuiciable, dado que la Resolución 25 del 24 de septiembre
de 2024, emitida por el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Cali, no es el motivo de su inconformidad, pues le concedió los 25 días de vacaciones
reclamados, sino es la omisión de pagarle los 3 días que no se le sufragaron en la nómina de
octubre de 2024. No obstante, la Sala aclara que la decisión administrativa que debe censurar ante la
jurisdicción contencioso-administrativa en caso de que le sea desfavorable, es la respuesta a
la solicitud del 22 de octubre de 2024 que debe emitir la autoridad accionada en cumplimiento
de lo ordenado en este trámite constitucional, puesto que sería esa determinación la que
eventualmente le negaría la posibilidad de acceder al pago de los días de vacaciones
reclamado. Ahora, eventualmente puede activarse la competencia del juez de tutela si evidencia una
flagrante trasgresión de derechos fundamentales y concederse un amparo transitorio. Por eso,
le corresponde a la Sala determinar si se configura el perjuicio irremediable que justifica la
intervención excepcional por vía de tutela. Sobre el particular, conviene precisar que el perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real
de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de
llegarse a producir no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la
mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata
del juez de tutela, pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados contra
los derechos fundamentales.

En el caso concreto, la Sala no encuentra que la actora acredite que la omisión de cancelarle
los 3 días de vacaciones reclamados afecte de manera inminente sus derechos fundamentales
al descanso remunerado y al trabajo en condiciones dignas, máxime cuando disfrutó de sus
vacaciones entre el 5 y 29 de noviembre de 2024, como lo informó el Juzgado Décimo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali en el informe que allegó a esta acción,
de ahí que no haya medidas urgentes que adoptar en el ese trámite constitucional.

8
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Providencia de tutela del 30 de enero de 2025. Expediente Nro. 76001-23-33-000-
2024-00789-01. Actor: Liliana Marcela Cuasapud Santacruz. Ponencia del doctor Wilson Ramos Girón.
9
“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las
mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo,
esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.

8
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00164-00
Demandante: Jorman Leandro Suárez Beltrán

En ese orden de ideas, la Sala evidencia que la tutela de la referencia es improcedente por no
cumplir la exigencia de subsidiaridad en relación con la protección de los derechos
fundamentales al descanso remunerado y al trabajo en condiciones dignas, motivo por el cual
se confirmará la sentencia impugnada, que la declaró improcedente sobre el particular».

5.5. En consecuencia, la Sala concluye que la presente acción de tutela no cumple
con el requisito de subsidiariedad y que, no se acredita la existencia de un
perjuicio irremediable, razón por la que declarará improcedente la presente
acción.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Jorman
Leandro Suárez Beltrán, por las razones expuestas en la motivación
precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

9
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