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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00192-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00192-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Negar el amparo solicitado por la señora Magali Díaz Álvarez, frente a la Auditoría General de la República, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la Presidencia de la República, la Unidad de Gestión Pensional y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 11001-03-15-000-2025-00192-00 Demandante: Magali Díaz Álvarez Parafiscales -UGPP-, la Defensoría del Pueblo y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. Declarar la carencia de objeto por hecho superado respecto de la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00192-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00192-00
Demandante: Magali Díaz Álvarez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00192-00
Demandante: MAGALI DÍAZ ÁLVAREZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE
PETICIÓN- Se niega frente a entidades que otorgaron respuesta a la solicitud de la
accionante o que no recibieron la petición. Se declara la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de las autoridades que absolvieron la petición durante el trámite del
proceso.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Magali Díaz Álvarez.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 15 de enero de 2025, la señora Magali Díaz Álvarez interpuso acción de tutela
contra la Contraloría General de la Nación, la Auditoría General de la República, la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales -UGPP-, la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-, la Policía Nacional, la Presidencia de la República y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, por considerar vulnerados su
derecho fundamental de petición.

2. Manifestó que es madre soltera cabeza de familia, adulto mayor y se encuentra
en estado de pobreza.

3. Adujo que el 18 de julio de 2024 radicó petición ante las autoridades accionadas,
en la que señaló que su esposo fallecido ocupó el cargo de agente de policía, entre
el 11 de agosto de 1972 y el 3 de abril de 1985; sin embargo, la Policía Nacional no
efectuó las respectivas cotizaciones a pensión, salud y riesgos profesionales;

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Demandante: Magali Díaz Álvarez

además, en certificado expedido por la nominadora no se incluyó el tiempo que
laboró como agente alumno y/o agente de vigilancia de la Policía Nacional, tiempo
en el que recibió como contraprestación unas bonificaciones que constituyen salario
conforme al Código Sustantivo del Trabajo.

4. Agregó que la sumatoria de trabajo equivale a más de 15 años de servicio, con
lo que se adquiere el derecho a que se sumen los tiempos dobles y, por ende, a
obtener pensión de sustitución y el pago de vivienda familiar y/o demás
prestaciones, toda vez que su esposo falleció el 3 de abril de 1985, en servicio
activo.

5. Informó que la Policía Nacional no le pagó el seguro de vida que adquirió y pagó
puntualmente su difunto esposo.

6. Precisó que la finalidad de la petición era que se ordenara a la oficina competente
reconocer y pagar pensión sustitutiva a su favor, en su condición de cónyuge
sobreviviente del señor Jorge Luis Bonilla González, con inclusión de los derechos
prestacionales de cesantías, sanción moratoria de cesantías y ahorro de vivienda
militar.

7. Consideró que, a la fecha de presentación de la solicitud de amparo, los
accionados no han dado respuesta a la petición, en los términos de la sentencia T-
230 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, y «no hay lugar a aceptar excusa
de que los accionados dieron respuesta, sin que el fin esencial del Estado y del
derecho a la seguridad social en pensión que pretende la accionante se cumpla».
Señaló que la Contraloría General de la República no puede excusarse en su falta
de competencia, por cuanto CASUR y la Dirección de Policía Nacional guardan
fondos dinerarios de particulares, sin rendir cuentas, y por ello la entidad debe
ejercer su control de gestión fiscal; además, a la UGPP y a Colpensiones les
corresponde ejercer el derecho de acción de cobro coactivo contra la Policía
Nacional por la deuda en mora de semanas cotizadas en pensión.

8. Afirmó que la violación al derecho de petición afecta, a su vez, su derecho al
mínimo vital y la somete a un estado de indefensión inminente, pues tiene 69 años
de edad y no cuenta con ingresos económicos.

9. Con fundamento en lo anterior, elevó las siguientes pretensiones:

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1°- SE CONCEDA a mi favor la acción de tutela invocada, ordenando amparar
y proteger mis derechos fundamentales Constitucionales de PETICION ( art.
23 C. Política y sentencia T-230 de 2020) y por consiguiente, por desatención
del derecho de petición(como se narra en el hecho 4 y 5), la violación de
DERECHOS HUMANOS (preámbulo y art. 13 C. Política) BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD ( Art. 93 C. Política) SEGURIDAD JURIDICA (art. 58
y 95 C. Política) ENFOQUE DE GÉNERO, POR VIOLENCIA DE GÉNERO
(sentencias T-735 de 2017 y T-064 de 2023 Corte Constitucional). DEBILIDAD
MANIFIESTA, ESTADO DE INDEFENSIÓN, mujer Adulto Mayor de especial
protección del Estado ( la ley 1850 de 2017 Y su desarrollo jurisprudencial);
DEBIDO PROCESO (art. 29 C. Política). ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA (Art. 229 C. Política); Seguridad social en Pensión (artículo 48 C.
P.) PRINCIPIOS DE FAVORABILIDAD (ART. 53 c.p.) OMISIÓN (art, 6 C.P.)
DAÑOS ANTIJURÍDICOS (art, 90. C.P.) MÍNIMO VITAL (art. 1,2 C.P) ; los que
se vulneran, al violar el derecho de petición invocado; violación de normas
ordinarias, ley 100 de 1993 y de normas de régimen especial de la Fuerza
Pública (Policía Nacional), por desatender el mismo, conforme a los hechos
planteados; de principios morales del iusnaturalismo teológico, de concepción
anti-formalista de la Constitución Política de Colombia, de desconocimiento del
déficit de protección a la mujer adulto mayor- madre soltera cabeza de familia,
en estado de pobreza y del estado de cosas inconstitucionales, de precedentes
jurisprudenciales, y la lógica de razonabilidad (coherencia externa de la norma)
en el Estado Social de Derecho Colombiano.

2.- POR CONSIGUIENTE, se ordene a los accionados arriba identificados, en
uso y aplicación del principio de colaboración armónica institucional,
establecido en el artículo 113 inciso 3 y art. 2 de la Constitución Política de
Colombia, para que dentro de un término razonable de 48 horas, y según sus
competencias, den respuesta al derecho de petición invocado de fecha 18 de
julio de 2024, enviado y recibido en sus bandejas de entradas de correo
electrónico, 18 de julio de 2024, conforme a la sentencia T- 230 de 2020 Corte
Constitucional y como se refiere en el hecho 4 y 5 de esta acción.

3°.- EN CONSECUENCIA. Se ordene a LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
POLICÍA, CAJA DE SUELDO DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL -
CASUR- COLPENSIONES, UGPP (según competencia y conforme al material
probatorio adjunto) proferir el acto administrativo que ordene reconocer y pagar
al causante JORGE LUIS BONILLA GONZÁLEZ, identificado con C.C. No.
4.378.526 de Balboa (Risaralda), el derecho a seguridad social en pensión por
muerte, y de cesantías y sanción moratoria por pago tardío de cesantías, y de
ahorro de vivienda militar, con todos los intereses corrientes, moratorios e
indexados a la fecha llevándolos a valor presente cada concepto, y, a la suscrita
tutelante MAGALI DÍAZ ÁLVAREZ, el reconocimiento y pago de sustitución
pensional y demás conceptos salariales y prestacionales aquí señalados, en
calidad de cónyuge sobreviviente del finado, por reunir los requisitos para ello,
en aplicación de la ley general de pensión ley 100 de 1993, del régimen especial
de pensión y demás derechos prestacionales de la Fuerza Pública- Policía
Nacional y, los desarrollos jurisprudenciales (aplicables al caso concreto) de la
sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias SL
13721 de 2017. Radicado 55847, SL 13927 de 2016. Radicado 53159 y SL
1048 de 2022. Radicado 85122. SL 138 DE 2024 Con el correspondiente

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retroactivo, con intereses moratorios, corrientes, e indexados a la fecha de
reconocer y pagar, llevándolos a valor presente.

Trámite impartido e intervenciones

10. Mediante auto de 21 de enero de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a las autoridades demandadas y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y se tuvieron como pruebas los documentos
allegados con la demanda. Además, el Despacho se abstuvo de tramitar la acción
de tutela dirigida contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH,
por la inmunidad jurisdiccional que la cobija, y resolvió no vincular a la Fiscalía
General de la Nación por cuanto la demanda no le atribuyó la lesión de derechos
fundamentales y tampoco se observó la necesidad de vincular a ese ente como
tercero interesado.

11. La Auditoría General de la República manifestó que en su sistema de atención
al ciudadano no encontró antecedentes relacionados con la situación fáctica
descrita en la demanda; además, precisó que no existe conexidad entre la tutela y
sus funciones y competencias. Por ende, se opuso a la vinculación de esa entidad,
dado que la vulneración de derechos que se controvierte no le es atribuible.

12. La Procuraduría General de la Nación señaló que, en ejercicio de la función
preventiva, efectuó un requerimiento a la Policía Nacional y a la Caja de Sueldos de
Retiro de esa entidad, el 27 de enero de 2025, para que dieran contestación a la
petición de la accionante. Manifestó que no tiene legitimación por pasiva y solicitó
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

13. Colpensiones indicó que en su base de datos no se registra ninguna petición
radicada por la accionante con la finalidad descrita en la demanda, por lo que no ha
transgredido derechos fundamentales. Además, informó que solo puede asumir
asuntos relativos a la administración del régimen de prima media con prestación
definida, en materia pensional. En ese sentido, solicitó decretar su desvinculación
del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

14. La Presidencia de la República solicitó negar la acción de tutela «y declararla
improcedente», toda vez que la facultad para reconocer el derecho pensional que
se persigue «es exclusiva de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional».

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Agregó que dio contestación a la petición de la accionante, mediante oficio OFI24-
00143961 de 20 de julio de 2024, en el que informó cuáles son las entidades
encargadas de brindar soporte y canalizar los temas expuestos en la petición, por
lo que dio traslado de la misma al Ministerio de Defensa, para lo de su cargo. Señaló
que no le asiste legitimación para concurrir al proceso y mencionó que no se
advierte la vulneración de derechos fundamentales. Adjuntó comprobante de la
respuesta otorgada y de la remisión que efectuó en la fecha aludida.

15. La UGPP adujo que la solicitud de amparo es improcedente. Expuso que la
accionante radicó ante esa entidad petición el 21 de agosto de 2024, a la cual se
dio respuesta el 29 de agosto siguiente, en la que se explicó que esa entidad carece
de competencia para adelantar acciones de cobro respecto de vigencias anteriores
a agosto de 2019, según lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 178 de la Ley
1607 de 2012, por lo que le sugirió acudir a la jurisdicción laboral competente para
poner manifiesto los derechos que considera vulnerados. Anexó constancia de la
respuesta en mención, con constancia de su comunicación a la interesada.

16. La Defensoría del Pueblo adujo que, el 14 de agosto de 2024, trasladó la
petición de la accionante a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y al
Comandante de la Policía Nacional del Departamento de Sucre. Aclaró que las
asignaciones o sustituciones pensionales no se encuentran en su misión
institucional y, por esa razón, pidió ser desvinculada del proceso. Finalmente,
solicitó «proferir un fallo protector del derecho invocado por la accionante y ordenar
a la accionada atender de forma inmediata los requerimientos de salud del
ciudadano». Aportó constancia de la respuesta dada y de las remisiones
efectuadas.

17. El Grupo de Pensiones de la Dirección de Talento del Ministerio de Defensa
informó que a través de comunicado oficial GS-2025-006164-DITAH de 28 de enero
de 2025 dio contestación a la petición de la accionante, de forma clara, concreta,
congruente y de fondo. En esa ocasión le comunicó a la interesada que en respuesta
de 15 de diciembre de 2023 se pronunció sobre la solicitud de reconocimiento
pensional y aclaró que el personal uniformado no realiza aportes a pensión ni a
riesgos profesionales conforme a la Ley 100 de 1993, comoquiera que una vez se
cumplen los requisitos de las normas que regulan la materia (Decreto Ley 1212 y
1213 de 1990, Decreto 1091 de 1995 o Decreto 4433 de 2004), el personal es

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destinatario de una asignación de retiro, la cual es reconocida por la Caja de Sueldo
de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-.

18. Frente a riesgos profesionales, dada la actividad que se cumple, mencionó que
ese item es cobijado por el subsistema de salud de la Policía Nacional, de modo
que si el uniformado cesa su vínculo laboral sin cumplir los requisitos para la
asignación de retiro, el tiempo que estuvo vinculado con la institución policial se le
reconoce mediante la figura del Bono Pensional. Por último, le indicó a la
peticionaria que si requería información «sobre la destinación del descuento que
realizó la Caja de Sueldos de Retiro (CASUR) del salario básico mensual, es a esa
entidad a donde se debe dirigir el reequerimiento, toda vez que la Dirección General
de la Policía Nacional no tiene injerencia sobre los citados descuentos, como quiera
que esta institución goza de patrimonio y personería jurídica independiente».

19. A la contestación se adjuntaron las respuestas otorgadas a la interesada, en los
años 2023 y 2024, relacionadas con el objeto de reconocimiento pensional de la
accionante.

20. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela, por falta de legitimación por pasiva de esa
entidad, toda vez que no vulneró el derecho de petición de la accionante. Adujo que
es a la Policía Nacional - Tesorería General a quien le corresponde pronunciarse,
pues dentro de sus funciones no se halla el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente que persigue la interesada. Adujo que no cuenta con información
sobre el expediente administrativo del agente Jorge Luis Bonilla Álvarez.

21. Agregó que los aportes destinados a financiar el pago de asignaciones de retiro
se encuentran regulados, para el caso de la Policía Nacional, en los artículos 26 y
38 del Decreto 4433 de 2004, los que son descontados mensualmente de la nómina
de los miembros de la Policía Nacional o en goce de asignación de retiro, y girados
a CASUR. Por tanto, «la fuente para atender el pago de asignaciones mensuales
de retiro de los miembros de la Fuerza Pública corresponde en su mayoría a
recursos del presupuesto nacional que son transferidos a las Cajas (CASUR-
CREMIL), y otra parte como rentas propias de estas cajas de los aportes que se
generan por los miembros activos y retirados de la institución policial».

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

Problema jurídico

22. La Sala deberá determinar si las autoridades demandadas vulneraron el derecho
fundamental de petición de la señora Magali Díaz Álvarez, por no haber contestado
la petición presentada el 18 de julio de 2024.

Análisis de la Sala

El derecho fundamental de petición

23. El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política,
ha sido concebido por la doctrina como «un derecho que -antes que otra función-
facilita la expresión de las personas en su relación con un determinado poder
constituido»1 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho. Es, por
tanto, «una de esas formas de vinculación entre el poder público y los particulares,
para que estos ejerzan control y fiscalización sobre el Estado»2.

24. Este derecho tiene un núcleo esencial complejo que se integra por (i) la facultad
que tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés general o
particular, ante las autoridades y también ante organizaciones privadas, previa
reglamentación del legislador, y (ii) los deberes correlativos del sujeto pasivo de
recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio, otorgar una respuesta
material en el plazo dispuesto legalmente y notificarla en debida forma. La Corte
Constitucional también ha señalado que la respuesta emitida debe ser clara,
oportuna y congruente con lo solicitado.

25. En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto
de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Es claro, entonces, que el hecho de obtener una respuesta negativa, o
cuando se le indica al peticionario el procedimiento administrativo que se debe
seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de estudiar

1 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público.

Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115.
2 Ibid., p. 174.

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la procedencia de la solicitud son circunstancias que, por regla general, no implican
la vulneración del derecho fundamental de petición.

26. Así las cosas, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea, y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido3.

27. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la respuesta de la
autoridad debe ser:

(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil
comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido
sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas
o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de
la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente
con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se
produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un
procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado
requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se
tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante,
debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las
cuales la petición resulta o no procedente4.

28. Recientemente, la Corte Constitucional5 reiteró la anterior postura
jurisprudencial e insistió en que otorgar respuesta de fondo a una solicitud implica:

[O]frecer respuesta clara, precisa y de fondo o material, lo que supone
que la autoridad competente ha de pronunciarse sobre la materia propia
de la solicitud de manera completa, congruente y sin evasivas, respecto
a todos y cada uno de los asuntos planteados, con independencia de que
la respuesta sea favorable, pues no necesariamente se debe acceder a
lo pedido.

29. En similar sentido, la sentencia T-132 de 2024 estableció que la respuesta a una
petición:

3
Sentencia T-587 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
4 Sentencia T- 610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
5
Sentencia T-192 de 2022. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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[…] debe ser de fondo, esto es6: (i) clara, “inteligible y de fácil
comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que “atienda, de manera concreta,
lo solicitado, sin información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas
evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir, que “abarque la materia
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente,
lo cual implica “que no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara
de una petición aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe darse
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la
petición resulta o no procedente”7.

30. Así mismo, en el evento en que la autoridad a quien se dirigió la petición no sea
competente para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo requerido, también
se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al interesado sobre
la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad
encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario 8.

Caso concreto y solución del problema jurídico

31. En el caso bajo estudio, la accionante afirmó que las autoridades accionadas
vulneraron su derecho fundamental de petición, por no haber dado respuesta de
fondo a la solicitud que presentó el 18 de julio de 2024.

32. Frente a tal afirmación, la Auditoría General de la República y Colpensiones
afirmaron que en sus dependencias no se radicó la petición a la que hace referencia
la acción de tutela. La UGPP, por su parte, manifestó que la accionante sí radicó
una petición, pero el 21 de agosto de 2024, a la cual dio contestación el 29 de agosto
siguiente, en los términos que se anotaron en el acápite de antecedentes de esta
providencia.

33. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional mencionó en el escrito de
contestación a la demanda que no le correspondía pronunciarse frente a la petición
de la interesada, por cuanto dentro de sus funciones no se encontraba la de
reconocer y pagar pensiones de sobrevivientes, pues esa labor le correspondía
directamente a la Policía Nacional.

6
Cita original: Sentencia T-490 de 2018.
7
Cita original: Ibidem.
8 Sentencia T-230 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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34. Como la Sala no cuenta con constancia de radicación de la petición a la que se
refiere la presente acción en las entidades demandadas, se negará la solicitud de
amparo frente a la Auditoría General de la República, Colpensiones y la UGPP, bajo
el entendido de que esas autoridades afirmaron no haber recibido la solicitud en
cuestión.

35. Respecto de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional también se
negará el amparo deprecado, toda vez que negó haber recibido la petición del 18
de julio de 2024 y, en todo caso, manifestó que no estaba dentro de sus funciones
acceder a la solicitud elevada, explicación que resulta de recibo para la Sala, ante
la carencia de prueba en contrario y la información proporcionada por la Policía
Nacional en las respuestas otorgadas a la interesada, a través de las cuales se
adjudicó la competencia para resolver el asunto objeto de debate.

36. En lo que respecta a las demás entidades accionadas, se tiene lo siguiente:

37. La Presidencia de la República adujo que dio respuesta a la petición, el 20 de
julio de 2024, a través de la cual explicó a la interesada cuáles eran las entidades
que podían resolver su petición para el reconocimiento de un derecho pensional;
además, remitió la petición al Ministerio de Defensa.

38. La Defensoría del Pueblo, en similar sentido, manifestó que el 14 de agosto de
2024, reenvió la petición de la interesada a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional y al Comandante de la Policía Nacional del Departamento de Sucre, e
informó que dentro de su misión institucional no se halla el reconocimiento de
asignaciones o sustituciones pensionales.

39. Las razones expuestas por la Presidencia de la República y la Defensoría del
Pueblo se consideran suficientes para tener por contestada la petición de la
accionante, en tanto la solicitud estaba dirigida a que se ordenara un reconocimiento
pensional, para lo cual las entidades en comento adujeron no tienen competencia.
Además, obra constancia de las respuestas que otorgaron con anterioridad a la
radicación de la acción de tutela y de las remisiones que efectuaron a las
autoridades que estimaron competentes, con el objetivo de provocar un
pronunciamiento de fondo y garantizar el derecho fundamental de petición de la
interesada. Por consiguiente, también se negará el amparo deprecado frente a esas
entidades.

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40. La Procuraduría General de la Nación otorgó respuesta a la accionante, una vez
fue notificada de la presente acción. Al igual que la Defensoría del Pueblo y la
Presidencia de la República, sostuvo que no tenía competencia para resolver la
petición y requirió a la Policía Nacional y a CASUR para que resolvieran la solicitud,
de fondo.

41. La Sala encuentra que las explicaciones que hacen mención a la falta de
competencia de la encartada para absolver el cuestionamiento de la demandante
se encuentran justificadas en las disposiciones que establecen sus funciones, por
lo que considera suficiente la respuesta otorgada por esa entidad para considerar
la carencia actual de objeto, por hecho superado.

42. En este punto, resulta relevante indicar que en reiterada jurisprudencia la Corte
Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto puede presentarse a
partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: el hecho
superado y el daño consumado9. Empero, la Corte también ha dicho que «es posible
que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado
o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del/de la juez/a (sic) de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto»10.

43. El hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie
orden judicial.

44. De acuerdo con lo expuesto, también habrá de declarase la existencia del hecho
superado frente a la Policía Nacional, en la medida en la que se venció el supuesto
que dio origen a la interposición de la acción de tutela, pues la citada autoridad
resolvió la petición presentada por la accionante.

45. Se observa, en efecto, que mediante oficio GS-20257ARPRE-GRUPE-13.0 de
28 de enero de 2025, el Grupo de Pensiones de la Dirección de Talento Humano de
la Policía Nacional informó que se pronunció frente a la solicitud de la señora Magali
Díaz Álvarez, en comunicación GS-2023-080889-DITAH de 15 de diciembre de

9
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
10
Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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2023, respuesta a la que se acogió en su integridad. Reiteró, además, que el
personal uniformado de la Policía Nacional tiene un régimen especial de carrera
prestacional y disciplinaria, por lo que no realiza aportes a pensión ni riesgos
profesionales, pues el personal está sujeto a las normas especiales que regulan
esas materias; además, «en el evento que el uniformado cese su vínculo laboral sin
cumplir los requisitos para la asignación de retiro, el tiempo que estuvo vinculado
con la institución policial se le reconoce mediante la figura de Bono Pensional».

46. De los documentos aportados al proceso, se observan las siguientes respuestas
otorgadas por la Policía Nacional a la interesada, con motivo de sendas peticiones
dirigidas a lograr reconocimientos por parte de esa entidad:

46.1. i) Respuesta de 15 de diciembre de 2023, firmada por el jefe del Grupo de
Pensionados de la Policía Nacional. Se informó que en el expediente prestacional
del agente Jorge Luis Bonilla González, obra la Resolución 520 de 26 de julio de
1988, por medio de la cual se negó el reconocimiento de pensión a la señora Magali
Díaz Álvarez, por cuanto el occiso no completó el tiempo de 15 años de servicio
para que sus beneficiarios tuvieran derecho a pensión, sino que el tiempo laborado
fue de 14 años, 8 meses y 14 días. Se precisó que ese acto fue debidamente
notificado y contra el mismo no se presentaron recursos.

46.2. Se indicó que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto 2063 de
24 de agosto de 1984, los beneficiarios del agente tenían derecho a recibir una
indemnización equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes;
además, mencionó la Resolución 1877 de 18 de abril de 1986, a través de la cual
se reconoció indemnización por muerte y auxilio de cesantía a favor de la
accionante, en calidad de esposa del agente fallecido y en representación de sus
hijos menores.

46.3. Se concluyó que no había lugar a un nuevo reconocimiento prestacional y se
aludió a la respuesta de 7 de noviembre de 2023, mediante la cual se negó una
petición elevada por la accionante para que fuera afiliada al sistema de salud de la
Policía Nacional.

46.4. ii) Respuesta de 7 de noviembre de 2023, firmada por la subteniente Nini
Perdomo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, mediante la cual se le
informó a la accionante la negativa de afiliarla al sistema de salud de la Policía

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Nacional, toda vez que no se daba ninguno de los escenarios contemplados en los
artículos 23 y 24 del Decreto 1795 de 2000, «Por el cual se estructura el Sistema
de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional» y en la Directiva 33 de
2010 sobre afiliación, registro, reporte de novedades e identificación de usuarios del
Subsistema de Salud de la Policía Nacional, del servicio social y vacacional. Las
normas aludidas indicaban que podían ser afiliados los beneficiarios de pensión o
de asignación de retiro por muerte del personal en servicio activo, condición que no
reunía la peticionaria; además, la desafiliación al sistema de salud se producía por
muerte o retiro sin derecho a pensión o asignación de retiro.

46.5. iii) Respuesta de 9 de agosto de 2023, firmada por el jefe del grupo de
información y consulta de la Policía Nacional. Adjuntó certificación por tiempo de
servicios e indicó que, conforme a concepto emitido por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, «no es viable computar el tiempo de escuela
para expedición de certificación para Bono Pensional, puesto que es un derecho
inherente al régimen especial de la Fuerza Pública a favor de oficiales, suboficiales,
nivel ejecutivo y agentes que continúan en servicio activo y consolidan el derecho
de asignación de retiro, es una prerrogativa propia de quienes una vez egresados
de las escuelas de formación ingresan al escalafón policial y continúan en servicio
activo hasta obtener la referida asignación al servicio en la Institución de acuerdo a
la normatividad que rige en cada caso».

46.6. iv) Respuesta de 24 de junio de 2024, firmada por el jefe del grupo de
información y consulta de la Policía Nacional. Se informó a la peticionaria el trámite
para solicitar el pago del Bono Pensional; además, precisó que en el lapso
comprendido entre el 21 de febrero de 1972 y el 10 de agosto de 1972, el señor
Jorge Luis Bonilla González se encontraba en calidad de alumno, «denominación
que se otorga a aquella persona que habiendo superado el proceso de admisión y
protocolización de matrícula en los programas ofertados por la Dirección Nacional
de Escuelas adelanta programas de formación policial para el nivel de agentes».

47. En ese sentido, indicó que durante ese tiempo su vinculación correspondió a
una formación académica para aspirar a ingresar al escalafón de agente de la
Policía Nacional, y no laboral, por ende, no devengó ningún rubro o pago con la
connotación de salario. Especificó que según el artículo 138 del Decreto 2063 de
1984, los alumnos durante su período de formación reciben una bonificación, la cual
no constituye factor salarial para ningún efecto legal ni es computable para

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prestaciones sociales, como estipula el artículo 26 del Decreto 466 de 2022, dado
que su finalidad es reconocer los gastos personales durante la formación.

48. Hizo alusión a un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, en el que señaló que no es viable acreditar el tiempo doble para
reconocimiento de derechos pensionales en el régimen general de pensiones, por
las diferencias entre el régimen especial de la Fuerza Pública y el régimen general
de pensiones.

49. Con base en lo anterior señaló que:

No es posible acceder favorablemente a la expedición de una nueva
Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL ni del reconocimiento
y pago de prestaciones sociales, por el tiempo doble y del lapso anterior al 11
de agosto de 1972, que usted aduce en su derecho de petición, pues como se
ha indicado en los argumentos de esta contestación la calidad que ostentaba
el señor JORGE LUIS BONILLA GONZALEZ durante el 21 de febrero de 1972
al 10 de agosto de 1972, era de ALUMNO en la Escuela de Policía "Antonio
Nariño", lo que permite inferir que este periodo corresponde a una etapa de
FORMACIÓN ACADEMICA y NO de VINCULACION LABORAL, máxime a un
cuando al verificar en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Credito
Público, el antes citado cuenta con Certificación Electrónica de Tiempos
Laborados - CETIL con consecutivo nro. 202308800141397000950126, de
fecha 9 de agosto del 2023, el cual especifica el tiempo de vinculación laboral
con la Policía Nacional.

De otro lado, en cuanto al tiempo doble que figura certificado mediante decreto
1386 de 1974, en su hoja de servicios nro. 1894, es necesario resaltar que este
beneficio es propio del régimen especial y exceptuado de los miembros de la
Policía Nacional y de las fuerzas militares, no es aplicable al régimen general
de pensiones, pues la misma Ley 100 de 1993, dispone que en ningún caso
"podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o
tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a
cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente
prestados antes del reconocimiento de la pensión" toda vez, que al aceptar la
contabilización de este tiempo se estaría desconociendo el principio de
inescindibilidad de las normas, circunstancia por la cual no es posible acceder
favorablemente a su pretensión.

Por último, frente a las pretensiones de certificación de salario devengado y
planilla de reporte de tiempos laborados, no es posible expedirlas, toda vez que
como se resalta en la normatividad citada y la jurispudrencia del Consejo de
Estado y Corte Constitucional, el tiempo que usted solicita certificar no es válido
para trámites de pensión con una entidad de pensiones (Administradora de
Pensiones o Instituto del Seguro Social), por ser parte de un régimen especial
y no para el Régimen General de Pensiones, ya que se estaría desconociendo
la especialidad del régimen prestacional de la fuerza Pública y la obligatoriedad

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de los preceptos constitucionales que dispone las características especiales de
dicho régimen.

50. A partir de la información proporcionada por la Policía Nacional, la Sala advierte
que la controversia planteada por la accionante sobre su derecho a recibir un
reconocimiento pensional por la labor que desempeñó su esposo, en vida, en esa
entidad y, concretamente, sobre los períodos que deben computarse para
establecer el tiempo de prestación del servicio y la posibilidad de computar tiempos
dobles, ya fueron resueltos por la autoridad encargada, de manera adversa a sus
pretensiones.

51. Ahora bien, si lo que pretendía la accionante era el reconocimiento de un
derecho particular, negado por la autoridad accionada, no resulta admisible que,
para tal efecto, se acuda a la acción de tutela, por tratarse de un mecanismo de
procedencia excepcional y subsidiaria.

52. En esas condiciones, la Sala no evidencia transgresión al derecho fundamental
de petición de la señora Magali Díaz Álvarez, toda vez que, se insiste, su solicitud
fue absuelta por la Policía Nacional, de fondo y de manera clara y coherente con lo
pedido. El hecho de que la accionante no esté de acuerdo con la respuesta dada
por la autoridad demandada no implica, per se, que exista una vulneración de su
derecho fundamental de petición, pues, como se vio, la respuesta favorable no hace
parte del núcleo esencial de esa garantía constitucional.

53. Aunado a lo anterior, tratándose de derechos imprescriptibles, la accionante
tiene la posibilidad de acudir ante el juez ordinario con el fin de cuestionar las
razones a las que acudió la Policía Nacional para negar el derecho prestacional.

54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Negar el amparo solicitado por la señora Magali Díaz Álvarez, frente a
la Auditoría General de la República, la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones, la Presidencia de la República, la Unidad de Gestión Pensional y

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Parafiscales -UGPP-, la Defensoría del Pueblo y la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional – CASUR, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Declarar la carencia de objeto por hecho superado respecto de la
Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional, de conformidad con lo
razonado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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