Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00252-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00252-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00252-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de febrero de 2025
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00252-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00252-00
Accionante: Norberto Joaquín Rubio Cuervo
Accionado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia que confirmó decisión de primera
instancia que negó pretensiones de reajuste del salario y de la
asignación de retiro de miembro de las Fuerzas Públicas.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Norberto Joaquín Rubio
Cuervo, mediante apoderado, en contra de la Nación- Rama Judicial- Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
ANTECEDENTES
El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al acceso a
la administración de justicia, al mínimo vital, a la igualdad y al principio de
favorabilidad, los cuales considera vulnerados con la providencia de 10 de
septiembre de 2024, proferida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-054-2021-00340-00 [01].
HECHOS
Manifiesta que estudió en la Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea (ESUFA)
desde el 18 de enero de 1999 hasta el 16 de diciembre de 2001. Prestó sus
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servicios durante 20 años, 2 meses y 24 días en la Institución.
Que el Gobierno Nacional expidió los decretos 62 de 1999, 2737 de 2001, 745
de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004, por medio de los cuales realizó un
incremento al índice de precios al consumidor para ajustar anualmente el sueldo
básico de suboficiales en el grado técnico primero.
Que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL mediante la Resolución
núm. 10201 del 4 de octubre de 2019 le reconoció asignación de retiro,
equivalente al 70% del sueldo básico establecido por el Decreto 1002 de 2019,
por la suma de $1.582.947,00 y que el sueldo básico para el grado de técnico
primero en el año 2019 estaba desactualizado, debido a que no se reajustó dicho
valor conforme al porcentaje del IPC.
Que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de
la Fuerza Aérea Colombiana- FAC. El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá en
sentencia de 21 de septiembre de 2023 negó el reajuste y reliquidación de la
asignación de retiro, decisión que fue confirmada en segunda instancia el 10 de
igual mes de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F.
Argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos de
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política,
como consecuencia de la transgresión de los siguientes derechos fundamentales:
• La igualdad, por desconocer la sentencia del 11 de septiembre de 2014 proferida
por el Juzgado 11 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá en
el proceso 2013-00567, donde le otorgó a un coronel el reajuste de su base de
liquidación salarial, inaplicando por excepción de inconstitucionalidad los
decretos 62 de 1999, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004,
caso que el actor considera que es análogo.
• El mínimo vital, la negativa de acceder a las pretensiones de la demanda genera
un impacto real, directo y negativo en la asignación de retiro del actor, que es la
única fuente de ingresos para sufragar sus necesidades básicas y la de sus
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familiares.
También alega la violación del principio de favorabilidad, con fundamento en que,
si bien por ser miembro de las Fuerzas Militares cuenta con un sistema de
reajuste especial, en su criterio resulta más favorable que le apliquen las
disposiciones de la Ley 100 de 1993.
De igual forma, señaló que en el asunto debe aplicarse la excepción de
inconstitucionalidad de los decretos 62 de 1999, 2737 de 2001, 745 de 2002,
3552 de 2003 y 4158 de 2004, en virtud de los cuales se actualizó la base de
liquidación de la asignación de retiro del actor «en porcentajes inferiores al IPC»
por ser violatoria de los principios y derechos constitucionales de «IGUALDAD
MATERIAL, MINIMO VITAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA».
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados, dejando sin efectos la
providencia del 10 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y, en consecuencia, se
ordene al Tribunal proferir una nueva decisión «accediendo a las pretensiones
incoadas».
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 24 de enero de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación
de las autoridades accionadas y se vinculó a la Nación- Ministerio de Defensa-
Fuerza Aérea Colombiana y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL,
como terceros interesados.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial rindió informe donde
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado
que no participó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
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promovido por el actor; además, la tutela se encamina a dejar sin efectos una
providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, de ahí que, esta corporación no es la llamada
a responder por la decisión adoptada.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F fue debidamente notificado de la presente acción de tutela; sin embargo,
decidió guardar silencio.
POSICIÓN DE LA VINCULADA
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL pidió que se rechace por
improcedente la acción de tutela ante la ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el actor.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: i)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) caso concreto.
I) Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
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II) Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumplan la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar
a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00252-00
la Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.
III) Caso concreto
En síntesis, el señor Norberto Joaquín Rubio Cuervo solicita la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y al principio de favorabilidad, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F al proferir la sentencia de 10 de septiembre de 2024 en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-
054-2021-00340-00 [01].
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Argumentó el actor que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos de
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, por no
aplicar la excepción de inconstitucionalidad de los decretos 62 de 1999, 2737 de
2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004 y, por el contrario, liquidar el
sueldo básico para el grado de técnico primero con un porcentaje menor al índice
de precios al consumidor- IPC.
Encuentra la Sala que la acción de tutela contra la providencia del 10 de
septiembre de 2024 cumple los requisitos de procedencia, pues a) la relevancia
constitucional está dada, en la medida en que se debe examinar la presunta
vulneración de los derechos fundamentales por los defectos de desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución, el demandante argumentó
suficientemente la solicitud; b) el accionante no cuenta con otro medio de defensa
para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues
la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la
providencia o su ejecutoria; d) no se invoca una irregularidad procesal y e) la
tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
Por otra parte, se advierte que el argumento que expone el actor sobre la
presunta violación del principio de favorabilidad, por no aplicar las disposiciones
de la Ley 100 de 1993, no fue planteado por aquel en el recurso de apelación en
contra de la sentencia del 21 de septiembre de 2023; razón por la cual, se
declarará improcedente la acción de tutela en este punto, debido al
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
El Tribunal determinó que el problema jurídico a resolver era «si se deben aplicar
por excepción de inconstitucionalidad los decretos que de forma anual expidió el
Gobierno Nacional en los años 1999, 2001 a 2004, y de ser el caso, si el
demandante tiene derecho al reajuste de la asignación básica y demás
prestaciones devengadas en actividad con aplicación del Índice de Precios al
Consumidor en dichos periodos, para los años 1999, 2001 hasta 2004, y si como
consecuencia, debe ajustarse su asignación de retiro».
La autoridad judicial accionada se pronunció sobre el régimen salarial del
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personal de la Fuerza Pública señalando que de acuerdo con la Ley 4ª de 1992
la fijación de las asignaciones básicas las determina de manera anual el Gobierno
Nacional, y para el caso de los integrantes de la Fuerza Pública se concretó a
través de los decretos «122 de 1997, 58 de 1998, 062 de 1999, 2724 de 2000,
2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004».
Aunado a lo anterior, trajo a colación la sentencia de tutela del Consejo de
Estado3 donde se concluyó que es improcedente la petición del actor relativa al
reajuste de la asignación salarial que devengó en vigencia del vínculo laboral,
con el IPC, toda vez que ésta solo es procedente para las asignaciones de retiro.
Posteriormente, el Tribunal citó las sentencias C 710 y C 815 de 1999, para referir
que de la lectura de éstas se tiene que «no existe fundamento jurídicamente
válido que permita afirmar, que el reajuste de todos los salarios de los servidores
públicos debe estar por encima de la inflación, pues tal posibilidad se previó única
y exclusivamente para la determinación del aumento del salario mínimo».
También analizó las sentencias C 1433 de 2000 y C1064 de 2001 con las cuales
consideró que «el incremento anual, por debajo del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), para el caso de los servidores que devengan valores
superiores a los del salario mínimo, no constituye una vulneración de los
derechos de los trabajadores; y mucho menos a los derechos adquiridos, sino
que comporta una limitación legítima, pues como concluyó la misma Corte
Constitucional“…La prohibición de desmejora de los derechos sociales de los
trabajadores no convierte a dichos derechos en absolutos, ni implica que el
derecho a un reajuste para responder a la inflación que afecta a la población en
general, deba ser reconocido en forma absoluta a todos los servidores públicos4,
independientemente d+e (sic) su nivel de ingresos… pues no todos los servidores
públicos se encuentran en la misma situación salarial, sino que por el contrario,
existen considerables diferencias entre quienes están ubicados en los niveles
superiores de ingreso y quienes no».
Descendiendo al caso concreto adujo que no es cierto que se esté frente a una
3 Consejo de Estado sentencia del 16 de enero de 2020 rad: 11001-03-15-000-2019-04019-01(AC) actor:
Leónidas Mueses.
4 Ibidem
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inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el ejecutivo con fundamento
en la Ley 4ª de 1992, pues tal y como lo concluyó la Corte Constitucional en la
Sentencia C 1064 de 2001 la competencia para establecer el incremento anual
de los salarios de los servidores radica en el Gobierno Nacional, «siendo
constitucionalmente razonable que se establezca un trato diferenciado para el
reajuste de los salarios de los servidores que devengan valores diferentes al
salario mínimo, habida cuenta que ello desarrolla los principios de progresividad
y equidad, circunstancia que implica negar los argumentos de la demanda».
Por otro lado, indicó que tampoco es procedente el reajuste de la asignación de
retiro del demandante conforme al IPC, en vista de que éste aplica para el
personal retirado, para el periodo comprendido entre los años 1997 a 2004;
requisito que no cumple el actor, pues para ese tiempo se encontraba en servicio
activo. Su retiro se produjo el 31 de agosto de 2019, tal y como lo indica la
Resolución núm. 443 del 30 de mayo del mismo año; la asignación de retiro se la
reconocieron el 4 de octubre de la misma anualidad, mediante la Resolución núm.
10201, con efectos fiscales a partir del 30 de noviembre de ese año.
Frente al argumento de que se desconoció la sentencia de 3 de septiembre de
2014 proferida por el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, el Tribunal indicó que
dicha decisión no proviene del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-
administrativa, por lo que no es un precedente vertical de obligatorio
cumplimiento.
De esta manera, el Tribunal confirmó la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda, en torno al reajuste de las asignaciones, básica
y de retiro del demandante.
Conforme a lo anterior, no encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F haya incurrido en los defectos
de desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución por
supuestamente no aplicar la sentencia del 3 de septiembre de 2014 proferida por
el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, pues tal y como lo indicó la accionada
en la sentencia objeto de discusión dicha providencia no es precedente de
obligatorio cumplimiento, pues no se trata de una providencia de unificación
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jurisprudencial y ni siquiera fue proferida por el Consejo de Estado como órgano
de cierre de la jurisdicción.
En consecuencia, se negará el amparo invocado por no configurarse los defectos
de desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y se
declarará 1) improcedente la tutela en relación con el argumento de la presunta
violación del principio de favorabilidad y 2) falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por no haber
participado en el proceso ordinario que se discute, ni ser la llamada a atender las
pretensiones de la tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Negar la acción de tutela instaurada por el señor Norberto Joaquín
Rubio Cuervo, por no configurarse los defectos de desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, conforme a las consideraciones
plasmadas en esta providencia.
Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Norberto Joaquín Rubio Cuervo, en relación con el argumento de la presunta
violación del principio de favorabilidad, conforme a las consideraciones
plasmadas en esta providencia.
Tercero: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a las consideraciones plasmadas
en esta providencia.
Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
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2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC
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