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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00265-00

Fecha
19 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00265-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. LEVANTAR la medida provisional decretada en auto del 23 de enero del 2025, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. DECLARAR La carencia actual de objeto por hecho superado, respecto al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital y vida en condiciones dignas, invocados por José Carlos Molina Becerra, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 10 Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00265-00 Demandante: José Carlos Molina Becerra Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00265-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-00265-001
Demandante : José Carlos Molina Becerra
Demandado : Tribunal Administrativo de la Guajira
Acción : Tutela
Vinculados : Procuraduría General de la Nación
Derechos : Derecho al trabajo, mínimo vital, debido proceso y vida en
condiciones dignas
Tema : Mora Judicial
Decisión : Hecho superado

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por José Carlos Molina Becerra contra el Tribunal Administrativo de la Guajira, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, debido
proceso y vida en condiciones dignas.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la vulneración alegada y se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones
de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

El accionante interpuso acción de tutela, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, debido proceso y vida en condiciones

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Expediente digital disponible en Samai

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00265-00
Demandante: José Carlos Molina Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira

dignas, presuntamente vulnerados por el Tribunal administrativo de la Guajira.

Por consiguiente, Solicitó:

“PRIMERO: Que se ordene de manera inmediata al Tribunal Administrativo de La Guajira
solicitar a la Procuraduría General de la Nación la suspensión provisional de la sanción de
destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por el término de ocho
(8) años, impuesta por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular. Esto, mientras la jurisdicción contencioso-administrativa resuelve la
solicitud de medida cautelar presentada en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que instauré el 5 de noviembre de 2024. Alternativamente, se solicita que, si el
Honorable Tribunal Administrativo de La Guajira considera que no tiene competencia para
conocer el presente proceso, remita el recurso de revisión al Consejo de Estado para que
este procedimiento se ajuste a su competencia.”

SEGUNDO: Que se ordene a la Procuraduría General de la Nación eliminar del certificado de
antecedentes en su sitio web la anotación correspondiente a la sanción de ocho (8) años de
inhabilidad general, identificado con el certificado ordinario Nº 262254673, hasta tanto se
resuelva de fondo el proceso en la jurisdicción contencioso-administrativa.

[…]”

1.3 Hechos2.

Que, el 5 de noviembre de 2024, presentó solicitud de medida cautelar para evitar los
efectos adversos de una sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de
la Nación.

Que, el 29 de noviembre presentó escrito ante el despacho de conocimiento, solicitando
al Magistrado adoptar las disposiciones necesarias contempladas en el artículo 233 de la
Ley 1437 del 2011.

Que, conforme al artículo 233 de la Ley 1437 del 2011, la autoridad judicial competente
debe resolver las medidas cautelares de forma inmediata y preferente debido a su
carácter urgente y preventivo. Que, el citado artículo prevé que el auto que decida sobre
la medida cautelar, deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al
vencimiento del termino que dispone el demandado para pronunciare sobre ella.

Aduce que, a la fecha de presentación de la tutela, han transcurrido 32 días hábiles, sin
que se haya resuelto la medida cautelar solicitada, a pesar de las consecuencias
negativas que se buscaba evitar.

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Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
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Demandante: José Carlos Molina Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira

Que, el 21 de enero del 2025, la Procuraduría General de la Nación Público en su página
oficial la sanción de inhabilidad de 8 años en su contra, lo que, a su juicio, demuestra el
perjuicio irreparable derivado de la omisión en la resolución oportuna de la medida
cautelar.

Que, actualmente mantiene un vínculo laboral como docente universitario ocasional de
tiempo completo en la Universidad de la Guajira, sede Maicao, y que, esta situación se
ve directamente afectada por la sanción de inhabilidad impuesta, teniendo en cuenta que
se vería en la obligación de renunciar a su empleo, el cual constituye su única fuente de
ingresos económicos.

Indica que, cuando presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el
Consejo de Estado, aún no había emitido la sentencia de unificación del 3 de diciembre
de 2024, con radicado 11001-03-15-000-2023-00871-00, la cual estableció las reglas de
procedimiento especificas para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
proceda con el recurso de revisión, razón por la cual, optó por presentar demanda ante
el Tribunal Administrativo de la Guajira.

1.4 Argumentos de la tutela.

La parte actora manifestó su inconformidad en que, el 21 de enero de 2025, la sanción
fue publicada en el portal web de la Procuraduría General, ocasionando un perjuicio
irremediable al afectar su empleo como docente ocasional de tiempo completo en la
Universidad de la Guajira, su único sustento económico y el de su hija universitaria.

Adicionalmente manifestó que, al momento de presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado aún no había emitido el auto de
unificación jurisprudencial del 3 de diciembre de 2024, radicado bajo el número 11001-
03-15-000-2023-00871-00, por lo que solicitó al Tribunal accionado que el trámite
ordinario debe ser remitido al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre la solicitud
de revisión.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco

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Demandante: José Carlos Molina Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira

(2025), este despacho admitió la presente acción de tutela3. En dicha decisión se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de la Guajira en calidad de accionado, y se vinculó a
la Procuraduría General de la Nación- Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular y a todos los integrantes del proceso con radicado 44001-
23-40-000-2024-00148-00.

De igual forma, fue decretada la medida provisional solicitada por el accionante, en la
cual se ordenó a la Procuraduría General de la Nación, que, en el término impostergable
de 24 horas, a partir de la notificación de este auto, proceda a suspender los efectos de
la sanción disciplinaria impuesta al señor José Carlos Molina Becerra dentro del proceso
disciplinario de radicado IUS-E-2017-563981 / IUC-D-2017-959069, del 12 de septiembre
del 2024, hasta que este despacho decida la presente acción constitucional.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El Tribunal Administrativo de la guajira4 solicitó que se niegue el amparo o, en
su defecto, se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que,
está actuando dentro del plazo legal para resolver la medida cautelar en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Explicó que, la demanda fue admitida el 24 de
enero de 2025 y, ese mismo día, se ordenó el traslado de la medida cautelar a la parte
demandada por cinco días hábiles; precisó que, la decisión debía adoptarse entre el 5 y
el 18 de febrero de 2025, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 del CPACA, que
establece que, la solicitud de medida debe ser decidida dentro de los diez (10) días
siguientes al vencimiento del traslado, por lo que, no se configura mora judicial.

2.1.2 La Procuraduría General de la Nación5 solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela, y refirió que, no se configura un perjuicio irremediable que justifique
su amparo como mecanismo transitorio; que, la acción disciplinaria adelantada contra el
accionante se enmarca dentro del ejercicio legítimo de la función correctiva del Estado,
por lo que, las sanciones impuestas a servidores públicos no constituyen por si solas, una
vulneración de derechos fundamentales. Que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado, ha reiterado la inexistencia de afectación, cuando el disciplinado

3
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 12
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Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 16
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Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 17
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Demandante: José Carlos Molina Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira

puede ejercer su profesión en el ámbito privado, sin que, la sanción implique su exclusión
total del mercado laboral.

Que, no obstante, dieron cumplimiento a la medida provisional decretada en el auto
admisorio de esta acción de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar, si el Tribunal Administrativo de la Guajira
ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, al no resolver la solicitud de
medida cautelar presentada el 5 de noviembre de 2024, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 44001-23-40-000-2024-00148-00.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
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Demandante: José Carlos Molina Becerra
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resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho 6.

3.4 La acción de tutela por mora Judicial.

El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la facultad de
toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de resolver las
controversias que vulneran o amenazan sus prerrogativas.

Dicha atribución constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en funcionamiento
el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una pronta solución al
conflicto, para lo cual, las autoridades cuentan con la facultad de adoptar las medidas
coercitivas previstas en el sistema normativo.

Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro los términos fijados en
las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un “fenómeno
multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”7

No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
fundamental, por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por parte de los
funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible de protección
a través de la solicitud de amparo.

Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado
que la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a
problemas de carácter legal”8. Sin embargo, cuando se evidencia que existe tardanza en
los procesos judiciales y que esta no obedece a cuestiones relacionadas con carga de
trabajo, problemas estructurales o complejidad de los asuntos que conocen, la acción de

6
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2002
7
Sentencia T-052 de 2018
8
Sentencia SU128 de 2021

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Demandante: José Carlos Molina Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira

tutela resulta procedente para proteger el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia.9

Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de mora
judicial, se deben analizar las particularidades de cada caso concreto con el fin de
determinar si el retardo es justificado o no.

3.5 La carencia de objeto por hecho superado.

La acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales de las personas, cuando ellos sean vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una autoridad pública10; sin embargo, si la circunstancia que dio
origen a la trasgresión desaparece, se configura el fenómeno que se conoce como hecho
superado, el cual da como resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el
asunto. Al respecto, la Corte Constitucional11 ha definido este fenómeno jurídico en los
siguientes términos:

“35. La carencia actual de objeto en los trámites de tutela. La carencia actual de objeto es un
fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo se
extingue o “ha cesado”12 y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela frente a las
pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que “no tendría efecto alguno”
o “caería en el vacío”13. Este fenómeno puede configurarse en tres hipótesis: (i) daño
consumado, el cual tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la afectación que con la tutela
se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el juez de tutela dé una orden para
retrotraer la situación”14 ; (ii) hecho sobreviniente, el cual se presenta cuando acaece una
situación que acarrea la “inocuidad de las pretensiones”15 y que no “tiene origen en una
actuación de la parte accionada dentro del trámite de tutela” 16 ; y (iii) hecho superado, que
ocurre cuando la “pretensión contenida en la acción de tutela” se satisfizo por completo por
un acto voluntario del responsable17. La Corte Constitucional ha aclarado que el hecho
superado se configura cuando la satisfacción del derecho parte de ‘una decisión voluntaria y
jurídicamente consciente del demandado18, por razones ajenas a la intervención del juez
constitucional19. El cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de instancia no configura
la carencia actual de objeto en sede de revisión.” (Destaca la Sala)

9
Sentencia SU-179 de 2021
10
Artículo 86 de la Constitución Política
11
Corte Constitucional Sentencia T-70 de 24 de febrero de 2022
12
Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
13
Corte Constitucional, sentencia T-533 de 2009.
14
Corte Constitucional, sentencia SU- 522 de 2019.
15
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2011.
16
Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y SU-440 de 2021. Ver también, Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.
“El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha
demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan
en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia
que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y
por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de
ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le
correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que
la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a
la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis”.
17
Corte Constitucional, sentencias T-321 de 216 y T-154 de 2017
18
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2019. En el mismo sentido se encuentra la sentencia T-104 de 2020.
19
Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2016. En el mismo sentido se encuentran las sentencias T-154 de 2017, T-715 de 2017 y
T-104 de 2020.
7

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Demandante: José Carlos Molina Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira

Conforme a lo anterior, resulta necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados en el caso sub examine aún persisten o si, por el
contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha, esto es,
si se configuró el fenómeno jurídico de carencia actual de objeto por hecho superado.

3.6 Hechos probados

1) Que, el 5 de noviembre de 2024, el señor Molina Becerra presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con solicitud de medida cautelar ante el Tribunal
de la Guajira, buscando suspender los efectos de la sanción disciplinaria impuesta por
la Procuraduría General de la Nación.

2) Que, el 21 de enero de 2025, la sanción fue publicada en el portal web de la
Procuraduría General de la Nación20.

3) Que, la demanda fue admitida por el Tribunal de la Guajira el 24 de enero de 2025,
y se dio traslado de la solicitud de medida cautelar a la parte demandada por el término
de 5 días hábiles21.

4) Que, el 18 de febrero de 2025 el Tribunal Administrativo de La Guajira, decidió
sobre la medida cautelar y decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de
los fallos disciplinarios del 26 de julio de 2023, proferidos por la Procuraduría Regional
de Juzgamiento del Atlántico y del 12 de septiembre de 2024, por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección popular de la Procuraduría General de
la Nación.22

4.1 Solución al caso concreto.

En el caso objeto de estudio, el señor Molina Becerra acudió al presente recurso de
amparo con la finalidad de requerir la protección de sus de sus derechos fundamentales
al trabajo, mínimo vital, debido proceso y vida en condiciones dignas, los cuales
consideró presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de la Guajira.

20
Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
21
Ibidem.
22
Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 20.
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Demandante: José Carlos Molina Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira

Argumentó que, para la fecha de presentación de la acción de tutela, han transcurrido 32
días hábiles, sin que exista un pronunciamiento respecto a la medida cautelar solicitada
con la demanda el 5 de noviembre de 2024 en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 4400-1234-0000-2024-00148-00.

Por su parte, la autoridad judicial accionada informó que, mediante autos 25 y 26, del 24
de enero de 2025 se admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
incoada por el accionante, y se corrió traslado de la medida cautelar por el término de 5
días; decisiones que fueron notificadas por la Secretaría General del Tribunal, el 28 de
enero del 2025.23

Argumentó que, en virtud de lo previsto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., la solicitud de
medida cautelar debe ser decidida dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento
del traslado de esta, razón por la cual, la decisión que pretende el accionante, deberá ser
dictada entre el 5 y 18 de febrero de 2025.

Al respecto, una vez verificado el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 4400-1234-0000-2024-00148-00 en el sistema de gestión judicial SAMAI24, se
observa que, en efecto, el 18 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira
resolvió la solicitud de medida cautelar radicada por el accionante, en el sentido de:

PRIMERO: DECRETAR, a título de medida cautelar, la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los
efectos jurídicos de los fallos disciplinarios de 26 de julio de 2023, dictado por la Procuraduría
Regional de Juzgamiento del Atlántico y de 12 de septiembre de 2024, dictado por la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación, mediante los cuales se impuso la sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad general por 8 años al señor José Carlos Molina Becerra, en su calidad de alcalde
de Maicao (La Guajira) para el periodo constitucional 2016 -2019, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

La anterior decisión, fue notificada a las partes por estado del 19 de febrero del 2025.25.

Así las cosas, comoquiera que los hechos que han dado lugar al ejercicio de la acción de
tutela han desaparecido durante este trámite, «[…] el juez constitucional queda
imposibilitado para emitir una orden para la protección de derechos fundamentales, en la
medida en que ha dejado de existir el objeto jurídico sobre el cual debía proveer»,26

23
Visible expediente digital SAMAI del proceso de radicado 44001-23-40-000-2024-00148-00, índice 19, visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=440012340000202400148004400123
24
Ibidem.
25
Ibidem, índice 20.
26
Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00265-00
Demandante: José Carlos Molina Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira

teniendo en cuenta que, la conducta lesiva que se reprochaba del Tribunal Administrativo
de La Guajira ha cesado, en razón a que, el 18 de febrero de la presente anualidad,
resolvió la solicitud de medida cautelar presentada, por lo tanto, el hecho que generó la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, fue
superado durante el presente recurso de amparo.

Finalmente, y teniendo en cuenta la configuración del hecho superado en este asunto, se
levantará la medida provisional ordenada en favor del accionante en el auto del 23 de
enero del 2025.
IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que los hechos que han
dado lugar al ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este trámite
constitucional, se impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la república y por
autoridad de la Constitución Política.

FALLA:

PRIMERO. LEVANTAR la medida provisional decretada en auto del 23 de enero del
2025, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. DECLARAR La carencia actual de objeto por hecho superado, respecto al
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital y vida en
condiciones dignas, invocados por José Carlos Molina Becerra, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00265-00
Demandante: José Carlos Molina Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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