Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00260-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00260-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00260-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00260-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
8 de mayo de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: MARIO ALBERTO PINZÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN
NÚMERO 16
Tesis: No es procedente la acción de tutela que se interpone en
contra de la decisión que tiene por no contestada la
demanda dentro de un proceso de reparación directa que
se encuentra en curso
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 14 de febrero de 2025, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El señor Mario Alberto Pinzón1 solicitó el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso, que estima vulnerados con ocasión de los autos del 12 de agosto
de 2024 y 13 de enero de 2025, proferidos por el Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión Número 16, que admitieron el recurso extraordinario
de revisión interpuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)2 contra la sentencia dictada el 10 de noviembre de
2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro del
1
No se indica segundo apellido.
2
Proceso que se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2023-06955-00.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en contra
de la entidad3.
1.2. El referido medio de control fue presentado por la sociedad Bingos y
Casinos de Santander S.A., en liquidación, y los señores Mario Alberto
Pinzón y Guillermo Arenas Joya, representante legal y revisor fiscal de la
sociedad, respectivamente, con el objeto de que se declarara la nulidad
del Emplazamiento 042382012000021 del 10 de octubre del 2012, para
corregir la declaración de renta del 2011 por indicios de inexactitud, y las
Resoluciones 42382013000147 del 27 de diciembre de 2013,
042412014000082 del 18 de septiembre de 2014 y 7686 del 13 de agosto
de 2015, dictadas por la DIAN, por medio de las cuales modificó la
liquidación privada 9100013275316 del 12 de abril de 2012 y sancionó al
representante legal y al revisor fiscal de la sociedad con multa de
$103.041.000, parara cada uno.
Como restablecimiento del derecho solicitaron que se declarara que la
declaración de renta del año gravable 2011, presentada por Bingos y
Casinos de Santander S.A., se encontraba en firme por haberse cumplido
lo dispuesto en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario.
Como fundamento de la demanda, manifestaron que, al haberse acogido
al beneficio de auditoría, la declaración del impuesto de renta para el año
gravable 2011, presentada en forma virtual el 12 de abril del 2012,
cobraba firmeza si dentro de los 6 meses siguientes no le era notificado
el emplazamiento para corregir. En el caso concreto, el emplazamiento
fue entregado por la empresa de mensajería Servientrega en una
dirección diferente a la registrada en el RUT, para efectos de notificaciones
de la sociedad Bingos y Casinos de Santander S.A. liquidación. Por lo
tanto, la sociedad no tuvo conocimiento de dicho acto administrativo. Y
que la DIAN solo notificó dicho acto hasta el 30 de diciembre de 2013, es
decir, 14 meses y 18 días después de haber cobrado firmeza la
3
Proceso que se identificó con el radicado 68001-23-33-000-2016-00053-01.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
declaración de renta de 2011. Agregaron que, en todo caso, los
sancionados no habían autorizado o aprobado llevar doble contabilidad u
omitir ingresos y retenciones.
1.3. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Santander,
autoridad que, mediante sentencia del 12 de marzo de 2021, accedió a
las pretensiones de la demanda con fundamento en que el emplazamiento
para corregir fue entregado por la empresa de mensajería Servientrega
en una dirección distinta a la que registraba el sobre que lo contenía, la
cual coincidía con la consignada en el RUT de la sociedad Bingos y Casinos
de Santander S.A., para efecto de notificaciones. Por lo tanto, para el 12
de octubre de 2012, el contribuyente no había sido notificado del
emplazamiento, por lo que la declaración adquirió firmeza, lo que originó
la nulidad de los actos administrativos demandados.
1.4. Contra la anterior providencia la demandada presentó recurso de
apelación, que fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
mediante proveído del 10 de noviembre de 2022, que la confirmó
parcialmente, y revocó la condena en costas impuesta en primera
instancia a la DIAN.
1.5. La DIAN presentó recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia del 10 de noviembre de 2022, con fundamento en la causal
prevista en el numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
1.6. El recurso correspondió al Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión Número 16, quien por auto del 5 de diciembre de 2023 lo
inadmitió para que, entre otros, se designara de forma completa a las
partes del proceso y se aportara el certificado de existencia y
representación legal de la sociedad Bingos y Casinos de Santander S.A.,
en liquidación. Luego, en proveído del 21 de mayo de 2024, el recurso
fue admitido, y se advirtió que, si bien la referida sociedad estaba
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
liquidada y su matrícula mercantil se encontraba cancelada, esa situación
no impedía la admisión del recurso extraordinario porque su naturaleza
no era propiamente adversarial. Además, vinculó al señor Lucas Beltrán
Patiño, en su calidad de liquidador de la sociedad.
1.7. Contra la decisión que admitió el recurso extraordinario de revisión,
los señores Lucas Beltrán Patiño, Mario Alberto Pinzón y Guillermo Arenas
Joya presentaron recurso de reposición y en subsidio el de apelación, con
fundamento en que la liquidación de la sociedad Bingos y Casinos de
Santander S.A. impedía la admisión del recurso extraordinario, pues esta
no puede ser sujeto de derechos ni de obligaciones al carecer de
personería jurídica, y que, por tanto, el recurso no podía entenderse
subsanado.
Por medio de auto del 12 de agosto de 2024, el Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión Número 16, decidió no reponer la decisión, al
considerar que, de conformidad con el artículo 253 del CPACA, el hecho
de que la parte contraria en el proceso ordinario haya desaparecido no es
causal de rechazo del recurso extraordinario de revisión, y que, contrario
a lo manifestado por los recurrentes, la DIAN subsanó en debida forma la
demanda, pues aportó de manera oportuna la información y la
documentación que le fue requerida. Además, rechazó por improcedente
el recurso de apelación.
1.8. Contra la anterior decisión, el señor Lucas Beltrán Patiño interpuso
acción de tutela, la cual que fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante fallo del 19 de noviembre de 2024 4, que
le amparó el derecho fundamental al debido proceso, dejó sin efectos el
auto del 12 de agosto de 2024 y ordenó al Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión Número 16, dictar un nuevo auto en el que tuviera
en consideración la falta de capacidad procesal del actor para representar
los intereses de la sociedad Bingos y Casinos de Santander S.A.
4
Radicado 11001-03-15-000-2024-05246-00.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
1.9. En atención a lo ordenado en el anterior fallo de tutela, la autoridad
judicial accionada dictó auto de reemplazo del 13 de enero de 2025, que
revocó parcialmente el numeral segundo del auto del 21 de mayo de
2024, solo frente a la vinculación del señor Lucas Beltrán Patiño, y lo
confirmó en lo demás.
1.10. En la presente acción de tutela, el señor Mario Alberto Pinzón
manifestó que las decisiones controvertidas afectan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la tutela judicial
efectiva, pues el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
DIAN debió ser rechazado al dirigirse contra una sociedad que fue
liquidada antes de la radicación del recurso extraordinario.
Adujo que él no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, pues si
bien se desempeñó como representante legal de la sociedad, esa
vinculación finalizó cuando esta entró en proceso de liquidación, siendo
designado como liquidador y representante legal el señor Lucas Patiño
Beltrán. Adicionalmente, señaló que en el proceso ordinario actúo como
representante legal y no en nombre propio, por lo que no debió ser
vinculado en el trámite extraordinario.
De acuerdo con lo Anterior, reiteró que el recurso extraordinario de
revisión debió ser rechazado al no existir sujetos procesales en la parte
pasiva.
Por otro lado, sostuvo que, en el fallo de tutela del 19 de noviembre de
2024, se reconoció la falta de capacidad de Lucas Beltrán Patiño como
liquidador de la sociedad Bingos y Casinos de Santander, por tratarse de
una persona jurídica liquidada, y que en ese caso ninguno de las dos
cuenta con legitimación procesal para representar a dicha sociedad.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
1.11. Con fundamento en los anteriores argumentos, formuló las
siguientes pretensiones5:
“PRIMERA: se tutelen los derechos al debido proceso, igualdad y tutela judicial
efectiva
SEGUNDA: se ordene de manera inmediata al accionado al rechazo de la
demanda por las razones expuestas y por no reunir los requisitos formales
exigidos en el artículo 166 y 252 del cpaca, esto es la designación de las partes
y sus representantes, con capacidad para comparecer al proceso, pues las
partes mencionadas en la parte pasiva no tienen capacidad de comparecer al
proceso”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 30 de enero de 2025, el juez de primera instancia
admitió la tutela y ordenó vincular en calidad de terceros con interés al
despacho de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez del Consejo de Estado,
Sección Cuarta; al Tribunal Administrativo de Santander, a la DIAN y al
señor Guillermo Arenas Joya.
2.2. El Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Número 16,
hizo un resumen de las actuaciones adelantadas dentro del trámite del
recurso extraordinario de revisión, y manifestó que la solicitud de amparo
no cumple con el requisito de relevancia constitucional con fundamento
en que el accionante pretende utilizar la acción de tutela como una
instancia adicional para discutir los argumentos planteados en la decisión
de admitir el recurso extraordinario.
2.3. El Tribunal Administrativo de Santander manifestó que no
vulneró los derechos fundamentales del accionante pues su competencia
terminó con la expedición de la sentencia de primera instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.4. La consejera de Estado Myriam Stella Gutiérrez Argüello
manifestó que la acción de tutela resulta improcedente por no satisfacer
el requisito de relevancia constitucional, pues lo que pretende el
5
Se transcribe del texto original, incluso con posibles errores.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
accionante es instrumentalizar la solicitud de amparo como una instancia
adicional al trámite del recurso extraordinario de revisión, en cuanto a la
discusión sobre la capacidad para comparecer al mismo.
2.5. La DIAN adujo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, pues los cargos planteados por el accionante
no cuentan con la carga argumentativa mínima. Además, manifestó que
no se ve satisfecho el requisito de subsidiariedad al presentarse contra de
una decisión proferida dentro de un proceso que se encuentra en curso.
2.6. El señor Guillermo Arenas Joya guardó silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 14 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, estudió de fondo el asunto y denegó el amparo al
considerar que la accionada no vulneró los derechos fundamentales del
señor Mario Alberto Pinzón al vincularlo al trámite del recurso
extraordinario de revisión, pues ello obedeció a su calidad de demandante
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Adicionalmente,
en dicha demanda se pretendía la nulidad de las resoluciones por medio
de las cuales la DIAN, entre otros, sancionó por inexactitud en la
presentación de la declaración de renta al accionante.
Por otra parte, consideró que la decisión de tutela del 19 de noviembre
de 2024 no es aplicable al señor Mario Alberto Pinzón, pues este fue
vinculado al trámite del recurso extraordinario de revisión en atención a
que fue demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
IV. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró
los argumentos de la demanda. Hizo énfasis en que la sanción fue
impuesta en calidad de representante legal de la sociedad Bingos y
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
Casinos de Santander S.A., y no como persona natural, por lo que se
debía tener en cuenta que la demanda fue presentada en las mismas
circunstancias y, en consecuencia, no cuenta con legitimación procesal
dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. La sociedad Bingos y Casinos de Santander S.A., en liquidación, y
los señores Mario Alberto Pinzón y Guillermo Arenas Joya presentaron
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN con el
fin de que se declarara la nulidad de los actos que los sancionaron por
inexactitud en la declaración de renta del año 2011.
5.2.2. El medio de control correspondió al Tribunal Administrativo de
Santander, quien, en sentencia del 12 de marzo de 2021, accedió a las
pretensiones de la demanda.
5.2.3. Contra la anterior decisión la DIAN presentó recurso de apelación,
que fue resuelta mediante sentencia del 10 de noviembre de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, quien la confirmó parcialmente.
5.2.4. La DIAN presentó recurso extraordinario de revisión contra el fallo
de segunda instancia, el cual correspondió al Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión Número 16, quien lo admitió mediante providencia
del 21 de mayo de 2024.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
5.2.5. Contra la anterior decisión, los señores Lucas Beltrán Patiño, Mario
Alberto Pinzón y Guillermo Arenas Joya presentaron recurso de reposición
y en subsidio el de apelación, que fue resuelto en auto del 12 de agosto
de 2024 por el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Número 16,
quien no repuso la decisión y rechazó por improcedente el recurso de
apelación.
5.2.6. El anterior proveído fue objeto de la acción de tutela presentada
por el señor Lucas Patiño Beltrán, la cual fue resuelta por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, quien mediante fallo del 19 de
noviembre de 2024, le amparó el derecho fundamental al debido proceso
y dejó sin efecto la decisión atacada y ordenó a la al Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión Número 16, tener en cuenta la falta de
capacidad procesal del señor Patiño Beltrán para representar los intereses
de la sociedad Bingos y Casinos de Santander S.A.
5.2.7. Conforme lo ordenado en el fallo de tutela del 19 de noviembre de
2024, la Sala Especial de Decisión Número 16, profirió auto de reemplazo
el 13 de enero de 2025, en el que revocó parcialmente el numeral segundo
del auto del 21 de mayo de 2024, solo en lo relacionado con la vinculación
del señor Lucas Beltrán Patiño, y lo confirmó en lo demás.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
5.3.1.1. El requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
contra providencias judiciales
Conforme el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º del
Decreto 2591 de 19916, la acción de tutela es un recurso subsidiario y
residual para la protección de los derechos fundamentales, lo que implica
que sólo será procedente cuando se agoten todos los mecanismos de
defensa judicial principales de los que se disponga ante la conducta activa
u omisiva de las autoridades, o no exista en el ordenamiento jurídico un
medio idóneo y eficaz para el amparo judicial de esa categoría de
derechos.
Respecto al requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones
judiciales, la Corte Constitucional 7 ha señalado que se pueden presentar
dos escenarios: i) cuando el proceso ha concluido, y ii) cuando el proceso
se encuentra en curso. En el segundo de los escenarios, ha precisado que
la intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez
que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del
trámite ordinario. Posición que se ha reiterado por el Tribunal
Constitucional y que se ha acogido por esta Sección, al señalar que la
acción de tutela contra providencia judicial es improcedente por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en
trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios
y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico8”.
6
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
7
Posición que se desarrolló en sentencia T-113 de 2013 y que se reiteró en sentencia T-103 de 2014
8
En la Sentencia T-396 de 2014 al respecto se afirma lo siguiente: “Es reiterativa la posición de la Corte en
cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron valerse
de los recursos judiciales ordinarios pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no puede
constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la caducidad
de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados. Entonces, por vía de
tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un mecanismo
que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción
constitucional de protección de los derechos fundamentales. Es necesario que quien alega la vulneración de
sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto.
Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
No obstante, lo anterior, se han establecido dos excepciones al principio
de subsidiariedad de la acción de tutela, a saber: i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata
de los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar un
perjuicio irremediable. En este último evento, se debe demostrar que el
perjuicio es inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas
de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección
constitucional es impostergable9.
5.3.2. Caso concreto
La Sala recuerda que, de acuerdo con lo expuesto en la solicitud de
amparo y en la impugnación, los argumentos de la parte actora giran en
torno a sus inconformidades con las decisiones del 12 de agosto de 2024
y 13 de enero de 2025, proferidas por el Consejo de Estado, Sala Especial
de Decisión Número 16, que admitieron el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la DIAN contra la sentencia dictada el 10 de
noviembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en contra
de la entidad.
5.3.2.1. De la revisión de las actuaciones del recurso extraordinario de
revisión, la Sala advierte que, para la fecha de presentación de la tutela,
la última decisión dictada en el proceso de revisión fue el auto del 13 de
enero de 2025, que revocó parcialmente el numeral segundo del auto del
21 de mayo de 2024, en lo relacionado con la vinculación de Lucas Beltrán
Patiño10.
constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo
de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser un camino
excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los
procesos jurisdiccionales ordinarios.”. En igual sentido, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Sentencia T-150 de 2016
10
Visible en índice 40 del expediente de revisión en SAMAI.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
Así las cosas, la sala advierte que el proceso ordinario en el que se profirió
la decisión censurada se encuentra aún en trámite, situación en la que,
como se señaló en precedencia, se configura uno de los supuestos que,
según el criterio de la Corte Constitucional, impide al juez constitucional
inmiscuirse en el asunto.
La referida postura también ha sido reiterada por esta corporación y en
particular por esta Sección, al señalar que, “por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para
cuestionar cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados
los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo
del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener
certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso”11.
La anterior regla tiene su razón de ser en que: (i) es el juez ordinario
quien debería corregir, si las hay, las irregularidades que se llegaren a
presentar en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de
parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la
tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las
garantías procesales; y (ii) la acción de tutela tiene carácter residual y
subsidiario con la finalidad, justamente, de evitar que se vacíen las
competencias de los operadores judiciales ordinarios, al constituirse en
una instancia adicional de las decisiones que éstos emitan o en un
mecanismo paralelo a los medios de control establecidos en la ley, lo que
ocurriría de permitirse en esta instancia la revisión de cada una de las
actuaciones que se profieran al interior de dichos asuntos.
En este sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación12, indicó:
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero de
2018, proferida dentro del expediente con número único de radicación 11001-03-15-000-2017-02930-00(ac),
Roberto Augusto Serrato Valdés
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Sentencia de 5 de agosto de
2014, Consejero Ponente Dr. Jorge Octavio Ramírez - Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ),
Demandante Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
“El derecho procesal en general y el ordenamiento nacional, en particular,
prevén diversos mecanismos procedimentales, entre los que se encuentran los
recursos, las nulidades procesales y el poder-deber del juez de corregir las
irregularidades o equivocaciones que ocurran durante el proceso en virtud del
principio que reza que “lo interlocutorio no ata al juez” .
Cada uno de estos medios opera en determinadas circunstancias, esto es, antes,
durante y después del proceso legalmente concluido.
Durante el proceso las irregularidades se subsanan mediante los recursos
ordinarios, y las nulidades procesales. Después de dictada la sentencia, a través
de los recursos ordinarios o extraordinarios, la adición o corrección de sentencia
y, de manera residual y excepcional, en caso de que se afecten derechos
fundamentales de las partes, se encuentra la acción de tutela.
En otras palabras, de manera residual, esto es, cuando no haya otro medio de
defensa judicial efectivo y se vean afectados derechos fundamentales por
decisiones de los jueces, las partes pueden acudir a la acción constitucional de
tutela, pues es lo que se infiere del texto constitucional y de lo discutido en la
Asamblea Nacional Constituyente”.
Sobre el particular, resulta pertinente poner de presente que, si bien la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la acción de
tutela procede tanto contra las decisiones tomadas en autos como frente
a sentencias, ello no implica que se pueda promover el amparo para
atacar todas las decisiones que se emitan mientras el medio de control se
encuentra en curso.
Para delimitar las oportunidades en las que resulta admisible atacar por
vía de este mecanismo excepcional las decisiones interlocutorias
proferidas al interior de los procesos judiciales que estén en trámite, la
referida corporación fijó las siguientes condiciones13.
“[…] en materia de decisiones adoptadas en autos, la Corte ha señalado que
éstas, por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos
ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto. La acción de tutela
procederá solamente i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser
reprochada mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la
acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para
interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o
cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de
que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los
derechos afectados o amenazados; o iii) cuando la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable. En el
primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos
13
Corte Constitucional. Sentencia T-148 de 2010. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han
sido fijados por esta Corporación […]”. (Resaltados de la Sala).
Aplicados los referidos presupuestos de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra las decisiones tomadas en autos, al caso concreto,
se advierte que no se satisface ninguno de aquellos.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el trámite del recurso
extraordinario de revisión que dio origen a la presente acción de tutela no
ha finalizado y, por ende, no es procedente el amparo solicitado por la
parte actora. Sostener lo contrario equivaldría a predicar que los
ciudadanos pueden emplear la acción constitucional como un mecanismo
paralelo a los procesos judiciales iniciados, con el fin de lograr que en
éstos se adopten decisiones que favorezcan sus intereses.
Por lo tanto, la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, y en todo caso, no se observa que el demandante esté
sometida a un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo de
manera excepcional.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará el fallo impugnado,
que denegó la tutela y en su lugar la declarará improcedente, por no
encontrarse cumplido el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 14 de febrero de 2025, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que denegó las
pretensiones de la tutela instaurada por el señor Mario Alberto Pinzón.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00260 01
Accionante: Mario Alberto Pinzón
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por
ausencia del requisito de subsidiariedad.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.