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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00213-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00213-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00213-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

6 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00213-00
Demandante: Adonáis María Barrios Rangel

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00213-00
Demandante: ADONÁIS MARÍA BARRIOS RANGEL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Temas: Contra sentencias dictadas en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Adonáis María Barrios Rangel contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Primero Administrativo de
Barranquilla.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 17 de enero de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Adonáis María Barrios Rangel pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la familia y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del
11 de diciembre de 2023 y del 3 de mayo de 2024, dictadas por el Juzgado Primero
Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, respectivamente,
que accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-001-2021-00028-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO (INDEBIDA VALORACION
DE LAS PRUEBAS), A LA IGUALDAD, LA FAMILIA, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BARRANQUILLA, en sentencia de fecha once (11) de diciembre del año 2023, incurrió en un
defecto sustantivo, pues se observa que de manera omisiva, desconoció el acuerdo suscrito entre las
partes y el acto administrativo Resolución No.5859 de fecha 25 de octubre del año 2023 el cual reconoce
el derecho reclamado, documentos los cuales fueron aportados dentro de la oportunidad procesal antes
de emitir sentencia, desconociendo derechos constitucionales mencionados anteriormente y el acuerdo
de voluntades de las partes.
Decisión esta, que fue confirmada en sentencia de fecha 03 de mayo del año 2024 por el Honorable
Tribunal Contencioso del Atlántico.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias de fechas (11) de diciembre del año 2023 y
tres (03) de mayo de (2024), proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Oral Del Circuito De
Barranquilla y el Tribunal Contencioso del Atlántico, respectivamente, dentro del medio de control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo Oral de Barraquilla, que, en el término de
esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del medio de control promovido, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis y se
tenga en cuenta el acuerdo de voluntades presentado que provocó acto administrativo reconociendo el
derecho reclamado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00213-00
Demandante: Adonáis María Barrios Rangel

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Contencioso del Atlántico, que, en el término de esta providencia,
profiera una nueva sentencia dentro del medio de control promovido. Teniendo en cuenta pruebas que
se aportan al presente escrito de tutela.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

La señora Aida del Rosario Caicedo Sarmiento presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
para que se declarara la nulidad del artículo primero de la Resolución 6376 del 23 de
octubre de 2020, que había suspendido el trámite de reconocimiento de sustitución de
asignación mensual de retiro, equivalente al 50%, en su condición de compañera
permanente del fallecido AG Saulo José Sánchez Gonzales.

A su vez, la señora Adonáis María Barrios Rangel presentó demanda Ad-excludendum,
para que se declarara la nulidad del artículo primero de la Resolución 6376 del 23 de
octubre de 2020, que había suspendido el trámite de reconocimiento de sustitución de
asignación mensual de retiro, equivalente al 50%, en su condición de cónyuge supérstite
del fallecido AG Saulo José Sánchez Gonzales y de la Resolución 7192 que resolvió un
recurso de reposición presentado contra la Resolución 6376 del 23 de octubre de 2020.

Las demandas se adelantaron bajo el radicado 08001-33-33-001-2021-00028-00/01 y
correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla que, por sentencia del
11 de diciembre de 2023, resolvió, por un lado, declarar la nulidad de las resoluciones
demandadas. Ordenó a la entidad demandada proceder con el pago de la sustitución de
asignación de retiro del señor agente Saulo José Sánchez Gonzales, a favor de las
señoras Adonáis María Barrios Rangel y Aida del Rosario Caicedo Sarmiento, en
porcentajes iguales, equivalentes al 25% para cada una del 50% que había sido
suspendido en la Resolución 6376 del 23 de octubre de 2020.

También ordenó que el 50% restante que se encontraba en cabeza de los menores CJSR
y JDSC, una vez se extinguiera la obligación, debía pasar a las señoras Adonáis María
Barrios Rangel y Aida del Rosario Caicedo Sarmiento en un 25 % para cada una.
Adicionalmente, ordenó que se les vinculara a las demandantes al subsistema de salud
de la Policía Nacional.

Explicó que, de acuerdo con las pruebas recaudadas, se podía concluir que el señor
Saulo José Sánchez Gonzales había mantenido una convivencia simultánea por más de
cinco años con las señoras Adonáis María Barrios Rangel y Aida del Rosario Caicedo
Sarmiento, con las que compartía, tenía solidaridad afectiva y dependían
económicamente de él.

Inconforme, la señora Adonáis María Barrios Rangel presentó recurso de apelación en el
que argumentó que la entidad demandada había proferido la Resolución 5859 del 25 de
octubre de 2023, que había resuelto de fondo la controversia de las partes, por lo que
consideró que se había configurado un decaimiento de la Resolución 6376 del 23 de
octubre de 2020, que, en consecuencia, se debía distribuir la asignación de retiro con
base en el tiempo probado de convivencia, en un 39% para ella y el 11% restante para la
señora Aida del Rosario Caicedo Sarmiento.

Por sentencia del 3 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó la
decisión apelada, básicamente con los mismos fundamentos. Sin embargo, sobre el
argumento relacionado con el decaimiento de la resolución demandada, sostuvo que, de
acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, la jurisdicción contencioso
administrativo no podía declarar la pérdida de ejecutoria o el decaimiento de actos
administrativos sin que se haya estudiado previamente la legalidad del acto a través de
los medios de control dispuesto para el efecto.

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Demandante: Adonáis María Barrios Rangel

Que la expedición de un nuevo acto administrativo por parte de la entidad demandada no
era motivo suficiente para declarar el decaimiento del acto demandado ni exceder el
ámbito de competencia del juzgador.

Que la existencia de actos administrativos posteriores al demandado no producía efectos
sobre las decisiones que se debía adoptar en ese proceso y mucho menos enrutar el
sentido de la providencia que se debía adoptar, como, según dijo, pretendía la apelante.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora nada dijo sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, si bien no identificó
los defectos que alegaría, la Sala los resumirá en los siguientes vicios de fondo:

Defecto fáctico por indebida valoración probatoria de la Resolución 5859 del 25 de
octubre de 2023, que había dispuesto que a la señora Barrios Rangel le correspondía el
39% de la sustitución de asignación mensual de retiro del AG Saulo José Sánchez
Gonzales, debido a la acreditación del tiempo de convivencia que tuvo con el causante.

Violación directa de la Constitución debido a que las autoridades judiciales demandas
inaplicaron los artículos 1, 2, 13, 29, 42, 46, 48, 53 y 229 de la Constitución Política.

5. Trámite procesal

Por auto del 24 de enero de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral y al juez primero administrativo de
Barranquilla, y en calidad de terceros con interés, al ministro de defensa nacional, al
director de la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional y a la señora Aida del
Rosario Caicedo Sarmiento.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 28 y 29 de enero
de 2025.

6. Intervenciones

El Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla hizo un recuento de las decisiones
que se dictaron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
08001-33-33-001-2021-00028-00/01 y señaló que garantizó el debido proceso de las
partes y decidió conforme a los criterios dispuestos en la jurisprudencia del Consejo de
Estado.

La señora Aida del Rosario Caicedo Sarmiento solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela, al considerar que no se han vulnerado los derechos fundamentales
de la accionante. Dijo que la parte actora pretende revivir una discusión que ya fue
resuelta en el proceso ordinario.

Los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, el
Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional
no se pronunciaron pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

La Sala empieza por precisar que, si bien la parte demandante cuestiona las sentencias
del 11 de diciembre de 2023 y del 3 de mayo de 2024, dictadas por el Juzgado Primero

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Demandante: Adonáis María Barrios Rangel

Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, respectivamente,
el análisis de los cargos propuestos se centrará en la última providencia por ser la que
decidió de manera definitiva sobre el asunto.

Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada
por la señora Adonáis María Barrios Rangel para dejar sin efectos la sentencia del 3 de
mayo de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 08001-33-33-001-2021-00028-00/01.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no
satisface el requisito de relevancia constitucional.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-001, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En lo que interesa para resolver el asunto, el primer criterio (vulneración o amenaza real
de derecho fundamentales) está previsto para que la acción de tutela no sea utilizada
para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, puesto que ese
tipo de discusiones se aleja del objeto de la acción de tutela.

Por su parte, el segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten
derechos fundamentales.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

1 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Adonáis María Barrios Rangel

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso ordinario. En el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y en la acción de tutela la parte actora señala que se debió
repartir la sustitución de asignación mensual de retiro del AG Saulo José Sánchez
Gonzales en un 39% para la actora y en un 11% para la señora Aida del Rosario Caicedo
Sarmiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 5859 del 25 de octubre de 2023.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 11 de diciembre
de 2023, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, se lee lo
siguiente:

12. Motivos por la cual, se hace necesario para la suscrita recurrir la sentencia emitida, toda vez que la
misma sufrió el fenómeno del DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, fundamentado que, en el
presente caso, existe un nuevo acto administrativo posterior al aquí demandado, al respecto la Corte
Constitucional en Sentencia T-169 de 2023 Magistrado ponente: Dr. Alejandro Linares Cantillo, en uno
de sus apartes, señala:
(…)
13. En el momento en el cual se declara la nulidad de un acto administrativo o la inexequibilidad de una
norma legal en que se funda un acto administrativo, se produce la extinción y la pérdida de fuerza
ejecutoria del mismo. De tal manera, el acto que emana de aquel declarado nulo o inexequible no puede
seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón, precisamente, de haber desaparecido el fundamento
legal o el objeto del mismo. (Corte Constitucional. Sentencia C-069 de 1995).
14. Ahora bien, la Resolución 5859 de fecha 25 de octubre del año 2023, además de ser un acto
administrativo posterior al declarado nulo en la sentencia recurrida, la misma fue emitida por un ente
público como lo es la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, acto este que se
presume legal pues así lo establece el artículo 88 de la Ley 1437 del 2011, el cual establece:
(…)
Fuerza concluir, que el acto administrativo No. 5859 goza de la presunción de legalidad y es válido hasta
tanto no sean anulados por la jurisdicción administrativa, oportunidad nugatoria en el presente proceso,
teniendo en cuenta que el objeto debatido en el presente proceso corresponde a un acto administrativo
diferente.

Por su parte, en la acción de tutela, la parte actora argumenta lo siguiente:

De acuerdo con lo anterior, nos encontramos que el Juez de primera instancia, no examinó el acuerdo
de voluntades de las partes en aceptar la propuesta de la entidad CASUR en distribuir el 50% de la
sustitución pensional que devengaba mi difunto conyugue Saulo José Sánchez González (q.e.p.d), y el
cual a través de la Resolución No, 5859 de fecha 25 de octubre del año 2023, me concedió el derecho
a la sustitución de la asignación de retiro en un porcentaje del 39%. porcentaje este proporcional al
tiempo de convivencia con mi finado conyugue, pues asi se demostró en el proceso con las pruebas
aportadas, registro civil de matrimonio el cual fue celebrado el día 03 de mayo del año 1986 y lo
acompañe hasta el último momento de vida 03 de julio del año 2020, convivencia ratificada con las
pruebas testimoniales.
Si bien es cierto dentro del proceso no se desvirtuó la convivencia con la señora Aida del Rosario
Caicedo Sarmiento, de la cual unos testimonios afirman que la demandante sostuvo una relación
extramatrimonial con el causante y procrearon un hijo, también lo es, que las mismas realmente no dan
certeza del tiempo de convivencia, tan solo se deduce por lo afirmado en el interrogatorio de parte en la
cual manifiesta la demandante que se inició en el año 2009, pero se contradice al manifestar "pero como
tal si fue la fecha 2011 que no fuimos a convivir en la residencia del barrio Villa Carmen ..." y que la
convivencia fue hasta el 23 de junio del 2020, así mismo acepta que mi finado conyugue fallece en
nuestra casa.
Nos encontramos con que, el Tribunal basó su estudio para confirmar la sentencia de primera instancia,
en el hecho que no se podía enrutar el sentido de la sentencia por existir un acto administrativo que
había resuelto el objeto del litigio inicialmente planteado, acto este diferente al inicialmente demandado,
el cual debía estudiarse a través de otro medio de control. Cabe resaltar que la demandante Aida del
Rosario Caicedo Sarmiento aceptó voluntariamente la propuesta presentada por la entidad CASUR, al
igual que la suscita coadyuvó dicha propuesta y que actualmente ambas somos beneficiarias de la
sustitución de la asignación de retiro, que recibimos los dineros de retroactivo pensional e incluida en
nómina de la entidad.

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Demandante: Adonáis María Barrios Rangel

A pesar de que las normas en que se fundamentan en el presente caso, tal como lo es el Decreto 4433
de 2004, artículos 11 y 40, y de probarse de la convivencia por más de cinco años con el causante,
también lo es que las partes decidimos aceptar un porcentaje proporcional a la convivencia.
Es de extrañar, que la señora Aida del Rosario Caicedo Sarmiento, no atacó el acto administrativo
(resolución No. 5859 de 25/09/2023) el cual resolvió el fondo del objeto del litigio inicialmente planteado
ante la jurisdicción contenciosa.
El Tribunal viola de manera flagrante el derecho que me asiste al debido proceso, pues en el trámite
judicial se discutía si había o no convivencia simultánea, la cual quedó demostrada y el tiempo de la
misma, tal como fue aceptado por las partes en la propuesta de la entidad CASUR y fue reconocida
mediante Resolución.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en
la sentencia del 3 de mayo de 2024, en la que consideró:

Por consiguiente, las pruebas recaudadas en el desarrollo de la actuación procesal permiten determinar
que hubo convivencia simultánea del señor Saulo José Sánchez González con las hoy demandantes,
razón por la cual se posibilita el reconocimiento de la pensión en igualdad de porcentajes, en tanto
acreditaron convivencia en los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento del causante, tal como
lo concluyó la primera instancia.
Finalmente, frente al argumento del decaimiento del acto administrativo aquí demandado, importa
destacar que de manera reiterada el Consejo de Estado ha señalado la improcedencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo para declarar la pérdida de ejecutoria o el decaimiento de los actos
administrativos, sin que previamente se haya estudiado su legalidad a través los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho contemplados en los artículos 137 y 138 del CPACA,
respectivamente.
Por ello, la expedición de un nuevo acto administrativo en sede administrativa pese a estar sub judice
la actuación primigenia, no es motivo suficiente para, por un lado, declarar el decaimiento de actos
administrativos; y de otro, que el ad quem exceda el ámbito de su competencia en ese tópico.
Expresado de otra manera, la existencia de actos administrativos expedidos con posterioridad por
Casur, no producen efectos respecto de las decisiones o litigios pendientes de adoptar y/o resolver por
esta jurisdicción, ni menos enrutar el sentido de la providencia que deba adoptarse en sede judicial,
como se pretende en el recurso de apelación.

Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el tribunal
demandado, que explicó que, de acuerdo con las pruebas recaudadas en el proceso
ordinario, se había acreditado que el señor Saulo José Sánchez González tuvo una
convivencia simultánea durante los últimos cinco años anteriores a su fallecimiento con
las señoras Adonáis María Barrios Rangel y Aida del Rosario Caicedo Sarmiento, por lo
que era procedente el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en iguales
porcentajes para las nombradas señoras Barrios Rangel y Caicedo Sarmiento.

Además, señaló que la Resolución nº 5859 de fecha 25 de octubre del año 2023 no podía
inferir en la decisión que se iba a proferir, sin que previamente se hubiere estudiado sobre
su legalidad a través de los medios de control dispuesto por la Ley 1437 de 2011.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar el
tiempo de convivencia que sostuvieron las señoras Adonáis María Barrios Rangel y Aida
del Rosario Caicedo con el causante Saulo José Sánchez González y mucho menos dar
prevalencia a lo dispuesto en la Resolución nº 5859 de fecha 25 de octubre del año 2023
sobre el análisis probatorio realizado por las autoridades judiciales demandadas.

La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.

Adicionalmente, la Sala advierte que la inconformidad de la parte demandante nace
únicamente en relación con el porcentaje que le fue reconocido en las sentencias
cuestionadas, situación que pone de presente que el debate recae sobre un asunto

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Demandante: Adonáis María Barrios Rangel

estrictamente económico.

Finalmente, con relación al cargo por violación directa de la Constitución, para la Sala,
no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la demandante no precisó
de qué forma las autoridades judiciales demandada inaplicaron los artículos 1, 2, 13, 29,
42, 46, 48, 53 y 229 de la Constitución Política.

En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para concluir que no hay lugar a
pronunciarse sobre el fondo del asunto y declarar improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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