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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00189-00

Fecha
11 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00189-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela que presentó la señora Alejandra Milena Fuertes Chamorro contra la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00189-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

11 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00189-00
Accionante: Alejandra Milena Fuertes Chamorro
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00189-00
Accionante: Alejandra Milena Fuertes Chamorro
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad.
Subtema 2: requisitos de grado de abogado. Subtema 3: defectos fáctico y
sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por la señora Alejandra Milena Fuertes Chamorro en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Alejandra Milena Fuertes Chamorro presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al
debido proceso, a la defensa, a la doble instancia y a la igualdad, que consideró
vulnerados por la Sección Primera del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia
del 31 de octubre de 2024 dictada dentro del proceso con radicado núm. 11001-03-24-
000-2022-00121-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. La Universidad del Cauca presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad1, con la pretensión de nulidad de: i) el artículo primero de la Resolución R-1424
del 19 de diciembre de 2017, de manera parcial, en lo concerniente a la concesión del
título de abogada a la señora Alejandra Milena Fuertes Chamorro; y ii) el acta de grado
68 del 20 de diciembre de 2017 y el diploma 2446-17 de la misma fecha, que
materializaron lo dispuesto en el mencionado artículo. Además, pidió que se ordenara

1 Samai, exp. núm. 11001-03-24-000-2022-00121-00, índice 2, certificado 2769D5B3E0A410DF
6D73AB63D2B1B95D 26AD9239D6D6CB58 7A161435F8D12BFE.

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Accionante: Alejandra Milena Fuertes Chamorro
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la cancelación de la tarjeta profesional de abogada 307778, otorgada por el Consejo
Superior de la Judicatura a la señora Fuertes Chamorro.

3. La institución educativa fundamentó sus pretensiones en que, con ocasión de unas
denuncias realizadas, unas de manera anónima y otras por el profesor Milton Javier
López García, conformó un equipo con el objetivo de verificar el cumplimiento de los
requisitos de grado de estudiantes de derecho desde el año 2015 en adelante.

4. Según el informe rendido por ese equipo, se encontró, al comparar el Sistema
Integrado de Matrícula y Control Académico2 y los soportes físicos de la historia
académica de los estudiantes y egresados, que la señora Alejandra Milena Fuertes
Chamorro no contó con «soporte físico de aprobación de los exámenes preparatorios
de derecho administrativo, constitucional y de bienes, obligaciones y contratos».

5. El conocimiento de la demanda correspondió a la Sección Primera del Consejo de
Estado, autoridad que, en sentencia del 31 de octubre de 20243, declaró la nulidad
parcial del artículo 1 de la Resolución R-1424 del 19 de diciembre de 2017 que otorgó
el título a respecto de Alejandra Milena Fuertes Chamorro, del acta de grado 68 y del
Diploma 2446-17 del 20 de diciembre de 2017. Instó a la Universidad del Cauca para
que adoptara las medidas pertinentes para evaluar si la afectada estaba en
condiciones de culminar su proceso de graduación; y ordenó comunicar la decisión a
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA) del
Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

6. La señora Alejandra Milena Fuertes Chamorro solicitó en el escrito de tutela lo
siguiente:

PRIMERA.- Que se protejan los DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA
Y LA DOBLE INSTANCIA, DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DERECHO A
LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION, de la señora ALEJANDRA MILENA
FUERTES CHAMORRO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
1.061.726.374 expedida en Popayán- Cauca, vulnerados con la providencia
judicial emitida el día treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024) el Consejo de Estado – Sección Primera, con ponencia del magistrado
Dr. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, notificada por correo
electrónico el día 13 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado- Sección
Primera dentro del proceso de nulidad radicado bajo el número 11001 03 24 000
2022 00121 00.
SEGUNDA.- Que como consecuencia de lo anterior, se ORDENE AL CONSEJO
DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA, con ponencia del magistrado Dr.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, que profiera un nuevo fallo en el que
se tengan en cuenta las consideraciones de expuestas mediante un análisis
mediante el enfoque de género, y los diversos instrumentos nacionales e
internacionales ratificados por el Estado de Colombia, al igual que los diversos
Tribunales Nacionales e Internacionales, como la Corte Constitucional y la Corte
Interamericana4.

2
SIMCA.
3 Samai, exp. núm. 11001-03-24-000-2022-00121-00, índice 2, certificado 2769D5B3E0A410DF
6D73AB63D2B1B95D 26AD9239D6D6CB58 7A161435F8D12BFE.
4 Se transcribe incluso con errores de texto.

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7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante argumentó lo
siguiente: i) la declaración de nulidad tuvo sustento en un informe suscrito por personas
que no contaban con las condiciones necesarias para rendirlo; ii) la custodia de
documentos y evaluaciones era responsabilidad de la Universidad; iii) la circular
normativa 8.1.1-22.2/01 de 2021 regló el protocolo para la conservación de
documentos estudiantiles, y no los acuerdos 14 de 2004, 01 de 2010 y 01 de 2014; iv)
se desconoció el principio de la doble instancia judicial previsto la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; v) el profesor Milton Javier López García
reconoció que tuvo en su poder actas de preparatorios; y vi) fue víctima de acoso
sexual por parte de algunos docentes.

8. De manera particular, expuso algunas irregularidades en las que, afirmó, incurrió
el señor Milton Javier López García en investigaciones de índole disciplinario y penal
relacionadas con el registro de calificaciones de exámenes preparatorios y conductas
de acoso sexual de docentes hacia alumnos. Sostuvo que unos estudiantes lograron
demostrar que no incurrieron en fraude, que el referido profesor realizó acusaciones
falsas, y que fue el señor David Pérez Novoa quien presuntamente envió la denuncia
anónima y accedió al sistema SIMCA, adulterando la información de cientos de
personas.

9. Cuestionó la idoneidad de las personas que conformaron el equipo designado para
verificar el cumplimiento de requisitos y la inconsistencia de la Universidad al discutir
la información contenida en el SIMCA y, al mismo tiempo, darle validez. Advirtió que
los acuerdos 01 de 2010 y 01 de 2014 no prevén el deber de conservación de actas
de preparatorios, exámenes y pagos en la hoja de vida de cada estudiante,
documentos que la institución cuestiona por su ausencia pese a que solo con la
Circular Normativa núm. 8.1.1-22.2/01, del 15 de octubre de 2021, fue reglamentado
dicho deber.

10. La señora Alejandra Milena Fuertes Chamorro aseguró que, de acuerdo con
respuestas proferidas por la Universidad a peticiones que presentó, el «paz y salvo»
solo se emite cuando el Consejo Académico estudia la hoja de vida del estudiante y la
compara con los soportes que reposan en el SIMCA, sin que se haya probado que
sobornó o incurrió en maniobras delictivas para la expedición del respectivo «paz y
salvo». Por otra parte, agregó lo siguiente:

En el caso bajo análisis, no se le dio credibilidad a mi poderdante frente a la
incidencia de los acosos de los que fue víctima en su condición de mujer y alumna
en su momento por parte del docente MILTON JAVIER LOPEZ, dejando de lado
el deber del enfoque de género en casos como el presente conforme a los
lineamientos jurisprudenciales y legales del orden nacional e internacional,
omitiendo en consecuencia realizar un control de convencionalidad por parte de
los magistrados ponentes, en casos relacionados con violencia de género y contra
la mujer como ocurre en el caso bajo análisis5.

11. Ahora bien, en el acápite de relevancia constitucional, la tutelante adujo que
resultaba importante que el juez constitucional se pronunciara respecto del enfoque de
género que deben adoptar los despachos judiciales en sus decisiones. También
insistió en que la Universidad pretendió la nulidad de actos académicos con

5 Se transcribe incluso con errores de texto.

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fundamento en «la ausencia de acta de preparatorios aprobados», no obstante que
«dicho deber sólo fue objeto de regulación por parte del ente universitario en el año
2021».

12. Agregó que el fallo de la Sección Primera violó el principio de doble instancia
porque no existe la posibilidad de recurrirlo ante un superior jerárquico, lo que
desconoce los artículos 8.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

13. Explicó que se configuró una irregularidad procesal por «exceso de formalismos
procesales, la aplicación de la tarifa legal en contravención de las reglas de la sana
crítica, la no adopción de la sentencia proferida por los despachos accionados con
enfoque de género».

2.3. Trámite procesal

14. El despacho de la magistrada ponente, mediante auto del 20 de enero de 20256,
admitió la solicitud de amparo; vinculó a la Universidad del Cauca como tercero con
interés; requirió a la Sección Primera del Consejo de Estado para que aportara el
expediente ordinario; tuvo como pruebas los documentos adjuntados con la demanda
de tutela; y reconoció personería al abogado de la parte accionante.

15. La Sección Primera del Consejo de Estado7, por conducto del magistrado ponente
de la sentencia objeto de tutela, contestó que la accionante formuló reparos
adicionales a los planteados en el medio de control de nulidad, y que la solicitud de
amparo no tiene relevancia constitucional porque gira en torno a una inconformidad
con la decisión del juez natural.

16. Reiteró algunos argumentos de la referida providencia y afirmó que no vulneró
derechos fundamentales de la señora Fuertes Chamorro; que no debía emitir un
pronunciamiento en relación con conductas de acoso sexual al no ser materia del
proceso de nulidad; que el informe que sirvió de prueba no fue objetado o controvertido
por la interesada; y que su decisión también estuvo fundada en el archivo académico,
contable y la publicación virtual que soporta las notas registradas.

17. Agregó que la Corte Constitucional ha considerado que el legislador, en su amplia
potestad de configuración normativa, definió reglas de competencia y de procedimiento
que atienden a la naturaleza y aspectos propios de cada proceso, y que el principio de
doble instancia no se ve afectado siempre y cuando las partes cuenten con una
regulación adecuada para el ejercicio de su derecho de defensa, como en el caso
concreto.

18. Por las razones expuestas, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
y, en caso de que se efectúe un análisis de fondo, se nieguen las pretensiones de
amparo debido a la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales.

6
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00189-00, índice 4, certificado F7F44076F426FCBB
22CB14E27165081B BCCCCF96F86B6569 F02243ADAB171C13.
7 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00189-00, índice 9, certificado C5246CD50B0858ED
C9E69C729E2EDD7F F26D568A2F439416 66D5369AC8986D74.

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Sección Primera del Consejo
de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

20. La legitimación en la causa por activa de la señora Alejandra Milena Fuertes
Chamorro se encuentra acreditada, por cuanto fue tercera vinculada dentro del
proceso de nulidad con radicado núm. 11001-03-24-000-2022-00121-00, que finalizó
con la sentencia del 31 de octubre de 2024 que anuló la resolución que le otorgó el
título de abogada, y, por lo tanto, es la titular de los derechos que consideró fueron
vulnerados.

21. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección Primera
del Consejo de Estado porque fue la autoridad que profirió el fallo del 31 de octubre de
2024 que, según afirmó la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

22. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 8 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional9.

23.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho
fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos
afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

24.Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por tanto, constituyen

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.

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fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

25. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

26. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra
a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia12.

27. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, porque, además de que la parte accionante argumentó la afectación de
sus derechos fundamentales, expuso que la sentencia objeto de controversia incurrió
en vicios relacionados con la interpretación de la normativa aplicable al caso concreto
y la valoración de las pruebas aportadas al expediente ordinario, asuntos que podrían
configurar los defectos sustantivo y fáctico.

28. Respecto de los cargos atinentes a los defectos fáctico y sustantivo, la accionante
no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de
sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del proceso
de nulidad en el que se profirió la decisión cuestionada en sede constitucional.

29. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia reprochada
fue proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 31 de octubre de 2024,
y el escrito de tutela se presentó el 16 de enero de 2025, esto es, dentro del plazo de
seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional13 y del Consejo de
Estado14 como razonable.

30.La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos

11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022:
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
13 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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fundamentales, y estos no exponen una posible irregularidad procedimental.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela.

31. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en los términos
planteados por la parte actora.

3.4. Problema jurídico

32. La Sala debe decidir si la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico en la sentencia del 31 de octubre de 2024 y, por ende,
vulneró los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, a la defensa, a la doble instancia y a la igualdad de Alejandra Milena Fuertes
Chamorro.

33. Para ello, es necesario analizar si la autoridad accionada resolvió declarar la
nulidad parcial del artículo primero de la Resolución R-1424 del 19 de diciembre de
2017, del acta de grado 68 del 20 de diciembre de 2017 y del diploma 2446-17 de la
misma fecha, con desconocimiento de las normas que regían los requisitos para
obtener el título de abogada en la Universidad del Cauca, en particular, que regulaban
la presentación y aprobación de preparatorios, y con una valoración defectuosa de las
pruebas aportadas al proceso ordinario.

3.4.1. Generalidades del defecto sustantivo

34. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una
norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque
su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible,
fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado15.

35. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos para escoger entre
diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con
el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución
Política.

36. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de
las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo
de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos (artículo
5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al acceso a la administración
de justicia (artículo 228 Superior)16.

15
Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.

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3.4.2. Generalidades del defecto fáctico

37. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»17. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»18 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

38. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»19. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»20.

39. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no
se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva;
(iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando
se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo
fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 21.

40. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial22, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»23.

41. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
17 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
21 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
22
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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42. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las
pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […]
diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende
del contenido de los materiales probatorios.
43. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido
valoradas de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor
valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
44. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]24.

3.5. Caso concreto

45. En el asunto bajo estudio, la señora Alejandra Milena Fuertes Chamorro
argumentó en el escrito de tutela, en términos generales, que las normas vigentes al
momento en que ingresó a la facultad de derecho eran diferentes a las que le aplicaron;
que el informe que sustentó la decisión de la sentencia del 31 de octubre de 2024 fue
rendido por personas que no eran idóneas, que la responsabilidad de la guarda de los
documentos era exclusivamente de la universidad.

46. También alegó que la Sección Primera del Consejo de Estado omitió pronunciarse
sobre aspectos relevantes como el enfoque de género de las providencias de los
jueces, el acoso sexual del que fue víctima en la institución educativa y las
investigaciones disciplinarias y penales por estos hechos. Además, consideró
vulnerado su derecho a la doble instancia judicial.

47. Pues bien, revisada la sentencia del 31 de octubre de 2024, la Sala observa que la
Sección Primera del Consejo de Estado explicó lo siguiente:

48. De acuerdo con los artículos 69 constitucional y 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, y
las sentencias C-105 de 2001 y SU-783 de 2003, las universidades públicas pueden
establecer requisitos académicos más exigentes que los previstos por el legislador
para el ejercicio de la abogacía, en particular, la aprobación de exámenes
preparatorios.

49. En el caso de la Universidad del Cauca, la Sección Primera de esta corporación
se pronunció en anterior oportunidad, en fallo del 10 de noviembre de 2023, y concluyó
que, para obtener el título de abogado, era necesario acreditar los requisitos
dispuestos en el artículo 2 del Acuerdo 014 de 2004, los cuales son: i) presentación de
preparatorios; ii) trabajo de investigación o judicatura; y iii) examen de suficiencia en
idioma extranjero.

50. Además, el Consejo de la Facultad de Derecho, a través del Acuerdo 001 de 2010,
derogó los acuerdos 001 de 1991, 001 de 1995 y 003 de 2008 que establecían el
procedimiento para la aprobación de exámenes preparatorios, no estableció un
régimen de transición para los estudiantes que se matricularon con anterioridad y, en
su artículo 17, dispuso que ese reglamento regía a partir de su expedición. Además,
el artículo 2 ibidem indicó lo siguiente:

24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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Los exámenes preparatorios de grado se deberán presentar en las siguientes
ramas del Derecho.
1. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado I y II; Teoría de la Constitución y
Derecho Constitucional; Derecho Constitucional Colombiano I, II , III
2. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General, Derecho
Administrativo Colombiano I, II, III y Procedimiento Administrativo.
3. DERECHO PENAL: Derecho Penal General I, II; Derecho Penal Especial I, II
y Derecho Procesal Penal I,II, III,-Pruebas Penales, Criminalística, Criminología.
4. DERECHO LABORAL: Derecho Laboral Individual, Derecho Laboral
Prestaciones, Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral, Derecho de
la Seguridad Social.
5. DERECHO PRIVADO I: Derecho Privado I y Teoría del Negocio Jurídico;
Derecho de Familia I; Derecho de Familia II; Derecho Privado V Sucesiones.
6.DERECHO PRIVADO II: Derecho Privado II Bienes; Derecho Privado III
Obligaciones; Derecho Privado IV Contratos.
7. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso; Procesal Civil General;
Derecho Probatorio; Derecho Procesal Civil Especial I y II.

51. Posteriormente, el Acuerdo 001 de 2014 precisó los preparatorios de carácter
obligatorio, y en su artículo 18 delimitó que el Acuerdo 001 de 2010 regía para aquellos
estudiantes que ingresaron en el año 2004 con el Plan de estudios 78, hasta que
cumplan con dicho plan.

52. En ese orden, el Acuerdo 014 de 2004 es la norma vinculante y de obligatorio
cumplimiento para el caso concreto, en tanto su «expedición no se discute en este
proceso»; y no el Acuerdo 001 de 2014, por cuanto la señora Alejandra Milena Fuertes
Chamorro ingresó en el primer periodo académico del año 2008.

53. Pues bien, de lo expuesto, la Sala observa que la Sección Primera accionada
realizó un análisis completo y razonable de las normas que regulan los requisitos de
grado de abogado en la Universidad del Cauca. En particular, cabe resaltar que estudió
los acuerdos 014 de 2004, 001 de 2010 y 001 de 2014 y determinó la norma aplicable
para el caso de la señora Fuertes Chamorro, de cara a su ingreso a la institución
educativa.

54. Luego de precisar la normativa, la accionada tuvo en cuenta que el Reglamento
Estudiantil estableció unos parámetros para la presentación de exámenes
preparatorios, según el cual, entre otros aspectos, la coordinación del programa y la
Secretaría de la Facultad de Derecho efectúan una convocatoria virtual y física y
definen los salones en los que se practicará la prueba, y los estudiantes o egresados
deben pagar los respectivos derechos. Además, recordó que los estatutos son
acogidos voluntariamente por las personas que desean estudiar en la institución, y una
vez aceptados, son de obligatorio cumplimiento.

55. Por otro lado, es menester tener en cuenta que en la sentencia objeto de
controversia se efectuó la valoración probatoria que se resume a continuación:

56. La Universidad del Cauca, con la Resolución R-695 de 2019, conformó un equipo
de seguimiento del cumplimiento por parte de los estudiantes de los requisitos de grado
previstos en el programa de derecho, desde 2015 en adelante.

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57. Dicho equipo, en el caso de la señora Fuertes Chamorro, rindió un informe el 11
de diciembre de 2020 con fundamento en las siguientes fuentes de información: i) el
Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico; ii) el reporte de pagos por
concepto de preparatorios entregado por la División de Gestión Financiera; iii)
documentos contenidos en la historia académica de la estudiante, administrados por
la División de Admisiones Registro y Control Académico25 y su archivo de gestión; y
iv) documentos provenientes de la Facultad de Derecho directamente y por conducto
de la Nación, Fiscalía General de la Nación; de las cuales concluyó que:

1. El (La) señor (a) FUERTES CHAMORRO ALEJANDRA MILENA,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. […] y código estudiantil No. […]
adscrito(a) al programa de Derecho, presenta siete (7) registros de preparatorios
con nota aprobado (A) en SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las
diferentes fuentes de información (registro informático y soportes físicos) se
estableció que, cuatro (4) de ellos cuentan con soporte documental en la historia
académica:
Preparatorio Derecho Laboral
Preparatorio Derecho Penal
Preparatorio de Familia
Preparatorio Procesal Civil
2. El preparatorio de Derecho Administrativo, el preparatorio de Derecho
Constitucional y el Preparatorio de Bienes, Obligaciones y Contratos registrados
el 17 de octubre de 2017, por el usuario DARCA “GLORIA BELALCAZAR”, en
estado de aprobado, entre los periodos académicos 2013.2 y 2014.1, carecen
de evidencia física o documental en la hoja de vida o historia académica del
estudiante […].
[…]
4. Conforme a lo anterior, respecto de los preparatorios con registro
inconsistente se pudo evidenciar que:
4.1 El preparatorio de Derecho Administrativo, aparece registrado como
aprobado en 2014.1; sin embargo, fue presentado y reprobado por el
estudiante en tres (3) oportunidades así:
• 18 de marzo de 2015, calificación uno punto cuatro (1.4) no aprobado.
• 25 de abril de 2016, calificación dos punto cinco (2.5) no aprobado.
• 14 de octubre de 2016, calificación uno punto nueve (1.9) no aprobado.
Entre esta última fecha de presentación del preparatorio de Derecho
Administrativo y la fecha del registro de aprobación inconsistente en SIMCA (17
de octubre de 2017), no se encontraron pagos ni soportes que acrediten su
presentación y nota aprobatoria.
4.2 El preparatorio de Derecho Constitucional, aparece registrado como
aprobado en 2014.1; sin embargo, fue presentado y reprobado por el estudiante
en tres (3) oportunidades así:
• 12 de mayo de 2015, calificación uno punto tres (1.3) no aprobado.
• 10 de marzo de 2016, calificación dos punto uno (2.1) no aprobado.
• 04 de noviembre de 2016, calificación uno punto nueve (1.9) no aprobado.
Entre esta última fecha de presentación del preparatorio de Derecho
Constitucional y la fecha del registro de aprobación inconsistente en SIMCA (17
de octubre de 2017), no se encontraron pagos ni soportes que acrediten su
presentación y nota aprobatoria.
4.3 El preparatorio de Bienes, Obligaciones y Contratos, aparece registrado
como aprobado en 2013.2; sin embargo, fue presentado y reprobado por el
estudiante en cuatro (4) oportunidades así:
• 06 junio de 2014, calificación dos punto cero (2.0) no aprobado.

25 DARCA.

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• 26 de mayo de 2016, calificación uno punto ocho (1.8) no aprobado.
• 21 de septiembre de 2016, calificación uno punto seis (1.6) no aprobado.
• 28 de octubre de 2016, calificación dos punto cero (2.0) no aprobado.
Entre esta última fecha de presentación del preparatorio de Bienes, Obligaciones
y Contratos y la fecha del registro de aprobación inconsistente en SIMCA (17 de
octubre de 2017), no se encontraron pagos ni soportes que acrediten su
presentación y nota aprobatoria.

58. Una vez la Sección Primera del Consejo de Estado analizó las normas vigentes y
aplicables al caso concreto y abordó las pruebas aportadas al proceso ordinario por
las partes, concluyó que «de los registros de calificación del sistema SIMCA 2.0; del
reporte de pagos entregado por la División de Gestión Financiera y de la historia
académica, se logró comprobar que la señora Alejandra Milena Fuertes Chamorro, en
calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso, no cumplió los
requisitos para optar al título de abogada».

59. De lo expuesto, la Sala observa que la autoridad accionada realizó un análisis
probatorio dentro del marco de la autonomía e independencia judicial, atendiendo las
reglas de la sana crítica, pues en efecto, quedó probado, no solo con la información
del SIMCA, sino contrastada con los archivos contenidos en la historia académica y
los registros financieros, que la señora Alejandra Milena Fuertes Chamorro no cumplió
con los requisitos para obtener el título de abogada, toda vez que no aprobó los
preparatorios de derecho administrativo, constitucional y de bienes, obligaciones y
contratos.

60. Resulta oportuno destacar que, en la sentencia del 31 de octubre de 2024, fue
determinante la irregularidad que encontró el equipo de seguimiento en el caso, en
particular, que los referidos preparatorios fueron aprobados supuestamente en 2013 y
2014, no obstante que, con posterioridad, la señora Fuertes Chamorro continuó
presentándolos en 2015 y 2016 obteniendo resultados negativos; y que el registro
aprobatorio se realizó en el sistema en el 2017, lo que reflejó una inconsistencia
temporal.

61. Finalmente, en la providencia reprochada se aclaró que no era procedente el
argumento sobre el decaimiento del Reglamento Estudiantil con la expedición de la
Ley 552 de 1999, porque ese estatuto no era el acto objeto de control judicial en el
proceso ordinario, y dado que tampoco era una causal de nulidad de acuerdo con su
jurisprudencia26.

62. En igual sentido, descartó los reparos sobre la falta de competencia de la autoridad
que expidió los acuerdos 014 de 2004, 003 de 2008, 001 de 2010 y 001 de 2014, en
la medida en que escapaba del juicio de legalidad dentro de su competencia, además
de que se presumía su obligatoriedad.

26 La Sección Primera del Consejo de Estado fundamentó su decisión en la sentencia de 27 de mayo de 2010,

emitida dentro del expediente con radicado núm. 2005-01869, en la que se afirmó lo siguiente:
«[…] el decaimiento del acto administrativo tiene efectos ex nunc y que por lo mismo no afecta la presunción de
legalidad de éste, por lo cual aun después de su decaimiento es susceptible de control de legalidad por esta
jurisdicción, toda vez que dicha legalidad se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le
sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición, y en el caso del decaimiento, es sabido que
corresponde a situaciones o circunstancias ex post o sobrevivientes, incluso con posterioridad a la firmeza del acto
administrativo. La nulidad y el decaimiento del acto administrativo son dos situaciones distintas, para las cuales la
primera tiene acciones contenciosas administrativas, mientras que la segunda no tiene una acción en este ámbito,
sino la excepción anotada […]».

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63. Frente a la supuesta inexigibilidad de los exámenes preparatorios y a que estos
son una modalidad de trabajo de grado según el Acuerdo 027 de 2012, la Sección
Primera explicó que ese acto administrativo, en su artículo 13, mantuvo la vigencia de
la reglamentación especial adoptada por el Consejo de la Facultad de Derecho que
estableció los preparatorios como obligatorios y requisito para grado. En ese orden,
afirmó lo siguiente:

El tercero interesado no puede pretender que la Universidad solo le exija la
terminación del plan de estudios, la práctica profesional, el examen ECAES y la
formación física para acceder al título de abogado, pues al momento de su
vinculación a la universidad, aceptó acogerse a los reglamentos aplicables.
Es importante traer a colación que en nuestro sistema jurídico nadie puede obtener
provecho de su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). El
tercero interesado conocía los requisitos que debía acatar y, por ende, el error de
la institución educativa al momento de verificar los registros calificativos no
subsana la ausencia de los requisitos académicos que debía cumplir la señora
Alejandra Milena Fuertes Torres para obtener el título de abogada27.

64. Por último, en el proceso ordinario la tutelante arguyó que no estaba probado que
incurrió en un delito o falsedad de las actas de preparatorios, que el profesor Milton
Javier López García pudo desaparecer algunas actas y que fue víctima de acoso
sexual. Sobre estos puntos, la Sección Primera del Consejo de Estado enfatizó en que
el objeto del proceso era verificar si los actos demandados transgredían el
ordenamiento superior y no evaluar la comisión de conductas penales o disciplinarias,
además de que la interesada debía presentar las respectivas denuncias ante las
autoridades competentes, pues un pronunciamiento en ese orden excedía el objeto del
medio de control activado.

65. En los anteriores términos, la Sala concluye que la Sección Primera del Consejo
de Estado no incurrió en los defectos sustantivo y fáctico alegados en el escrito de
tutela, toda vez que la sentencia del 31 de octubre de 2024 abordó y analizó bajo los
principios de autonomía judicial y de la sana crítica las pruebas obrantes sobre el
cumplimiento de requisitos por parte de la señora Alejandra Milena Fuertes Chamorro
para obtener el título de abogada, que le permitieron concluir que no los superó, toda
vez que no existió registro de la presentación de los preparatorios de derecho
administrativo, constitucional y de bienes, obligaciones y contratos.

66. Por otra parte, la tutelante indicó en el escrito de amparo que puso de presente en
el proceso ordinario que fue víctima de acoso sexual en su época de estudiante por
parte del docente que presentó las denuncias por las supuestas irregularidades en el
cumplimiento de requisitos para grado, motivo por el cual la autoridad accionada debió
emitir una sentencia con enfoque de género.

67. Al respecto, es preciso exponer que la Corte Constitucional ha reconocido el deber
de incorporar la perspectiva o enfoque de género como criterio hermenéutico en la
administración de justicia a través de sus sentencias, en casos en los que «exista
sospecha de relaciones asimétricas, prejuicios o patrones estereotipados de
género»28, para hacer efectivo el derecho a la igualdad de las mujeres y combatir la

27
Se transcribe incluso con errores de texto.
28 Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2020.

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discriminación29.

68. Pues bien, la Sala considera que no resulta suficiente exponer una situación de
presunto acoso sexual para emitir una sentencia con enfoque de género si dicha
situación no tiene una relación directa con el objeto de estudio del proceso judicial. En
el asunto bajo análisis, la Sección Primera debía definir sobre la legalidad del artículo
1 de la Resolución R-1424 del 19 de diciembre de 2017, del acta de grado 69 del 20
de diciembre de 2017 y del diploma 2446-17 de la misma fecha, por ausencia en el
cumplimiento de requisitos para obtener el título de abogada.

69. En ese orden, es pertinente señalar que la accionante no explicó, y la Subsección
tampoco advierte, qué relación existe entre la situación de acoso sexual denunciada,
y la presentación y aprobación de los preparatorios de derecho administrativo,
constitucional y bienes, obligaciones y contratos, en los términos exigidos por el
reglamento de la Universidad del Cauca, de manera que fuera un factor determinante
para establecer la legalidad de los actos demandados en nulidad.

70. Lo anterior, con mayor razón, al tener en cuenta que la decisión de la Sección
Primera no estuvo fundamentada en alguna prueba elaborada por el docente acusado,
sino en el informe que presentó el equipo de seguimiento conformado por la
Universidad para investigar las irregularidades por el grado de personas que no
cumplieron con los requisitos, y la información contenida en el SIMCA, el DARCA y los
documentos de las historias académicas de los estudiantes. Por las razones
expuestas, el cargo analizado no tiene prosperidad.

71. Finalmente, la tutelante arguyó la violación del debido proceso por vulneración del
derecho a la doble instancia judicial, dado que no contó con la posibilidad de presentar
recurso de apelación en contra de la sentencia dictada el 31 de octubre de 2024 por la
Sección Primera del Consejo de Estado.

72. Frente a este cargo, la Sala encuentra necesario recordar que el artículo 31 de la
Constitución Política prevé que «toda sentencia judicial podrá ser apelada o
consultada, salvo las excepciones que consagre la ley»30, lo cual implica que el
mismo constituyente facultó al legislador para introducir excepciones al derecho a la
doble instancia judicial31.

73. Además, el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, en concordancia con los artículos
149 de la Ley 1437 de 2011 y 237 superior, atribuyó a la Sección Primera del Consejo
de Estado competencia para conocer, en única instancia, las demandas de nulidad
interpuestas en contra de actos administrativos expedidos por autoridades del orden
nacional, como lo es la Universidad del Cauca32, que versen sobre asuntos que no
hayan sido asignados a otras secciones. Por consiguiente, este reparo será negado.

IV. CONCLUSIONES

En consecuencia, en la medida en que la Sección Primera del Consejo de Estado no
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo y, por lo tanto, no vulneró los derechos

29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
30 La Sala subraya.
31
Corte Constitucional, sentencia C-319 de 2013.
32 Ver el siguiente enlace: https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/node/18445.

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fundamentales invocados por la parte tutelante, la Sala negará la solicitud de amparo.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela que presentó la señora
Alejandra Milena Fuertes Chamorro contra la Sección Primera del Consejo de Estado,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

DACJ/SEJV

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