Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00248-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00248-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00248-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
13 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00248-00
Demandante: Ana María Hincapié Flórez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00248-00
Demandante: ANA MARÍA HINCAPIÉ FLÓREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN B
Tema: Contra providencia que desató recurso de insistencia. Información
reservada. Defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual
manifiesto y desconocimiento del precedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ana María Hincapié Flórez contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 20 de enero de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la
demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
libertad de información, de acceso a la información pública y a la participación ciudadana.
2. Pretensiones
La tutelante formuló las siguientes pretensiones:
7.3 Se ampare el derecho por violación al debido proceso por defecto sustantivo al fallador escoger una
opción hermenéutica contraía al derecho consagrado en el artículo 26 de la ley 1755 de 2015 y a la
incidencia de la improcedencia del recurso de insistencia en el desconocimiento del mis derechos
fundamentales de acceso a la información pública art 74 CP, y por lo tanto se viola La Ley Estatutaria
1712 de 2014 o “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” ,a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político consagrado en la C.P. art. 40, a la
publicidad de las funciones públicas C.P. art. 209, a velar por el funcionamiento adecuado de la
democracia y a la participación ciudadana en la veeduría de la gestión pública y en especial al patrimonio
público, dentro del proceso radicado al Nro., 25000.2341000202402025 donde es solicitante ANA
MARÍA HINCAPIE FLOREZ, dejando sin efectos el auto, ordenando que en sede de instancia se
resuelva conforme a derecho y según las directrices que se den por el Juez Constitucional en amparo
de los derechos constitucionales que fueron violentados.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Actuación administrativa
La demandante es servidora de la Rama Judicial y el 5 de septiembre de 2024 pidió al
Grupo de Liquidaciones de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
1 Índice 2 de Samai.
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Demandante: Ana María Hincapié Flórez
que le suministrara la «copia digital del expediente presentado a mi nombre para el cobro de la
prima especial, además […] del listado de turnos para pago y el lugar que ocupo en dicho listado»,
ante lo cual el 29 de septiembre de ese año la mencionada dependencia le informó que su
solicitud de pago de los fallos que ordenaron reliquidar sus prestaciones con inclusión de
la bonificación judicial se presentó el 1º de marzo de 2023, «con número de gestión
documental EXTDEAJ23-6515 [e] ingresó al listado de turno para liquidación y posterior pago,
asignándosele el número de expediente administrativo 12961».
3.2 Recurso de insistencia 25000-23-41-000-2024-02025-00
El 3 de octubre de 2024 la actora formuló recurso de insistencia contra la comunicación del
29 de septiembre de 2024, al considerar que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial no le entregó el listado de turnos pedido ni le informó el lugar que allí ocupa, pese
a que esa información era pública y resultaba indispensable para ejercer veeduría
ciudadana al pago de las condenas judiciales impuestas a la Rama Judicial con ocasión
de la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial para los servidores judiciales
y verificar si se atienden o no los principios de transparencia y publicidad.
Que, si bien el listado requerido podía contener datos sensibles por relacionarse con la
intimidad de las personas, ello no impedía que se le suministrara, máxime cuando la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no expuso la carga argumentativa que exige
la jurisprudencia constitucional para negar la entrega de información pública.
A través de Oficio DEAJAL24-15423 del 29 de octubre de 2024, el Grupo de Liquidaciones
de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial «dio alcance a la
respuesta dada a [la] petición inicial de fecha 5 de septiembre de 2024», para indicar que «se
encuentra liquidando las cuenta de cobro que fueron radicadas en septiembre de 2020; de tal
manera que, revisada la base de datos, entre septiembre de 2020 y 1º de marzo de 2023 hay 3237
expedientes asignados que le anteceden al suyo». Asimismo, señaló que el pago de las
mencionadas condenas se realizaba en atención al turno que se le daba a la reclamación
y que con el presupuesto asignado para el 2024 ($200.000.000.000) ya se habían liquidado
540 reclamaciones por un valor de $179.915.266.491.
Que el listado requerido involucraba datos financieros y comerciales de los servidores
judiciales, por ende, eran reservados de acuerdo con el numeral 5º del artículo 24 de la
Ley 1437 de 2011, de ahí que no fuera dable suministrárselos.
El 15 de noviembre de 2024 la actora pidió a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial que remitiera el recurso de insistencia formulado el 3 de octubre de 2024 al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dado que ello debió acontecer dentro de los 10 días
siguientes a la fecha de su presentación, conforme al artículo 26 del CPACA, y ello no
había ocurrido.
El recurso de insistencia fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con
Oficio DEAJALO24-16654 del 21 de noviembre de 2024, en el que la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial indicó que de accederse a la entrega del listado requerido se
contrariaría la cláusula de confidencialidad prevista en el Acuerdo PSAA14-1029 del 22 de
diciembre de 2014 y se desconocería la garantía superior al hábeas data.
El recurso de insistencia arribó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B2, que el 16 de diciembre de 2024 lo rechazó por improcedente, al
estimar que uno de sus presupuestos establecidos en el artículo 26 del CPACA para su
procedencia era que se interpusiera contra un acto administrativo que negara la entrega
de información por presuntamente ser reservada, exigencia que no se cumplía, ya que la
respuesta del 29 de septiembre de 2024 (contra el cual se promovió el recurso de
insistencia) no le negó la entrega del listado solicitado por contener datos financieros, sino
2 Donde se le asignó el número de radicación 25000-23-41-000-2024-02025-00.
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que ello aconteció a través del Oficio DEAJALO24-16654 del 21 de noviembre de 2024, el
cual no fue controvertido.
4. Fundamentos de la tutela
La parte demandante adujo que la tutela cumple los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, la accionante afirma que la decisión judicial cuestionada
adolece de defecto sustantivo, toda vez que en ella se aplicó «una opción hermenéutica
totalmente contraria al derecho sustancial consagrado en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015»
que desconoció las prerrogativas de acceso a la información pública y a ejercer veeduría
ciudadana sobre las actuaciones de la administración.
Que la providencia censurada también involucraba defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, toda vez que no era dable exigirle que interpusiera el recurso de
insistencia contra el Oficio DEAJAL24-15423 del 29 de octubre de 2024, porque sobre la
petición de entrega del listado operó el silencio administrativo negativo, ya que la
comunicación del 29 de septiembre de ese año no se pronunció sobre el particular, en
consecuencia, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial había perdido competencia
para pronunciarse sobre el asunto.
Concluyó la demandante que la decisión judicial atacada incurrió en desconocimiento
del precedente, por cuanto inobservó (i) la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 que
ha precisado que la información financiera es la relacionada con datos que evidenciaran
el comportamiento bancario de una persona, y esas características no las tenía el listado
que le pidió a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; y (ii) el pronunciamiento
de la Corte Suprema de Justicia4, que ordenó entregar la relación de personas a las
cuales le había pagado la condena judicial.
5. Trámite procesal
Por auto del 24 de enero de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como
tercero con interés al director ejecutivo de administración judicial.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 28 de
enero de 2025.
6. Intervenciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
sostuvo que la providencia cuestionada se emitió en atención a las normas que rigen el
recurso de insistencia y a las pruebas que reposaban en el expediente 25000-23-41-000-
2024-02025-00. Recalcó que ese trámite se promovió contra la respuesta del 29 de
septiembre de 2024, pero no frente al Oficio DEAJAL24-15423 del 29 de octubre de 2024,
que fue el que invocó la reserva de la información requerida, lo que imponía desestimar
dicho trámite por improcedente, tal como aconteció.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que no emitió la providencia cuestionada, por
tanto, no era posible atribuirle vulneración de derechos fundamentales de la demandante.
Además, la tutela era improcedente, por cuanto se empleaba con la finalidad de reabrir
una discusión decidida en debida forma a través de la decisión judicial censurada, lo que
3 Sentencia C-951 de 2014.
4 Sala de Casación Laboral, sentencia del 21 de octubre de 2020, M. P. Luis Benedicto Herrera Díaz, expediente
STL8686-2020.
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Demandante: Ana María Hincapié Flórez
desnaturalizaba el carácter excepcional de esta acción.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la providencia del 16 de diciembre de
2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, rechazó por improcedente el recurso de insistencia 25000-23-41-000-
2024-2025-00.
No obstante, la vinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no fue
como parte demandada, sino en calidad de tercera con interés, porque esa dependencia
fue parte demandada en el trámite contencioso-administrativo en el que se dictó la
decisión judicial que aquí se reprocha, situación que justifica su comparecencia en este
asunto constitucional e impide desvincularla.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
demandante con el fin de dejar sin efectos la providencia del 16 de diciembre de 2024,
con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
rechazó por improcedente el recurso de insistencia 25000-23-41-000-2024-2025-00.
La Sala anticipa que denegará al amparo solicitado, toda vez que la determinación judicial
censurada no adolece de defecto sustantivo ni de defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y en esta instancia judicial no es dable emitir un pronunciamiento sobre el
presunto desconocimiento del precedente.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por Ana María Hincapié
Flórez cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que se
discute la presunta afectación del derecho fundamental de acceso a la información
pública, derivada de la presunta indebida aplicación del ordenamiento jurídico por parte
de la autoridad accionada al declarar improcedente el recurso de insistencia 25000-23-
41-000-2024-02025-00.
Asimismo, se constata que la discusión planteada por la accionante es constitucional y
no legal o económica, toda vez que concierne al presunto desconocimiento de la potestad
que tienen las personas de ejercer control a las actividades realizadas por los servidores
públicos en ejercicio de sus cargos, prerrogativa que se funda en el derecho de acceso a
la información pública, que es propia de la democracia participativa, y que está protegida
por los artículos 157 y 748 de la Constitución Política, 19 (numeral 29) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 (numeral 110) de la Convención
Americana de Derechos Humanos. Además, no se evidencia que la tutela se utilice como
un instrumento para reiterar argumentos, ya que la providencia cuestionada se emitió en
un trámite de única instancia, conforme al artículo 2611 de la Ley 1755 de 2015, por ende,
no era pasible de ser controvertida por la actora dentro del expediente 25000-23-41-000-
2024-02025-00.
La demanda también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la
verificación del recurso de insistencia 25000-23-41-000-2024-02025-00, el correo
electrónico con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 18 de
diciembre de 2024, por los que se entiende notificada el 13 de enero de 2025, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 20512 del CPACA, y la tutela fue presentada el
20 siguiente (7 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el plazo adecuado para formular la acción de
tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, como el recurso de insistencia es un asunto de única instancia, conforme al
artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, como se advirtió en precedencia, la tutelante no
contaba con recurso judicial alguno al interior del trámite 25000-23-41-000-2024-
02025-00 para controvertir la providencia reprochada.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de sus garantías superiores.
Además, en el escrito de tutela invocó las causales específicas de procedibilidad de la
7 «Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas […]».
8 «Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley […]».
9 «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
10 «1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
[…]».
11 «Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si
se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata
de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición
formulada […]».
12«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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Demandante: Ana María Hincapié Flórez
tutela contra providencias denominadas defectos sustantivo y procedimental por exceso
ritual, manifiesto y desconocimiento del precedente.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
decisión emitida en un recurso de insistencia.
5. Análisis del caso concreto
5.1 Defecto sustantivo
La demandante sostiene que la providencia censurada adolece de defecto sustantivo, en
razón a que adoptó «una opción hermenéutica totalmente contraria al derecho sustancial
consagrado en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015», lo que desconoció las prerrogativas de
acceso a la información pública y a ejercer veeduría ciudadana sobre las actuaciones de
la administración.
De las pruebas allegadas a este trámite constitucional, se evidencia que el 5 de
septiembre de 2024 la accionante, en condición de servidora de la Rama Judicial, le pidió
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que le remitiera «copia digital del
expediente presentado a mi nombre para el cobro de la prima especial, además […] del listado de
turnos para pago y el lugar que ocupo en dicho listado», ante lo cual el Grupo de Liquidación
de Sentencias de la mencionada dependencia le informó, con correo electrónico enviado
el 29 del mismo mes y año, que la solicitud de pago de la condena judicial emitida a su
favor fue radicada el 1º de marzo de 2023 «con número de gestión documental EXTDEAJ23-
6515 [e] ingresó al listado de turno para liquidación y posterior pago, asignándosele el número de
expediente administrativo 12961».
El 3 de octubre de 2024 la demandante interpuso recurso de insistencia, al estimar que la
omisión de entregarle el listado solicitado desconoció el carácter público de la información
que allí reposa y le impedía ejercer veeduría ciudadana sobre la forma en que se pagaban
las condenas concernientes a la bonificación judicial que devengaban los servidores
judiciales.
A través de Oficio DEAJAL24-15423 del 29 de octubre de 2024, el Grupo de Liquidaciones
de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial «dio alcance a la
respuesta dada a [la] petición inicial de fecha 5 de septiembre de 2024» y le informó, entre otras
cosas13, que el listado que requería contenía información financiera, la cual era reservada,
conforme al numeral 5º del artículo 24 del CPACA, en consecuencia, no era dable
suministrársela, ante lo cual el 15 de noviembre de 2024 la tutelante solicitó remitir al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el recurso de insistencia que había interpuesto
para que fuera desatado.
Por medio de providencia del 16 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, rechazó por improcedente el recurso de
insistencia, por cuanto se interpuso contra el oficio del 29 de septiembre de ese año,
cuando lo procedente era cuestionar por su conducto el Oficio DEAJAL24-15423 del 29 de
octubre de 2024, en virtud del artículo 26 del CPACA, porque fue el que invocó la reserva
de la información que reposaba en el listado que la demandante pidió el 5 de septiembre
de esa anualidad.
Con el propósito de determinar si la providencia censurada incurre en defecto sustantivo,
resulta oportuno advertir que los artículos 15 y 74 de la Constitución Política establecen
que a toda persona le asiste la prerrogativa de recibir información « veraz e imparcial» y de
«acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley», en su orden. Este
13 Como que en la actualidad se liquidaban las condenas presentadas en septiembre de 2020, habían 3237 personas
antes que la demandante y en el 2024 se comprometieron $179.915.266.491 de los $200.000.000.000 asignados.
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Demandante: Ana María Hincapié Flórez
último precepto también está contemplado en los artículos 19 (numeral 214) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 (numeral 115) de la Convención
Americana de Derechos Humanos (tratados aprobados por Colombia, mediante las
Leyes 74 de 196816 y 16 de 197217, respectivamente).
El acceso a la información pública involucra aspectos propios de la democracia
participativa, pues permite que las personas ejerzan control ciudadano a las actividades
que adelantan las autoridades y conozcan los resultados obtenidos por ellas. Cabe
advertir que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 1712 de 2014 « […] toda información en
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado[18] es pública […]», con las excepciones
previstas en el ordenamiento jurídico, como la relacionada con la salud pública y la
seguridad nacional (artículo 19 ibidem).
Ahora bien, la Corte Constitucional19 ha indicado que la limitación al acceso a la
información pública es válida, siempre que se pretenda proteger «bienes
constitucionalmente valiosos, [por lo que debe] estar en armonía con los principios de
razonabilidad y proporcionalidad», premisa que ha ocasionado tensión entre ese derecho
fundamental y otros, como el de la privacidad, lo que ha obligado al Congreso de la
República a clasificar los datos en aras determinar cuáles conciernen al ámbito privado
del individuo y cuáles pueden ser conocidos por las demás personas.
Dentro de los tipos de información que se ha establecido se encuentra la reservada, que
hace referencia a los datos que «por su estrecha relación con los derechos fundamentales del
titular - dignidad, intimidad y libertad- se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede
siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Como
por ejemplo, “los datos sobre la preferencia sexual de las personas, su credo ideológico o político,
su información genética, sus hábitos”20»21.
Ahora bien, cuando la Administración niega la entrega de información a una persona con
el argumento de que tiene la condición de reservada, ella cuenta con la posibilidad de
promover el recurso de insistencia en aras de que la jurisdicción contencioso-
administrativa determine si, en efecto, los datos requeridos son reservados o no.
El mencionado recurso de insistencia está establecido en el artículo 2622 del CPACA y
su procedencia está supeditada a los presupuestos allí establecidos, dentro de los que
14 «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
15 «1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
[…]».
16 «Por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos
Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”».
17 «Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969».
18 Condición de tienen todas las entidades públicas y demás personas señaladas en el artículo 5º ibidem.
19 Sentencia C-540 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-602 de 2016.
21 Corte Constitucional, sentencia T-114 de 2018, M. P. Carlos Bernal Pulido.
22 «Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si
se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata
de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición
formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual
decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba
decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento
del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco
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Demandante: Ana María Hincapié Flórez
se destaca el de cuestionar la negativa de entregar información por presuntamente tener
la condición de reservada23.
Visto lo anterior, la Sala observa que el recurso de insistencia 25000-23-41-000-2024-
02025-00 fue interpuesto por la actora contra la comunicación del 29 de septiembre de
2024, por cuyo conducto el Grupo de Liquidación de Sentencias de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial le informó que la petición de pago de la condena a su favor fue
presentada el 1º de marzo de 2023 «con número de gestión documental EXTDEAJ23-6515 [e]
ingresó al listado de turno para liquidación y posterior pago, asignándosele el número de expediente
administrativo 12961».
Sin embargo, tal como lo afirmó la autoridad judicial demandada, fue por medio del Oficio
DEAJAL24-15423 del 29 de octubre de 2024 que la mencionada dependencia le informó a
la tutelante que el listado que requería contenía información reservada por involucrar datos
financieros, lo que le impedía suministrárselo, de ahí que la actora debiera interponer el
recurso de insistencia contra esa comunicación, y no contra la respuesta del 29 de
septiembre de ese año, tal como lo concluyó la autoridad accionada, pues fue la que invocó
la reserva de la información para negar la entrega del documento solicitado.
En ese orden de ideas, la Sala no advierte que la providencia cuestionada incurra en
defecto sustantivo, dado que ella se fundó en una interpretación razonable del
ordenamiento jurídico, en particular, del artículo 26 del CPACA, que exige que el recurso
de insistencia se promueva contra la negativa de entregar información por considerarse
reservada. Por tanto, la mencionada decisión se entiende emitida en virtud del principio de
autonomía judicial del que goza el juez natural y que no es dable reprochar a través de la
tutela por no evidenciarse arbitraria o caprichosa, tal como lo precisó la Corte
Constitucional24, así:
[…] la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con especial intensidad los principios
de independencia y autonomía judicial. En efecto, en la tarea de aplicación de las normas, el juez se
enfrenta a diversas posibilidades hermenéuticas que derivan de la interpretación de las disposiciones
normativas, y no corresponde al juez constitucional señalar cuál es la “correcta”, o la más conveniente
para la resolución de un caso específico, porque con fundamento en el artículo 230 de la Constitución
Política, el funcionario judicial al administrar justicia goza de una libertad interpretativa, producto del
respeto de la independencia y la autonomía judicial, que lo ponen a salvo de injerencias indebidas que
afecten su imparcialidad y la sujeción al orden jurídico, y que únicamente encuentran límite en la
desviación caprichosa y arbitraria de la ley […].
En este punto, debe advertirse que si la actora consideraba que la comunicación del 29
de septiembre de 2024 no decidió en debida forma la petición de entrega del listado que
formuló el 5 del mismo mes y año, contaba con la posibilidad de pedir la protección de su
derecho fundamental de petición a través de la acción de tutela (toda vez que las
respuestas incompletas vulneran esa garantía superior25), y no interponer el recurso de
insistencia, porque allí, se reitera, no se invocó el carácter de reservada de la información
solicitada.
Así las cosas, como es razonable la interpretación del artículo 26 del CPACA en virtud
de la cual la autoridad accionada rechazó por improcedente el recurso de insistencia
25000-23-41-000-2024-02025-00 y, por consiguiente, se encuentra cobijada por el
principio de autonomía judicial, para la Sala la providencia cuestionada no adolece de
defecto sustantivo.
(5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal
o juzgado administrativo.
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella».
23 Corte Constitucional, sentencia T-273 de 2023, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar: «201. En suma, el recurso de
insistencia es el trámite judicial previsto en el ordenamiento jurídico para discutir las posibles vulneraciones al derecho
de acceso a la información. Procede ante las respuestas en las que los sujetos obligados opongan la reserva como
una justificación válida para negar el acceso a información que, en principio, es pública […]».
24 Corte Constitucional, sentencia T-192 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.
25 Corte Constitucional, sentencia T-682 de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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5.2 Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
En la solicitud de amparo la actora afirma que la providencia cuestionada incurre en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, en razón a que no era dable exigirle que
interpusiera el recurso de insistencia contra el Oficio DEAJAL24-15423 del 29 de octubre de
2024, ya que sobre la petición del 5 de septiembre de ese año operó el silencio administrativo
negativo, en consecuencia, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial había perdido
competencia para pronunciarse sobre el particular cuando emitió esa última respuesta.
No obstante, para la Sala dicho argumento carece de asidero jurídico, comoquiera que, de
acuerdo con el artículo 8326 del CPACA, el silencio administrativo negativo se configura 3
meses después de formularse la petición que no ha sido contestada, lapso que no se había
agotado cuando se interpuso el recurso de insistencia (3 de octubre de 2024) y se profirió
el Oficio DEAJAL24-15423 del 29 de octubre de 2024, de ahí que no fuera dable asumir
que aconteció un acto administrativo ficto, es decir, que se haya negado la entrega del
listado pretendido o que la formulación de aquel desencadenara la pérdida de competencia
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para pronunciarse sobre la solicitud del
5 de septiembre de ese año.
Así las cosas, no se evidencia que la providencia cuestionada, al rechazar por
improcedente el recurso de insistencia 25000-23-41-000-2024-02025-00, haya incurrido en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, dado que, se reitera, no acaeció un acto
administrativo ficto en relación con la petición del 5 de septiembre de 2024 (por no trascurrir
los 3 meses de que trata el artículo 83 del CPACA), por ende, no se generó la pérdida de
competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para pronunciarse sobre
el particular, de ahí que esta pudiere emitir el Oficio DEAJAL24-15423 del 29 de octubre
de 2024, contra el cual debió interponerse el recurso de insistencia, pero ello no ocurrió.
En atención a lo expuesto, se concluye que la determinación judicial cuestionada no incurre
en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
5.3 Desconocimiento del precedente
La accionante sostiene que la providencia atacada adolece de desconocimiento del
precedente, porque inobservó (i) la jurisprudencia de la Corte Constitucional27, que señala
que los datos financieros son los que conciernen al comportamiento bancario de las
personas, y como el listado pedido no contenía esa información debió suministrarse; y (ii)
el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia28, que ordenó entregar la relación de
personas a las cuales le había pagado la condena judicial.
No obstante, la Sala estima que la providencia cuestionada, al rechazar por improcedente
el recurso de insistencia 25000-23-41-000-2024-02025-00, no desatendió las
consideraciones consignadas en los pronunciamientos invocados por la demandante,
pues estaban relacionadas con la naturaleza de la información financiera y la autoridad
accionada no se pronunció sobre el particular, ya que rechazó por improcedente ese
trámite por no haberse interpuesto contra el Oficio DEAJAL24-15423 del 29 de octubre de
2024.
26 «Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión
que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere
decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió
adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las
excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra
el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto
admisorio de la demanda».
27 Sentencia C-951 de 2014.
28 Sala de Casación Laboral, sentencia del 21 de octubre de 2020, M. P. Luis Benedicto Herrera Díaz, expediente
STL8686-2020.
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En ese orden de ideas, como en la decisión judicial atacada no se analizó la naturaleza de
los datos crediticios, esto es, no se efectuó un estudio de fondo sobre la condición de la
información que reposaban en el listado pedido por la demandante, la autoridad accionada
no debía estudiar los argumentos consignados en los fallos invocados por la accionante,
de ahí que se concluya que no se configuró el desconocimiento del precedente.
En atención a lo expuesto, la Sala denegará el amparo deprecado por la tutelante, habida
cuenta de que la providencia cuestionada no incurre en defecto sustantivo ni
procedimental por exceso ritual manifiesto y tampoco en desconocimiento del precedente
judicial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la desvinculación del señor director ejecutivo de administración judicial de
este trámite constitucional, conforme a lo indicado en la motivación.
2. Denegar las pretensiones de la señora Ana María Hincapié Flórez, por las razones
expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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