Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00214-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00214-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00214-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00214-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: GUTIÉRREZ HERMANOS ASOCIADOS LTDA.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR LA SOCIEDAD
ACCIONANTE ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA INSTANCIA
ADICIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00214-00
Actora: GUTIÉRREZ HERMANOS ASOCIADOS LTDA.
La sociedad GUTIÉRREZ HERMANOS ASOCIADOS LTDA.,
actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al haber
proferido la providencia de 10 de octubre de 2024, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 11001-03-26-000-
2021-00058-00.
I.2. Hechos
Adujo que el representante de la sociedad radicó ante la Agencia
Nacional de Minería solicitud de declaración y delimitación de un área
de reserva especial, para la explotación de un yacimiento de oro y
asociados, ubicado en la jurisdicción del municipio de Quinchía
(Risaralda, Colombia).
Indicó que a través de la Resolución VPPF núm. 299 de 21 de
noviembre de 2019, la Agencia Nacional de Minería rechazó la
mencionada solicitud, argumentando que existía superposición del
100% sobre los títulos mineros concedidos a Anglogold Ashanti
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00214-00
Actora: GUTIÉRREZ HERMANOS ASOCIADOS LTDA.
Colombia S.A.S., hoy Miraflores Compañía Minera S.A.S, decisión
confirmada mediante la Resolución VPPF núm.078 de 12 de junio de
2020.
Refirió que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Agencia Nacional de Minería, con el fin de que se declarara la nulidad
de los mencionados actos administrativos, a la cual le fue asignado
el número único de radicación 2021-00058-00.
Manifestó que la demanda le correspondió a la SECCIÓN TERCERA
que, mediante sentencia de única instancia de 10 de octubre de
2024, denegó las pretensiones al considerar que no se logró
demostrar que la sociedad tenga algún derecho de prelación sobre el
área objeto de la solicitud para declarar el Área de Reserva Especial,
pues la condición de minero tradicional no daba dicho derecho;
sumado a ello, la condenó en costas y agencias en derecho.
Sostuvo que, comoquiera que la citada sentencia consignó de forma
errada que las costas serian fijadas y liquidadas por el tribunal de
primera instancia, pese a que se trataba de un proceso de única
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instancia, mediante auto de 10 de diciembre de 2024, corrigió tal
anotación.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico al dejar de valorar en debida forma las pruebas allegadas al
proceso y que acreditaban su operatividad como mineros
tradicionales, así como la temporalidad de las explotaciones.
Destacó que la SECCIÓN TERCERA no hizo mención alguna de los
1117 documentos presentados como prueba documental, así como
tampoco del testimonio del señor ABDIEL GUTIÉRREZ
NAVARRETE sobre la condición de mineros tradicionales de la
sociedad, lo cual aportaba una protección a las comunidades que han
desarrollado su proyecto de vida a dicha actividad económica.
Aseveró que también se vulneró el principio de congruencia, pues
el asunto no trataba sobre el orden de llegada de las solicitudes ante
la Agencia Nacional de Minería, sino de la protección y amparo de los
mineros tradicionales en razón de su preferencia para acceder a la
formalización de la actividad minera.
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Destacó que se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial de la sentencia SU-133 de 2017, que otorga protección
constitucional a mineros tradicionales, artesanales y ancestrales, la
cual tiene asidero legal en los artículos 31 y 257 del Código Minero,
comoquiera que el ejercicio de su actividad económica ha sido una
fuente principal por décadas, lo cual le permite atribuir la calidad de
mineros ancestrales.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada también incurrió en
violación directa de la Constitución al desconocer los derechos a
la igualdad y al debido proceso, pues se omitió la calidad de mineros
tradicionales como si dicha distinción no tuviese relevancia y se dio
prevalencia a detalles ulteriores de la discusión principal para
rechazar las pretensiones de la demanda.
I.4. Pretensiones
La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDO: Ordenar a la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, proferir sentencia de reemplazo dentro del
medio de control nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado Nro. 11 001 03 26 000 2021 - 00058 00
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(66737), en la que se analicen todos los medios de prueba
debidamente solicitados, decretados y practicados dentro del
proceso […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA manifestó que no participará en la
acción de tutela de la referencia, por lo que acatará estrictamente lo
que se disponga.
I.6. Interviniente
I.6.1.- La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA adujo que lo
pretendido por la parte actora es su reconocimiento legal, oponible
frente a terceros, de las actividades mineras realizadas durante el
período de tiempo sin contar con los permisos y autorizaciones
requeridos por las autoridades mineras y ambientales competentes,
pues de acuerdo a sus argumentos, consideran que el mero
transcurso del tiempo realizando dichas actividades es suficiente para
justificar el reconocimiento de un derecho, sin considerar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para tal trámite.
Destacó que el estudio efectuado por la autoridad judicial accionada
resulta ajustado a derecho, pues fue emitido tras un análisis de
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fondo, realizado con total apego a las disposiciones normativas
vigentes, comoquiera que no se evidencian violaciones a derechos
fundamentales en el trámite judicial adelantado, razón por la cual
solicitó que se despachen desfavorablemente las pretensiones de
amparo.
Advirtió que no se cumple con ninguno de los requisitos específicos
que justifican la procedencia de la solicitud de amparo, por lo que
resulta improcedente; no obstante, indicó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación del
presente trámite.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
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Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA,
formuló petición de desvinculación de la presente acción de tutela,
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
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es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA fue parte
accionada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2021-
00058-00, objeto de debate, la Sala concluye que, como tercera, le
asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la
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referencia, razón por la que se denegará la solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
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de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
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meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que
se deje sin efecto la providencia de 10 de octubre de 2024,
proferida por la SECCIÓN TERCERA, por medio de la cual denegó
las pretensiones de la demanda promovida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el
número único de radicación 2021-00058-00, contra la Agencia
Nacional de Minería.
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La controversia tiene origen en la solicitud de declaración y
delimitación de un área de reserva especial para la explotación de
un yacimiento de oro ubicado en la jurisdicción del municipio de
Quinchía, la cual fue rechazada por la Agencia Nacional de Minería.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la sociedad
actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución, comoquiera que se dejaron de valorar
en debida forma las pruebas que acreditaban su operatividad como
mineros tradicionales, así como la temporalidad de las explotaciones,
lo cual les otorgaba protección constitucional.
Finalmente, aseveró que también se vulneró el principio de
congruencia, pues el asunto no trataba sobre el orden de llegada
de las solicitudes ante la Agencia Nacional de Minería, sino de la
protección y amparo de los mineros tradicionales debido a su
preferencia para acceder a la formalización de la actividad minera.
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Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
SECCIÓN TERCERA vulneró los derechos deprecados e incurrió en
los defectos alegados, al haber proferido la providencia de 10 de
octubre de 2024 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2021-00058-00.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
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encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional2, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».3
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación4, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
2
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
3
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [5]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [6].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [7].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [8].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
[5] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[6] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[7] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[8] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [ 9]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [10].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [11]; el derecho a presentar y controvertir las
[9] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[10] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[11] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
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tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, al estudiar los requisitos generales
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de procedibilidad, especialmente, el requisito general de la relevancia
constitucional, la Sala advierte que la controversia que propone la
sociedad actora implica la reapertura de un asunto que ya fue
resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir una
instancia adicional.
En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que la
SECCIÓN TERCERA, en la providencia de 10 de octubre de 2024,
se refirió respecto de la concesión especial a la comunidad minera
tradicional sobre el área delimitada, de lo cual dispuso lo siguiente:
“[…] De conformidad con la norma citada, la ANM, de oficio o a
solicitud de comunidades mineras tradicionales, tiene la
potestad de delimitar zonas en las que no se admitirán nuevas
propuestas, con el propósito de adelantar estudios geológicos
mineros para determinar la factibilidad y viabilidad de un
proyecto minero comunitario. En caso de que el proyecto minero
comunitario sea viable desde el punto de vista técnico y su área
no presente superposición con otros títulos mineros vigentes, se
otorgará una concesión especial a la comunidad minera
tradicional sobre el área delimitada, así hubiere terceros
interesados en la misma zona.
El artículo 31 del Código de Minas no establece derecho de
prelación alguno en favor de las comunidades que desarrollan
actividades mineras tradicionales en un área determinada, ni
mucho menos en favor de aquellas que presentan la solicitud de
declaración y delimitación de un área de reserva especial.
Ciertamente, tal y como lo advirtieron la entidad demandada y
el tercero con interés, es la delimitación del área de reserva
especial, y no el simple ejercicio de actividades tradicionales o
la radicación de la solicitud, lo que genera un derecho en favor
de la comunidad minera que se concreta en la sustracción
temporal del área de su interés mientras se adelantan los
estudios geológicos mineros para determinar la factibilidad y
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viabilidad del proyecto comunitario.
[…]
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que el solo ejercicio de
actividades mineras tradicionales o la simple radicación de la
solicitud de declaración y delimitación de un área de reserva
especial no confiere derechos a los solicitantes sobre la zona
objeto de interés. Esta misma posición ha sido sostenida por la
Subsección A de la Sección Tercera en reciente pronunciamiento,
así:
<<En efecto, cuando el artículo 31 ejusdem se refiere a que la
autoridad minera o quien haga sus veces “delimitará zonas en
las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas” y
“la concesión solo se otorgará a las mismas comunidades que
hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así
hubiere solicitud de terceros”, parte del supuesto de que las ARE
[Áreas de Reserva Especial] impiden que se concedan otras
solicitudes frente a la zona pedida, pero precisamente siempre
que esas primeras hayan sido declaradas y delimitadas y el
contrato de concesión se haya suscrito, momento a partir del
cual surge el derecho del minero tradicional a explorar y explotar
la mina respectiva.
Una interpretación dirigida a sostener que, al hablarse de
“solicitud de terceros”, se busca excluirlos desde la misma
presentación de la propuesta de ARE, llevaría a concluir que para
que aquella proceda basta con presentarla y no con satisfacer
los demás requisitos de ley, aspecto que, una vez más, no tiene
cabida, pues la normativa sobre la materia en el nivel legal ha
propendido porque el derecho minero, en el caso de las ARE,
surge solo hasta que la zona pedida se declara y delimita y el
contrato se suscribe>>12
En este caso la sociedad demandante presentó una solicitud de
declaración y delimitación de un área de reserva especial que
fue rechazada porque el área objeto de la solicitud presentaba
traslape con los títulos mineros GC4-15002X y GC4-15005X.
Esta decisión se tomó de acuerdo con lo dispuesto en la ley pues,
tal y como ha sido expuesto, la sociedad demandante no tenía
un derecho de prelación sobre el área objeto de su interés en
tanto solo presentó una solicitud para la declaración y
delimitación de un área de reserva especial, solicitud que debía
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 18 de septiembre de 2023, expediente 69267.C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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respetar los títulos mineros vigentes.
La propuesta de contrato de concesión que dio origen a los
referidos títulos mineros fue radicada antes que la solicitud
presentada por la demandante. Los contratos de concesión GC4-
15002X y GC4-15005X allegados al expediente por Miraflores
Compañía Minera S.A.S. evidencian que la propuesta que los
originó fue radicada el 4 de marzo de 2005, mientras que la
solicitud presentada por la demandante fue radicada el 24 de
julio de 2018.
Si bien en el momento en que la demandante presentó su
propuesta los contratos GC4-15002X y GC4-15005X no habían
sido firmados, lo cierto es que esta circunstancia en nada afecta
la legalidad de los actos administrativos demandados. En efecto,
a la ANM le era permitido suscribir esos contratos aun cuando la
sociedad demandante hubiera presentado su solicitud de
declaración y delimitación de una zona de reserva especial pues,
se insiste, la sola radicación de la solicitud de declaración y
delimitación de un área de reserva especial no otorga derecho
alguno de prelación sobre el área objeto de la solicitud […]”.
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se extrae
que las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la
referencia, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución se deriva de la
interpretación que la parte actora pretende que se dé a las normas
aplicables al asunto, fueron resueltas por la autoridad judicial
accionada en las providencias cuestionadas.
Sumado a lo anterior, en lo que refiere a la falta de congruencia
endilgada, la Sala advierte que tampoco está llamada a prosperar,
en la medida en que, contrario a lo advertido por la actora, la
SECCIÓN TERCERA sí realizó su análisis desde la perspectiva del
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ejercicio de actividades mineras tradicionales para concluir que ello
no confiere derechos a los solicitantes sobre la zona objeto de
interés, de tal forma que lo que correspondía era determinar el
momento en el cual se había presentado la solicitud ante la Agencia
Nacional de Minería.
Significa lo precedente que lo pretendido por la accionante es que el
juez de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
con la finalidad de que se haga una corrección al estudio que hizo la
autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que propone,
como si el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso
adicional a los previstos en el trámite.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas, normas y la
jurisprudencia, en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so
pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de un recurso
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adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir
la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la AGENCIA
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Actora: GUTIÉRREZ HERMANOS ASOCIADOS LTDA.
NACIONAL DE MINERÍA, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de febrero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
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Actora: GUTIÉRREZ HERMANOS ASOCIADOS LTDA.
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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