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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00247-01

Fecha
1 de julio de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00247-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE 9 Radicación: 11001-03-15-000-2025-00247-01 Accionante: Iván Jesús Serrano Miranda Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de febrero de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00247-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

1 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., primero (01) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00247-01
Accionante: Iván Jesús Serrano Miranda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de trámite de solicitud de pérdida de investidura. / CONFIRMA
IMPROCEDENCIA – Falta de relevancia constitucional. Se emplea como una
instancia adicional y reproches carecen de carga argumentativa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 28 de febrero de 20252 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró la improcedencia de la
acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 20 de enero de 2025, el señor Iván Jesús Serrano Miranda, mediante
apoderado judicial, promovió acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo
de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y a elegir y ser elegido.

2.
Solicitó se dejaran sin efectos las sentencias de 11 de abril y 3 de octubre de 2024
emitidas dentro del trámite de solicitud de pérdida de investidura 3 incoado por el
señor Diego Waldrón Guerrero en su contra4, encaminado a que se decretara la suya
como concejal electo de Barrancabermeja para el período 2024-2027, por haber

1 Tribunal Administrativo de Santander.
2 El proceso ingresó al despacho para fallo de segunda instancia el 26 de mayo de 2025.
3 Expediente 68001-23-33-000-2024-00220-01.
4 Con fundamento en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, esto es, por haber

incurrido en la inhabilidad del numeral 2 del artículo 43 ibidem, que prevé: “No podrá ser inscrito como candidato
ni elegido concejal municipal o distrital:
(...)
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público,
jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como
empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en
la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito”.

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ejercido dentro de los 12 meses anteriores a su elección como autoridad
administrativa en ese ente territorial. También pidió, como medida provisional, dejar
sin efectos la constancia de ejecutoria expedida el 20 de enero de 2025 en esas
diligencias.

3.
Mediante la providencia de 3 de octubre de 2024, se confirmó la decisión de 11
de abril de esa anualidad de decretar su pérdida de investidura. Se determinó que
estaban probados los elementos objetivos para declararla, toda vez que el tutelante
ejerció en el municipio de Barrancabermeja autoridad administrativa, derivada de su
calidad de miembro del Consejo Directivo de la Institución Educativa Ciudadela
Educativa del Magdalena Medio, en representación de los docentes de la jornada
matutina de la Sede A, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022, y las
elecciones al Concejo de ese ente territorial acaecieron el 29 de octubre de 2023.
Asimismo, se acreditó el elemento subjetivo, pues la conducta del concejal fue
gravemente culposa, en razón a que no obró con la diligencia debida y exigida para
quien pretende elegirse popularmente, para establecer si podía aspirar a dicho cargo
luego de pertenecer al Consejo Directivo de una institución pública educativa, y su
conducta tampoco obedeció a la buena fe exenta de culpa o a la confianza legítima.

4.
Respecto de esa decisión, el 1º de noviembre de 2024 presentó solicitud de
aclaración y el 26 del mismo mes y año formuló petición de adición. La primera de
ellas fue atendida con auto de 5 de diciembre de esa anualidad, y la segunda se
rechazó por extemporánea, en providencia del 30 de enero de 2025.

5.
La parte actora indicó que las providencias acusadas incurrieron en defecto
sustantivo, pues se concluyó que para que se considerara autoridad administrativa
era suficiente la sola condición de representante de un consejo directivo, sin tener
en cuenta su ejercicio efectivo. Esa interpretación del tipo disciplinario, contenido en
el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, vulnera los principios de acto (que el sujeto
realice la conducta), estricta tipicidad (que la conducta esté descrita en la norma) y
sustancialidad de la ilicitud (que conducta adquiera la gravedad suficiente para
construir una auténtica ilicitud).

6.
En ese sentido, no bastaba con que fuera miembro de un consejo directivo, pues
la causal exige la realización de una conducta que implique el ejercicio de autoridad
administrativa. Se debía especificar en qué consistió ese ejercicio, detallar cómo,
cuándo y a través de qué actos se llevó a cabo. También se debía acreditar que ese
supuesto ejercicio haya tenido un impacto real y tangible sobre el electorado. Dichos
presupuestos no se comprobaron en el presente caso. Solo se limitó a indicar que,
en su calidad de miembro del Consejo Directivo, aprobó el presupuesto de la
institución educativa, actuación que, en todo caso, no constituye un ejercicio concreto
de autoridad administrativa, porque no comporta la celebración de un contrato.

7.
En todo caso, un miembro de un consejo directivo actúa en ejercicio de una
representación, pues las decisiones en estos órganos se toman de manera conjunta.
Es decir, una actuación individual no orienta ni determina por sí sola el rumbo del
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cuerpo colegiado, de lo que se puede deducir que, en estricto sentido, no ejerce
autoridad administrativa, porque esta se materializa en la decisión conjunta,
emanada del órgano colegiado en su totalidad. Por consiguiente, como su actuar,
por sí solo, no fue determinante para orientar el sentido y alcance de las decisiones
del organismo colegiado, no ejerció autoridad administrativa.

8.
Por otro lado, se determinó que la modalidad de culpa aplicable era la culpa grave,
pero la decisión fue justificada con criterios propios de la culpa levísima, lo que
implica un nivel de exigencia superior y cuya conducta se encuentra exenta de
sanción. Se señaló que no bastaba con la buena fe simple, propia de la culpa leve,
sino que se requería un alto grado de diligencia y prudencia, es decir, la diligencia
que emplea un hombre juicioso, característica de la culpa levísima. Ello resulta
incompatible con el comportamiento propio de la culpa grave, pues esta se refiere al
actuar de una persona negligente.

9.
Asimismo, se configuró defecto fáctico, porque la valoración probatoria fue
inexistente, las reglas de carga de la prueba aplicadas son contrarias a la presunción
de inocencia y nunca se hizo explícito el estándar probatorio aplicable.

10.
No se ejercieron las facultades oficiosas en materia probatoria, pese a que las
autoridades tenían el deber de decretar y practicar las pruebas necesarias y
suficientes para refutar o confirmar las hipótesis en disputa. Ello, amparado en la
aplicación de una regla de carga de la prueba distinta a la presunción de inocencia.

11.
La providencia acusada se enfoca en realizar manifestaciones orientadas a
recordar los criterios que ha utilizado para definir el contenido y alcance de la culpa
grave, pero en ningún momento enuncia las pruebas utilizadas para dar por probada
la hipótesis fáctica. Tampoco señala el valor asignado a cada prueba de manera
individual ni explica cómo, a partir de estas, se construyeron las correspondientes
inferencias probatorias. Por tanto, la motivación en materia probatoria fue
inexistente, pues confundió la subsunción con la valoración probatoria y omitió
realizar esta última; situación que también origina una decisión sin motivación.

12.
La mencionada causal se presentó, en términos generales, porque se omitió (i)
realizar la valoración individual de la prueba, es decir, indicar qué valor se otorgó a
cada elemento de convicción; (ii) llevar a cabo la valoración conjunta de la prueba o
enunciar las inferencias probatorias empleadas; (iii) definir y expresar el fundamento
del estándar probatorio seleccionado; (iv) identificar las hipótesis alternativas
presentes en el caso concreto; y (v) explicar cuáles hipótesis fueron confirmadas,
cuáles fueron refutadas y las razones que sustentan la refutación o confirmación de
aquellas.

13.
Por último, las autoridades judiciales, a pesar de reconocer la aplicabilidad de la
presunción de inocencia en el presente caso, acogieron cargas probatorias
incompatibles con dicha presunción, al exigirse demostración de hechos negativos,
en cuanto a que comprobara que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia
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del Consejo de Estado. Incluso, se negaron a practicar pruebas destinadas a
esclarecer los hechos, basándose en una carga probatoria distinta a la presunción
de inocencia. Por consiguiente, si la presunción de inocencia es inherente al proceso
de pérdida de investidura, ello implica que no debía asumir consecuencias
probatorias derivadas de la inactividad en la producción de pruebas.

14.
En conclusión, anotó que las autoridades judiciales no respetaron los principios
de estricta tipicidad antijurídica (al realizarse una interpretación del elemento objetivo
de la causal invocada -autoridad administrativa- que no es conforme a los postulados
dogmáticos que rigen el derecho disciplinario); culpabilidad (se invocó como
modalidad subjetiva la culpa grave, pero se sustentó con argumentos propios de la
culpa levísima) y presunción de inocencia (no se aplicó una carga estática de la
prueba, por el contrario, se le impusieron cargas probatorias y se omitió realizar la
práctica probatoria de oficio). Asimismo, no se realizó una adecuada motivación
fáctica, al no efectuarse una valoración ni individual ni conjunta del material
probatorio, ni se definió el estándar probatorio aplicable, como tampoco se sustentó
de manera concreta cómo se consideró cumplido dicho estándar.

15.
Por otro lado, indicó que el 20 de enero de 2025 se expidió la constancia de
ejecutoria de los fallos acusados, sin que se atendiera la solicitud de adición que
presentó el 13 anterior frente a la sentencia de segunda instancia.

B. Sentencia de primera instancia

16.
Mediante sentencia de 28 de febrero de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el presente trámite
constitucional. Se determinó que no se cumplía el requisito de relevancia
constitucional, pues los argumentos presentados por el tutelante no acreditan una
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y se refiere a reproches
de carácter netamente legal. La decisión acusada se originó de una interpretación
razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y
jurisprudencial aplicable al asunto, es decir, no se advierte una actuación caprichosa
o arbitraria.

17.
Asimismo, se concluyó que se había configurado el hecho superado, en razón a
la carencia actual de objeto, frente a la suspensión de la constancia de ejecutoria,
por no haberse atendido la solicitud de adición. El 30 de enero de 2025 se despachó
dicha petición, en el sentido de rechazarla por extemporánea.

C. La impugnación

18.
La parte actora reiteró los planteamientos de la solicitud de amparo y agregó que
el asunto reviste de relevancia constitucional. Señaló que resulta de gran importancia
que se fijen criterios claros sobre los requisitos que deben verificar las autoridades

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judiciales para imponer una sanción por pérdida de investidura. De ello depende la
justificación y razonabilidad del ejercicio de ius puniendi para restringir derechos de
corte político. Lo anterior, con base en los principios de legalidad, derecho
disciplinario de autor, culpabilidad y proporcionalidad.

19.
En ese sentido, para verificar la procedencia o no de la pérdida de investidura y
materializar los aludidos principios, se deberán abordar los siguientes aspectos: (i)
sujeto activo calificado, con el fin de establecer la condición de autoridad
administrativa, la cual no recae sobre los órganos colegiados que autorizan la
celebración de contratos y, en todo caso, dicho carácter lo adquiere el órgano en sí,
no sus miembros, pues ellos solamente ejercen una representación; (ii) conducta
realizada, debe existir un acto que pueda ser catalogado como la materialización de
esa autoridad administrativa (ejercicio); (iii) ilicitud sustancial de la conducta, es decir,
que esta afecte de manera sustancial los fines ético-electorales que se persiguen
con el tipo disciplinario invocado; y (iv) culpabilidad, determinar si conducta fue
realizada con dolo o culpa grave, pues la culpa levísima está proscrita en un proceso
de carácter sancionatorio.

20.
Además, no se cumple el deber de motivación de una providencia judicial, al no
acogerse las exigencias mínimas de racionalidad en cada uno de los tres momentos
de la actividad probatoria, a saber: (i) conformación del conjunto de elementos de
juicio, al no decretar pruebas de oficio, lo que conllevó desconocer la presunción de
inocencia en su dimensión subjetiva; (ii) valoración de la prueba, al no efectuar un
razonamiento probatorio, pues no indicaron los criterios utilizados para otorgar o
restar valor probatorio a las pruebas practicadas ni se manifestaron las inferencias
que permitieron concluir que los hechos jurídicos subsumidos en la norma fueron
debidamente demostrados; y (ii) toma de decisión en materia probatoria, no se indicó
cuál estándar probatorio se seleccionó y se aplicó de manera incorrecta la regla de
carga de la prueba aplicable al caso.

21.
En conclusión, se evidencian importantes discusiones que deben abordarse en
relación con la motivación judicial, estas son, los deberes probatorios a cargo de las
autoridades judiciales en casos de pérdidas de investidura, cómo debe realizarse la
valoración probatoria tanto en materia individual como conjunta de la prueba y cuáles
son las reglas de decisión en materia probatoria que deben ser aplicables a este tipo
particular de casos.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

22.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.

5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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F. Análisis del caso concreto

23.
Para la Sala la argumentación expuesta, tanto en la demanda como en la
impugnación, no resulta suficiente para dar por superado el requisito de relevancia
constitucional. Las inconformidades de la parte actora evidencian desacuerdo con la
providencia objeto de censura, en cuanto a la interpretación normativa que consagra
la inhabilidad alegada y a la valoración probatoria allí efectuadas.

24.
Como lo anotó el a quo, pretende emplear esta acción como una instancia
adicional del trámite de solicitud de pérdida de investidura, con la finalidad de reabrir
el debate jurídico ya zanjado por el juez natural de la causa. La simple inconformidad
con una decisión judicial que le resulta desfavorable a un extremo del litigio, no lo
faculta para que acuda ante el juez constitucional con el objeto de modificar tal
determinación, como se expondrá a continuación.

25.
La parte actora indica que la autoridad judicial dio por acreditada la condición de
autoridad administrativa solo por el hecho de que era miembro del Consejo Directivo
de la Institución Educativa Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, sin considerar
si ejerció o no esa función ni su impacto real y tangible sobre el electorado.

26.
Sobre la anterior afirmación, la Sala advierte que no corresponde a la realidad. En
la sentencia acusada, si bien es cierto se indicó que surgía la inhabilidad “para los
docentes en su calidad de miembros del Consejo Directivo de un establecimiento
educativo estatal, ya que las funciones que allí se ejercen conllevan el ejercicio de
autoridad administrativa”, condición que tenía el tutelante, lo que supondría que
solamente tuvo en cuenta ese hecho; también se precisó que en esa calidad
suscribió el Acuerdo 21 de 25 de noviembre de 2022 del Consejo Directivo, mediante
el cual se aprobó el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el Plan Anual
de Adquisiciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023,
en un monto de $632.499.278.

27.
En esa medida, no solamente se tuvo en consideración -de manera aislada- la
condición de miembro del Consejo Directivo de la referida institución educativa para
catalogarlo como autoridad administrativa, pues se relacionó el acto desplegado por
el tutelante que estimó el juez natural comportaba el ejercicio de esa autoridad,
distinto es que para él tal actividad no involucre una materialización de dicha función,
lo que no evidencia ningún tipo de afectación constitucional, sino un desacuerdo con
esa conclusión.

28.
Bajo la misma línea argumentativa, la inconformidad del tutelante, consistente en
que el acto que se relacionó para demostrar el ejercicio de la autoridad administrativa
(suscripción del aludido Acuerdo del presupuesto), carece de esa virtud, al no
comportar la celebración de un contrato, denota discrepancia con lo considerado por
el juez natural de la causa sobre el particular y pretende la imposición de la premisa,
según la cual el único acto que constituye ejercicio de autoridad administrativa es la
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celebración de un contrato, sin tener en cuenta la argumentación suministrada por la
autoridad judicial para concluir que tal actuación sí constituía la materialización de la
autoridad administrativa ni destinar argumentación alguna para desvirtuar desde la
óptica constitucional dicha afirmación.

29.
La autoridad judicial precisó que, de conformidad con el Decreto 1075 de 26 de
mayo de 2015 6 , se ha considerado “que los miembros del Consejo Directivo
intervienen como ordenadores del gasto de la institución pública educativa y
autorizan la celebración de los contratos, lo que implica, (…) que, entre la celebración
del respectivo contrato y la autorización del consejo directivo existe una relación
inescindible, ya que en estos casos el correspondiente contrato está antecedido de
los acuerdos que el consejo debe expedir y sin los cuales no es posible contratar”.
Es decir, le asiste razón al tutelante al indicar que el Acuerdo de presupuesto que
suscribió no comporta una celebración de un contrato, sin embargo, la autoridad
judicial relacionó dicha actuación con el mencionado presupuesto, en razón a que
finalmente en virtud de este es que se pueden pactar acuerdos contractuales.

30.
De igual modo, frente a que en su condición de miembro del consejo directivo solo
ejercía una representación, por tanto, quien se podía considerar como autoridad
administrativa era el órgano en su totalidad, carece de la potencialidad de acreditar
afectación constitucional. Sobre el particular, el juez de la causa consideró que “tanto
las acciones del presupuesto, como, por ejemplo, las de aprobación, adición,
ejecución, así como como las relativas a la ordenación del gasto y de celebración de
contratos, requieren aprobación del Consejo Directivo, como cuerpo colegiado, y, por
ende, sus miembros son quienes las cumplen, individualmente considerados, al
interior de ese seno”.

31.
Con base en lo anterior, se evidencia que la aserción del tutelante de que él solo
ejercía una representación, pues la autoridad administrativa la materializaba el
Consejo Directivo como órgano, es una apreciación de cómo -a su juicio- se debía
entender su responsabilidad, sin que para dicho propósito refiera por qué la
conclusión de la autoridad judicial de atribuir responsabilidad individual implica
arbitrariedad ni encamine argumento alguno para desvirtuar lo considerado por el
juez natural de la causa.

32.
En lo relativo a la indebida imputación de culpabilidad, bajo el sustento de que a
pesar de que se determinó que la conducta la cometió con culpa grave, la decisión
fue justificada con criterios de culpa levísima. Al respecto, la autoridad judicial indicó
que la conducta del tutelante fue gravemente culposa, “toda vez que debía conocer
de su inhabilidad para acceder a ese cargo de elección popular, porque para tal
efecto es obligación general y mínima consultar el marco normativo correspondiente,
máxime cuando la condición personal probada en este proceso, da cuenta de que el
Concejal fue miembro del Consejo Directivo y en tal calidad ejerció la función de
aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de la institución educativa, para el año

6 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”.

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2023; no obstante, se abstuvo de realizar actos dirigidos a conocer y determinar si
en dicha calidad de miembro del Consejo Directivo, podía candidatizarse y hacerse
elegir Concejal en la misma entidad territorial en la que fungía en dicho cargo”.

33.
Con base en lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo señalado por el
accionante, no se adujeron criterios que dieran cuenta de una culpa levísima, pues
se determinó que en su condición de docente e integrante de un Consejo Directivo
era lo mínimo que consultara si esa calidad le generaba inhabilidad para acceder al
cargo de concejal en el que resultó electo.

34.
Ahora bien, el actor indica que el hecho de que el juez natural afirmara que “el
deber de diligencia de quienes aspiran a un cargo de elección popular, conlleva la
exigencia de un alto grado de diligencia y prudencia”, hacía referencia a una culpa
levísima, no tiene asidero jurídico, pues, como se anotó en precedencia, hace alusión
a que quien aspira a postularse a un cargo de elección popular está en la obligación
de conocer y asesorarse adecuadamente de los deberes que el empleo impone, así
como cuáles son las causales de inhabilidad, incompatibilidad y de conflicto de
intereses.

35.
En ese sentido, el defecto sustantivo planteado por el accionante es aparente,
pues carece de una argumentación suficiente que desde la perspectiva
constitucional impusiera interpretar la inhabilidad enrostrada como lo propone la
parte actora. Se limita a cuestionar la hermenéutica de la autoridad judicial para que
se imponga la suya, sin acreditar algún tipo de arbitrariedad o que la acogida en la
providencia acusada contraríe los estándares constitucionales de validez.

36.
La parte actora también indica que se incurrió en defecto fáctico, porque no se
decretaron pruebas de oficio para esclarecer los hechos, omisión que desconoce la
presunción de inocencia, porque se le impuso la demostración de supuestos fácticos
negativos.

37.
Para la Sala, el hecho de que la autoridad judicial haya concluido que el tutelante
no demostró que la conducta estuviera “amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación, o que hubiese solicitado conceptos y asesorías y éstas fueran idóneas”,
no constituye afectación constitucional alguna. Por el contrario, se fundamentó en la
posibilidad de sustraer de responsabilidad al tutelante en virtud de la figura de la
buena fe exenta de culpa o a la confianza legítima. En ese sentido, no se presentó
vulneración de su presunción de inocencia, pues la decisión estuvo soportada en la
normativa que consagra la inhabilidad que se le endilgó y el supuesto fáctico que la
constituyó, por lo que si la intención del accionante era que se le exonerara de culpa,
debía allegar los elementos de convicción que dieran cuenta de la situación que daba
lugar a ello.

38.
En cuanto a las inconformidades de que no hubo valoración probatoria, no se
relacionó el grado de certeza otorgado por cada prueba, ni se explicó el estándar

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probatorio acogido; la Sala advierte que son señalamientos generales sobre el
ejercicio probatorio efectuado por el juez natural de la causa, que carecen de la
potencialidad de configurar el defecto fáctico alegado, máxime cuando la decisión
judicial se respaldó en los elementos de convicción obrantes en el plenario, que
acreditaban la inhabilidad que conllevó la pérdida de investidura del tutelante.

39.
En ese sentido, la autoridad judicial relacionó los documentos que daban cuenta
de la calidad de docente y de miembro del Consejo Directivo del actor, así como de
la suscripción del Acuerdo de presupuesto de dicha institución educativa. Elementos
respecto de los cuales consideró que demostraban el ejercicio de autoridad
administrativa por parte del accionante, lo cual no evidencia algún tipo de
arbitrariedad ni que se contraríen los postulados de la sana crítica.

40.
Por consiguiente, aunque no se hayan relacionado las pruebas como lo propuso
el actor, ni se haya hecho referencia una a una al valor probatorio otorgado, ni se
haya explicado lo referente al estándar probatorio seleccionado, lo cierto es que tales
acciones no comprueban que la autoridad judicial haya incurrido en una falencia de
índole probatoria, diferente es que la parte actora no comparta las conclusiones a las
que arribó, situación que no habilita la presentación de la acción de tutela para
controvertirlas, máxime cuando no plantea ello, sino un reproche frente a la
estructura de la providencia judicial en cuanto a la exposición del material probatorio
que reposaba en el expediente.

41.
En ese sentido, el hecho de que la autoridad accionada no haya zanjado la
controversia como lo pretendía el tutelante, no lo faculta para que acuda a este
mecanismo judicial para imponer el criterio que defiende. La simple inconformidad
de criterios, no comporta en sí la acreditación de la afectación constitucional que se
requiere para conceder el amparo reclamado.

42.
Así las cosas, los reproches de la parte demandante reflejan, además de una
carencia en la argumentación con miras a demostrar la afectación constitucional que
alega, una inconformidad con la manera como el juez natural de la controversia la
zanjó, lo cual tampoco habilita el estudio de fondo de la tutela, pues no basta para
tal efecto invocar unas causales específicas de procedibilidad de la tutela y unos
derechos fundamentales que se estiman vulnerados y expresar un desacuerdo con
la decisión judicial atacada.

43.
En ese orden de ideas, se torna evidente la falta de cumplimiento del presupuesto
de relevancia constitucional, por tanto, se confirmará la sentencia impugnada, que
declaró improcedente la tutela.

44.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00247-01
Accionante: Iván Jesús Serrano Miranda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de febrero de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que declaró improcedente
la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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