Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00211-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00211-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00211-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00211-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
30 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV1
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Acción de tutela en la que se pide medidas de protección a
excombatiente y víctima del conflicto armado interno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 21
de febrero de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, dispuso:
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por L.V.V. contra la Unidad Nacional de Protección,
Presidencia de la República, y la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la
parte motiva.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 15 de enero de 20252, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
LVV pidió la protección de sus derechos fundamentales a la paz, a la vida y a la integridad
física.
A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de las Resoluciones MTSP 001167 del 11 de octubre de 2024 y 001702 del 12 de
del mismo mes y año, con las que la UNP le concedió como medidas de protección un
medio de comunicación y un curso de autoprotección.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Sirvase reconocer H Magistrados esta ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO
TRANSITORIO COMO MECANISMO TRANSITORIO - POR LA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES AL DERECHO A LA PAZ - ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento- AL CUMPLIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA H. CORTE
CONSTITUCIONAL:T-226-95 Corte Constitucional de Colombia - DERECHO A LA TRANQUILIDAD-
Fundamental/DERECHO A LA PAZ ... De ahí que jurídicamente sea diferente el derecho constitucional
1 El a quo, en la sentencia impugnada, dispuso que la accionante sería identificada con las letras LVV en aras de
salvaguardar sus derechos, comoquiera que integra un grupo poblacional vulnerable.
2 Índice 2 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-00211-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
a la paz, que es un derecho - DERECHO A LA TRANQUILIDAD-Fundamental/DERECHO A LA PAZ ...
De ahí que jurídicamente sea diferente el derecho constitucional a la paz, que es un derecho – POR EL
DERECHO A MI INTEGRIDAD FISICA Y A LA VIDA Y LA DE MI FAMILIA , TENIENDO EN CUENTA
QUE HE SIDO CATALOGADO MI SITUACION RIESGO EXTRAORDINARIO POR LA MISMA UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCION – UNP– AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD , DE FAVORABILIDAD – Y
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA – COMO MECANISMO TRANSITORIO - CONTRA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA - DR. GUSTAVO PETRO PRESIDENTE , OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA
PAZ Y UNIDAD NACIONAL DE LA PROTECCION.
SEGUNDO: En virtud de lo expuesto anteriormente pido H. MAGISTRADOS Sírvase ordenar y
reconocer mediante providencia A través de una sentencia judicial se ordene a PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA y a la Unidad Nacional de Protección UNP el cumplimiento de un esquema de seguridad
CONSISTENTE EN UNA CAMIONETA BLINDADA CON LA ASIGNACION DE DOS ESCOLTAS DE LA
UNP CON SU RESPECTIVO ARMAMENTO, ESE ESQUEMA DE SEGURIDAD seria una medida de
protección que garantice mi vida y la de mi familia.
TERCERO : Se ordene a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y a la Unidad Nacional de Protección
UNP UNP la asignación de un vehículo blindado , con dos escoltas con el respectivo armamento arma,
con carácter urgente en el plazo máximo de 2 dias teniendo en cuenta que la UNP SIEMPRE DICE
QUE NO CUENTA CON VEHICULOS BLINDADOS , y al no dar una fecha definida, según lo expresado
por la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION EN OTROS CASOS y que no es de recibo de la suscrita
que tengo que esperar varios meses, y esa actitud de las entidades demandas atentan como lo he dicho
contra mi vida e integridad física, , quien va a responder si Dios no quiera llegare a sufrir algún atentado?
CUARTO: Desde ya solicito, en caso de mantener incólume su posición, conceder el recurso de
Apelacion con el fin de que CONSEJO DE ESTADO EN PLENO EN PLENO REVISE MIS DERECHOS
VULNERADOS y si es del caso sea revisada por la H. CORTE CONSTITUCIONAL y se dirima la
controversia aquí presentada. (sic para toda la cita).
3. Hechos
Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
En el 2008 la demandante, junto con su grupo familiar, fue desplazada por grupos
paramilitares del área rural un municipio de Putumayo, donde dejó sus pertenencias,
dentro de las que se encontraba una vivienda que fue vendida por esos criminales luego
de falsificar firmas. Además, su madre e hijo fueron desaparecidos.
Posteriormente, fue reclutada por las FARC, grupo guerrillero del que se desmovilizó en
el 2016, luego de que se firmara el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera».
En razón a la desaparición de su madre e hijo, el 3 de diciembre de 2020 la tutelante fue
reconocida como víctima dentro del macro caso 001, que adelanta la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) contra algunos excombatientes de las desaparecidas FARC,
lo que derivó en que la Unidad de Búsqueda de Personas de ese organismo le realizara
un estudio de seguridad en el que calificó su riesgo como extraordinario, por lo que
ordenó implementar medidas de seguridad, a través de Resolución 37 del 2 de febrero
de 2021, las cuales fueron finalizadas con Resolución 222 del 29 de junio de 2022, porque
las situaciones de peligro habían mermado.
El 29 de septiembre de 2022 la actora nuevamente pidió medidas de protección, que
fueron desestimadas por la JEP, mediante auto 470 del 12 de diciembre de 2022, al
estimar que no se evidenciaba un riesgo inminente. El 5 de septiembre de 2023 aquella
insistió en las medidas de seguridad, ante lo cual la Unidad de Búsqueda de Personas
de la JEP, con oficio GPVTI-UIA-JEP 5161-2023 del 30 de octubre de 2023, le informó
que las presuntas amenazas no tenían relación con las actividades que adelantaba ese
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
tribunal, por lo que la solicitud sería remitida a la Unidad Nacional de Protección (UNP),
entidad que el 23 de mayo de ese año ya le había autorizado un medio de comunicación
y un curso de autoprotección.
Con Resolución 8775 del 24 de noviembre de 2023, la UNP decidió acoger la
recomendación del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas
(CERREM) consistente en retirarle a la demandante las precitadas medidas de
protección, dado que ya había pasado el tiempo para el que habían sido otorgadas, ante
lo cual la tutelante, pidió que le fueran otorgadas nuevamente, junto con un esquema de
seguridad integrada por un vehículo y 2 escoltas.
A través de Resolución MTSP 001167 del 11 de octubre de 2024, la UNP le concedió a
la tutelante un medio de comunicación y un curso de autoprotección, pues la evaluación
del riesgo permitió identificar que no era extraordinario, decisión contra la cual la actora
interpuso recurso de reposición, desatado con la Resolución 001702 del 12 de octubre
de 2024, en el sentido de no reponer la determinación inicial, dado que no se evidenciaba
un peligro cierto e inminente que ameritara ordenar medidas adicionales.
4. Fundamentos de la acción de tutela
En la solicitud de amparo la tutelante afirma que la omisión de brindarle un adecuado
esquema de seguridad quebranta sus derechos fundamentales invocados, pues era
necesario para salvaguardar su seguridad por ser víctima del conflicto y haber recibido
amenazas3.
Que la política de protección a víctimas del conflicto armado adoptada por el presidente
de la República «es un total fracaso», lo cual se ve reflejado en la deficiente seguridad que
le brinda la UNP a las personas en estado de vulnerabilidad, la cual resultaba necesaria
para alcanzar la convivencia pacífica en el país.
Sostuvo que a pesar de que la UNP ha calificado su riesgo como extraordinario, solo le
brindó un curso de autoprotección y un medio de comunicación, lo que resultaba
insuficiente para conjurar el peligro al que se encontraba expuesta y que solo era dable
conjurar a través de un vehículo blindado y 2 escoltas con armamento, elementos que
pueden ser suministrados por el organismo, el cual, además, se había visto involucrado
en escándalos de corrupción.
Que, aunque desconocía los motivos por los cuales la UNP determinó que no era
necesario el esquema de seguridad que pretendía, no estaban en correspondencia con
su situación de vulnerabilidad, el cual se demostraba con testimonios que dan cuenta de
la difícil situación de orden público que se vivía en su municipio, derivadas, entre otras
cosas, por amenazas realizadas por alias «El Paisa».
Señaló que al consultar el Sistema Integral de la Protección Social evidenció que una
persona suplantaba a su hijo, quien se encontraba desaparecido hace años, situación
que ameritaba adelantar las investigaciones penales pertinentes por parte de la Fiscalía
General de la Nación, ente que ya conocía de esa irregularidad.
3 Es de advertir que en la acción de tutela la actora no invoca su condición de excombatiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
5. Intervenciones
La Jurisdicción Especial para la Paz4, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad,
de Responsabilidad y de Determinaciones de los Hechos y Conductas, adujo que la actora
fue reconocida víctima en el macro caso 001 y que había presentado múltiples peticiones
orientadas a recibir medidas de protección, y aunque les fueron otorgadas a través de la
Resolución 0361/2021-GP del 23 de septiembre de 20215, se suspendieron al no
evidenciarse un riesgo a causa de su participación en las diligencias que adelantaba el
organismo.
Que a través de Resolución 0222 de 2022 se desestimaron las nuevas medidas de
protección que había solicitado la demandante, decisión contra la cual ella interpuso
recurso de reposición, desatado con Resolución 0287 de 2022, en el sentido de confirmar
la decisión inicial y ordenar el envío de la solicitud a la UNP para que determinara la
procedencia de aquellas.
La Presidencia de la República, por intermedio de apoderada, afirmó que los hechos y
pretensiones de la demandante no se relacionaban con sus funciones, en consecuencia,
debía declararse su falta de legitimación en la causa por pasiva o denegarse el amparo
pretendido en lo que concernía a esa autoridad.
Que, si bien la Oficina del Alto Comisionado para la Paz integra el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, esa dependencia no era la encargada de
brindarle seguridad a las víctimas del conflicto armado que las requirieran, ya que ello le
correspondía a la Unidad Nacional de Protección (UNP), conforme al Decreto 299 de 2017.
La Procuraduría General de la Nación, por conducto de apoderada, señaló que la
«Procuraduría Delegada Con Funciones Mixtas: Funciones de Coordinación de Intervención ante
la Jurisdicción Especial para la Paz» contestó todas las solicitudes en las que la demandante
pidió su intervención para que le fuera asignado un esquema de seguridad, por tanto, no
era dable atribuirle vulneración de derechos fundamentales, de ahí que debiera
desvincularse del trámite constitucional de la referencia.
La Unidad Nacional de Protección, mediante el jefe de su Oficina Asesora Jurídica,
indicó que a través de la Resolución MTPS 1167 del 11 de octubre de 2024 «la
Subdirección Especialidad de Seguridad» dispuso que el riesgo de la actora ameritaba
brindarle un curso de autoprotección y un medio de comunicación, decisión contra la cual
ella interpuso recurso de reposición, porque a su juicio debía concedérsele un vehículo
blindado y 2 escoltas, desatado con Resolución MTPS 1702 del 12 de octubre de 2024,
en el sentido de no reponer la decisión inicial.
Que adelantó el procedimiento establecido en el Decreto 1066 de 2015 en aras de
dilucidar el nivel del riesgo de la demandante y fijar las medidas de protección, trámite
dentro del cual se evidenció que el peligro ameritaba un curso de autoprotección y un
medio de comunicación, de manera que no era cierto que haya omitido cumplir sus
funciones. Además, advirtió que los elementos de seguridad que debían brindarse
dependían del estudio técnico que se realizara y no de las afirmaciones de quienes lo
pedían.
4 La JEP no fue convocada a este trámite constitucional como demandada ni tercera interesada, sino que su
concurrencia obedeció al cumplimiento del auto admisorio de la tutela, en el que se le pidió información de la
accionante.
5 Consistentes en un apoyo económico de reubicación de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), un
medio de comunicación y un chaleco antibalas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
Adujo que la tutela no colmaba la exigencia de subsidiariedad, ya que el ordenamiento
jurídico preveía otros mecanismos para obtener las medidas de protección reclamadas,
como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual no era dable
sustituir.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 21 de
febrero de 2025, denegó el amparo pretendido al considerar que no se evidenciaba
vulneración de derechos fundamentales de la actora, ya que la UNP le otorgó medidas
de protección en diciembre de 2024 y en la actualidad surtía un estudio sobre la
procedencia de mecanismos de seguridad colectivos, de los cuales la actora sería
destinataria y complementarían los elementos que ya le fueron concedidos.
Que la jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia de la tutela contra actos
administrativos relacionados con medidas de protección suministradas por la UNP, pues
en esos casos resultaba desproporcionado exigirle al demandante que acudiera a la
jurisdicción contencioso-administrativa, ya que su situación ameritaba un
pronunciamiento expedito, máxime cuando tenía la condición de sujeto de especial
protección constitucional, como en el sub lite.
7. Impugnación
La demandante impugnó el fallo de primera instancia, al estimar que las pruebas allegadas
daban cuenta de que estaba frente a un riesgo extraordinario, como lo determinó la UNP en
la Resolución MTSP 001167 del 11 de octubre de 2024, el cual hacía necesario decretar las
medidas de protección pretendidas, ya que las ordenadas (curso de autoprotección y un
medio de comunicación) eran insuficientes para conjurar el riesgo al que estaba expuesta
por ser víctima del conflicto armado interno.
Que en el territorio del que fue desplazada se presentaban enfrentamientos entre grupos
armados ilegales y que la seguridad que le proporcionó la JEP ya le fue retirada, «con lo que
[la] abandonaron a su suerte».
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
que negó el amparo pretendido por la demandante.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, porque la acción de amparo resulta
procedente para decidir la controversia planteada por la actora y no es dable ordenar las
medidas de protección reclamadas, porque no se evidencia fundamentos fácticos y
jurídicos que hagan imperioso ordenarlas en este trámite constitucional.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá (i) a las generalidades de la tutela; (ii) a la
procedencia de la acción de amparo frente a actos administrativos relacionados con
medidas de protección; (iii) al deber del Estado de garantizar la seguridad; (iv) a la
seguridad de los firmantes del acuerdo de paz del 2016 y, finalmente, (v) analizará el caso
concreto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga el demandante.
3. Procedencia de la tutela frente a actos administrativos relacionados con medidas
de protección
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela « solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable6. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.
En virtud de la exigencia de subsidiariedad, como regla general la tutela resulta
improcedente para controvertir actos administrativos, ya que el ordenamiento jurídico
prevé otros instrumentos para ello, como lo son los medios de control de nulidad y nulidad
y restablecimiento del derecho, los cuales están regulados por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). No obstante,
la jurisprudencia constitucional ha señalado que en algunos casos es dable emplear el
amparo para enjuiciar decisiones administrativas, como cuando se relacionan con
medidas de protección de sujetos de especial protección constitucional. La Corte
Constitucional7 sostuvo sobre el particular lo siguiente:
En los casos que se invoca la protección de los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la
seguridad personal, a propósito de la alteración de medidas de protección brindadas por el Estado a
un ciudadano, la Corte Constitucional ha sostenido constantemente que la tutela es un mecanismo de
defensa judicial plausible, aun cuando existan otros medios en la jurisdicción contenciosa
administrativa para censurar las actuaciones de las respectivas autoridades, como la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho.
En virtud de las condiciones especiales de las personas que reclaman la protección y las
circunstancias apremiantes de seguridad que atraviesan, se ha establecido que el medio defensa de
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-543 de 1992.
7 Sentencia T-707 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
la jurisdicción contenciosa administrativa resulta ineficaz, pues la duración del trámite puede conducir
incluso a una interferencia grave en el derecho fundamental a la vida.
En un pronunciamiento más reciente, el alto tribunal constitucional8 señaló:
[…] la acción constitucional es procedente para proteger los derechos a la vida, a la seguridad
personal, a la integridad física y al debido proceso, al analizar la procedibilidad de acciones de tutela
interpuestas en contra de decisiones de la UNP referidas a medidas de protección […]. Incluso […]
resulta irrazonable exigir a personas que requieren de protección inmediata y constante que expongan
su caso ante el juez contencioso, cuando lo que se encuentra en discusión es la vida misma 9. En tal
sentido, si bien existe el referido mecanismo ordinario ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, este no es idóneo ni eficaz por la situación de apremio que plantean estas situaciones
y los bienes jurídicos amenazados 10.
De lo expuesto se concluye que la acción de tutela resulta procedente para controvertir
actos administrativos relacionados con medidas de protección, ya que, como se advirtió,
los medios de control instituidos por el CPACA con el fin de enjuiciarlos resultan
ineficaces para obtener la pronta solución que ameritan esos casos, máxime cuando
quien la promueve es una persona que está en un estado de vulnerabilidad que le otorga
la condición de sujeto de especial protección constitucional.
4. Deber del Estado de brindar medidas de protección
El artículo 2º de la Constitución Política consagra los fines esenciales del Estado, dentro
de los que se encuentra el de «proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades», mandato que se garantiza a
través de la salvaguarda de la seguridad personal, catalogada como una prerrogativa
fundamental por la Convención Americana sobre Derechos Humanos11 (artículo 712), el
Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos13 (artículo 914) y la jurisprudencia
constitucional15.
En atención a los anteriores preceptos, cuando una persona recibe amenazas de muerte
ha de entenderse que su derecho fundamental a la seguridad personal está en peligro,
de ahí que el Estado deba analizar su situación, evaluar su riesgo y adoptar las medidas
de seguridad que se estimen necesarias, y para tal fin se debe agotar el procedimiento
establecido en el ordenamiento jurídico, en particular, en el Decreto 1066 de 201516, en
cuyo artículo 2.4.1.1.4 se clasifica en riesgo en los siguientes términos:
Riesgo Extraordinario. Es aquel que atenta contra el derecho a la seguridad personal de la víctima o
testigo en el marco de la Ley 975 de 2005 y que se adecua a las siguientes características:
8 Sentencia T-015 de 2022, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9 Sentencia T-111 de 2021 M.P. Diana Fajardo Rivera.
10 Acerca de la procedencia de la acción de tutela para invocar la protección de los derechos a la vida, a la seguridad
personal y al debido proceso administrativo respecto de decisiones adoptadas por la UNP, pueden consultarse las
Sentencias T-469 de 2020 M.P. Diana Fajardo Rivera, T-123 de 2019 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-473 de
2018 M.P. Alberto Rojas Ríos, T-411 de 2018 M.P. Carlos Bernal Pulido, T-349 de 2018 M.P. Alejandro Linares Cantillo,
T-399 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-124 de 2015 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-707 de 2015
M.P. María Victoria Calle Correa, T-924 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-078 de 2013 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
11 Aprobada por la Ley 16 de 1972.
12 «1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
[…].
13 Aprobado en el país a través de la Ley 74 de 1968.
14 «1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al
procedimiento establecido en ésta.
[…]».
15 Sentencias T-239 de 2021, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-432 de 2024, M. P. Paula Andrea Meneses Mosquera.
16 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
• Que sea especifico e individualizable.
• Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos y no en suposiciones
abstractas.
• Que sea presente, no remoto ni eventual.
• Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos,
integridad física, psíquica y sexual para la víctima o testigo.
• Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso
• Que sea claro y discernible.
• Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos.
• Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se
genera el riesgo.
Riesgo Extremo. Es aquel que, además de ser extraordinario, es también grave, inminente y dirigido
contra la vida o la integridad de la víctima o testigo.
Para calcular el nivel del riesgo de una persona, se debe realizar un estudio técnico de
seguridad, en el que se determina «la gravedad e inminencia de la amenaza en que se
encuentra una persona natural, familia o grupo de personas, así como de las condiciones
particulares de vulnerabilidad que les afectan, en relación directa con la amenaza»17, y cuyo
resultado permitirá determinar qué medidas adoptar, las cuales pueden ser de carácter
colectivo o individual.
Es de advertir que las medidas de seguridad son determinadas por la Unidad Nacional
de Protección (UNP), mediante el respectivo estudio técnico, conforme al parágrafo 7 del
artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015 (modificado por el artículo 1º del Decreto
1285 de 2023), cuyo tenor es: «Las medidas de protección de las personas mencionadas en
el presente artículo se implementarán conforme a los parámetros descritos en este Capítulo,
teniendo en cuenta el resultado del estudio de nivel de riesgo que realice la Unidad Nacional de
Protección».
Para que haya lugar al otorgamiento de las medidas de protección, previamente debe
agotarse el siguiente trámite: (i) asistencial inicial (que es la satisfacción de las
necesidades de la víctima como hospedaje, alimentación, etc.); (ii) evaluación y
calificación del riesgo (en la que se analiza el estado de peligro de la víctima y las posibles
medidas de protección procedentes); (iii) determinación y ejecución de las medidas de
protección (que acontece cuando en el estudio se evidencia riesgo extraordinario o
extremo) y (iv) terminación del proceso (que acontece cuando, entre otros eventos, el
riesgo baja a nivel mínimo u ordinario).
Las medidas de protección están previstas en el artículo 2.4.1.1.29 del Decreto 1066 de
2015, dentro de las que se destacan la autoprotección (que consiste en instrucción sobre
las actuaciones a adelantar en aras de salvaguardar su vida), la entrega de medios de
comunicación, el suministro de chalecos antibalas y esquemas móviles (escoltas y
vehículos) entre otras.
5. La seguridad de los firmantes del acuerdo de paz del 2016
El 24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional y los miembros del entonces
secretariado de las FARC firmaron el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera», en el que se establecieron varias
obligaciones, dentro de las que se destacan las estipuladas en el punto 3.4, relacionado
con la seguridad de los firmantes. Allí se indicó que el Estado debía garantizar la
17 Artículo 2.4.1.1.4 del Decreto 1066 de 2015.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
reincorporación de los excombatientes a la sociedad civil (con lo que se esperaba afianzar
la paz y la convivencia pacífica) y para ello debía adoptar medidas de seguridad efectivas.
En cumplimiento de la referida obligación, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 299
de 2017 (que adicionó el Decreto 1066 de 2015), con el que se creó un programa de
protección especializada en el que la UNP se encargaría de atender la situación de
seguridad de los firmantes del acuerdo de paz y en el que se presumía el riesgo
extraordinario18. Allí se establecieron las medidas de seguridad, dentro de las que se
encuentran el curso de autoprotección medios de comunicación y esquemas de
protección, entre otros, y que estas eran temporales, es decir, procedían «mientras persista
un nivel de riesgo extraordinario o extremo»19.
El Gobierno Nacional también expidió el Decreto 895 de 2017 (destinado a garantizar la
seguridad de los excombatientes que participen en política), en el que se estableció un
procedimiento orientado a proteger a los firmantes del acuerdo de paz que participaran
en política o integraran en el partido político de las entonces FARC.
La falta de implementación de las mencionadas normas y el incumplimiento del Estado
de su deber de garantizar la seguridad de los excombatientes, conllevaron a que la Corte
Constitucional, en fallo SU-020 de 2020, declarara el Estado de Cosas Inconstitucional
sobre la materia, al estimar que las fallas en la articulación de las diferentes autoridades,
la desatención del marco jurídico y la falta de presupuesto desencadenaron nefastas
consecuencias, como el asesinato de un número significativo de firmantes, tal como lo
advirtió la Misión de Verificación de la Organización Naciones Unidas y su secretario
general.
El alto tribunal constitucional indicó que los esfuerzos de seguridad debían abarcar a la
colectividad, es decir, a los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad,
como los que se asentaron en territorios en los que la presencia del Estado «es más débil»
y que fueron «abandonados por las antiguas FARC y que no fueron recuperados por las
autoridades», de ahí que fueran ocupados por grupos armados ilegales que han
amenazado a los firmantes del acuerdo de paz, quienes en razón a esas situaciones
adquirieron la condición de sujetos de especial protección constitucional.
Que, ante la masiva y generalizada vulneración de derechos humanos de los
excombatientes, en especial, el de seguridad personal, se imponía ordenar medidas
integrales orientadas a superar la problemática, para lo cual le ordenó al Gobierno
Nacional, entre otras cosas, destinar el presupuesto necesario para ello y fijar
mecanismos que garanticen el cumplimiento del punto 3.4 del «Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera».
6. Análisis del caso concreto
6.1 Procedencia de la acción de tutela
En la solicitud de amparo, la demandante afirmó que no se le habían brindado medidas
de protección adecuadas para salvaguardar su vida, pues el curso de auto protección y
el medio de comunicación que la UNP dispuso en los actos administrativos enjuiciados,
no son suficientes para minimizar las presuntas amenazas que ha recibido.
18 Parágrafo del artículo 2.4.1.4.1 del Decreto 1066 de 2015.
19 Numeral 14 del artículo 2.4.1.4.3 del Decreto 1066 de 2015.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
De las pruebas allegadas a estas diligencias y de la información suministrada por la JEP,
se constata que la tutelante fue reconocida como víctima del conflicto armado en el macro
caso 001 que adelanta la JEP por haber sido desplazada de un municipio del Putumayo,
organismo que con Resolución 37 del 2 de febrero de 2021 le otorgó medidas de
protección, las cuales le fueron revocadas mediante la Resolución 222 del 29 de junio de
2022, ya que el peligro había mermado.
También se evidencia que la actora es firmante del «Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera» y que la UNP adelantó un estudio
técnico de su situación y determinó, en la Resolución MTSP 001167 del 11 de octubre de
2024, que debía concedérsele un curso de autoprotección y un medio de comunicación,
medidas que estaban acordes con el nivel del peligro evidenciado, el cual no era
extraordinario, decisión contra la cual la actora interpuso recurso de reposición y que el
organismo confirmó, a través de Resolución 001702 del 12 de octubre de 2024.
Así las cosas, la Sala constata que por conducto de la acción de tutela de la referencia la
demandante controvierte las Resoluciones MTSP 001167 del 11 de octubre de 2024 y
001702 del 12 del mismo mes y año, con las que la UNP le concedió como medidas de
protección un medio de comunicación y un curso de autoprotección y no repuso la
decisión inicial, las cuales para la actora resultan insuficientes para garantizar su
seguridad.
En ese orden de ideas, aunque la demandante cuenta con la posibilidad de enjuiciar los
precitados actos administrativos a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del CPACA, su condición de
sujeto de especial protección constitucional (por ser víctima del conflicto armado y
firmante del acuerdo de paz del 2016) hace necesario analizar prontamente su situación
de seguridad, de ahí que la acción de tutela de la referencia resulte procedente, pues la
jurisprudencia constitucional20 ha considerado que aquel instrumento contencioso-
administrativo resulta ineficaz ante situaciones como la aquí debatida.
Es de anotar que resultaría desproporcionado exigirle a la tutelante que promueva la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se decida sobre la
pertinencia de las medidas de protección previstas por la UNP en las Resoluciones MTSP
001167 del 11 de octubre de 2024 y 001702 del 12 del mismo mes y año, pues, se reitera,
su calidad de víctima del conflicto armado amerita un análisis expedito de su situación,
máxime cuando también es excombatiente de las extintas FARC y la Corte
Constitucional, en sentencia SU-020 de 2022, declaró a los firmantes del acuerdo de paz
del 2016 como sujetos de especial protección constitucional.
Así las cosas, como para la Sala es procedente la acción de tutela de la referencia,
analizará de fondo la controversia con el fin de determinar si las referidas decisiones
administrativas vulneran los derechos fundamentales invocados por la demandante.
6.2 Análisis de fondo
En la solicitud de amparo la actora afirma que las medidas de protección ordenadas por
la UNP en las Resoluciones MTSP 001167 del 11 de octubre de 2024 y 001702 del 12
del mismo mes y año resultan insuficientes para garantizar su seguridad, ya que su riesgo
es excepcional y, por tanto, ameritaba que se suministrara un vehículo blindado y 2
20 Sentencias T-707 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa, T-015 de 2022, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-
020 de 2020, M. P. Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
escoltas.
Al analizar los mencionados actos administrativos se evidencia que en estos la UNP
advirtió que la Mesa Técnica de Seguridad y Protección realizó el estudio técnico de que
trata el Decreto 1066 de 2015 y determinó que el nivel del riesgo de la actora ameritaban
un curso de autoprotección y la entrega de un medio de comunicación, y no era dable
suministrar el esquema pretendido, porque no demostró la necesidad de ordenarlo, es
decir, no se acreditaron situaciones de riesgo extraordinario, lo que era menester para
ordenarlo, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia C-555 de
2017).
En atención a las normas analizadas en líneas anteriores, la Sala evidencia que el
procedimiento establecido para determinar la procedencia de las medidas de protección
se surtió en debida forma en relación con la accionante, pues la UNP adelantó el estudio
técnico de que trata el artículo 2.4.1.1.421 del Decreto 1066 de 2015, en el cual no
evidenció un riesgo que ameritara medidas de protección más drásticas que las
ordenadas, inferencia que no merece reproche por parte del juez de tutela, pues las
pruebas allegadas por la demandante no permiten evidenciar la satisfacción de las
exigencias previstas en la mencionada norma, pues no se individualizó un caso
específico en el que la actora haya recibido de manera directa alguna amenaza en su
contra, lo que no da certeza de la inminencia de la intimidación.
Es de anotar que las aseveraciones que la actora expuso en la solicitud de amparo, en
la impugnación que se desata y en los múltiples memoriales que allegó a estas
diligencias, están relacionados con la supuesta desaparición de su hijo y el
desplazamiento de que fue víctima en el Putumayo antes de que ingresara a las filas de
las FARC, pero no aportó prueba de un peligro actual e inminente, motivo por el cual no
es factible determinar que las medidas de protección que reprocha sean inadecuadas,
máxime cuando, se insiste, fueron establecidas por la autoridad especializada en la
materia.
Además, aunque la demandante no indicó que era excombatiente (situación que le
concede la calidad de sujeto de especial protección constitucional), la Sala encuentra que
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó implementar medidas de seguridad, a
través de Resolución 37 del 2 de febrero de 2021, las cuales fueron finalizadas con
Resolución 222 del 29 de junio de 2022, porque las situaciones de peligro habían
mermado, luego la UNP en aplicación del Decreto 299 de 2017 (que adicionó el Decreto
1066 de 2015), realizó un nuevo estudio de seguridad en el que determinó que la
accionante no requería de las medidas de protección pretendidas (vehículo blindado y 2
escoltas).
Siendo así, la Sala no encuentra que el estudio realizado por la UNP fuera irracional o
ponga en un riesgo a la accionante, todo esto, sin perjuicio de que, ante la ocurrencia de
nuevos hechos, la demandante pueda pedir una nueva calificación del riesgo.
La Sala no desconoce la presunción de riesgo de que gozan los excombatientes firmantes
del acuerdo de paz, sin embargo, esa situación no releva a quien pide medidas de
21 «Estudio de nivel de riesgo. Es el resultado del análisis técnico de seguridad sobre la gravedad e inminencia de la
amenaza en que se encuentra una persona natural, familia o grupo de personas, así como de las condiciones
particulares de vulnerabilidad que les afectan, en relación directa con la amenaza. El Estudio de nivel de riesgo tomara
en consideración los factores de diferenciación determinados en el presente decreto, con el fin de que las entidades
encargadas adopten medidas que no solo contrarresten o mitiguen la amenaza, sino que adicionalmente disminuyan
los factores de vulnerabilidad de la víctima o testigo y potencien sus capacidades, individuales, grupales o comunitarias
y les garanticen mecanismos de participación, de conformidad con la Sentencia T-496 de 2008».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
protección del deber de acreditar su estado de vulnerabilidad en materia de seguridad,
tal como lo dijo la Corte Constitucional22 así:
La Sala llama la atención sobre el procedimiento a seguir para que la Mesa Técnica decida sobre la
protección derivada de la presunción de riesgo extraordinario; como se observa, [los excombatientes]
de las FARC-EP, tienen el deber de presentar criterios razonables, es decir, elementos de convicción
que permitan deducir la necesidad de brindar la protección otorgada por el legislador especial; no se
trata, entonces, de una presunción absoluta sino relativizada por las circunstancias y los motivos
expuestos a fin de que la Mesa Técnica decida.
Ahora bien, como se advirtió en líneas precedentes, la Corte Constitucional, en sentencia
SU-020 de 2022, declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en lo atinente a la seguridad
de los firmantes del «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera», dado el elevado número de excombatientes que han sido
asesinados, sin embargo, allí se ordenó la adopción de medidas de protección colectivas,
de las cuales será destinataria la demandante y que garantizaran en mayor medida su
seguridad.
En ese orden de ideas, lo que se advierte es que de acuerdo al momento en que fue
realizado el estudio de seguridad, las medidas de protección ordenadas por la UNP en
las Resoluciones MTSP 001167 del 11 de octubre de 2024 y 001702 del 12 del mismo
mes y año no resultan insuficientes para garantizar la integridad de la demandante y no
se constatan pruebas que acrediten los elementos del riesgo extraordinario previstos en
el artículo 2.4.1.1.4 del Decreto 1066 de 2015 para ordenar el esquema de seguridad
pretendido, por lo tanto, se debe denegar el amparo, tal como lo concluyó el a quo, motivo
por el cual se confirmará la sentencia impugnada.
Por último, es de advertir que en el fallo de primera instancia se ordenó a la Secretaría
General del Consejo de Estado reservar el nombre de la actora en el aplicativo Samai,
sin embargo, ello no aconteció en segunda instancia, motivo por el cual se ordenara
cumplir dicha orden.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva.
2. Ordenar a la Secretaría General del Consejo de Estado que adopte las medidas
necesarias para dar cumplimiento a la orden del a quo, consistente en no registrar en
el aplicativo Samai el nombre de la demandante.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
22 Sentencia C-555 de 2017, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-01
Demandante: LVV
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.