Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00254-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00254-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00254-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
20 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00254-00
Accionante: Marco Tulio Garzón Álvarez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00254-00
Accionante: Marco Tulio Garzón Álvarez
Accionado: Presidencia de la República y otros
Temas: Tutela por incumplimiento en la prestación oportuna y eficaz de los
servicios de salud a los miembros de la Fuerza Pública y por
omisión en el pago de la deuda en salud
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala resuelve la acción de tutela presentada por el señor Marco Tulio
Garzón Álvarez
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de tutela
2. El 20 de enero de 2025, el señor Marco Tulio Garzón Álvarez, invocando su
condición de veterano del Ejército Nacional, afiliado al Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares, interpuso acción de tutela en contra de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa
Nacional, las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
y la Superintendencia Nacional de Salud1.
1.2. Las pretensiones
3. El accionante presentó como pretensiones, las siguientes:
1 La demanda de tutela se presentó a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
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A. Que el respetable despacho estudie la posibilidad de ordenar a los tutelados
encabezados por el señor presidente Petro, máximo comandante y jefe de la
misma, a proceder de inmediato a reconocer y pagar la totalidad de la deuda o, en
caso subsidiario, con el pago del 50% de la deuda, para que revivan esos
derechos.
B. Que ese respetable despacho estudie la posibilidad de solicitar la relación de los
fallecidos, los últimos 5 años, por secuelas o patologías, incluidos los afiliados, que
han solicitado personalmente o por medio de sus familiares se les aplique la
eutanasia.
C. Que ese respetable despacho estudie la posibilidad para no afectar por parte de los
tutelados ninguna excusa o evasión a la cancelación de la deuda porque el método
y acción más rápido y favorable para ellos, los en tutelados, es que a toda hora
manifiestan que no tienen dineros para cubrir esa deuda, lo que no es cierto y lo
podemos sustentar con las diferentes denuncias, demandas y debates de control
políticos que continuamente adelantan al Ministerio de Defensa Nacional, incluidas
Sanidad Militar y Policía, les hace constantemente el Congreso, los senadores JP
Hernández, David Luna y el representante Miguel Polo Polo. El Ministerio de
Defensa tiene engavetado el presupuesto y menos autoriza la ejecución de la
partida asignada para pagar dicha deuda motivo de esta tutela.
D. Que ese respetable despacho se digne a estudiar la posibilidad de ordenar a los
tutelados tomar las acciones pertinentes que la ley les otorga y, si es del caso,
aplicarles sanciones disciplinarias y penales derivadas de la conducta, acción y
omisión de los tutelados, por las acciones expuestas en el presente artículo 92
carta magna.
E. Que ese respetable despacho se digne estudiar la posibilidad de ordenar a los
tutelados, encabezados por el señor presidente de la República, máximo
comandante y jefe de la Fuerza Pública, para que se les conceda un plazo mínimo
para que cancelen la deuda en mención sin disculpa, evasión o pretensión.
F. Que ese respetable despacho se digne estudiar la posibilidad de comunicar e
informar a los tutelados de la responsabilidad que conlleva la acción y la omisión de
ellos como tuteladas ante la problemática nacional de todos los afiliados al sistema
a quienes se les agraven las patologías o secuelas, incluidos los que han solicitado
personalmente o por medio de sus familiares se les apliquen la eutanasia para que
sus deudos puedan impetrar las correspondiente denuncias, demandas, tutelas o
quejas ante el gravísimo problema que tenemos los beneficiarios del sistema de
salud a nivel nacional.
1.3. Los hechos
4. La jurisprudencia constitucional ha expresado claramente la obligación, misión
y deber del Sistema de Salud de atender en forma oportuna, veraz y eficaz la
atención por salud, incluido el suministro de medicamentos y atención general.
5. Los accionados tienen una deuda a nivel nacional por más de 6000 millones
de pesos, por cuenta de servicios de salud, suministro de medicamentos,
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intervenciones quirúrgicas y atención médico quirúrgicas, lo que ha generado que no
estén prestado dichos servicios en forma oportuna y eficaz, y además, que algunos
de los afiliados al sistema de la salud de la Fuerza Pública, que actualmente tienen
problemas graves por salud, patologías y secuelas, exijan la aplicación de la
eutanasia para no seguir sufriendo.
6. Hace unos días murió en el municipio de Fusagasugá uno de sus compañeros
pensionados de la Policía Nacional, en uno de los Centros de Salud o Dispensario
Médico, después de 3 horas que permaneció esperando atención y no hubo
autoridad alguna que le prestara servicios oportunos y eficientes.
1.4. Sustento de la vulneración
7. Las autoridades accionadas le están violando, junto a los demás usuarios de salud
de la Fuerza Pública, los siguientes derechos:
i) Artículo 49 de la Constitución Política. Ley 352 de 19972 y Ley 1751 de 2015.
Atención en salud y saneamiento ambiental, que son servicios públicos a cargo
del Estado.3 La salud y el saneamiento ambiental junto con el pago de la
millonaria deuda que actualmente tiene el Estado, representado por los
accionados, no lo han querido cumplir, hasta el punto de que los Ministerios de
Hacienda y Defensa tienen paralizado y sin ejecutar el presupuesto asignado por
el servicio de salud y atención en general.
ii) Artículo 13 de la Constitución Política. Igualdad de derechos ante la ley y ante
todas las personas. En este momento, el Estado ha omitido y ha sido renuente
para pagar la millonaria deuda que tiene a nivel nacional por servicios prestados y
pendientes por prestar a todos lo que son afiliados al Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de Policía. Al punto de que algunos afiliados, al no tener
ninguna otra opción para salir delante de sus gravísimas patologías y secuelas
están exigiendo, de una vez por todas, se les aplique a primera hora la eutanasia.
Los actuales comandantes de las Fuerzas Armadas no exigen ni piden al
gobierno el pago de la deuda.
iii) Artículo 15 de la Constitución Política. Intimidad personal y familiar. Por la acción
y omisión de los accionados, ya que constantemente está saliendo a la luz pública
una serie de enfermedades, patologías y secuelas que solamente deben ser de
conocimiento y reserva de los afectados.
2 Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
3 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.
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iv) Artículo 20 de la Constitución Política. Libertad de opinión, expresión y
conciencia. Porque tiene derecho de expresarse y opinar, y ser consciente de
todo lo que está ocurriendo por culpa e irresponsabilidad única de los accionados,
que simplemente les interesa el yo, su familia, junto con las prerrogativas que les
da el Estado y los millonarios salarios que reciben por no hacer nada, cuando su
deber es el de exigir que el Estado reconozca, respete y acate los derechos que
otorga la ley y pague lo que adeuda a nivel nacional por servicios de salud en
general, lo que está causando inicialmente agravación de las patologías y
secuelas y, últimamente, la insistencia y la solicitud que para algunos de ellos es
mejor morir y dejar de sufrir al solicitar se les aplique la eutanasia.
v) Artículo 87 de la Constitución Política. Cumplimiento de la ley. Pues los
accionados no están cumpliendo su deber y obligación de prestar «unos»
servicios de salud junto con el suministro de medicamentos y atención en general,
con lo que están causando agravación de patologías y secuelas y continuos
fallecimientos sin razón. No están cumplimiento con su obligación y el deber de
exigir que el gobierno pague la millonaria deuda que tiene.
vi) Artículo 92 de la Constitución Política. Aplicación de sanciones penales o
disciplinarias derivada de la conducta de las autoridades públicas.
1.5. Trámite de la acción
8. El 28 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se
ordenó notificar del proveído a la Presidencia de la República, al Ministerio de
Hacienda, a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas, a la
Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, al Ejército Nacional, a la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional, y a la Superintendencia Nacional de Salud, en calidad de
accionados; remitiéndoles copia de la demanda para que, dentro de los dos (2) días
siguientes a la notificación de la providencia, ejercieran su derecho de defensa, si a
bien lo tenían, y rindieran el respectivo informe
1.6. Informes
9. Realizadas las notificaciones pertinentes, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
―DAPRE―
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10. El 31 de enero de 2025, la coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa
Judicial de la entidad solicitó la desvinculación de la entidad, en razón a su falta de
legitimación en la causa por pasiva y/o, en su defecto, declarar improcedente la
acción, dadas las siguientes circunstancias:
11. Al actor le corresponde demostrar que la presunta afectación de sus derechos
se presenta como una consecuencia de una actuación específica de la entidad
demandada en el proceso. En sentido opuesto, si la presunta violación en nada se
relaciona con el accionar de la entidad, la consecuencia jurídica debe ser
necesariamente la improcedencia respecto de ella.
12. Aunque el demandante hace referencia a la presunta violación de su derecho
a la salud, lo cierto es que no presentó ningún hecho referido a la forma en cómo se
le está vulnerando ni tampoco allegó prueba en ese sentido. En todo caso, es de
señalar que el DAPRE no tiene funciones o competencias en materia de prestación de
servicios de salud de las Fuerzas Militares, conforme lo dispuesto en la Ley 352 de
1997,4 y el Decreto 1795 de 2000.5
1.6.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público
13. El 3 de febrero de 2025, la subdirectora jurídica, Esperanza Alcira Cardona
Hernández, solicitó declarar la improcedencia de la acción en lo que se refiere al
Ministerio y, en consecuencia, desvincularlo del trámite, en atención a lo siguiente:
14. La Cartera Ministerial no tiene competencia en el asunto, ni ha vulnerado por
acción u omisión los derechos fundamentales invocados por el accionante. El rol que
cumple el Ministerio es concretamente presupuestal, en lo que compete a la
asignación global de los recursos a cada sección del presupuesto nacional.
15. Las apropiaciones presupuestales no se asignan a las entidades por
actividades específicas, dado que esa desagregación le corresponde a cada entidad
4 Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
5 Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.
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al ejecutar los recursos, en virtud de la autonomía presupuestal que el Estatuto
Orgánico del Presupuesto les otorgó a los órganos públicos —que son secciones del
Presupuesto General de la Nación—, por lo que de acuerdo con la autonomía
presupuestal que ostentan son las encargadas de administrar y ejecutar los recursos
que le son asignados.
1.6.3. La Superintendencia Nacional de Salud
16. El 5 de febrero de 2025, la subdirectora técnica (E), adscrita a la Subdirección
de Defensa Jurídica trajo a colación el marco normativo y jurisprudencial
correspondiente al régimen de afiliación del Sistema de Salud de la Fuerza Pública y
del procedimiento a seguir para hacer efectivo el derecho fundamental a morir
dignamente; y señaló que el ente de control del Sistema de Salud en Colombia no es
el que tiene en cabeza el aseguramiento de los usuarios del sistema, ni tiene la
facultad para prestar servicios de salud, ya que ello corresponde específicamente a
las Entidades Promotoras de Salud —EPS—.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
17. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela
interpuesta por el señor Marco Tulio Garzón Álvarez en contra de la Presidencia de
la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa
Nacional, las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
y la Superintendencia Nacional de Salud.
18. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991,6 2.2.3.1.2.1., numeral 12,7
6 ARTÍCULO 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención,
los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivaren la presentación de la solicitud.
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del Decreto 1069 de 2015 ―modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021―, y 13 del Acuerdo 80 de 20198
2.2. Problema jurídico
19. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por el accionante y
los informes rendidos por algunas de las autoridades accionadas, esta Sala plantea
como problema jurídico a resolver el siguiente:
• ¿Corresponde analizar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el accionante, pese a que este no aportó al plenario prueba
alguna de que los pedimentos de tutela hayan sido solicitados
primigeniamente a instancia de las autoridades accionadas?
20. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes ítems: i)
sobre la procedencia de la acción de tutela y ii) caso concreto.
2.3. Sobre la procedencia de la acción de tutela
21. La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 constitucional y que se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las solicitudes presentadas en ejercicio del mecanismo
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre
las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible>. De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios
de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar.
7 ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
[…] 12. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República,
incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas,
políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o
entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su
conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado.
8 ARTÍCULO 13.- Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los
asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Las acciones de tutela que
sean de competencia del Consejo de Estado.
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de amparo, comoquiera que el ordenamiento jurídico ha establecido diversas
acciones tanto administrativas como ordinarias encaminadas, igualmente, a la
defensa de los derechos, las cuales no se pueden pasar por alto.
22. Por ello, el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 establece como
causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable».
23. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha reiterado que el juez de tutela
debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando, estrictamente, el
carácter subsidiario y residual de la acción.9 Ello quiere decir que sólo tiene lugar
cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo
para proteger el derecho que se alegue como conculcado o, cuando a pesar de que
se disponga de otro medio de defensa idóneo, se acuda a la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.
24. De no tenerse en cuenta los referidos parámetros el juez constitucional
desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en
contravía del sistema jurídico.
2.4. Caso concreto
25. El accionante acude a la acción de tutela en orden a que se protejan sus
derechos fundamentales i) a la atención en salud y saneamiento ambiental, ii) a la
igualdad de derechos ante la ley y ante todas las personas, iii) a la intimidad personal
y familiar, iv) a la libertad de opinión, expresión y conciencia, v) al cumplimiento de la
ley, y vi) a la aplicación de sanciones penales o disciplinarias derivadas de la
conducta de las autoridades públicas.
9 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre muchas otras.
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26. Lo anterior, al considerar ser vulnerados por la Presidencia de la República, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional, las
Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional,
la Policía Nacional, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la
Superintendencia Nacional de Salud.
27. Como sustento de su vulneración alega que la Presidencia de la República, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Defensa Nacional tienen
una deuda por más de 6000 millones de pesos con el Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de Policía, y que ello ha ocasionado que los miembros y ex
miembros de la Fuerza Pública ya no tengan acceso a los servicios de salud y/o que
no se esté prestando el servicio de forma oportuna y eficaz por parte de las
autoridades encargadas de administrar el sistema de salud de la Fuerza Pública,
además de que en muchos de los casos, varios de sus compañeros estén exigiendo
la aplicación de la eutanasia para no seguir sufriendo.
28. En tal sentido solicita que se analice la posibilidad de: i) ordenar a las
autoridades accionadas a) proceder con el reconocimiento y pago inmediato de la
totalidad de la deuda en salud o, en caso subsidiario, del 50% de ella, sin ninguna
excusa o evasión para su cancelación y/o b) en su defecto, concederles un plazo
mínimo para cancelación sin disculpa, evasión o pretensión; ii) solicitar la relación de
los fallecidos de los últimos 5 años, por secuelas o patologías, incluidos los afiliados
que han solicitado personalmente o por medio de sus familiares la aplicación de la
eutanasia; iii) comunicar e informar a los accionados de la responsabilidad que
conlleva su acción y omisión ante la problemática nacional de todos los afiliados al
Sistema de Salud de la Fuerza Pública, incluidos los que han solicitado el empleo de
la eutanasia; y, iv) si es del caso, aplicar las sanciones disciplinarias y penales
derivadas de la conducta, acción y omisión de las accionadas, en términos de lo
dispuesto en el artículo 92 constitucional.
29. Pues bien, analizados los supuestos del caso se encuentra que, además de
que el accionante no especificó los reclamos presentados en contra de cada una de
las autoridades accionadas, tampoco se aprecia del plenario ninguna petición
presentada ante su instancia a efectos de que fuera en sede administrativa en la que
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se determinara, en primer término, la viabilidad de salvaguardar los derechos
fundamentales que se estiman vulnerados.
30. Por un lado, se evidencia que aun cuando en el escrito de tutela el accionante
menciona que la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Ministerio de Defensa Nacional tienen una millonaria deuda con el
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía, en la contestación ofrecida
por las entidades estas dejaron en claro que a su instancia no se había allegado
ninguna petición ni requerimiento en orden a buscar el pago del dinero enunciado; y,
asimismo, al plenario tampoco se allegó alguna prueba que diera a conocer que la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y/o la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional no le han prestado el servicio de salud de forma oportuna y eficaz, y/o que
la Superintendencia Nacional de Salud haya incumplido con su deber de vigilancia.
31. Así las cosas, se tiene que lo peticionado con el mecanismo de amparo es la
declaración de derechos que no ha tenido un desarrollo ante la administración y ello
torna improcedente la acción de tutela, pues el accionante pretermitió la instancia
administrativa que bien podría garantizar la materialización de los derechos
invocados como vulnerados.
32. Por tanto, se impone en el caso el respeto por el privilegio de la decisión
previa, según el cual, por regla general, la administración pública, a diferencia de los
particulares, no puede ser llevada a juicio si previamente no se le ha solicitado un
pronunciamiento sobre la pretensión que se propone someter al juez.
33. Por otro lado, es de advertir que las pretensiones del accionante ―tendientes
a ordenar la adopción de medidas para lograr el pago de la deuda en salud que tiene
el gobierno nacional con el Sistema de Salud de la Fuerza Pública, y garantizar así la
salud y prestación del servicio a todos los miembros y exmiembros de las fuerzas
militares y de policía― no se dirigen a que se impartan órdenes específicas de
garantía de sus derechos fundamentales, sino la adopción de medidas generales y
estructurales que contribuyan a superar la afectación de la prestación del servicio de
salud en el régimen especial del que hace parte.
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34. Es decir, que en el presente caso el actor no planteó un asunto en el que
exista la posible vulneración de las diferentes manifestaciones del derecho
fundamental a la salud, en su ámbito subjetivo, sino que pone de presente lo que,
considera, posibles fallas estructurales del sistema de salud; y, en ese sentido, como
lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela no procede para
proteger los derechos fundamentales en su dimensión objetiva,10 sino cuando se
evidencie que está comprometida la dimensión subjetiva en un caso en concreto.11
35. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha explicado que los derechos
fundamentales tienen una dimensión subjetiva, lo que quiere decir que el titular del
derecho puede exigir su ejecución a través de las vías judiciales; y en otras
ocasiones, tienen contenido programático, es decir, que su efectividad no puede ser
exigida a través de mecanismos judiciales, por tratarse, precisamente, de programas
de acción estatal que exigen un esfuerzo presupuestal y logístico del Estado que sólo
se puede realizar con la debida planeación y arbitrio de recursos mediante el
procedimiento fijado por la Carta Política.12.
36. En el caso específico, no todos los aspectos cobijados por el derecho a la
salud son tutelables, sino sólo aquellos que afectan el ámbito subjetivo del contenido
del derecho,13 circunstancias que dependerán del examen que realice el juez de
tutela en cada caso en concreto14. En el sub judice, tales circunstancias no se
advierten porque el actor no está solicitando la protección de su derecho en
particular, sino que pretende se adopten políticas públicas que garanticen un mejor
sistema de salud.
37. De esta forma, se evidencia que la presente acción de tutela no supera el
examen de procedencia requerido y, en todo caso, no se encuentra dentro de los
alegatos presentados por el accionante la existencia de algún perjuicio de carácter
irremediable que justifique la flexibilización del requisito de subsidiariedad. En este
10 Corte Constitucional, sentencia C-220 de 2011. «La dimensión objetiva de los derechos
fundamentales hace referencia a su poder vinculante frente a todos los poderes públicos. En efecto,
los derechos fundamentales constituyen un sistema de valores positivizado por la Constitución que
guía las decisiones de todas las autoridades, incluido el Legislador».
11
Ibídem.
12 Corte Constitucional, sentencia T-207 de 1995.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2008.
14 Ibídem.
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sentido, el actor puede pedir a las entidades accionadas que tengan en cuentan sus
sugerencias o puede realizar ejercer sus derechos políticos, de conformidad con el
artículo 40 del texto superior, para que sus solicitudes sean discutidas en el marco
del debate público democrático.
38. En orden, se concluye que en el asunto se configura la causal de
improcedencia de la acción de tutela contenida en el numeral 1º, del artículo 6, del
Decreto 2591 de 1991, que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios
de defensa judiciales al alcance».
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
3. F A L L A:
Primero. DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Marco Tulio Garzón Álvarez.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co
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