Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00240-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00240-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00240-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de febrero de 2025
Demandante: Juan Sebastián Donoso Sarmiento
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00240-00
Sala CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00240-00
Demandante: JUAN SEBASTIÁN DONOSO SARMIENTO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Tema: Derecho de Petición – Declara la carencia actual de objeto
por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en la
Constitución Política, artículo 86 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991,
en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 20 de enero de 2025, ante la Secretaría General
del Consejo de Estado, el señor Juan Sebastián Donoso Sarmiento en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al
trabajo, al debido proceso, a la libertad de profesión y oficio, al mínimo vital y
a la tranquilidad personal.
La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías por cuanto a la
fecha de presentación de esta tutela y pese haber enviado el 27 de diciembre
de 2024 la documentación requerida y aprobado el examen de Estado para
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obtener su tarjeta Profesional definitiva no ha recibido respuesta del proceso,
lo que no le permite ejercer su profesión de Abogado.
1.2. Pretensión
«1. Se reconozca y entutele mi Derecho fundamental al TRABAJO,
DEBIDO PROCESO, LIBERTAD DE PROFESION Y OFICIO,
MINIMO VITAL Y TRANQUILIDAD PERSONAL
2. Se me allegue en un plazo de 24 horas la tarjeta profesional definitiva
y el certificado de vigencia»1.
2.1. Hechos
Manifestó el accionante que ingresó a la Universidad Católica de Colombia a
estudiar la carrera de derecho en el año 2019, razón por la cual le
correspondía presentar el examen de Estado para abogados el 20 de octubre
de 2024.
Que según la Resolución URNAR24158 de 2024, «Por la cual se da
cumplimiento a la condición prevista en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-
12162 de 2024», en la cual resuelve ARTÍCULO 1. SUSPENDER la vigencia
de las tarjetas profesionales de los abogados con anotación provisional,
conforme lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24- 12162 de
2024, su tarjeta profesional de carácter provisional fue declarada NO
VIGENTE.
Indicó que, el 27 de diciembre de 2024 se publicaron los resultados del
examen de Estado mediante Resolución URNAR24-228 en donde aparece en
el renglón 3393 como aprobado, razón por la cual ese mismo día mediante
radicado 43502 remitió la documentación correspondiente para la obtención
de su tarjeta.
Expresó que, a la fecha de presentación de esta tutela, no ha recibido
respuesta del proceso, razón por la cual no ha podido ejercer su profesión.
1.4. Sustento de la petición
El accionante fundamentó esta acción de acuerdo con lo establecido en los
artículos 86 y 23 de la Constitución Política que señalan “Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
1 transcripción del original con posibles errores
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mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales,(…)” y, “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 22 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran el Consejo Superior de la
Judicatura, así como al director de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en el presente proceso en calidad accionados.
1.6. Contestaciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentó el siguiente informe:
1.6.1. Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia
Mediante comunicación remitida el 28 de enero de 2025, solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela por cuanto dicha entidad se ha limitado a
dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias concernientes
al examen de Estado de que trata la Ley 1905 de 2018.
Que el Acuerdo que el acuerdo 002 de 1996, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, facultó a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia para efectuar la inscripción y expedición
de la tarjeta profesional de abogado, previo cumplimiento de los preceptos
legales y reglamentarios sobre la materia.
Indicó que la Ley 1905 de 28 de junio de 20184 señaló que “[s]e entenderá
aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la media del
puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada
examen, el CSJ señalará la representación porcentual del puntaje obtenido
sobre la media nacional.”
Reveló que el Acuerdo PCSJA24-12163 de 9 de abril de 2024, también
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, estableció el reglamento
aplicable a la presentación del examen de Estado. Los artículos 12 y 13,
señalaron respectivamente que, “[l]os resultados del Examen de Estado para
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Abogados serán publicados conforme al cronograma” y que “[c]ulminado el
trámite de los recursos, el Consejo Superior de la Judicatura a través de la
URNA publicará el listado de abogados con los resultados finales obtenidos
en el Examen de Estado para Abogados, en la página web
https://sirna.ramajudicial.gov.co conforme al cronograma.”
Señaló que mediante la Resolución URNAR24-228 de 27 de diciembre de
2024 se publicaron los resultados obtenidos por los egresados y abogados
habilitados para presentar el examen de Estado dentro del cual en la tabla
3393 el actor aparece con un puntaje de 47,61905 APROBADO.
Reveló que el 27 de diciembre de 2024 el señor Donoso Sarmiento solicitó el
trámite de cambio de tarjeta profesional de abogado – sin anotación
provisional- y que en respuesta a lo anterior mediante requerimiento número
1035 de 23 de enero de 2025 la unidad le informó que su solicitud
permanecería en estado “requerido” hasta el próximo 7 de febrero fecha en la
cual se publicaría el listado final de los resultados del examen tras la
resolución de los respectivos recursos y, posteriormente se continuaría con la
gestión del mismo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
desconoció los derechos fundamentales alegados por el señor Juan
Sebastián Donoso Sarmiento, ante la presunta falta de respuesta respecto del
trámite y cambio de definitivo de su tarjeta profesional razón por la cual lo ha
llevado al no poder ejercer su profesión de Abogado.
Para abordar el problema jurídico se analizarán los siguientes aspectos; (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) del derecho fundamental de petición y
(iii) caso concreto.
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2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución consagra el precepto según el cual, toda
persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 2, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).
2.4. Del derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución consagra que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional ha desarrollado tal garantía a partir de un núcleo
esencial3, el cual presupone lo siguiente:
i) La posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés
general o particular.
ii) La obtención de una pronta y material resolución del asunto puesto en
consideración, independientemente de si resulta favorable o no a lo
pretendido.
iii) Es necesario que la respuesta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Tribunal Constitucional ha señalado:
2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
3 Corte Constitucional. Sentencias T-495 de 1992, T-010 de 1993, T-392 de 1994, T-392
de 1995 y T-291 de 1996.
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«Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden
reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es
necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la
adopta y sea puesta en conocimiento del peticionario; si el interesado
ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que el derecho
ha sido observado cabalmente»4
Mediante la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015, se reguló el
derecho fundamental de petición y, se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues con
este se había desconocido la reserva de ley estatutaria para desarrollar un
asunto restringido constitucionalmente en el artículo 152 Superior.
Concretamente, se estableció como regla general un plazo de 15 días para
resolver la solicitud y precisó, además, que antes de que se cumpla el término
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el plazo en el
cual se realizará la contestación.
2.5 Caso concreto
El actor considera vulnerados sus derechos fundamentales por cuanto
manifiesta que a pesar de haber aprobado el examen de Estado y enviado la
documentación correspondiente no se le ha enviado respuesta respecto a la
expedición de su tarjeta profesional definitiva.
La Sala encuentra que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, emitió la
Resolución URNAR24-228 de 27 de diciembre de 2024, mediante la cual se
publicaron los resultados obtenidos por los egresados y abogados habilitados
para presentar el examen de Estado.
Además, se le brindó respuesta a la petición elevada por el accionante
mediante oficio del 23 de enero de 2025, en donde se le manifestó que su
solicitud permanecería en estado “requerido” hasta el próximo 7 de febrero
fecha en la cual se publicaría el listado final de los resultados del examen tras
la resolución de los respectivos recursos y, posteriormente se continuaría con
la gestión del mismo. (se anexa imagen)
4 Corte Constitucional. Sentencia T - 529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
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La Corte Constitucional sostuvo que la terminación del proceso de tutela por
carencia actual de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho
fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud, por lo
que resulta inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir
alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucionales
transgredidas. Además, ha dicho que esta figura jurídica puede proceder en
tres supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por
una situación sobreviniente.
Al respecto, ha señalado:
“(…) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la
protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una
amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada
jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
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expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto
jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las
garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el
objetivo que fue especialmente previsto para esta acción (…)5” (Destacado
por la Sala)
En relación con los referidos tres supuestos la Sala ha precisado:6
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual
se materializa cuando en el trámite de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de
tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto”.7
(iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la tutela, con
ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada.
En este orden, para esta Sección es claro que cuando se satisface lo
solicitado en la acción, se está ante un hecho superado y lo que el juez debe
hacer es declarar la carencia actual de objeto en el asunto que se le presente
a su conocimiento.
En tal virtud, es claro que el presente trámite procesal carece actualmente de
objeto, comoquiera que el hecho que motivó al accionante para la
interposición de la tutela fue superado al brindarle una respuesta de fondo,
clara y concreta a su petición al manifestarle que: “solo hasta que culmine la
fase de resolución de recursos y publicados los resultados finales el 7 de
5 Sentencia SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
6 Ver sentencia de 13 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-
03-15-000-2018-04225-00.
7 Corte Constitucional, sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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febrero de 2025, las personas que aprueben dicho examen podrán: iniciar el
trámite para el cambio de tarjeta profesional, según lo dispuesto en el artículo
6 del Acuerdo PCSJA24- 12162 de 2024, con el fin de obtener el documento
sin la anotación de provisionalidad”
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado dentro
de la acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los
tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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