Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00201-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00201-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00201-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
11 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 11 de abril de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00201-00
Accionante: Isabel Peralta Méndez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defectos sustantivo y fáctico
• concede amparo
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que revocó
la decisión de primer grado, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral (contrato realidad).
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Isabel Peralta Méndez
contra el Tribunal Administrativo de Cauca.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 17 de enero de 2025, Isabel Peralta Méndez, mediante apoderado
judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cauca, por la aparente vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva, igualdad y mínimo vital, con ocasión de la Sentencia de 27 de junio
de 20242, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 19001-33-33-009-2018-00129-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora pidió (se trascribe):
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA AL MÍNIMO VITAL, Y
AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD vulnerados a la señora ISABEL PERALTA MENDEZ, por
1 El artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
2 Notificada a través de mensaje de datos enviado el 11 de julio de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00201-00
Accionante: Isabel Peralta Méndez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, al proferir LA
SENTENCIA TA-DES002-ORD. 087 2024 DE VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2.024 M:P
NAUM MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ al incurrir en un DEFECTO PROCEDIMENTAL POR
EXCESO RITUAL MANIFIESTO, UN DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL UNA INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA,
por violación a lo establecido en el Artículo 20 del Decreto 2127 de 1945 y el
PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS (artículo 53 de
la Constitución Política).
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior SE DEJE SIN EFECTOS LA
SENTENCIA TA-DES002-ORD. 087 2024 DE VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2.024 M:P
NAUM MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ Magistrado del Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca.
TERCERO: Se ORDENE al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca que
profiera una nueva sentencia dentro del proceso De Nulidad y
Restablecimiento del Derecho adelantado por la señora ISABEL PERALTA
MENDEZ contra EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia
que versa sobre la presente Litis.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) Isabel Peralta Méndez estuvo vinculada en calidad de “afiliada
participe” al Sindicato de Trabajadores de la Salud del Cauca – Sintrasalud
Cauca.
5. 2) En virtud de dicha vinculación, prestó sus servicios al Hospital
Universitario San José de Popayán ESE, a través de Sintrasalud - Cauca, por
medio de unos “contratos colectivos sindicales administrativos” identificados
con los No. 69 de 2013, 283 de 2013, 31 de 2014, 23 de 2015 y 62 de 2016, los
cuales se ejecutaron entre marzo de 2013 y febrero de 2016. La señora
Peralta Méndez, en desarrollo de esos contratos, prestaba sus servicios, entre
otras, en áreas como facturación y auditoría de cuentas.
6. 3) El 29 de enero de 2017 Sintrasalud – Cauca le comunicó a Isabel
Peralta Méndez la terminación de su afiliación como partícipe del sindicato.
7. 4) El 13 de diciembre de 2017, la señora Peralta Méndez presentó una
solicitud ante el Hospital Universitario San José de Popayán ESE, con el fin de
que se le reconocieran y pagaran las sumas de dinero correspondientes a
sus derechos laborales y prestacionales derivados de una aparente relación
laboral, la indemnización por despido injusto y el pago de unas
incapacidades a las que, consideró, tenía derecho, pues durante la relación
laboral reclamada sufrió unos accidentes que, a su juicio, eran de carácter
laboral.
8. 5) A través del Oficio No. 200065142017 de 19 de diciembre de 2017,
el Hospital Universitario San José de Popayán ESE negó las reclamaciones
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Decisión: Concede amparo
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laborales realizadas mediante la solicitud de 13 de diciembre de 2017, por
considerar que no tenía competencia para absolver esos aspectos pues lo
reclamado se derivaba del contrato sindical que fue suscrito con la
organización sindical.
9. 6) Isabel Peralta Méndez presentó una demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, orientada a
que se declarara la nulidad del Oficio No. 200065142017 de 19 de diciembre
de 2017 proferido por el Hospital Universitario San José de Popayán ESE y
que, como consecuencia de lo anterior, se declarara la existencia de una
relación laboral entre esa autoridad y la demandante entre 1 de octubre de
2012 y el 28 de enero de 2017, y se reconocieran y pagaran todas las
acreencias laborales y prestacionales a las que tenía derecho. Para ello,
indicó que el acto demandado adolecía de falsa motivación en la medida
en que, en contravía del principio de la realidad sobre las formas, se negó a
reconocer la existencia de una verdadera relación laboral que se pretendió
ocultar a través de la figura de tercerización o intermediación.
10. 7) El asunto le correspondió, en primera instancia, al Juzgado 9
Administrativo de Popayán, el cual, mediante Sentencia de 28 de mayo de
2021, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del
oficio demandado, reconoció la existencia de la relación laboral
reclamada entre el 1 de noviembre de 2013 y el 28 de febrero de 2016,
condenó al hospital demandado a que pagara todas las prestaciones
sociales dejadas de percibir por la demandante (no hizo referencia al pago
de salarios) y ordenó a esa misma autoridad que consignara al fondo de
pensiones al que se encontraba afiliada la demandante, las cotizaciones
dejadas de realizar durante el tiempo de la relación laboral.
11. Como fundamento de esa decisión la autoridad judicial indicó que se
logró demostrar que la señora Peralta Méndez tuvo una vinculación con el
hospital demandado, a través de unos contratos colectivos sindicales, lo
que configuraba una verdadera relación laboral, tras evidenciar que
trabajaba en condiciones de dependencia y subordinación, y que realizaba
las mismas funciones asignadas al cargo de “auxiliar administrativo”, el cual
hacía parte de la planta de personal del hospital.
12. 8) Inconformes con dicha decisión, las partes presentaron recurso de
apelación. La demandada cuestionó lo siguiente: (a) la valoración
probatoria realizada, en la medida en que, a su juicio, no estaban
demostrados los elementos que configuraban la relación laboral, tras
demostrarse que la demandante realmente ejecutaba actividades de un
contrato sindical; (b) la prueba testimonial permitía establecer que la
demandante solicitaba permisos al sindicato y que no estaba obligada a
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cumplir un horario de trabajo; (c) la afiliación de la señora Peralta Méndez
al sindicato fue libre y voluntaria; y (d) los pagos por los servicios prestados
fueron efectuados cada mes por el sindicato por concepto de asignación
básica, prestaciones sociales y seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales, motivo por el que el hospital no le adeudaba ninguna suma de
dinero.
13. Por su parte, la demandante cuestionó que la relación laboral se
reconociera desde el 1 de noviembre de 2013 hasta el 28 de febrero de
2016, y no del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 28 de
enero de 2017, como se solicitó en la demanda.
14. 9) Mediante Sentencia de 27 de junio de 2024, el Tribunal
Administrativo de Cauca revocó la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda. Señaló que estaba
demostrada la vinculación de la demandante a Sintrasalud – Cauca y,
asimismo, que se prestaron servicios administrativos por parte del sindicato
al Hospital Universitario San José de Popayán ESE, lo cual permitió tener por
acreditada la prestación personal de servicios de la señora Peralta Méndez
al hospital. Aunado a ello, indicó que se evidenció el cumplimiento de
horarios en la modalidad de turnos y que la actora estaba sujeta a las
instrucciones impartidas por miembros del sindicato y profesionales
vinculados al hospital y que cuando se efectuaban los pagos por concepto
de honorarios, se le descontaban sumas por conceptos de aportes a
seguridad social en salud y pensión.
15. Así mencionó que, si bien de forma preliminar podría entenderse que
se configuraron los elementos de un vínculo laboral, lo cierto era que no se
acreditó una afectación o desprotección relacionada con derechos de
orden laboral.
16. La autoridad judicial hizo referencia a que no evidenció que existiera
un tratamiento diferenciado frente a la señora Peralta Méndez respecto de
los servidores de planta del hospital, en la medida en que (1) del manual de
funciones allegado al proceso no se advertía que, en la época en que se
prestaron los servicios, a la demandante se le asignaran funciones asociadas
al apoyo administrativo del hospital, (2) no se demostró la existencia de
servidores en la planta de personal del hospital que se encontraran en
circunstancias similares de orden funcional, con condiciones salariales y
prestacionales de tratamiento en condiciones superiores y (3) los medios
probatorios no permitían tener por acreditada la existencia del cargo de
“auxiliar administrativo” en el hospital, en el periodo en que la demandante
prestó sus servicios, pues dicho cargo fue creado con posterioridad.
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17. Adicional a ello, indicó que, en virtud del artículo 482 del Código
Sustantivo del Trabajo, la Corte Constitucional en la Sentencia T-457 de 2011
admitió la potestad de celebrar contratos sindicales para el desarrollo de
obras y prestación de servicios y que este, de por sí, no generaba una
trasgresión de los derechos mínimos propios de las relaciones laborales.
18. Como fundamento de la vulneración, la parte actora puso de
presente que no se encontraba de acuerdo con que se exigiera “un nuevo
requisito” para la declaratoria de la relación laboral reclamada, refiriéndose
al que hecho de que la autoridad judicial mencionó que no se pudo
demostrar la existencia de un empleo al interior del hospital con funciones
que se asemejaran a las actividades que desarrollaba la señora Peralta
Méndez.
19. Además, consideró que hubo un exceso ritual manifiesto pues a su
juicio, no era necesario demostrar la existencia de un empleo dentro de la
planta de personal del hospital, bajo funciones que revestirían semejanza
respecto de las actividades que desarrollaba la demandante, con el fin de
acreditar los elementos de la relación laboral.
20. Alegó que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico por la
defectuosa valoración probatoria realizada respecto de los contratos
sindicales en los que se establecieron las funciones de “auxiliar
administrativa” para las que fue contratada la señora Peralta Méndez en el
hospital.
21. Finalmente alegó la configuración de un defecto sustantivo, por el
desconocimiento de la Sentencia de 30 de mayo de 2024 del Consejo de
Estado, en la que, a su juicio, se aclaró (1) que no era indispensable contar
con un contrato de prestación de servicios para demostrar la existencia de
una relación laboral y (2) que no existía una tarifa legal o una forma
específica para probar la relación laboral. Además, consideró que se
desconoció la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cauca
en el expediente Rad. 19001-33-31-002-2017-00123-00, en la que la autoridad
judicial reconoció que las funciones de auxiliar administrativo tenían que ver
con el ejercicio de funciones de carácter permanente para cuyo
cumplimiento se requería la creación de los empleos correspondientes, toda
vez que no se trataba de actividades a desarrollar de manera temporal y
no se podían realizar con el personal de planta existente.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3
3 Mediante Auto de 23 de enero de 2025, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela
presentada por Isabel Peralta Méndez contra el Tribunal Administrativo de Cauca; y (2) vincular al Juzgado 9
Administrativo de Popayán y al Hospital Universitario San José de Popayán ESE, como terceros con interés en el
asunto.
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22. El Juzgado 9 Administrativo de Popayán remitió el expediente del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitado, pero
no emitió ningún pronunciamiento respecto de los fundamentos de la
acción de tutela.
23. El Tribunal Administrativo de Cauca y el Hospital Universitario San José
de Popayán ESE, a pesar de haber sido notificados en debida forma4,
guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Identificación de defectos 2.3. Procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Fijación de la controversia. 2.5.
Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales. 2.6. Conclusión.
2.1 Identificación de derechos
24. A pesar de que la parte actora señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos constitucionales, esta Sala detendrá su estudio en
el derecho al debido proceso, comoquiera que la presunta vulneración de
las garantías constitucionales se produjo con ocasión de una providencia
judicial. En tal sentido, cobra relevancia estudiar si en el marco del proceso
fue lesionada esta garantía.
2.2 Identificación de defectos
25. La Sala estudiará los reparos alegados por la parte demandante,
como a continuación se expone:
26. De un lado, debe señalarse que, a través del defecto sustantivo, se
analizara lo relativo al reparo sobre si era exigible que se demostrara la
existencia de un cargo de planta en el hospital con funciones similares o
semejantes a las que desarrollaba la señora Peralta Méndez, con el fin de
probar un tratamiento diferenciado y, con ello, una afectación o
desprotección de derechos laborales (lo que también enmarca el aparente
exceso ritual manifiesto alegado). Lo anterior porque se hace necesario
determinar si ese argumento encuentra sustento en el ordenamiento jurídico
y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
27. De otro lado, se hará referencia al defecto fáctico por la supuesta
indebida valoración de los contratos colectivos sindicales, en los cuales
constaban las funciones que desarrollaba la accionante en el Hospital
Universitario San José de Popayán ESE.
4 Índices 7 del aplicativo SAMAI.
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28. Finalmente, y en caso de considerarse necesario, la Sala se
pronunciará sobre el aparente desconocimiento del procedente.
2.3 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente porque no
existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar
los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la ejecutoria de
la providencia enjuiciada (18/7/2024)5 y la presentación de la acción de
amparo (17/1/2025). No se enjuició una sentencia de tutela, pues la
controversia se relacionó con una sentencia de segunda instancia que
revocó la decisión de primer grado, y en su lugar, negó las pretensiones de
una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en materia
laboral. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. La controversia tiene
relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación del derecho
al debido proceso de la parte actora, con ocasión de una providencia
judicial cuyo debate gira en torno a la existencia de una relación laboral.
Aunado a ello, no se advierte que se trate de una reiteración de los
argumentos del proceso ordinario, pues se trata de argumentos concretos
contra la sentencia de segunda instancia de nulidad y restablecimiento del
derecho que revocó la decisión que le fue favorable a la parte actora.
2.4 Fijación de la controversia
30. Establecer si el Tribunal Administrativo de Cauca, como juez del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrió en (1) un
defecto sustantivo por exigir que se debía acreditar la existencia de un
cargo de planta en el Hospital Universitario San José de Popayán ESE para
demostrar una afectación o desprotección de los derechos laborales de la
demandante, y (2) un defecto fáctico al realizar una indebida valoración
del material probatorio, concretamente, de los contratos colectivos
sindicales.
2.5 Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales
31. La Sala accederá a la solicitud de amparo presentada por Isabel
Peralta Méndez, por las razones que pasan a exponerse:
32. El Tribunal Administrativo de Cauca, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, revocó la decisión de primera
instancia, que declaró la nulidad del oficio que negó la reclamación
5 El 11 de julio de 2024 se envió un mensaje de datos a las partes del proceso ordinario, según consta en SAMAI.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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relacionada con el reconocimiento y pago a la señora Peralta Méndez de
las sumas de dinero correspondientes a sus derechos laborales y
prestacionales derivados de una aparente relación laboral y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda pues, a su juicio, no se demostró la
existencia de un cargo de planta en el Hospital Universitario San José de
Popayán ESE, que permitiera determinar una afectación o desprotección
de derechos laborales.
33. Para sustentar esa posición, la autoridad judicial se fundamentó en la
Sentencia de Unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de
9 de septiembre de 2021, proferida en expediente Rad. 05001-23-33-000-
2013-01143-01, en la cual esta corporación estudió un asunto en el que se
solicitó que se declarara la existencia de una relación laboral encubierta, e
indicó que se ha considerado como indicios de la subordinación para tal
declaración, ciertas circunstancias como: el lugar de trabajo, el horario de
labores, la dirección y el control ejecutivo de las actividades a desarrollar y
que estas correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral.
34. Sobre el punto de que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta se
estableció lo siguiente (se trascribe):
“El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento
de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o
equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de
una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la
relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la
prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la
existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las que
el representante de la entidad contratante o la persona que él designe,
ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar,
además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se
enmarca en el objeto misional de la entidad.”
35. De lo anterior se evidencia que, para la declaratoria de una relación
laboral, el Consejo de Estado no ha exigido como requisito que, dentro de
la planta de personal de la autoridad demandada, exista un cargo que
desarrolle las mismas o similares actividades a las que desempeña la persona
contratada, ni mucho menos que de ahí se deba extraer que existe una
afectación a los derechos laborales de la reclamante.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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36. Dicha circunstancia se consideró por el Consejo de Estado como un
indicio que, eventualmente, podría otorgar mayor peso a los elementos que
conforman la relación laboral, y no requiere, necesariamente, la
demostración de la existencia de un cargo de planta, sino que, como se
explicó en el aparte trascrito, lo que es necesario acreditar es que las labores
desarrolladas hacían parte del objeto misional de la autoridad
administrativa.
37. En esa medida, para la Sala sí se configuró el defecto sustantivo, pues,
en virtud de una indebida interpretación de la Sentencia de Unificación de
la Sección Segunda del Consejo de Estado de 9 de septiembre de 2021, la
autoridad judicial accionada exigió a la demandante la acreditación de un
requisito que, en sí mismo, no impedía el reconocimiento de la relación
laboral y, contrario a ello, podía constituir un indicio para otorgar un mayor
soporte para demostrar esa relación.
38. Pero, además, también se evidenció la alegada indebida valoración
de los contratos colectivos sindicales, de cara a la demostración de los
indicios para soportar la relación laboral, toda vez que no hubo un
pronunciamiento respecto de si las funciones, que se encontraban
consignadas en los contratos referidos, se enmarcaban en el objeto misional
del hospital, aspecto que deberá evaluar el tribunal accionado.
39. Adicionalmente, es importante destacar que la autoridad judicial
accionada, como argumento complementario para negar las pretensiones
de la demanda, mencionó que la Corte Constitucional en la Sentencia T-
457 de 2011, ha aceptado la potestad para celebrar contratos sindicales
para el desarrollo de obras y prestación de servicios lo que, por sí mismo, no
generaba la trasgresión de los derechos mínimos propios de las relaciones
laborales.
40. Pese a ello, cabe advertir que esa sentencia abordó lo relacionado
con un incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato
sindical, más no se hizo un pronunciamiento sobre el reconocimiento de una
relación laboral encubierta.
41. En esa línea, es importante recordar que el Consejo de Estado6, en un
caso en el que sí se reclamaba la existencia de una relación laboral señaló
que (se trascribe): “se defrauda la finalidad con la que se creó este tipo de
asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una empresa de
servicios temporales o de agremiación sindical, se encubre el desarrollo de
relaciones de labor dependiente, es decir, cuando el asociado presta sus
6Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 4 de mayo de 2023, proferida en el
expediente Rad. 20001-23-39-000-2017-00410-00.
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servicios con el propósito de atender funciones propias de un tercero
beneficiario bajo los tres elementos del contrato de trabajo.”
42. La anterior trascripción se realiza con el objeto de recordar que el juez
debe ser garante de la protección de los derechos de los trabajadores, con
el fin de que, cuando lo encuentre demostrado, garantice la prevalencia
de la existencia de una verdadera relación laboral, por encima de las
formalidades.
43. En atención a lo expuesto, la Sala considera que el tribunal accionado
incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, pues no analizó de manera
adecuada la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado, respecto del
elemento de la subordinación, y los indicios para que este se configurara, y
no valoró de manera adecuada las funciones que contenían los contratos
colectivos sindicales, de cara al objeto misional del hospital.
44. Por ende, se considera necesario que el Tribunal Administrativo de
Cauca profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta las
consideraciones anteriormente expuestas.
45. Ello no quiere decir que, de manera automática, la autoridad judicial
acceda a las pretensiones del proceso ordinario, pues, debe advertirse que
la discusión sobre si, en este caso, está configurado el requisito de
subordinación, con base en los indicios que se encuentren acreditados en
el asunto y, por ende, la relación laboral, corresponde exclusivamente al
juez natural del asunto.
46. Finalmente, es necesario manifestar que, ante la configuración de los
defectos fáctico y sustantivo alegados, no es necesario estudiar el
desconocimiento del precedente pues, en todo caso, se evidenció una
incorrecta interpretación de la Sentencia de Unificación de la Sección
Segunda del Consejo de Estado de 9 de septiembre de 2021, aspecto que
resulta suficiente para conceder el amparo solicitado.
2.6 Conclusión
47. Tras encontrar configurados los defectos sustantivo y fáctico en la
decisión enjuiciada y, con ello, la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, la Sala dejará sin efectos la sentencia objeto de la presente
acción de tutela y ordenará que se profiera una nueva decisión en la que
se tengan en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas.
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley.
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Isabel
Peralta Méndez, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
Sentencia proferida el 27 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 19001-33-33-009-2018-00129-01, y ORDENAR a dicho tribunal
que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera una sentencia de remplazo en la cual atienda lo expresado en esta
decisión.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirla, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General7.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
7 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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