Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00177-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00177-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00177-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00177-01
Accionante: Víctor Andrés Angulo Tobar
Accionado: Comisión Nacional de Disciplinaria Judicial y otro
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Defectos
sustantivo y procedimental absoluto. Aplicación del literal b del
artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala1 decide la impugnación presentada por Víctor Andrés Angulo Tobar
contra la Sentencia de 27 de febrero de 2025 de la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 16 de enero de 2025, Víctor Andrés Angulo Tobar, a través de apoderado,
presentó acción de tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la presunta
vulneración de sus derechos al debido proceso, trabajo, mínimo vital e igualdad, con
ocasión de las Sentencias de 31 de mayo de 2023 y 20 de noviembre de 2024,
respectivamente, dentro del proceso de disciplinario No. 76001-11-02-000-2019-
01816-00/01. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:
«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al DERECHO FUNDAMENTAL
AL DEBIDO PROCESO POR DEFECTO SUSTANTIVO, DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE, PROCEDIMENTAL ABSOLUTO, DERECHO AL TRABAJO – MINIMO
VITAL y DERECHO A LA IGUALDAD del Dr. Víctor Andrés Angulo Tovar
SEGUNDO: REVOCAR las siguientes sentencias: - Sentencia aprobada según Acta
N.70 del 20 de noviembre de 2024, notificada electrónicamente el 05 de diciembre de
ese mismo año, proferida por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, la
cual decidió confirmar la Sentencia N° 45 del 31 de mayo de 2023, proferida por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, y la. - Sentencia 0045
del 31 de mayo de 2023, en la cual se declaró Disciplinariamente responsable al Dr.
Víctor Andrés Angulo Tovar a título de DOLO y a causa de ello fue sancionado con 2
meses de suspensión del ejercicio de la profesión y multa de 02 salario mínimos legales
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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Accionante: Víctor Andrés Angulo Tobar
mensuales vigentes, proferida por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA, y, en consecuencia,
TERCERO: REVOCAR la calificación de la conducta realizada por el disciplinado Víctor
Andrés Angulo Tovar a título de DOLO por el CONSEJO SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA y en su defecto MODIFICARLA y adecuarla a
CULPA.
CUARTO: REVOCAR la sanción de 02 meses de suspensión del ejercicio de la
profesión, la multa de 02 salario mínimos legales mensuales vigentes y en
consecuencia MODIFICARLA a CENSURA por cumplirse los presupuestos requeridos
en el numeral 2° del literal B del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.»
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron
identificados los siguientes:
4. El 18 de noviembre de 2021, Iván Octavio Monsalve Gómez, representante
legal de la empresa INGECON Ltda. interpuso queja disciplinaria ante la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca en contra del abogado Víctor
Andrés Angulo Tobar, al considerar que este había incurrido en la falta contemplada
en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 20072, al presuntamente apropiarse
del valor de las costas procesales dentro del proceso radicado No. 76109-33-33-
002-2019-00202-00, adelantado en contra del Distrito de Buenaventura, que
conoció el Juzgado 2 Administrativo de Buenaventura.
5. El 22 de marzo de 2023, el señor Angulo Tovar realizó una consignación por
$49.500.000, a una cuenta de ahorros de INGECON Ltda., en aras de compensar
o resarcir el daño causado a la empresa a la que había representado judicialmente
dentro del proceso ejecutivo que dio por origen a la queja.
6. Mediante Sentencia de 26 de junio de 2023, la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Valle del Cauca declaró responsable disciplinariamente a
Víctor Andrés Angulo, en los siguientes términos:
«PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE DISCIPLINARIAMENTE y consecuente con
ello SANCIONAR al abogado VICTOR ANDRES ANGULO TOBAR, identificado con la
cédula de ciudadanía No 1.110.481.722 portador de la Tarjeta Profesional Nro. 258.477
del Consejo de Superior de la Judicatura, con SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE
LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MESES Y MULTA EQUIVALENTE
A DOS (02) S.M.L.M.V para el año 2023, de conformidad con el articulo 42 y 43 ibidem,
dado que con su conducta transgredió el deber impuestos en el numeral 8° del artículo
28 de la ley 1123 de 2007, desarrollado como falta contra la honradez, establecida en
el artículo 35 numeral 4° ibidem, comportamiento calificado a título de DOLO.
SEGUNDO: NOTIFICAR la present4 decisión al abogado investigado y al Agente del
Ministerio Público.
TERCERO: INFORMAR que contra la presente sentencia procede el recurso de
APELACIÓN ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como lo señalan los
artículos 66 y 83 de la Ley 1123 de 2007. En la eventualidad de que la presente decisión
no sea apelada, ésta deberá ser remitida bajo el grado jurisprudencial de consulta a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial»
2
«Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…) 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad
posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo»
2
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7. En la sentencia se indicó que el profesional incurrió en esta falta al no entregar
oportunamente la suma de $49.455.741 correspondiente a las costas procesales3.
Dicha suma fue apropiada por el abogado, quien argumentó que correspondía a
honorarios pactados por la gestión de una acción de tutela presentada ante el
Consejo de Estado, gracias a la cual se logró el pago. Sin embargo, no se evidenció
la existencia de autorización ni renuncia expresa por parte de su cliente, quien
manifestó en su queja que el abogado cobró dichos valores sin su consentimiento.
8. Agregó que no era posible aplicar la atenuación de la sanción prevista en el
artículo 45, literal b, de la Ley 1123 de 2007, pues aunque el abogado investigado
devolvió $49.500.000 (monto aproximado de las costas recibidas), no se evidenció
que hubiera reparado los daños o perjuicios causados al quejoso por la demora en
la entrega del dinero.
9. El 4 de julio de 2023, el accionante apeló la sentencia. Argumentó que: (i) no
se valoraron adecuadamente las pruebas, ya que se desestimaron casi por
completo sus declaraciones y evidencias; (ii) hubo prejuzgamiento, pues el
magistrado anticipó su decisión al señalar que, pese a la devolución de
$49.500.000, no procedía el beneficio por no haberse actualizado el valor por
inflación; (iii) la conducta no debía calificarse como dolosa, ya que retuvo el dinero
por un error invencible inducido por el quejoso, lo cual haría aplicable la atenuación
del artículo 45, literal b, numeral 2, de la Ley 1123 de 2007; y iv) la sentencia exigió
requisitos adicionales no contemplados por la norma para conceder la atenuación4.
10. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante Sentencia proferida el
20 de noviembre de 2024, confirmó la decisión de primera instancia. Para ello,
sostuvo que no se presentó vulneración al derecho al debido proceso (defensa)5.
Descartó la existencia de prejuzgamiento por parte del magistrado, al considerar
que, una vez verificados los presupuestos que configuran la conducta (tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad), el operador disciplinario puede adoptar determinadas
posiciones sin que ello implique parcialidad.
11. Por otra parte, examinó la solicitud de exclusión de responsabilidad por error
invencible y concluyó, con base en las pruebas obrantes en el expediente, que no
se demostró que se hubiese renunciado expresamente al cobro de las costas
procesales. Respecto a la supuesta omisión del testimonio de Iván Octavio
Monsalve Gómez, indicó que aquel no tuvo relevancia en la decisión adoptada, por
lo que su no inclusión en la sentencia no representó una irregularidad sustancial. En
cuanto a la imputación de la conducta a título de culpa, señaló que no se evidenció
que el abogado hubiera actuado con descuido o incumpliendo el deber objetivo de
cuidado, razón por la cual no era procedente atribuirle responsabilidad bajo ese
fundamento.
3
Ordenadas mediante Auto de 18 de agosto de 2021, dentro del proceso ejecutivo radicado No. 2019-00202-00, tramitado
ante el Juzgado 2 Administrativo de Buenaventura.
4
Manifestó que la norma solo exige haber procurado por iniciativa propia, resarcir o compensar el daño causado y carecer de
antecedentes disciplinarios
5
En la sentencia se describió las actuaciones realizadas por el accionado dentro del proceso que así lo confirmaba,
permitiendo, por ejemplo, que la versión libre fuera presentada de manera escrita.
3
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12. Por último, en relación con la inaplicación del criterio de atenuación, Sostuvo
que la decisión de primera instancia incurrió en un error de motivación al rechazar
su aplicación. Indicó que conforme a la ley disciplinaria, dicho criterio exige que la
intención de resarcir o compensar provenga de una iniciativa espontánea del
disciplinado, no obstante, para este caso, la entrega del dinero no fue espontanea,
ya que se produjo una vez iniciado el proceso disciplinario y tuvo como finalidad
acceder al beneficio de la atenuación, tal como lo señaló el abogado.
13. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora, luego de analizar los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela6, adujo que las
autoridades accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental
absoluto. Frente al primero se indicó que, en la sentencia de primera instancia, se
realizó una interpretación incorrecta del numeral 2 del literal b del artículo 45 de la
Ley 1123 de 2007, al no conceder el beneficio de ser sancionado con «censura», al
exigirse requisitos adicionales a los establecidos de manera taxativa en la norma7,
mientras que en la segunda sentencia, se configuró dicho defecto al considerarse
que la compensación o resarcimiento presentado no fue realizado por iniciativa
propia, ya que la norma no establece nada sobre su aplicación si existe, o no, un
proceso disciplinario en curso.
14. Frente al segundo reparo, manifestó que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial consideró argumentos que no fueron objeto de discusión durante el proceso
disciplinario. En el recurso de apelación, únicamente se cuestionó la exigencia de
requisitos adicionales a los establecidos en el numeral 2 del literal b del artículo 45
de la Ley 1123 de 2007, específicamente en relación con las actualizaciones
inflacionarias. Sin embargo, no se debatió si la compensación o resarcimiento se
había realizado por iniciativa propia. Este enfoque limitó el derecho fundamental al
debido proceso (defensa y contradicción), ya que, al ser el órgano de cierre, no
permitió realizar pronunciamientos sobre este aspecto. Esto, a su vez, excedió los
límites de competencia establecidos por el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012
(CGP).
Intervenciones8
15. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial describió los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales,
concluyendo que la solicitud de amparo carecía de relevancia constitucional, ya que
lo perseguido por el accionante era un juicio de corrección y no de validez sobre la
decisión sancionatoria.
6
El señor Angulo Tobar manifestó que la acción de tutela (i) poseía relevancia constitucional, dado que las decisiones de las
providencias enjuiciadas implican la violación de derechos fundamentales; (ii) se cumplió con el principio de subsidiariedad,
ya que se agotó el recurso de apelación; (iii) se satisfizo el requisito de inmediatez, puesto que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial notificó electrónicamente la sentencia el 5 de diciembre de 2024; (iv) la irregularidad procesal tuvo efectos
decisivos y directos sobre las providencias judiciales que se cuestionan en esta acción de tutela, pues impactan los derechos
fundamentales alegados; (v) se identificaron de manera razonable los hechos que dieron lugar a la vulneración y los derechos
que se consideran afectados; y (vi) las providencias impugnadas en este caso no abordan ningún cuestionamiento relacionado
con una sentencia de tutela.
7
Para el accionante la norma exige solo Haber procurado por iniciativa propia, resarcir o compensar el daño causado y, -
Carecer de antecedentes para que sea aplicado el criterio de atenuación de la sanción contenido en el numeral 2 del literal
b.) del artículo 45 de la Ley 1123 2007, según el accionante le exigía actualizaciones inflacionarias.
8
Mediante Auto de 27 de enero de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y vinculó a Iván Octavio Monsalve Gómez
como tercero con interés en el proceso.
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16. Señaló además que, aun si se diera trámite a la acción de tutela, no se
cumplieron los requisitos específicos de procedencia, ya que no se configuró un
defecto procedimental absoluto. En efecto, el artículo 234 de la Ley 1952 de 2019
establece que, en segunda instancia, el recurso de apelación otorga competencia
para revisar únicamente los aspectos impugnados y los que estén estrechamente
vinculados a ellos. Así, el juez de segunda instancia actuó dentro de su competencia
al analizar si se cumplían los requisitos legales para aplicar la causal de atenuación,
sin que ello implicara una trasgresión a las reglas procesales, sino una respuesta al
reparo planteado por el apelante.
17. En cuanto al presunto defecto fáctico, señaló que, para aplicar el criterio de
atenuación, los magistrados debían verificar primero si el resarcimiento o
compensación fue producto de la iniciativa propia del disciplinado, y solo después
evaluar si dicha reparación se materializó adecuadamente. Este análisis no implicó
la imposición de un requisito adicional al previsto en el artículo 45 de la Ley 1123 de
2007, sino una interpretación conforme a su contenido.
18. Las demás personas vinculadas como terceros, a pesar de haber sido
notificados de la acción de tutela, guardaron silencio.
Sentencia impugnada
19. El 27 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional. Al respecto, concluyó que, el asunto
controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por las autoridades accionadas,
y la acción de tutela contra providencia judicial no constituía una instancia adicional
que permitiera reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tenía por objeto
verificar si la entidad accionada incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales. El actor planteó una afectación que tuvo origen en un debate
estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
disciplinario y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
correspondía al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez
que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional.
Impugnación
20. El accionante impugnó la decisión al considerar que sí se presentó una
vulneración de derechos fundamentales, los cuales fueron expuestos de forma clara,
detallada y debidamente sustentada en el escrito de tutela. En cuanto a la relevancia
constitucional, reiteró la existencia de presuntos defectos sustantivo y procedimental
absoluto en la sentencia proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
particularmente en la aplicación del numeral 2 del literal b) del artículo 45 de la Ley
1123 de 2007. Aclaró que no se trató de un asunto meramente legal, sino de una
posible vía de hecho.
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II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
21. Si bien la acción de tutela se dirigió contra las decisiones proferidas en
primera y segunda instancia en el proceso disciplinario No. 2019-01816-00/01, el
análisis de la posible vulneración de los derechos fundamentales alegados recaerá
sobre el pronunciamiento de segundo grado comoquiera que fue Comisión Nacional
de Disciplina Judicial la autoridad que puso fin al proceso.
22. Aunado a ello, aunque en la acción de tutela se menciona un presunto
desconocimiento del precedente, este argumento no fue desarrollado en el escrito,
por lo que no será objeto de análisis.
23. En ese orden de ideas, por temas metodológicos, de llegar a ser procedente
la acción de tutela, primero se abordará el estudio de fondo del defecto
procedimental y, luego, el sustantivo.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en los defecto sustantivo y
procedimental absoluto en la Sentencia de 20 de noviembre de 2024, Rad. 2019-
01816-01, respecto de la aplicación del numeral 2 del literal b) del artículo 45 de la
Ley 1123 de 2007.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La presente acción cumplió con los requisitos generales de procedencia, dado
que: (i) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva,
puesto que el accionante participó como sujeto disciplinado en el proceso
disciplinario y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial; (ii) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya
que la parte actora agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar la
defensa de sus derechos; (iii) la acción de tutela fue presentada el 16 de enero de
2025 esto fue, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la
providencia enjuiciada9; (iv) no se alegó una irregularidad procesal, sino la indebida
aplicación de una norma; (v) los hechos y fundamentos en los que se basó la
presunta vulneración de derechos fueron identificados de manera razonable; y (vi)
la tutela no fue interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza.
26. (vii) Ahora bien, contrario a la tesis que asumió el juez de tutela de primer
grado, la controversia posee relevancia constitucional, pues el asunto en discusión
se centra en la posible vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el debido
proceso (defensa y contradicción), debido a la presunta aplicación indebida del
9
La sentencia fue notificada el 5 de diciembre de 2024, a través de correo electrónico.
6
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numeral 2 del literal b) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, de cara a la
competencia del juez de segunda instancia y el marco del recurso de apelación.
27. En ese orden, se revocará la decisión de primera instancia y, en consecuencia,
se procederá a estudiar de fondo el asunto de la referencia.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
28. La Sala negará la solicitud de amparo por no encontrar configurados los
defectos alegados, por las razones que pasan a explicarse:
29. Para resolver, sea lo primero indicar que, una vez revisados los documentos
que reposan en el expediente, logró advertirse que en el recurso de apelación contra
el fallo disciplinario de primera instancia, el hoy accionante, por conducto de
apoderado, alegó una indebida aplicación del numeral 2 del literal b del artículo 45
de la Ley 1123 de 200710. Por su parte, sobre dicho reparo, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, en la providencia enjuiciada, expresamente indicó:
«Del recuento procesal se advierte que si bien la primera instancia erró en las motivas
para desatender el criterio de atenuación deprecada por el recurrente, ello no comporta
la aplicación de censura como lo peticiona el apelante en el medio de impugnación.
Lo anterior en atención a que el legislador dispuso que para que proceda la causal de
atenuación contemplada en el numeral 2° del literal b.) del artículo 45 de la Ley 1123
de 2007, se requiere que la intención de resarcir o compensar sea por iniciativa propia,
lo que en el sub lite se muestra como inconcurrente, en tanto la entrega del dinero fue
luego de que se iniciara el proceso disciplinario y bien lo refirió el defensor contractual,
quien destacó que la entrega de los $49.500.000 pretendió obtener el beneficio de la
causal de atenuación y recibir como reproche disciplinario para su prohijado la sanción
de censura.
Luego mírese que en sí mismo ello desdice de que la compensación o el resarcimiento
que se alegó no fue por iniciativa propia si no porque se enfrentaba el trasgresor
disciplinario a una sanción que afectaba su ejercicio profesional y a partir de allí en
búsqueda de una menor punición sancionatoria, optó por devolver el dinero recibido
por concepto de costas procesales, luego tal actitud no es la consecuencia de una mera
liberalidad del togado, si no de una situación que deja de ser por iniciativa propia para
ser la consecución de un propósito calculado por el infractor, comportamiento que no
se ajusta a la premisa que dispuso el legislador, por lo que no se accederá a la petición
de modificación de la sanción.»
30. En ese orden de ideas, en lo que respecta al argumento relacionado con la
competencia del juez disciplinario de segunda instancia (defecto procedimental
absoluto), es preciso resaltar 2 puntos.
31. De un lado, debe señalarse que el principio de congruencia constituye un
elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política. Dicho principio impide que el juez tome
10
«Como quedo probado en el proceso, mi cliente el día miércoles 22 de marzo del año en curso realizó consignación hecha
por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($49.500.000.oo) M/Cte:, a la cuenta de ahorros
[xxx] de Bancolombia, de la cual es titular INGECON LTDA., en aras de compensar o resarcir el daño al tenor de lo dispuesto
en el numeral 2 del literal B del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, en ese sentido mi cliente acepta de manera tácita haber
retenido el dinero pero ello debido al convencimiento errado e invencible al que le hizo incurrir el quejoso, por lo que en su
actuar nunca estuvo defraudarlo o aprovecharse de él o de los intereses de su empresa.
Es así entonces como a las luces del artículo precitado, mi cliente debe verse amparado de las prerrogativas que ese artículo
dispone, contrario sensu de lo dicho por el a quo en la Sentencia recurrida»
7
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decisiones cuya justificación no surja del proceso, es decir, que no correspondan a
lo que fue solicitado, debatido o probado en el mismo y, en consecuencia, son las
partes quienes delimitan el marco de acción del juez, por lo que cualquier
pronunciamiento que exceda lo pedido u omita resolver sobre ello, implica una
vulneración de dicho principio11.
32. Aunado a ello, debe resaltarse que, en materia disciplinaria, el artículo 234 de
la Ley 1952 de 2019 señala expresamente que «[e]l recurso de apelación otorga
competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los
aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al
objeto de impugnación».
33. Así las cosas, la Sala estima que no se configuró el defecto procedimental,
comoquiera que al haber sido alegado lo relativo al numeral 2 del literal b del artículo
45 de la Ley 1123 de 2007, se habilitó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
como juez de segunda instancia, para que se pronunciara sobre los requisitos para
la aplicación del atenuante que prevé dicha norma.
34. Ahora bien, en lo que respecta al defecto fáctico, tampoco se evidenció que se
hubiera configurado, ya que la interpretación y aplicación que hizo la autoridad
accionada sobre aquel precepto normativo no fue caprichoso y/o irracional, por el
contrario, respondió al margen de apreciación que como juez disciplinario tenía en
marco de sus competencias, autonomía e independencia.
35. Al respecto, cobra especial relevancia señalar que la Corte Constitucional,
mediante la Sentencia C-290 de 2008, examinó la constitucionalidad de varias
disposiciones de la Ley 1123 de 2007, entre ellos, el artículo 45. En aquella
oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión «siempre y cuando
carezca de antecedentes» contenida en los numerales 1 y 2 de dicha norma, pero
nada dijo sobre la frase «por iniciativa propia», esto es, el aspecto puntual sobre el
cual recae el reparo de la parte actora. En ese orden, comoquiera que no existe una
sentencia de constitucionalidad que fije un criterio de interpretación constitucional
específico que integre la misma, corresponde al juez disciplinario fijar su alcance.
36. Para el caso concreto, se advierte que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial efectuó una valoración racional del criterio de atenuación previsto en la
norma, por cuanto analizó la intención de resarcir el daño y estableció, a partir de lo
probado, que solo con posterioridad al inicio del proceso disciplinario se consignó el
valor de las costas a la cuenta bancaria de INGECON Ltda., para así obtener el
beneficio de la causal de atenuación.
37. A partir de lo anterior, la Comisión concluyó, de forma justificada, que no se
cumplía con el requisito de iniciativa propia. Por ello, esa decisión, por sí misma, no
configura un defecto sustantivo. En otras palabras, no se evidencia una vulneración
al debido proceso, toda vez que la interpretación y aplicación de la norma se
enmarcó en los límites razonables del ejercicio judicial.
11
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2013.
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Conclusión
38. La Sala revocará la decisión de primera instancia emanada de la Sección
Primera del Consejo de Estado, y en su lugar se negará las pretensiones de la
acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 27 de febrero de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por Víctor Andrés Angulo Tobar. En su lugar, dispone NEGAR el
amparo por no encontrar configurados los defectos sustantivo y procedimental
absoluto alegados.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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