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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00263-00

Improcedente: no cumple con el requisito general de procedencia

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00263-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación – Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00263-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: JAIME TAMAYO MARLES
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN C
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE – No cumple con el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Jaime Tamayo Marles solicitó el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 28 de octubre de 2024, proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
reparación directa con el número de radicación 41001-23-33-000-2016-00011-
00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que promovió la demanda de reparación directa núm. 41001-23-33-000-
2016-00011-00/01 contra ENEL Colombia S.A. E.S.P. (antes EMGESA S.A. E.S.P.)
y la Nación - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para que se les
condene a pagarle los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante),
causados y futuros, por la disminución de ventas de concentrado para peces que
padeció como consecuencia de la construcción y operación de la hidroeléctrica El
Quimbo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: Jaime Tamayo Marles

2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo
del Huila, autoridad judicial que, mediante providencia de 8 de junio de 2021, accedió
a condenar a la “[…] EMGESA S.A. E.SP., a reconocerle y pagarle al señor JAIME
TAMAYO MARLES el valor que surja del incidente que el actor realice, conforme al
artículo 193 del CPACA […]”.

2.3. Refirió que tanto él como ENEL Colombia S.A. E.S.P. (antes EMGESA S.A. E.S.P.)
interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión y que la Subsección C
de la Sección Tercera el Consejo de Estado revocó, mediante sentencia de 28 de
octubre de 2024, el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en un defecto
fáctico y en un defecto procedimental absoluto.

2.5. Frente al defecto fáctico, refirió que la autoridad judicial accionada realizó una “[…]
Indebida e inadecuada valoración de la Licencia Ambiental y la Escritura
número 1804 del 11 de diciembre de 2010, de la Notaría Primera del Circuito
de Garzón que contiene el “censo de afectados” elaborado por EMGESA […]”.
[Negrilla y subrayado original del texto].

2.6. Agregó que la licencia y la escritura pública mencionadas no fueron tenidas en
cuenta, pese a que no fueron tachadas dentro del proceso de reparación directa, y
que contienen las obligaciones del beneficiario de la licencia, que consiste en que
“[…] La Empresa deberá identificar previamente todas las actividades
productivas impactadas y a todas las comunidades y personas cuya base
económica se vea afectada por el proyecto e incorporarlas en el proyecto de
“Indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida” […]”. [Negrilla
y subrayado original del texto].

2.7. Indicó que no se tuvo en cuenta la Sentencia T-135 de 2013 y se desconoció el
censo en el que se le reconoció como “[…] Comercializador de concentrado de
peces […]”, en las veredas: El Pedernal, Río Loro y Veracruz.

2.8. Mencionó que se realizó una indebida valoración del testimonio del ingeniero
Víctor Julio Ángel Rojas, de los testigos presentados por él y del “[…] estado de
resultado […]”, con lo cual el ad quem “[…] muestra su total desapego con la
realidad, y por el contrario demuestra su absoluto capricho por no dar por
cierto lo que se probó en el expediente […]”. [Negrilla original del texto].

2.9. Acerca del defecto procedimental absoluto sostuvo que se incurrió en este al
desconocerse que los hechos notorios no deben ser probados, de acuerdo con lo
dicho por esta Corporación, porque “[…] la existencia de un hecho notorio exime
de prueba para corroborarlo y el juez debe tenerlo por cierto […]”. [Negrilla
original del texto].

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: Jaime Tamayo Marles

2.10. Aseguró que “[…] constituye un HECHO NOTORIO por haber sido publicado
en todos los medios de comunicación escritos, audiovisuales y de radio del
departamento del huila y Colombia, que esta [sic] probado que el embalse del
QUIMBO inundo 8.250 hectáreas en seis municipios del HUILA, donde el mas
[sic] afectado fue el municipio de GIGANTE en donde se encuentra la mayor parte
inunda del proyecto equivalente al 43.91% del embalse […]”. [Negrilla y subrayado
original del texto].

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Prodigarme la protección de AMPARO DE TUTELA frente a
la entidad Judicial demandada, SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C del
CONSEJO DE ESTADO, por violación del DERECHO FUNDAMENTAL AL
DEBIDO PROCESO y al ACCESO DE [sic] ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
configurándose i) un defecto procedimental absoluto, y ii) un defecto factico; lo
cual ocasiona una clara y flagrante “vía de hecho”.

SEGUNDO: Ordenándoseles que dentro de las 48 horas siguientes al fallo
CONFORME A LAS ORIENTACIONES DADAS POR LA ORDEN DE AMPARO
que emita el Honorable Consejo de Estado, y reemplace la decisión así:

a. Declare sin valor ni efecto la sentencia calendada del veintiocho (28) de
octubre de 2024 y notificada electrónicamente el veinte (20) de noviembre de
2024, proferida por el SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C del CONSEJO
DE ESTADO con ponencia del Magistrado Dr. WILLIAM BARRERA MUÑOZ.

b. ORDENESELE [sic] que dentro de las 48 horas siguientes a proferido este
fallo de tutela, se sirva proferir nuevo fallo dentro del proceso bajo el radicado
41001-2333-000-2016-00011-01 (67.503), CONFORME A LAS
ORIENTACIONES DADAS POR LA ORDEN DE AMPARO que emita el
Honorable Consejo de Estado […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 28 de enero de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, a ENEL Colombia S.A. E.S.P. (antes
EMGESA S.A. E.S.P.) y al Tribunal Administrativo del Huila.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: Jaime Tamayo Marles

5.1. La Nación - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales solicitó, a través
de apoderado judicial, la desvinculación del presente proceso “[…] por su falta de
interés para debatir al interior del mismo, en su defecto la improcedencia deviene
por motivo de no acreditar las exigencias para cuestionar decisiones judiciales a
través de este mecanismo, incluso, la negativa a la protección también refulge
conveniente en caso dado, en razón a la falta de vulneración de derechos por parte
de esta autoridad ambiental frente a un cuestionamiento que le hace el actor a la
función judicial […]”.

5.2. Lasociedad ENEL Colombia S.A. E.S.P. manifestó, a través de la
representante para asuntos judiciales y administrativos, que no se violaron los
derechos fundamentales del accionante por lo que solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela.

5.3. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló, a
través del magistrado ponente de la sentencia de 28 de octubre de 2024, que no
se incurrió en un defecto fáctico ni en un defecto procedimental absoluto, que “[…]
se demuestra de la sustentación del escrito de tutela, que esta se empleó como
una oportunidad adicional para reabrir el debate propio de las instancias ordinarias
o mejor aún, como un instrumento para ampliar el objeto del litigio del proceso
ordinario, es decir, no existe una controversia constitucional relevante, sino un
intento por emplear la tutela como una instancia adicional del proceso de reparación
directa que ya concluyó […]”.

5.4. Por lo que solicitó que se negaran las pretensiones de la acción constitucional.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.

VI.2. Cuestión previa

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: Jaime Tamayo Marles

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Nación - Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que la Nación - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
fue parte demandada dentro del medio de control de reparación directa objeto de
la presente acción de tutela, la Sala considera que le asiste el interés jurídico para
ser vinculada a esta acción constitucional. Por lo anterior, se denegará la solicitud
de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto fáctico y en un defecto procedimental absoluto.

5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: Jaime Tamayo Marles

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: Jaime Tamayo Marles

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

19. El señor Jaime Tamayo Marles solicitó el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 28 de octubre de 2024, proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
reparación directa con el número de radicación 41001-23-33-000-2016-00011-
00/01.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando guarda

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: Jaime Tamayo Marles

relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige

11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: Jaime Tamayo Marles

advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202316.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes

16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: Jaime Tamayo Marles

elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales17.

27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, por haber incurrido, presuntamente, en un
defecto fáctico y en un defecto procedimental absoluto.

28. Frente al defecto fáctico, refirió que la autoridad judicial accionada realizó una “[…]
Indebida e inadecuada valoración de la Licencia Ambiental y la Escritura
número 1804 del 11 de diciembre de 2010, de la Notaría Primera del Circuito
de Garzón que contiene el “censo de afectados” elaborado por EMGESA […]”.
[Negrilla y subrayado original del texto].

29. Agregó que la licencia y la escritura pública mencionadas no fueron tenidas en
cuenta, pese a que no fueron tachadas dentro del proceso de reparación directa, y
que contienen las obligaciones del beneficiario de la licencia, que consiste en que
“[…] La Empresa deberá identificar previamente todas las actividades
productivas impactadas y a todas las comunidades y personas cuya base
económica se vea afectada por el proyecto e incorporarlas en el proyecto de
“Indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida” […]”. [Negrilla
y subrayado original del texto].

30. Indicó que no se tuvo en cuenta la Sentencia T-135 de 2013 y se desconoció el
censo en el que se le reconoció como “[…] Comercializador de concentrado de
peces […]”, en las veredas: El Pedernal, Río Loro y Veracruz.

31. Mencionó que se realizó una indebida valoración del testimonio del ingeniero
Víctor Julio Ángel Rojas, de los testigos presentados por él y del “[…] estado de
resultado […]”, con lo cual el ad quem “[…] muestra su total desapego con la
realidad, y por el contrario demuestra su absoluto capricho por no dar por
cierto lo que se probó en el expediente […]”. [Negrilla original del texto].

32. Acerca del defecto procedimental absoluto sostuvo que se incurrió en este al
desconocerse que los hechos notorios no deben ser probados, de acuerdo con lo

17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: Jaime Tamayo Marles

dicho por esta Corporación, porque “[…] la existencia de un hecho notorio exime
de prueba para corroborarlo y el juez debe tenerlo por cierto […]”. [Negrilla
original del texto].

33. Aseguró que “[…] constituye un HECHO NOTORIO por haber sido publicado en
todos los medios de comunicación escritos, audiovisuales y de radio del
departamento del huila y Colombia, que esta [sic] probado que el embalse del
QUIMBO inundo 8.250 hectáreas en seis municipios del HUILA, donde el mas
[sic] afectado fue el municipio de GIGANTE en donde se encuentra la mayor parte
inunda del proyecto equivalente al 43.91% del embalse […]”. [Negrilla y subrayado
original del texto].

34. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

35. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

36. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, lo cierto es que el accionante no está
poniendo de presente que en la providencia censurada se haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su inconformidad se
sustenta en que la decisión adoptada en la sentencia de segunda instancia revocó
la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

37. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada:

“[…] Examinados los anteriores elementos, reiterando lo considerado por el a
quo se resalta por la Sala que Tilapia de Huila SAS y el señor Tamayo Marles,
son personas distintas, con lo cual los negocios y normas suscritos por el señor
Tamayo Marles como representante legal de Tilapias del Huila SAS no pueden
atribuirse per se a su persona como comerciante y dueño del Establecimiento
de Comercio «Tamayo Polanco Representaciones». En consecuencia, no
tienen mérito las alegaciones de EMGESA SA ESP, en lo relativo a que el señor
Tamayo Marles pretende una doble compensación, en desconocimiento del
numeral 3.3.3. del artículo décimo de la licencia ambiental; ni los efectos de la

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00263-00
Accionante: Jaime Tamayo Marles

transacción celebrada entre Tilapias del Huila SAS y EMGESA SA ESP, tiene
el alcance para cobijar la presente controversia.

16. Ahora en lo que se refiere al derecho que podía tener el señor Tamayo
Marles a percibir una compensación, para la Sala, en los términos de la referida
resolución- contrario a lo expresado en el Oficio PQ-CEN-COJ -16959-15- la
licencia ambiental, no contuvo una limitación expresa para restringir el
reconocimiento de una compensación a personas que desarrollaran su
actividad a través de un establecimiento de comercio, como es el caso del
demandante.
[…]

[…] para la Sala en los términos de la licencia ambiental de la cual fue
beneficiaria EMGESA SA ESP, no se desprende que la actora debiera ser
acreedora de una compensación, al tenerse que no se acreditó la afectación
que adujo padecer, sino que por el contrario la situación alegada se enmarca
dentro del riesgo comercial inherente a la actividad que adelantaba el
demandante, como propietario del establecimiento de Comercio Tamayo
Polanco representaciones. Por consiguiente, la Sala revocará la decisión de
primera instancia, y en su lugar, negará las pretensiones de la demanda […]”.
[Subrayado fuera del texto].

38. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

39. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el
caso analizó, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, que la
situación que padeció el accionante fue consecuencia del riesgo comercial normal
de la actividad de ventas de concentrado para peces.

40. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”18. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”19. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”20.

18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
19
Ibid.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Accionante: Jaime Tamayo Marles

41. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación –
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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