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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00247-00

Fecha
28 de febrero de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00247-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Iván Jesús Serrano Miranda contra el Consejo de Estado-Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 13 Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00247-00 Solicitante: Iván Jesús Serrano Miranda Acción de tutela – Sentencia de primera instancia TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00247-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

28 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00247-00

Accionante: IVÁN JESÚS SERRANO MIRANDA

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN PRIMERA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Hecho superado cuando la autoridad satisface lo solicitado sin que medie la orden del
juez.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el solicitante contra el Consejo
de Estado-Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Santander.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 20 de enero de 2025, Iván Jesús Serrano Miranda, a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a elegir
y ser elegido, que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander
y el Consejo de Estado-Sección Primera al proferir las sentencias el 11 de abril y 3
de octubre de 2024, respectivamente, en el marco del medio de control de pérdida
de investidura1 que Diego Waldrón Guerrero interpuso para que se dejara sin
efectos su elección como Concejal del Distrito Especial Portuario, Biodiverso,
Industrial y Turístico de Barrancabermeja, para el período 2024-2027.

1
Identificado con número de radicado: 68001-23-33-000-2024-00220-00/01.

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00247-00
Solicitante: Iván Jesús Serrano Miranda
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En virtud del amparo, solicita que

PRIMERO: Se declare que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado (en adelante “SECCIÓN PRIMERA”), vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, contradicción, defensa y acceso a la administración de justicia, del señor
IVÁN JESÚS SERRANO MIRANDA, al proferir constancia de ejecutoria de fecha 20 de enero
de 2025, respecto de la sentencia de segunda instancia proferida el día 3 de octubre de 2024,
dentro del medio de control de perdida de investidura con radicado número
680012333000202400220-01, sin haber tramitado una solicitud de adición presentada dentro
del término de ejecutoría de la sentencia.

SEGUNDO: Que se ORDENE a la SECCIÓN PRIMERA dejar sin efectos la constancia de
ejecutoria emitida el 20 de enero de 2025, respecto de la sentencia de segunda instancia de
fecha 3 de octubre de 2024, dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado
número 680012333000202400220-01, por ser vulneradora de los derechos fundamentales
que le asistente al señor IVÁN JESÚS SERRANO MIRANDA.

TERCERO: Se ORDENE a las entidades notificadas, a saber: la Procuraduría, la Alcaldía
Municipal de Barrancabermeja, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de
Barrancabermeja, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Especial del Estado
Civil de Barrancabermeja, hacer caso omiso de las notificaciones efectuadas por la
Honorable Sección Primera, hasta que se resuelva la solicitud de adición de la sentencia
presentada por el suscrito togado.

2. Hechos relevantes

El 4 de marzo de 2024, Diego Waldrón Guerrero interpuso el medio de control de
pérdida de investidura para que se dejara sin efectos la elección de Iván Jesús
Serrano Miranda, como Concejal del Distrito Especial Portuario, Biodiverso,
Industrial y Turístico de Barrancabermeja, para el período 2024-2027. Lo anterior,
con base en el causal prevista en el numeral 2 del artículo 43º de la Ley 136 de
1994. Con base en esta planteó una violación al régimen de inhabilidades.

El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Santander
quien, por sentencia del 11 de abril de 2024, accedió a las pretensiones y decretó
la pérdida de investidura. El entonces Concejal apeló la decisión. El asunto fue
conocido en segunda instancia por el Consejo de Estado-Sección Primera quien,
por sentencia del 3 de octubre de 2024, confirmó la decisión.

3. Fundamentos de la solicitud

El solicitante considera que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00247-00
Solicitante: Iván Jesús Serrano Miranda
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

y a elegir y ser elegido. Lo anterior, con ocasión a las providencias proferidas el 11
de abril y 3 de octubre de 2024. Sostiene que en estas se incurrieron en los defectos
sustantivo, fáctico, decisión sin motivación y procedimental.

Del defecto sustantivo, aduce que las autoridades efectuaron un análisis equivocado
del artículo 43 del régimen de inhabilidades, pues la sanción impuesta en realidad
no le es aplicable. Analizaron de forma equivocada el elemento de la culpabilidad
en la conducta reprochada, pues no es suficiente afirmar que la condición de
miembro de una junta directiva equivale al ejercicio de autoridad administrativa, ya
que dicha condición implica una función de representación, mientras que la
autoridad administrativa es ejercida de manera conjunta por el órgano colegiado.

En este sentido, sostuvo que no tenía la calidad de director del establecimiento
educativo, ya que no se desempeñó como rector, por ello, no era ordenador del
gasto y que el ejercicio de la función de administrar el fondo de manera coordinada
con el rector no significa la modificación de la titularidad de la función de ordenación
del gasto.

Esgrimió que en realidad actuó con función de representación y que el tipo
sancionatorio establece «la autoridad administrativa», la cual se ejerce como órgano
colegiado. Considera que las accionadas no analizaron en profundidad el objetivo
de las inhabilidades y su trascendencia democrática, y que la sanción aplicada no
fue proporcional. Por lo anterior plantea que:

«(...) su actuación individual nunca orienta ni determina, por sí sola, el rumbo del
cuerpo colegiado. Por lo tanto, en estricto sentido, no ejerce autoridad
administrativa, ya que esta se ejerce en la decisión conjunta, es decir, por el órgano
colegiado en su totalidad.

En conclusión, no es suficiente afirmar que la condición de miembro de una junta
directiva equivale al ejercicio de autoridad administrativa, ya que dicha condición
implica una función de representación, mientras que la autoridad administrativa es
ejercida de manera conjunta por el órgano colegiado. Esto aplica únicamente
cuando se logra acreditar que dicho órgano realizó algún contrato y no se limitó a la
simple autorización de este, puesto que las funciones administrativas son inherentes
al ordenador del gasto.»

También hizo referencia a la modalidad de imputación objetiva tomada en
consideración en el caso en concreto. Con base en esta adujo que, a pesar de que

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Solicitante: Iván Jesús Serrano Miranda
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se determinó que la modalidad de culpa aplicable es la «grave», la decisión
desarrolló los criterio propios de la culpa «levísima».

Respecto del defecto fáctico sostiene que las autoridades no emplearon una debida
valoración del material probatorio aportado. Considera que las autoridades debieron
haber decretado de oficio las pruebas que hubieren considerado necesarias y
suficientes para refutar o confirmar las hipótesis que estaban en disputa. En este
punto hizo un análisis de distintos argumentos expuestos por el Consejo de Estado-
Sección Primera en la sentencia y, con base en estos, sostiene que no se empleó
una valoración individual ni conjunta de las pruebas aportadas.

Afirma que no se analizó la fiabilidad de las pruebas y, por el contrario, se emplearon
criterios de subsunción mediante criterios abstractos para, por ejemplo, arribar a
concluir la aplicación de un grado de culpa equivocado. Considera equivocado,
además, que no se haya efectuado un ejercicio de análisis probatorio en atención
al principio de la presunción de inocencia. Expresó que:

Si la presunción de inocencia es aplicable al proceso de pérdida de investidura, ello
implica que el concejal investigado no debía asumir consecuencias probatorias
derivadas de la inactividad en la producción de pruebas. Por el contrario,
correspondía al órgano Estatal la obligación de aportar suficientes elementos de
conocimiento para desvirtuar las hipótesis alternativas y, en consecuencia, acreditar
los supuestos de hecho que justificaran la aplicación de las normas jurídicas
invocadas. Sin embargo, en el presente caso, las entidades accionadas se limitaron
a emplear expresiones vagas, sin realizar un verdadero esfuerzo argumentativo y
probatorio. (...) se invierte la carga de la prueba y se exime al Estado de su
responsabilidad probatoria.

Con base en lo anterior sostiene que se configuró, por tanto, una decisión sin
motivación. Considera también que se configuró un yerro procedimental, pues el 13
de enero de 2025 se presentó una solicitud de adición de la sentencia del 3 de
octubre de 2024 y el 20 de enero de 2025, la Secretaría de la Sección Primera
expidió constancia de ejecutoria la sentencia del 3 de octubre de 2024, sin que se
hubiere resuelto la solicitud mencionada.

Pidió como medida previa ordenar la suspensión provisional de los efectos de la
constancia de ejecutoria del 20 de enero de 2025 respecto de la sentencia de
segunda instancia proferida el 3 de octubre de 2024 por la Sección Primera del

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Solicitante: Iván Jesús Serrano Miranda
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Consejo de Estado, pues a su juicio con esa constancia se cancela la credencial de
Concejal del Distrito Especial Portuario, Industrial y Turístico de Barrancabermeja

4. Trámite procesal

El 24 de enero de 2024 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a
las autoridades judiciales accionadas, así como a Diego Waldrón Guerrero, en
calidad de terceros con interés, y se negó la medida previa solicitada. También se
comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Primera solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela, pues no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional. Adujo que lo que pretende el accionante es una
instancia adicional al proceso ordinario, pues los argumentos expuestos en sede de
tutela, ya fueron analizados en el marco del proceso de la referencia.

Del defecto fáctico alegado sostuvo que, contrario a lo considerado por el
accionante, fue conforme con las pruebas obrantes en el plenario que se configuró
el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
de inhabilidades. Del defecto sustantivo expuesto planteó que la decisión se tomó
con base en el marco normativo y jurisprudencial aplicable, incluyendo un extensivo
análisis de la inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 136.
Esgrimió que la solicitud es en realidad una exposición de argumentos sobre la
discrepancia que existe con los razonamientos expuestos en las providencias
reprochadas. Del defecto procedimental sostuvo que este debe ser declarado
improcedente por carencia actual del objeto. Esto, pues la solicitud de adición de la
sentencia fue resuelta por auto del 30 de enero de 2025, por lo que no se vulneró
su derecho fundamental al debido proceso.

El Tribunal Administrativo de Santander pidió que se declare improcedente el
amparo. Sostuvo que los argumentos expuestos por el solicitante no son de recibo,
pues la decisión proferida por la primera instancia atendió los parámetros legales y
jurisprudenciales aplicables al caso en concreto. Adujo que de conformidad con el
material probatorio aportado se logró evidenciar la configuración de los elementos

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Solicitante: Iván Jesús Serrano Miranda
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subjetivo y objetivo que dieron lugar a la decisión de decretar la pérdida de
investidura del Concejal, hoy accionante. También remitió copia digital del
expediente ordinario.

CONSIDERACIONES

5. Cuestión previa

Aunque la parte accionante interpuso la acción de tutela en contra del Consejo de
Estado-Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Santander, esta Sala solo
analizará la sentencia del 3 de octubre de 2024 proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, en tanto fue la providencia que puso fin al proceso.

6. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que confirmó la decisión de
primera instancia mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del Concejal
del Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de
Barrancabermeja, Iván Jesús Serrano Miranda.

7. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia

2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial
censurada; (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia
verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron

3
Ibidem.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.

Carencia actual de objeto por hecho superado

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que si, estando en curso la tutela
se dictare una resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos
de indemnización y de costas, si fueren procedentes. La carencia actual de objeto
por hecho superado se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela
y el fallo se satisface lo solicitado en el amparo, de modo que la pretendida orden
de tutela no es necesaria y, por ello, el juez debe concluir la actuación5.

Caso concreto

El accionante considera que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a elegir y ser elegido, al proferir las providencias cuestionadas. Sostiene
que en estas se incurrió en los defectos sustantivo, por emplear un análisis
equivocado del tipo sancionatorio aplicado; fáctico, por no decretar las pruebas que
se hubieren considerado como necesarias ni hacer un análisis individual ni colectivo
de las pruebas aportadas, y todo esto entendido como una decisión sin motivación.
Adicional a lo anterior planteó que se expidió la constancia de ejecutoria de la
sentencia del 3 de octubre de 2024, sin haber resuelto la solicitud de adición
presentada, respecto de dicha providencia.

5
Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.

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Solicitante: Iván Jesús Serrano Miranda
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De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso, se
resolvió que el tipo sancionatorio previsto en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, según la cual
«[…] no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
[…] Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado
público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como
ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito
[…]» le era aplicable al caso del accionante.

En consecuencia, el Consejo de Estado-Sección Primera, como juez natural de la
segunda instancia, dispuso que se configuró el elemento objetivo y subjetivo de la
causal de pérdida de la investidura invocada.

Respecto del objetivo, encontró acreditado que Serrano Miranda fue elegido como
Concejal Distrital de Barrancabermeja, Santander, además de que detentó y ejerció
materialmente como autoridad administrativa como miembro del Consejo Directivo
de la Institución Educativa en representación de los docentes de la jornada matutina
de la Sede A. Así, de conformidad con el material probatorio aportado y allegado al
proceso, determinó que:

113. En punto de lo anterior, la Sala considera que, como lo señalan los apelantes, aún
cuando es cierto que el Rector tiene asignada las funciones de celebrar contratos, suscribir
actos administrativos y ordenar los gastos con cargo a los recursos del Fondo de Servicios
Educativos, según lo previsto en el Decreto 1075, señalado en el marco normativo
desarrollado supra, la jurisprudencia de la Sección Primera ha considerado, en forma
consistente, que los miembros del Consejo Directivo intervienen como ordenadores del
gasto de la institución pública educativa y autorizan la celebración de los contratos, lo que
implica, como se explicó en precedencia que, entre la celebración del respectivo contrato y
la autorización del consejo directivo existe una relación inescindible, ya que en estos casos
el correspondiente contrato está antecedido de los acuerdos que el consejo debe expedir y
sin los cuales no es posible contratar.

114. Ahora bien, sobre el Decreto 1278 o Estatuto de Profesionalización Docente traído a
colación por los apelantes, para indicar que los miembros del Consejo Directivo no son
directivos docentes, la Sala considera que el hecho que los miembros de dicho órgano de
gobierno no estén catalogados como directivos docentes en el artículo 6 60 ibidem, no
desvirtúa que materialmente cumplan funciones administrativas y, por ende, que ejercen
autoridad administrativa, máxime cuando, según el artículo 2.3.3.1.5.3. del Decreto 1075 los
Consejos Directivos están constituidos “[..] como instancia directiva […]”; conforme con el

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2.3.1.6.3.3 ibidem, administran el Fondo de Servicios Educativos en coordinación con el
Rector, lo que, según el texto de la propia norma significa que Consejo Directivo y Rector,
coordinadamente, realizan las acciones de presupuestación, recaudo, conservación,
inversión, compromiso, ejecución de recursos y rendición de cuentas; y que, en general,
tanto las acciones del presupuesto, como, por ejemplo, las de aprobación, adición,
ejecución, así como como las relativas a la ordenación del gasto y de celebración de
contratos, requieren aprobación del Consejo Directivo, como cuerpo colegiado, y, por ende,
sus miembros son quienes las cumplen, individualmente considerados, al interior de ese
seno.
(…)

116. De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales señalados supra,
atendiendo los hechos probados en el proceso y no controvertidos en los recursos de
apelación, la Sala considera que, en el caso concreto, el Concejal elegido, ejerció autoridad
administrativa, derivada de su calidad de miembro del Consejo Directivo de la Institución
Educativa en representación de los docentes de la jornada matutina de la Sede A.

117. En efecto, en dicho cargo no solamente detentó dicha autoridad, potencialidad que
resulta suficiente para que se configure la inhabilidad, sino que la ejerció materialmente al
cumplir la función que como miembro de ese órgano de gobierno escolar le corresponde,
consistente en aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del plantel educativo,
concretamente, el Acuerdo 021 de 2022, por medio del cual se aprobó el de la Ciudadela
Educativa del Magdalena Medio, correspondiente a la vigencia 2023.

118. Por último, respecto del elemento territorial previsto en el numeral 2.° del artículo 43 de
la Ley 136, está acreditado, y no se discute por los apelantes, que la autoridad se ejerció
por el señor Iván Jesús Serrano Miranda en el Distrito de Barrancabermeja, donde resultó
elegido Concejal.

(…)

En consecuencia, la Sala considera que el ejercicio de autoridad endilgado al Concejal, tuvo
lugar dentro del espacio temporal señalado en el numeral 2.° del artículo 43 de la Ley 136,
el cual transcurrió desde el 29 de octubre de 2022 y hasta el 29 de octubre de 2023; como
la participación del Concejal en la aprobación del Acuerdo 021 ocurrió el 22 de noviembre
de 2022, el Concejal ejerció autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a la
elección, como lo señala la norma; por esta razón se encuentra cumplido esta exigencia .

Sobre el elemento subjetivo, la autoridad de la segunda instancia consideró que su
conducta es gravemente culposa. Si bien, el accionante señaló que no advertía que
pudiera estar inhabilitado por ser miembro del Concejo Directivo de la institución
educativa, en la medida que su condición de docente era incompatible con la
aspiración de hacerse elegir concejal; la Sala estimó que el solicitante no obró con
la diligencia debida y exigida para quien pretende elegirse popularmente, para
establecer si podía aspirar a dicho cargo luego de pertenecer al Consejo Directivo
de una institución pública educativa y tampoco encontraron acreditado que su
conducta esté justificada en la buena fe calificada, pues según el artículo 9 del
Código Civil la ignorancia de la ley no sirve para excusar su transgresión.

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Con base en lo anterior, la Corporación sostuvo que:

127. En cuanto a la culpabilidad con la que actuó el Concejal, la Sala considera que de sus
condiciones personales, esto es, su formación como docente en matemáticas y su
experiencia como docente desde el año 2016, así como su calidad de miembro del Consejo
Directivo durante el año 2022, le brindan las capacidades cognitivas suficientes, para
entender que el Consejo Directivo es una instancia directiva, del gobierno escolar, y que las
funciones que le correspondía cumplir como miembro de dicho Consejo Directivo, no se
circunscribían exclusivamente a la orientación pedagógica del plantel y a la integración
participativa de los distintos actores de la comunidad educativa, sino que también se ejercían
funciones de administración y de dirección administrativa conforme a las normas
especialmente, la Ley 115, la Ley 715 y el Decreto 1075; púes todas ellas determinan que
el Consejo Directivo presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso,
ejecución de recursos y rendición de cuentas.

128. En esa medida, la Sala considera que la conducta del Concejal fue gravemente
culposa, toda vez que debía conocer de su inhabilidad para acceder a ese cargo de elección
popular, porque para tal efecto es obligación general y mínima consultar el marco normativo
correspondiente, máxime cuando la condición personal probada en este proceso, da cuenta
de que el Concejal fue miembro del Consejo Directivo y en tal calidad ejerció la función de
aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de la institución educativa, para el año 2023;
no obstante, se abstuvo de realizar actos dirigidos a conocer y determinar si en dicha calidad
de miembro del Consejo Directivo, podía candidatizarse y hacerse elegir Concejal en la
misma entidad territorial en la que fungía en dicho cargo.

129. Sobre este punto, aun cuando el Concejal insiste en que la decisión de este asunto
sería distinta si se valoraran las pruebas que le fueron rechazadas por extemporáneas, la
Sala considera que dicho planteamiento no tiene vocación de prosperidad, en la medida en
que el respeto de las formas del juicio al que alude el artículo 29 de la Constitución Política,
determina que las etapas procesales son perentorias y preclusivas; razón por la cual, no le
está permitido al juez decretar o incorporar pruebas por fuera de las oportunidades
procesales correspondientes, o cuando ellas no cumplen los requisitos exigidos para dicho
efecto.

130. En este sentido, se tiene que las probanzas cuyo decreto solicitó el Concejal en la
audiencia de alegaciones, en primera instancia, y con el recurso de apelación que presentó,
en segunda instancia, fueron decididas negativamente en las oportunidades
correspondientes; por esta razón, no pueden ser objeto de pronunciamiento alguno en esta
providencia.

Para la Sala los argumentos presentados en este punto por el solicitante no
acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se
encaminan a volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y
esgrimen divergencias de carácter netamente legal. Pues los jueces naturales del
asunto, de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como
con el acervo probatorio aportado, consideraron que para el caso del solicitante,
efectivamente se acreditaron los elementos requeridos para la configuración de la
inhabilidad propuesta. Además de ello, considerando los fundamentos jurídicos que
motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación razonable

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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial
aplicable al asunto.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

Ahora bien, respecto del defecto procedimental expuesto, la Sala advierte que este
argumento no es de recibo. Una vez revisado el proceso ordinario en el aplicativo
de SAMAI, es posible evidenciar que por auto del 30 de enero de 2025, el Consejo
de Estado-Sección Primera, resolvió la solicitud de adición propuesta por el
accionante y la rechazó por considerarla extemporánea (índice 61, SAMAI). Como
la autoridad accionada efectuó lo reprochado por el accionante en este punto, en el
trámite de la presente acción constitucional, se configura un hecho superado de
este argumento y, en consecuencia, se debe declarar la carencia actual de objeto
y la cesación de la actuación respecto del Consejo de Estado-Sección Primera,
pues lo pretendido con la vulneración propuesta respecto de lo acá expuesto, ya se
satisfizo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Iván Jesús Serrano
Miranda contra el Consejo de Estado-Sección Primera y el Tribunal Administrativo
de Santander.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

13
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00247-00
Solicitante: Iván Jesús Serrano Miranda
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
VF

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