Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00214-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00214-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00214-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
8 de mayo de 2025
Demandante: Gutiérrez Hermanos Asociados L.T.D.A
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00214-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00214-01
Demandante: GUTIÉRREZ HERMANOS ASOCIADOS L.T.D.A
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia de
primera instancia – Declara improcedencia por falta de
relevancia constitucional y por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 20 de febrero de 2025, en virtud de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Primera, declaró la improcedencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La sociedad Gutiérrez Hermanos Asociados L.T.D.A., por conducto de apoderado
judicial1, radicó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de defensa y contradicción, a la justicia, y a la igualdad.
En criterio de la parte accionante, la vulneración de sus garantías constitucionales
se consumó con la sentencia del 10 de octubre de 2024, en virtud de la cual la
autoridad judicial accionada negó las pretensiones de la demanda interpuesta
contra la Agencia Nacional de Minería -en adelante ANM- dentro del medio de
1El señor Miltón Gutierrez Navarrete, en calidad de gerente de la sociedad Gutiérrez Hermanos
L.T.D.A., tal como consta en el Cámara y Comercio de Manizales, Caldas, con fecha de expedición
del 17 de enero de 2025, confirió poder al abogado Daniel Fernando Loaiza Correa, para actuar en
representación del ente societario dentro del presente trámite constitucional. Este fue autenticado en
la Notaría Quinta del Circuito de Manizales, Caldas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
74 del CGP.
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Demandante: Gutiérrez Hermanos Asociados L.T.D.A
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00214-01
control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado 11001-03-26-000-
2021-00058-00.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDO: Ordenar a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
proferir sentencia de reemplazo dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado Nro. 11 001 03 26 000 2021
00058 00 (66737), en la que se analicen todos los medios de prueba debidamente
solicitados, decretados y practicados dentro del proceso2.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El 8 de abril de 2021 la sociedad actora presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declararan nulas las siguientes
Resoluciones expedidas por la ANM: (i) VPPF 299 del 21 de noviembre de 2019 por
la cual se rechazó «la solicitud de declaración y delimitación de un área de reserva
especial, presentada por la sociedad Gutiérrez Hermanos Asociados L.T.D.A., […]»; (ii)
VPPF 078 del 12 de junio de 2020 por la que confirmó la Resolución anterior, y
rechazó el recurso de apelación de la demandante por improcedente.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia de única
instancia del 10 de octubre de 2024 negó las pretensiones, porque, a su juicio, no
se logró desacreditar la legalidad de los actos demandados. Además, condenó en
costas a la demandante.
Para fundamentar su decisión, explicó que la ANM puede delimitar ciertas zonas
como de reserva especial, pero que se deben cumplir unos requisitos; uno de ellos
es que el área este libre. Para el juez contencioso tal condición no se cumplió en
este caso ya que advirtió que en el 100% del perímetro objeto de solicitud de la
parte accionante ya existía un título minero a favor de la sociedad Anglogold Ashanti
Colombia S.A.S., que fue posteriormente cedido a Miraflores Compañía Minera
S.A.S. Por lo anterior consideró que no podía accederse a su reclamación.
El proveído anterior se notificó el 8 de noviembre de 20243.
2 Transcripción original del texto con posibles errores.
3 Índice 084 de Samai dentro del proceso de radicado 11001032600020210005800
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1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
Luego de recapitular los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, explicó que la sentencia enjuiciada incurrió en los siguientes
defectos:
(i) Fáctico: refirió que en la providencia cuestionada hay ausencia de valoración
probatoria, pues no se tuvo en cuenta que, en los 1.117 documentos aportados y
en el extensivo testimonio del señor Abdiel Gutiérrez Navarrete, se logró acreditar
que la sociedad actora ha desarrollado actividades mineras desde el año 1995. De
ahí que era clara la calidad de minero tradicional; no obstante, el juez consideró que
tal condición no tenía importancia alguna, lo que contraría la protección especial
concedida a los mineros ancestrales, que también fue desconocida por la ANM al
proferir los actos administrativos demandados en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Indicó que el objeto de debate es la tradicionalidad, ancestralidad y subsistencia de
las comunidades que han desarrollado su proyecto de vida a través de una actividad
económica basada en la minería, y no sobre la superposición de los títulos mineros.
(ii) Violación del principio de congruencia: advirtió que la discusión planteada
desde el escrito de la demanda giraba en torno a la calidad de mineros tradicionales
ostentada por la sociedad actora, lo que les brinda protección constitucional en
razón a su preferencia para acceder a la formalización en dicha actividad. Frente a
ello, se indicó que no hubo pronunciamiento alguno en la providencia del 10 de
octubre de 2024, la que se limitó explicar el orden de las solicitudes elevadas ante
la ANM.
(iii) Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional en la sentencia
SU-133 de 2017 en la que se estableció que los mineros tradicionales gozan de
protección constitucional, por lo tanto, despojarlos de tal actividad implica
desamparar la tradicionalidad y los medios de vida de dichas comunidades. En
consecuencia, se señaló que debe otorgárseles de manera preferente la concesión
y el otorgamiento del título minero, como ocurrió con la comunidad del municipio de
Marmato, Caldas, por lo que debe concederse la misma preferencia a los aquí
accionantes.
(iii) Asimismo, alegó la violación directa de la Constitución Política porque
consideró que se transgredió su derecho fundamental a la igualdad y al debido
proceso, pues, en su sentir, el juez ordinario optó por negar las pretensiones de la
demanda al decidir sobre la legalidad de un par de actos administrativos que
negaron la declaración de un área de reserva especial, motivación que se plasmó
en 6 páginas en las que resumió que: (i) existe superposición del 100% de la
solicitud de la actora con la concesión suscrita a Anglogold Ashanti Colombia S.A.S;
(ii) no existe prelación de los mineros tradicionales.
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Por lo anterior, reiteró que la condición de mineros tradicionales hace que gocen de
una especial protección, por lo que los servidores judiciales deben ser consecuentes
con dicha connotación y sopesar sus decisiones respecto de la eventual violación
de derechos que puedan generar. En ese sentido, consideró que el trato desigual
surge debido a que, en la decisión enjuiciada se desconoció tal condición como si
no tuviese relevancia alguna.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 20 de enero de 20254, la magistrada ponente de la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la parte
accionante5, a los magistrados de la Sección Tercera, Subsección B, de esta
Corporación6, y vinculó como tercero con interés a la ANM7.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B8
Mediante memorial radicado el 27 de enero del año en curso, el consejero que
suscribió la decisión enjuiciada manifestó que acatará la decisión que se adopte
dentro del presente mecanismo.
1.6.2. Agencia Nacional de Minería9
La entidad allegó contestación el 21 de enero de la anualidad, en la que argumentó
que el análisis plasmado en el fallo censurado se encuentra ajustado a derecho,
pues a su juicio, contiene un examen de fondo y con apego a las disposiciones
normativas vigentes, por lo que pidió que se declare improcedente el amparo por
falta de relevancia constitucional.
Hizo una breve explicación sobre la creación de la institución, la que se dio a través
del Decreto 4134 de 2011, y de las funciones otorgadas en la Resolución 206 de
2013 que fue modificada por la Resolución 223 de 2021, con respecto de la facultad
de esta entidad para resolver sobre las solicitudes de delimitación de Áreas de
Reserva Especial de que trata la Ley 685 de 2001, que en su artículo 31 exige estos
3 elementos esenciales: (i) que el área sea libre, ii) la existencia de una comunidad
minera, y iii) que los trabajos realizados sean de carácter tradicional.
4 Índice 004 de Samai.
5Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a: contacto@gutierrezhermanos.com;
danieloaiza911@gmail.com; miltonguna7@gmail.com
6 Índice 010 de Samai: La notificación fue realizada a: notifemontana@consejodeestado.gov.co;
despacho004s3@consejodeestado.gov.co; lsanchez@consejodeestado.gov.co;
notifmbermudez@consejodeestado.gov.co; suruetar@consejodeestado.gov.co;
lsierrae@consejodeestado.gov.co; mherrerar@consejodeestado.gov.co;
notiffibarra@consejodeestado.gov.co; notiftutelas3@consejodeestado.gov.co;
agarciag@consejodeestado.gov.co
7 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a: notificacionesjudiciales-anm@anm.gov.co
8 Índice 013 de Samai.
9 Índice 009 de Samai.
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Indicó que, en los casos en lo que encuentra acreditados los anteriores requisitos,
la ANM procedió a declarar y delimitar el área de reserva especial y otorga a los
beneficiarios una prerrogativa de explotación temporal sobre el territorio; y les
impone a estos, obligaciones de carácter ambiental y técnico. Por otra parte, si no
cumple los requisitos esta se niega.
Al respecto manifestó que la pretensión de la sociedad actora estaba dirigida a que
se declarara y delimitara un área de reserva especial para la explotación de un
yacimiento de carbón, oro y minerales asociados en la jurisdicción de Quinchía,
Risaralda. Sin embargo, advirtió que en las mismas coordenadas objeto de solicitud
había una superposición del 100% respecto de dos títulos mineros que se identifican
con las placas GC4-15005X y GC4-15002X. Por ello concluyó que el rechazo a lo
pedido por la demandante no se fundó en el elemento de la tradicionalidad, como
esta lo alega.
Finalmente solicitó ser desvinculada de este mecanismo, porque en su sentir, no
incurrió en el desconocimiento o violación de los derechos fundamentales de la
tutelante, por tanto, considera que carece de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.3. AngloGold Ashanti Colombia S.A.S.10
La sociedad se pronunció sobre la presente acción en memorial del 22 de abril de
2025 en el que solicitó ser desvinculada del trámite, al carecer de legitimación en la
causa por pasiva.
Como argumento indicó que ya no es titular del contrato de concesión minera GC4-
15002X y GC4-15005X objeto del fallo que es reprochado en este mecanismo,
debido a que lo cedió a favor de la sociedad Miraflores Compañía Minera S.A.S., y
el registro de la cesión se efectuó el 19 de marzo y 6 de agosto de 2021
respectivamente, por lo que, a partir de la fecha de anotación de las cesiones totales
de los derechos de los contratos de concesión minera GC4-15002X y GC4-15005X
dejó de ser titular minero.
1.6.4. La sociedad Miraflores Compañía Minera S.A.S., guardó silencio, pese a que
fue debidamente notificada del presente trámite11.
1.7. Sentencia de primera instancia12
El Consejo de Estado, Sección Primera, dictó sentencia el 20 de febrero de 2025 en
la que negó la desvinculación solicitada por la ANM y declaró improcedente el
amparo por incumplir con el requisito de relevancia constitucional.
10 Índice 009 de Samai.
11 Índice 008 de Samai. La notificación fue remitida al correo: info@miraflores.co el que corresponde
con el informado en la página web de la sociedad Miraflores Compañía Minera S.A.S.
12 Índice 016 de Samai.
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Como fundamento de su decisión señaló que, las inconformidades expuestas en el
escrito de tutela carecen de una perspectiva constitucional, pues están dirigidas a
que el juez interprete las normas aplicables al asunto en los términos que quiere la
parte actora: cuyo asunto ya se zanjó por la autoridad judicial accionada en la
providencia cuestionada.
En lo referente al cargo de falta de congruencia endilgada, el a quo constitucional
concluyó que, «la SECCIÓN TERCERA sí realizó su análisis desde la perspectiva del
ejercicio de actividades mineras tradicionales para concluir que ello no confiere derechos a
los solicitantes sobre la zona objeto de interés, de tal forma que lo que correspondía era
determinar el momento en el cual se había presentado la solicitud ante la Agencia Nacional
de Minería».
Por lo anterior, consideró que lo pretendido por la parte tutelante es que el juez de
tutela examine nuevamente la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
y corrija la decisión en los términos que quiere la accionante, pretendiendo convertir
a la tutela en una instancia o recurso adicional. Además, indicó que el fallador del
proceso ordinario goza de autonomía judicial para decidir los asuntos sometidos a
su conocimiento.
La sentencia de primera instancia se notificó a las partes e intervinientes el 4 de
marzo de 202513 mediante correo electrónico.
1.8. Impugnación14
La accionante remitió memorial de impugnación argumentando que contrario a lo
señalado por el a quo constitucional, el asunto si goza de relevancia constitucional,
pues pese a que el caso tenga vestigios sobre lo que es un conflicto meramente
legal, considera que la mirada de este mecanismo debe de centrarse en la
invocación de los derechos fundamentales. Máxime si se tiene en cuenta que, a su
juicio, lo anterior no es una causal para declarar improcedente la acción.
Argumentó que el servidor judicial resolvió este mecanismo limitándose a expresar
que la controversia que propone la sociedad actora implica la reapertura de un
asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y que se pretende constituir una
instancia adicional, aunado a que, en su sentir, para fundamentar dicha afirmación
se sirvió de citar la sentencia cuestionada, sin analizar las garantías que se pudieran
trastocar, pues ni siquiera analizó la calidad de minero tradicional que tiene la
sociedad tutelante.
Iteró que contra la providencia censurada se configuran los defectos: fáctico,
violación de la Constitución Política, por transgresión de sus derechos al debido
13 Índice 019 de Samai.
14 Índice 020 de Samai. La sentencia se notificó el 4 de marzo de 2025 a través de correo electrónico,
mientras que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 7 del mismo mes y año, es
decir, dentro del término de 3 días, por lo que fue oportuna su interposición y el recurso se concedió
en auto del 14 de marzo de 2025.
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proceso y a la igualdad y el desconocimiento del precedente porque en esta no se
tuvo en cuenta que las condiciones que reviste la sociedad actora son las de los
mineros ancestrales, por tanto, considera que se omitió la distinción que legalmente
y constitucionalmente tienen quienes ejercen minería tradicional sobre los no
tradicionales, debido al componente que caracteriza las explotaciones llevadas a
cabo por los primeros.
1.9 Actuaciones en segunda instancia
Mediante auto del 9 de abril de 202515 este Despacho puso en conocimiento de las
sociedades, Miraflores Compañía Minera S.A.S16, y AngloGold Ashanti Colombia
S.A.S., la existencia de la presente acción, en aplicación de los artículos 136 y 137
del C.G.P. Lo anterior toda vez que fueron vinculadas al proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-26-000-2021-00058-
00/01, por lo que era menester su vinculación al presente mecanismo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por
Gutiérrez Hermanos Asociados L.T.D.A, conforme lo establecido en el Decreto 2591
de 1991, el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestión previa
La sociedad AngloGold Ashanti Colombia S.A.S., solicitó su desvinculación del
presente trámite, tras considerar que no le asiste legitimación en la causa por pasiva
porque ya no ostenta la titularidad de los títulos mineros GC4-15002X y GC4-
15005X objeto de discusión en el proceso ordinario que dio origen a esta acción.
Sobre el particular, la Sala encuentra necesario precisar que no se accederá a la
misma. Esto, en virtud de que su vinculación se hizo como tercero en virtud del
eventual interés que le puede representar el presente trámite, por ejemplo, ante una
decisión favorable a la parte actora.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 20
de febrero de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Segunda Primera, a efectos
de lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:
15 Índice 004 de Samai.
16 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a:
colombia_institucional@anglogoldashanti.com; info@miraflores.co
7
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• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, vulneró las
garantías invocadas por la parte accionante, con ocasión de la providencia
proferida el 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se negó lo pretendido
por la demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-03-26-000-2021-00058-00?
Para lo anterior, resulta pertinente analizar los siguientes temas: (i) la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de
procedibilidad de subsidiariedad y falta de relevancia constitucional; y, (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 17
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia.19
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) la inmediatez;
y iv) la subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto de amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Subsidiariedad
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela procede en los eventos que la parte accionante carezca de otro mecanismo
de defensa judicial, a menos que el amparo se promueva a efectos de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
Dicho requisito se reiteró en el Decreto 2591 de 1991, el cual, en su artículo 6º
numeral 1º establece:
La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
Conforme lo anterior, se tiene la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
no puede desplazar los mecanismos ordinarios que previamente ha establecido el
legislador. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:
La acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter excepcional que garantiza
la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o violados con
ocasión de la actuación u omisión de una entidad pública o de manera excepcional
por un particular. En efecto, tal y como se expresó en las consideraciones del presente
fallo, para que proceda la tutela contra providencias judiciales resulta necesario que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado todos los
medios de defensa judicial disponibles. Esta exigencia responde principalmente al
principio de subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual se busca impedir su
utilización como: (i) una instancia más dentro de un proceso judicial ordinario; (ii) un
medio de defensa que remplace a los otros diseñados por el legislador para tal fin;
(iii) un instrumento para subsanar errores u omisiones de las partes; y (v) un camino
para corregir oportunidades vencidas. En el caso concreto no se cumple con el
requisito de procedibilidad, relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez
que el tutelante no utilizó los mecanismos ordinarios dispuestos por la ley penal para
hacer valer sus derechos fundamentales, pues tal y como pudo evidenciarse a partir
del material probatorio obrante en el expediente, el accionante omitió solicitar la
nulidad por violación del derecho al debido proceso dentro del respectivo trámite
judicial. El legislador ordinario ha creado múltiples mecanismos entre ellos la nulidad
para evitar la producción de vicios dentro del proceso penal que puedan atentar en
alguna medida en contra del derecho al debido proceso de las personas involucradas
ya sea en la investigación previa, instrucción o juzgamiento, las cuales tiene la
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posibilidad de incoarla cuando quiera que vean afectadas sus garantías
constitucionales.20
Finalmente, no sobra indicar que el análisis de la existencia de otros mecanismos
de defensa debe hacerse en cada caso de forma concreta, para determinar la
idoneidad del medio y las circunstancias particulares del proceso.
2.4.2. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202221 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal22 (Énfasis de la
Sala).
20 Sentencia T 436 de 2009. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
21 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
22 Sentencia SU-573 de 2019.
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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico23; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional24.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal25”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales26”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto27, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal28.
(Resaltado de la Sala)
3. Caso concreto
En resumen, la parte actora iteró en el escrito de impugnación que contra la
sentencia cuestionada se configuran los siguientes defectos: (i) fáctico por la
supuesta ausencia de valoración de la prueba documental y testimonial en las que
se probó la calidad de minería tradicional desarrollada por la tutelante; (ii) violación
a la Constitución Política, porque considera vulnerados sus derechos
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-128 de 2021.
27 Sentencia SU-573 de 2019.
28 Ibid.
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fundamentales al debido proceso y a la igualdad ante la decisión de negar sus
pretensiones dentro del proceso ordinario en una corta sentencia, sin fundamento;
(iii) transgresión al principio de congruencia porque en la providencia censurada no
se hizo ningún pronunciamiento sobre la condición y protección que debe darse a
los mineros tradicionales, siendo este el argumento principal de la demanda; (iv)
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional29, sobre la protección
constitucional a las actividades de minería tradicional.
Al respecto, se advierte que, la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación,
mediante providencia de única instancia del 10 de octubre de 2024 negó las
pretensiones, con fundamento en lo siguiente:
14.- En este caso la sociedad demandante presentó una solicitud de declaración y
delimitación de un área de reserva especial que fue rechazada porque el área objeto
de la solicitud presentaba traslape con los títulos mineros GC4-15002X y GC4-
15005X. Esta decisión se tomó de acuerdo con lo dispuesto en la ley pues, tal y
como ha sido expuesto, la sociedad demandante no tenía un derecho de prelación
sobre el área objeto de su interés en tanto solo presentó una solicitud para la
declaración y delimitación de un área de reserva especial, solicitud que debía
respetar los títulos mineros vigentes.
15.- La propuesta de contrato de concesión que dio origen a los referidos títulos
mineros fue radicada antes que la solicitud presentada por la demandante. Los
contratos de concesión17 GC4-15002X y GC4-15005X allegados al expediente por
Miraflores Compañía Minera S.A.S. evidencian que la propuesta que los originó fue
radicada el 4 de marzo de 2005, mientras que la solicitud presentada por la
demandante fue radicada el 24 de julio de 2018.
16.- Si bien en el momento en que la demandante presentó su propuesta los
contratos GC4-15002X y GC4-15005X no habían sido firmados, lo cierto es que esta
circunstancia en nada afecta la legalidad de los actos administrativos demandados.
En efecto, a la ANM le era permitido suscribir esos contratos aun cuando la sociedad
demandante hubiera presentado su solicitud de declaración y delimitación de una
zona de reserva especial pues, se insiste, la sola radicación de la solicitud de
declaración y delimitación de un área de reserva especial no otorga derecho alguno
de prelación sobre el área objeto de la solicitud.
Sin embargo, la tutelante estima que contra la providencia referida se configuraron
los yerros, fáctico, contradicción del principio de congruencia, violación directa de la
Constitución Política referidos, por lo que la Sala procederá con el respectivo
análisis.
En primer lugar, la actora alega la configuración de una supuesta incongruencia en
la sentencia cuestionada, porque, a su juicio, el togado no resolvió el punto de la
demanda referente al trato diferencial dada la calidad de mineros tradicionales que
ostenta la actora. Para ello, la sociedad Gutiérrez Hermanos Asociados L.T.D.A,
puede hacer uso del recurso extraordinario de revisión de la sentencia, previsto en
29 Trajo a colación la sentencia SU-133 de 2017.
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el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal del numeral 5°
del artículo 250 ibidem, esto es: «[…] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
Sobre este aspecto y de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós Especial de
Decisión de esta Corporación, la incongruencia da lugar a la nulidad originada en la
sentencia, que es una de las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5° del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011. La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes
términos:
[…]
2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de procedencia
del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…]
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la
sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188
del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia,
se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad
superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a
la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia,
en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en
la causa petendi.
[…]
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte
demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es
la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido
en la parte motiva de la providencia.
[…]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6
del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del
debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos
términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta
de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar.
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[…]
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta
al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia
externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el
fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los cargos y
pretensiones de la demanda.
Entonces en lo que atañe al cargo de incongruencia de la sentencia, no se supera
el requisito subsidiariedad, al no haberse agotado todos los medios de defensa
judicial, comoquiera que en tal caso procede el recurso extraordinario de revisión,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 del CPACA, el que puede
interponerse: «[…] dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia». En
ese sentido, como la providencia se notificó el 8 de noviembre de 2024, aún cuenta
con el término previsto en la norma.
En segundo lugar, respecto a los yerros fáctico y a la violación directa de la
Constitución Política, se advierte que, su justificación es la inconformidad con la
conclusión a la que arribó el operador judicial, quién, después de analizar las
pruebas obrantes en el proceso concluyó que los actos administrativos demandados
gozaban de legalidad, pues en estos se le explicó a la demandante que no había
lugar a que la ANM declarara y delimitara la zona reclamada por la parte
demandante como de reserva especial para poder explotar un yacimiento de
minerales, porque en la misma área reclamada, la autoridad ya había otorgado un
título minero a favor de la sociedad AngloGold Ashanti Colombia S.A.S, que fue
cedido posteriormente a la empresa, Miraflores Compañía Minera S.A.S.
Por tanto, para el togado, la demandante no logró desacreditar la legalidad de las
resoluciones enjuiciadas, cuyo sustento de la ANM para negar la solicitud de
delimitación de un área por reserva especial fue que en el mismo perímetro
reclamado por Gutiérrez Hermanos Asociados L.T.D.A., ya existía un título minero
a favor de la sociedad Miraflores Compañía Minera S.A.S., por lo que, para el juez
contencioso, en nada incidía la condición de minero tradicional alegado por la parte
actora.
Sin embargo, la accionante, en el escrito de tutela itera los argumentos expuestos
en el proceso ordinario respecto de la supuesta preferencia que la ANM y el
operador judicial debido concederles para acceder a su solicitud, dada su calidad
de minero tradicional.
De conformidad con lo anterior, para la Sala, lo argumentado por la actora lo que
realmente denota es que está inconforme con la decisión del juez contencioso, de
ahí que se deduzca que pretende convertir este mecanismo en una tercera
instancia.
Sobre la valoración de los medios de prueba, o la normativa que soporta la decisión,
es preciso mencionar que es un ejercicio intelectivo en el que el juez, aplicando las
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reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, determina el valor que
asigna a cada prueba y escoge la norma que resulta aplicable al caso concreto.
Se resalta que la administración de justicia garantiza que los jueces gocen de
autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela. Aunado
a lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano de
control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los procesos,
los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el
legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de
tutela y la desarticulación de la organización judicial.
Ahora bien, respecto al desconocimiento del precedente alegado, la accionante
únicamente referenció y citó la sentencia SU-133 de 2017 de la Corte
Constitucional, sin exponer mínimamente alguna regla o subregla de derecho
aplicable a su caso y que hubiera sido desconocida por el accionado, en
consideración a las particularidades del caso concreto. En efecto, la actora no
abordó de forma alguna los asuntos que fueron tratados en dicha providencia, sino
que se limitó a reiterar los argumentos respecto de la protección constitucional de
los mineros tradicionales, con lo que no cumplió con la carga mínima requerida para
que exista un pronunciamiento de fondo por parte de la Sala.
Sobre este cargo es preciso resaltar que esta Sección ha considerado que la parte
que invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la
decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia, lo que no
se cumplió por la demandante.
Se advierte que, los reparos que son expuestos en el escrito introductorio, pese a
hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de lenguaje de carácter
constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la
intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se evidencia prima facie la
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada, especialmente cuando se trata de una providencia de una Alta
Corporación, tal como lo ha indicado la Corte Constitucional:
[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.30
30 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Por último y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
las decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales invocados, en los términos que indicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, cuya carga argumentativa no se
satisface de manera plena por la tutelante, pues contrario a ello, por medio de este
mecanismo se busca que el juez de tutela revise nuevamente la validez de los actos
administrativos proferidos por la ANM cuyo examen de legalidad ya fue efectuado
por el fallador del proceso ordinario, sin embargo, la accionante está inconforme con
ello.
Por otro lado, no se acreditó, ni siquiera de forma sumaria, la causación de un
perjuicio irremediable, en los términos señalados por la Corte Constitucional:
[…]
Ahora bien, para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda
superar el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido
que (i) el perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar
la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de
aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna31.
Conforme lo expuesto, se confirmará la providencia del 20 de febrero de 2025
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional pero solo frente a los yerros
fáctico, violación de la Constitución Política y desconocimiento del precedente
porque la parte actora no cumplió la carga mínima y reiteró los argumentos ya
expuestos en el proceso ordinario, pretendiendo abrir un debate ya zanjado, sin
embargo, con respecto a la inconformidad con la supuesta contradicción al principio
de congruencia se declarará improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, porque la tutelante cuenta con el recurso extraordinario de revisión
de sentencia, de conformidad con lo expuesto.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la sociedad
Anglogold Ashanti Colombia S.A.S.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de febrero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, pero por las razones expuestas en este
proveído.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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