RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00267-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00267-01

Fecha
16 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00267-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de abril de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones presentadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00267-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Acción de tutela
Radicado : 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante : José Luis Bohórquez López
Accionado : Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
electoral. Subtema 2: doble militancia en la modalidad de apoyo. Subtema 3:
ausencia de los defectos sustantivo y fáctico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de impugnación interpuesto por el señor José Luis Bohórquez López en contra
de la sentencia del 7 de abril de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que negó el amparo solicitado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Luis Bohórquez López, por intermedio de apoderado, presentó acción
de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, así como de los principios
de legalidad y confianza legítima; de igual forma, sus derechos políticos a elegir y ser
elegido, y al acceso al ejercicio de cargos públicos, junto con los principios pro homine,
pro electoratem, eficacia del voto y verdad electoral; los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de diciembre de 2024,
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro del proceso de nulidad electoral con
radicado 15001-23-33-000-2023-00428-02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor José Luis Bohórquez López, del partido político Colombia Humana, fue
elegido en los comicios del 29 de octubre de 2023, como alcalde del municipio de
Duitama (Boyacá), para el período constitucional 2024-2027, con 12.843 votos.

3. Los señores John Anderson Valderrama Lombana y José Luis Valenzuela
Rodríguez demandaron, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el acto
de elección del señor José Luis Bohórquez López, como alcalde del municipio de

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

Duitama, invocando la causal prevista en el ordinal 8 del artículo 275 del CPACA, relativa
a la doble militancia política.

4. En la demanda de nulidad electoral los demandantes alegaron que el señor José
Luis Bohórquez López, durante la campaña electoral, apoyó a aspirantes al Concejo
Municipal de Duitama, inscritos por el Movimiento Alternativo, Indígena y Social (MAIS)
y el Polo Democrático Alternativo, pese a que su colectividad, Colombia Humana,
contaba con candidatos propios a tal corporación pública.

5. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n°. 3, mediante sentencia
del 9 de julio de 2024, declaró no probadas las excepciones «de falta de competencia,
ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación de pretensiones y trámite
del proceso diferente al que corresponde» propuestas por el apoderado del
demandado, así como la de falta de legitimación en la causa por pasiva, presentada
por el Consejo Nacional Electoral; y negó las pretensiones de la demanda.

6. El Consejo de Estado, Sección Quinta, a través de sentencia del 12 de diciembre
de 2024, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
invocada por la Registraduría Nacional del Estado Civil; revocó la sentencia de primera
instancia; y accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que declaró la nulidad
del formulario E–26 ALC del 4 de noviembre de 2023, en la que constaba la elección
del señor José Luis Bohórquez López como alcalde del municipio de Duitama
(Boyacá), para el periodo constitucional 2024-2027.

7. Concluyó que el demandado incurrió en la prohibición endilgada, por apoyar la lista
al Concejo Municipal de Duitama del Polo Democrático, pese a que su partido,
Colombia Humana, tenía lista inscrita para esa corporación. Explicó que a pesar de
que el Polo Democrático formaba parte de la coalición del demandado para su
postulación al cargo de alcalde municipal de Duitama, su deber de lealtad estaba con
su partido y, por tanto, solo podía apoyar los candidatos de Colombia Humana, partido
que le dio el aval principal.

2.2. Pretensiones

8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

En atención a las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito se TUTELEN los
derechos fundamentales de mi representado, específicamente, el derecho a la igualdad,
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, así como los principios de
legalidad y confianza legítima. Asimismo, solicito la protección de sus derechos políticos,
en particular el derecho a elegir y ser elegido, y al acceso al ejercicio de cargos públicos,
garantizando además la aplicación de los principios pro homine, pro electoratem, de
eficacia del voto y de verdad electoral.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicito respetuosamente a
su despacho DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado del 12 de diciembre de 2024, mediante la cual se resolvió declarar la nulidad
del acto de elección del señor JOSÉ LUIS BOHÓRQUEZ LÓPEZ como alcalde del municipio
de Duitama (Boyacá) para el periodo constitucional 2024-2027. En consecuencia,
ORDENAR a dicha autoridad que dentro del término de (20) días contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia, dicte una decisión de remplazo, en la que tenga en cuenta
los lineamientos que disponga el juez de tutela en el caso concreto, de la misma forma

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

ordenar el reintegro del accionante al cargo para el que fue electo dentro de la mayor
brevedad posible1.

9. Como medida provisional solicitó al juez de tutela que: «ordene a la gobernación
del departamento de Boyacá, Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional
Electoral, y demás entidades vinculadas al desarrollo del proceso de elecciones atípicas, que
se abstengan de adelantar los trámites para adelantar elecciones atípicas en el municipio de
Duitama para el periodo constitucional restante, hasta cuando se agote el trámite de tutela
impetrada por el accionante contra la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado el 12 de diciembre de 2024. Esta medida provisional es necesaria para evitar un
daño irreparable a mis derechos fundamentales mientras se lleva a cabo el proceso de tutela»2.

2.3. Argumentos de la tutela

10. La parte actora manifestó, como fundamento de su pretensión de amparo, que la
autoridad accionada incurrió en los siguientes defectos:

11. Sustantivo. Dado que la interpretación acogida de los artículos 107 de la
Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011 es desproporcionada e irrazonable,
en tanto se fundamentó en líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de la
Sección Quinta del Consejo de Estado que son ajenas tanto fáctica como
jurídicamente al caso, puesto que involucran a candidatos que actúan en contravía de
sus partidos o coaliciones.

12. De igual forma, porque el juez no consideró las especificidades de las coaliciones
y el carácter vinculante de los acuerdos programáticos entre los partidos, e ignoró que
las actuaciones estuvieron ajustadas a las directrices del Partido Colombia Humana y
a los compromisos establecidos en el acuerdo de coalición firmado con los partidos
Polo Democrático Alternativo, MAIS, UP y Esperanza Democrática. Dicho acuerdo
estableció una unidad de programa político, de causa y de objetivos electorales
comunes, lo que implicaba una reciprocidad entre los partidos coaligados en apoyo a
los diferentes candidatos inscritos en las listas respectivas. En este contexto, la
supuesta deslealtad o traición al electorado carece de fundamento, por cuanto no se
configuró el elemento objetivo de la conducta proscrita.

13. Asimismo, refirió que la ausencia de una disposición legal específica que regule la
doble militancia en modalidad de apoyo en el contexto de candidatos inscritos por
coalición, particularmente, cuando se presentan elementos como directrices expresas
de los partidos, unidad de programa político, electorado común y una causa
compartida entre los partidos coaligados genera un vacío que no puede ser llenado
con interpretaciones restrictivas ni con precedentes que no guardan correspondencia
con las particularidades del caso. La resolución de este tipo de tensiones requiere un
análisis que privilegie la protección de los derechos fundamentales y democráticos.

14. Violación directa de la Constitución. En atención a que existió una interpretación
restrictiva sobre los elementos objetivo y subjetivo que configuran la comisión de la
conducta de doble militancia en la modalidad de apoyo a candidatos inscritos por
coalición, situación que representó una interpretación indebida del artículo 107 de la
Constitución Política; y que si bien dentro de los parámetros establecidos para el

1 Se transcribe incluso con errores de texto.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

análisis del acervo probatorio fueron citadas sentencias de unificación proferidas por
la Corte Constitucional, tales pronunciamientos no se aplicaban al caso. Además, que
el juez debió buscar un análisis que propendiera por la protección de los principios pro
homine, pro sufragium, verdad electoral y eficacia del voto, ya que este enfoque
garantiza una valoración proporcional y equilibrada de los derechos políticos en juego.

15. Desconocimiento de precedente constitucional. Puesto que no se tomó en
cuenta la sentencia SU-342 de 2024 de la Corte Constitucional, sobre la aplicación del
principio pro homine como criterio hermenéutico para garantizar los derechos
fundamentales. Lo anterior, porque la autoridad accionada impuso una interpretación
restrictiva y desproporcionada de la figura de doble militancia en el contexto de las
coaliciones políticas, que carece de un desarrollo legislativo claro y preciso, y valoró
inadecuadamente las pruebas que demostraban que como candidato actuó en estricto
cumplimiento de las directrices de su partido y de los acuerdos de coalición
programática, y sin que existiera evidencia de fraude, engaño o perjuicio al electorado.

16. Error inducido. Que el accionante sustentó en que el fallo centró su análisis en
información parcial y equívoca sobre el alcance de la prohibición de doble militancia
en la modalidad de apoyo, lo cual desconoció las particularidades del caso y el
contexto normativo que lo rodea. Advirtió que la ambigüedad normativa en materia de
coaliciones políticas, sumada a una interpretación restrictiva y descontextualizada de
los elementos probatorios, indujo a que la autoridad accionada desconociera sus
garantías fundamentales.

17. Explicó que, ante la ausencia de normativa en materia de coaliciones, como de la
salvedad desarrollada en la jurisprudencia del Consejo de Estado, el partido Colombia
Humana expidió la instrucción contenida en el anexo «acuerdo de coalición», y en
obediencia a dicha directriz actuó como candidato único de los partidos coaligados, y
trabajó de forma mancomunada con las listas inscritas por estos, y siendo fiel y leal a
su partido de origen.

18. Decisión sin motivación. Porque en criterio del tutelante se violó el principio de
congruencia por falta de coherencia entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia.
Consideró que el fallo presentó contradicciones al reconocer, por un lado, la validez
de las coaliciones programáticas y, por otro, desconocer las directrices legítimas
emitidas por los partidos coaligados.

19. Ello, por cuanto en la parte motiva de la sentencia, la corporación configuró una
salvedad que persiste de forma autónoma, esto es, que ante la inexistencia de una
legislación aplicable en materia de candidatos en coalición funciona de forma
autónoma el precedente judicial, y dentro de las pruebas aportadas al proceso, en el
documento titulado «anexo del acuerdo de coalición» se da cuenta que no se
contradijo ninguna disposición legal, en tanto actuó bajo obediencia de una instrucción
del partido donde se militó.

20. De igual forma, agregó que el anexo al acuerdo de coalición no contradice ninguna
disposición legal vigente, en razón a que no existe legislación que indique de forma
expresa las reglas de la doble militancia en modalidad de apoyo para candidatos
inscritos en coalición; además, tampoco contraviene la Constitución Política ya que en
ninguna de sus cláusulas la directriz del partido permite al candidato ser miembro de
otra colectividad política. El documento, que contiene las instrucciones específicas del
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

partido Colombia Humana fue desestimado sin argumentos sólidos, pese a ser una
prueba determinante que confirma su actuación como candidato en cumplimiento de
las directrices de su partido dentro del marco de la coalición.

21. Fáctico porque el juez del proceso electoral omitió el análisis de las siguientes
pruebas: i) el concepto n°. 13 de 2024, emitido por la Procuraduría 122 Judicial II en
Asuntos Administrativos; ii) el clausulado del acuerdo de coalición programática y sus
respectivos anexos; y iii) los avales y coavales de los partidos coaligados al cargo
uninominal, y de la coalición Pacto Histórico Colombia Puede, a los 39 candidatos de
las listas al Concejo Municipal de Duitama de los partidos Polo Democrático
Alternativo, MAIS y Coalición Pacto Histórico Concejo Municipal.

22. Además, porque existió indebida valoración i) del video publicado en transmisión
en vivo el día 16 de septiembre de 2023 desde el perfil de la señora Andrea Paola
Tavera Cuervo, ya que, en casos como el de marras, la Sección Quinta del Consejo
de Estado ha señalado que no se puede analizar como prueba la publicación de un
tercero;3 ii) también de la directriz emitida por el partido Colombia Humana al
candidato, declarándola inconstitucional o ilegal, lo cual desborda los alcances del juez
de lo contencioso-administrativo, por cuanto el órgano competente para determinar la
constitucionalidad o no de un documento es la Corte Constitucional; y iii) asimismo, de
las declaraciones juramentadas aportadas por los militantes de la Colombia humana,
pues se indicó que el reconocimiento de un apoyo circunstancial era una confesión de
su existencia, cuando el contexto completo de la declaración era traer de presente que
como candidato al cargo uninominal nunca fue desleal a su partido.

2.4. Trámite procesal

23. La Sección Tercera, Subsección B, a través del despacho ponente, profirió el auto
del 27 de enero de 20254, en el que admitió la solicitud de tutela; vinculó al trámite
constitucional, como terceros con interés, al Tribunal Administrativo de Boyacá, a la
Alcaldía de Duitama, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y a los señores John Anderson Valderrama Lombana, José Luis
Valenzuela Rodríguez, Andrea Paola Tavera Cuervo, Juan Carlos Madero Mendieta y
Laura Isabel Pulido Fuya; y ordenó notificar y correr traslado del escrito de tutela y sus
anexos, al demandado y a los terceros vinculados.

24. De igual forma, negó la medida provisional solicitada; negó la prueba consistente
en oficiar a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que remitiera la totalidad de
los expedientes con radicación núm. 11001-03-15-000-2024-02707-00, núm. 11001-
03-15-000-2024-01553-00, núm. 11001-03-15-000-2024-01672-01 y núm. 11001-03-
15-000-2024- 01672-00; y tuvo como pruebas con el valor que les asigna la ley, los
documentos allegados con la acción de tutela.

25. También ofició a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que remitiera
escaneado el expediente del proceso de nulidad electoral con radicado núm. 15001-
23-33-000-2023-00428-00 [01] [02]; y requirió al señor José Luis Bohórquez López y a

3 Exp. 11001-03-28-000-2023-00 127-00 (principal)
4 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00006, certificado núm. 891B592CE88EC621

6BF708534DF41F56 770A4CE7E2B332C2 D6762B50D54A6FCA

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

su abogado Carlos Enrique Vargas Angarita para que, allegaran el poder especial
debidamente autenticado o el mensaje de datos por medio del cual fue conferido.

2.5. Intervenciones

26. El Consejo de Estado, Sección Quinta5 solicitó declarar improcedente la acción
de tutela por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de falta de relevancia
constitucional y subsidiariedad o, en su defecto, desestimar las pretensiones al no
configurarse los defectos alegados.

27. Dijo que lo pretendido por el accionante es convertir el mecanismo de amparo en
un escenario de debate legal y probatorio al no estar de acuerdo con lo resuelto por el
juez natural; y que no es la acción de tutela la oportunidad procesal para alegar la falta
de incorporación al proceso de unos memoriales que, a su juicio, introdujeron nuevos
elementos probatorios y fácticos, toda vez que, tal irregularidad no la alegó dentro del
control de legalidad realizado en primera instancia y, por tanto, quedó saneada.

28. Advirtió que en el asunto no se incurrió en los defectos alegados, pues la
Subsección interpretó y aplicó la tesis jurisprudencial vigente en punto de la doble
militancia en la modalidad de apoyo, tratándose de coaliciones políticas, la cual está
en armonía con la sentencia SU–213 del 16 de junio de 2022. Situación distinta es que
el tutelante no comparta las razones y motivos por los que se adoptó una decisión
adversa a sus intereses, evento que no supone la configuración de defecto alguno.

29. El Tribunal Administrativo de Boyacá6 manifestó que, dado que las
pretensiones de la acción de tutela se dirigieron en contra de la decisión adoptada por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, no encontraba ninguna precisión que resultara
apropiada para aportar en el asunto.

30. El Consejo Nacional Electoral7pidió declarar su falta de legitimación en la causa
por pasiva y, en consecuencia, ordenar su desvinculación del trámite de tutela, en
atención a que los hechos y pretensiones de la acción recaen sobre actuaciones
judiciales surtidas dentro de un medio de control de nulidad electoral, lo cual difiere de
las competencias constitucionales y legales otorgadas a la entidad.

31. La Registraduría Nacional del Estado Civil8 solicitó su desvinculación de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que la entidad
no tiene competencia funcional para atender lo requerido por el extremo actor.

32. El municipio de Duitama9 requirió su desvinculación del trámite de tutela por falta
de legitimación en la causa por pasiva, al no ser la autoridad que se encuentra
vulnerando los derechos fundamentales invocados por el accionante.

5 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00018, certificado núm. D307B532F9CA79AB

A52A69FDBFE6F7BB 93F68D748B46FEC2 911BA360BD69B35D
6 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00021, certificado núm. 35BF2EBF92D621A6

68321322A1435D07 85522B2B812ECFDB 0A93E818D006A583
7 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00013, certificado núm. 7D7B58E8F1B8F721

3CFB5227D878B801 F5311F6951B3EAB8 7DFF8348174E1CAF
8 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00017, certificado núm. 7CAE74A562071CEF

3DC82FE6C72F4EBD 6B4F82F40EEB1C81 A5376115EA960886
9 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00016, certificado núm. 0FFEDC07A8C74552

B1A033C67544FAE3 60DA84BB304C3FC5 B25EBE537693C5C5

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

33. El señor José Luis Bohórquez López10 insistió en decretar la medida provisional
de amparo consistente en ordenar a la Gobernación de Boyacá, al Consejo Nacional
Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a las demás entidades
vinculadas al proceso electoral del municipio de Duitama la suspensión inmediata del
cronograma electoral hasta tanto se resolviera de fondo la acción constitucional.

34.El Tribunal Administrativo de Boyacá suministró el enlace para consulta del
expediente de nulidad electoral requerido11; y la Secretaría de la Sección Quinta del
Consejo de Estado también remitió el enlace de consulta12.

35. El apoderado del accionante allegó el soporte de envío, por medios digitales,
del poder conferido por el accionante para su representación en la acción de tutela13.

36.Los demás vinculados al trámite constitucional, como terceros con interés,
guardaron silencio.

2.6. Sentencia de primera instancia

37.El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de sentencia del
7 de abril de 202514, negó las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el municipio
de Duitama; y negó el amparo de tutela solicitado por el señor José Luis Bohórquez
López, en atención a los siguientes argumentos:

38. Aunque las normas que reglamentaron lo relacionado con la doble militancia no
hacen referencia expresa a las coaliciones, la decisión cuestionada se fundamentó en
antecedentes y precedentes de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional respecto de que no había razón para entender que se debía excluir de
la prohibición de la doble militancia a las coaliciones, pues el hecho de formar una
alianza con otros partidos políticos, de ninguna manera implicaba la desafiliación del
candidato del partido o movimiento político para el que militaba, al cual tenía el deber
de guardarle fidelidad.

39. En cuanto a la valoración de lo previsto en los artículos 5 y 6 del anexo del acuerdo
de coalición, que facultaba al demandante para apoyar la candidatura al concejo
municipal de los partidos miembros de la coalición, el juez indicó que si bien la
jurisprudencia del Consejo de Estado estableció como salvedad que el partido no
tuviera un aspirante para el mismo cargo o curul, o que el apoyo al candidato de otra
organización política obedeciera a una instrucción del propio partido, tal facultad no
podía desconocer normas de rango constitucional y legal, artículos 107 de la

10 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00028, certificado núm. 3758083AA91CCA18

F95CA186478087A7 EC87E2605C08A5C2 32EB093C91635E0F
11 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00011, certificado núm. 891B592CE88EC621

6BF708534DF41F56 770A4CE7E2B332C2 D6762B50D54A6FCA
12 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00012, certificado núm. A3DF90F530877026

91DE628B72CDC505 3AADDCB7C0080807 FC1C5E45916AD8B1
13 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00014, certificado núm. CE0716D33211E857

A1CB9851C9681D1C 571FC7DAA47DF6B0 113FAAA453D37D1B
14 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00030, certificado núm. B3EF14735AC15A49

E2783312BF221B3B 236D4962A4D6B24F 87DA19EB958C96F9

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

Constitución y 2 de la Ley 1475 de 2011, sobre la prohibición de doble militancia, en
tanto esas normas tenían carácter imperativo y de forzoso cumplimiento.

40. No existió una interpretación restrictiva, ni había lugar a adoptar una interpretación
más favorable, pues con los fundamentos jurídicos presentados por la autoridad
accionada fue posible determinar que hubo un análisis argumentado y razonado, que
se estudiaron puntualmente las especificidades y la supuesta vinculatoriedad del
acuerdo de coalición, y que el demandante no se encontraba en ninguna de las
salvedades establecidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado para no incurrir
en doble militancia.

41. Pese a que se cuestionó que no se tuvo en cuenta el concepto emitido por la
Procuraduría 122 Judicial II en Asuntos Administrativos y algunas de las cláusulas del
acuerdo de coalición programática, sus anexos y los avales y coavales, lo cierto es
que, si bien la intervención del ministerio público no tiene efectos vinculantes y solo
viene a construir un apoyo para la decisión que debe tomar el juez, la autoridad judicial
sí analizó el acuerdo de coalición con sus anexos y los avales y coavales y a partir de
ellos no encontró razones que permitieran establecer que no hubo doble militancia en
los actos de apoyo ejercidos por el demandante.

42. En relación con el desacuerdo en la valoración de la transmisión en vivo realizada
el 16 de septiembre de 2023, desde el perfil de Andrea Paola Tavera Cuervo en la
plataforma Instagram, advirtió que, aunque en la sentencia del 12 de diciembre de
2024 la Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que no se podía analizar como
prueba la publicación de un tercero, dicha afirmación tuvo una connotación diferente a
la del asunto bajo estudio.

43. Lo anterior dado que, en la sentencia en comento se indicó que una captura de
pantalla, por sí sola, no constituía prueba contundente de apoyo, ya que provenía de
un tercero distinto al candidato acusado de doble militancia. Además, de dicha imagen
no era posible extraer con total claridad los actos de apoyo alegados. En el caso
concreto, la publicación fue realizada a través de la cuenta de un tercero y no se aportó
como captura de pantalla, sino como una transmisión en vivo en la red social Instagram
(desde el perfil de Andrea Paola Tavera Cuervo), la cual fue allegada mediante cuatro
videos en formato MP4. Adicionalmente, esta no fue la única muestra de apoyo que la
autoridad judicial consideró demostrada para declarar la existencia de doble militancia.

2.7. Impugnación

44. El señor José Luis Bohórquez López, por intermedio de apoderado, impugnó la
sentencia de primera instancia.15 Solicitó revocar el fallo y, en su lugar, conceder las
pretensiones de tutela. Para dichos efectos reiteró lo expuesto en la demanda y agregó
lo siguiente:

45. El a quo omitió analizar de fondo: i) el defecto sustantivo, por aplicación extensiva
y restrictiva de las normas sobre doble militancia, artículos 107 de la Constitución
Política y 2 de la Ley 1475 de 2011, en contravía del principio de legalidad y del
derecho a ser elegido; ii) el defecto fáctico, por indebida valoración de las pruebas, al

15 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00035, certificado núm. 7911BA855D7AD5B1

C3FAF4F71D3B6E64 E66209548A47294B 4FFF826187463289

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

desconocerse directrices partidistas y el contexto de campaña unificada en el marco
de coalición; y, iii) error inducido, dado que la decisión se fundamentó en pruebas
obtenidas de terceros, publicaciones en redes sociales, que de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado no configuran actos de
apoyo electoral conscientes y concretos.

46. De igual forma, el defecto de violación directa de la constitución, en el cual se alegó
que el juez colegiado desconoció i) que en materia electoral debe primar el respeto a
la soberanía popular, artículos 1, 2, 40 y 258 C de la Constitución Política; y ii) que la
sanción de pérdida del mandato, como la declaratoria de nulidad electoral, es de
carácter excepcional y solo puede imponerse ante la configuración inequívoca de las
conductas prohibidas, conforme a un debido proceso estricto que asegure no sólo la
verificación objetiva de los presupuestos jurídicos, sino también el respeto irrestricto a
los principios de legalidad, proporcionalidad y favorabilidad en materia de derechos
fundamentales.

47. El juez de tutela no analizó las diferencias sustanciales existentes con el caso
analizado en la Sentencia SU-213 de 2022, en el que la Corte Constitucional concluyó
la configuración de una conducta de doble militancia porque el accionante, a pesar de
haberse inscrito en coalición, incurrió en apoyos explícitos a candidatos de
movimientos políticos que no integraban la coalición que lo avaló, contrariando así la
normativa vigente y las reglas internas pactadas entre los partidos coaligados.

48. Tampoco estudió la indebida interpretación y aplicación de normas de jerarquía
constitucional y legal que regulan la prohibición de doble militancia en el contexto de
candidaturas inscritas mediante coaliciones políticas, fenómeno que presenta
especificidades no abordadas previamente ni por la Corte Constitucional ni por la
Sección Quinta del Consejo de Estado. Ignoró que el debate suscitaba la necesidad
de realizar un control estricto de constitucionalidad respecto de la forma en que se
aplicaron los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011, así
como de los principios pro homine, pro participación y pro electoratem.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

49. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud
de amparo interpuesta por el señor José Luis Bohórquez López en contra del Consejo
de Estado, Sección Quinta.

3.2. Legitimación en la causa

50. La «legitimación en la causa por activa» del señor José Luis Bohórquez López se
encuentra acreditada por cuanto fue la persona demandada en el proceso con
fundamento en la cual se profirió la decisión que acusó de desconocer sus derechos
fundamentales.

51. También está probada la «legitimación en la causa por pasiva» del Consejo de
Estado, Sección Quinta, en la medida en que fue la autoridad judicial que profirió la
sentencia que, a juicio del tutelante, vulneró sus garantías constitucionales.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

52. En cuanto a las «solicitudes de desvinculación» del Consejo Nacional Electoral, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el municipio de Duitama, la Sala confirmará
la negativa dispuesta en primera instancia, en tanto su vinculación al presente asunto
se hizo en calidad de terceros con interés con el fin de garantizar sus derechos de
defensa y contradicción.

3.3. Problema jurídico

53. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia del 7 de abril de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que negó el amparo de tutela solicitado por el señor José Luis
Bohórquez López.

54. Para dichos efectos, decidirá sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, junto con los principios de legalidad y confianza legítima, así como sus
derechos políticos a elegir y ser elegido, y al acceso al ejercicio de cargos públicos,
aunado a los principios pro homine, pro electoratem, eficacia del voto y verdad electoral
invocados por el señor José Luis Bohórquez López.

55. Lo anterior, ante la presunta configuración de los defectos sustantivo,
desconocimiento de precedente constitucional, violación directa de la Constitución,
error inducido, decisión sin motivación y fáctico en la sentencia del 12 de diciembre de
2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro del proceso de
nulidad electoral con radicado núm. 15001-23-33-000-2023-00428-02.

56. De esta forma, presentará aspectos generales sobre la procedencia de la acción
de tutela en contra de providencias judiciales; posteriormente, analizará los requisitos
de procedibilidad en el caso concreto y, de encontrarse superados, estudiará la
procedencia del amparo invocado en lo que corresponda.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

57. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado16 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional17.

58.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv)
que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración;
y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

59. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo18. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

60. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución19.

3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto

61. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la sentencia que
profirió la Sección Quinta del Consejo de Estado data del 12 de diciembre de 2024, y
fue notificada al día siguiente20, y el escrito de tutela se presentó el 21 de enero de
202521, esto es, dentro del plazo de los seis meses establecido como razonable tanto
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional22 como del Consejo de Estado23.

62. También se satisface el requisito de subsidiariedad porque la parte accionante no
cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de
sus derechos fundamentales.

63. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, por cuanto la
vulneración alegada se origina con ocasión de una actuación judicial.

64. No obstante, aunque la parte actora invocó la protección de sus derechos
constitucionales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, junto con los principios de legalidad y confianza legítima, así como sus
derechos políticos a elegir y ser elegido, y al acceso al ejercicio de cargos públicos,
aunado a los principios pro homine, pro electoratem, eficacia del voto y verdad
electoral, la Sala de decisión detendrá su estudio en los derechos fundamentales a la

18
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
19 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
20 Aplicativo Samai, exp. 15001-23-33-000-2023-00428-02, índice 00041.
21 Aplicativo Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00267-00, índice 00002.
22 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-

03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por ser los
derechos procedentes a analizar en casos de tutela contra providencia judicial24.

65. Además, porque de encontrarse configurados los defectos alegados en el escrito
de tutela, prosperaría la pretensión de amparo consistente en ordenarle a la Sección
Quinta del Consejo de Estado que emita una sentencia de reemplazo en la que estudie
de nuevo la configuración de la prohibición de la doble militancia en el caso concreto.

66. En el escrito de amparo, la parte actora expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales; sin embargo, la Sala no se pronunciará en torno de los defectos
desconocimiento de precedente constitucional, violación directa de la Constitución,
error inducido y decisión sin motivación, en atención a que los argumentos con los
cuales fueron sustentados coinciden con los fundamentos expuestos para sustentar
los defectos sustantivo y fáctico, que son los que la Sala procederá a analizar.

67. Ello, por cuanto en lo que se refiere con el desconocimiento del precedente
constitucional, se alegó que no se tomó en cuenta la Sentencia SU-342 de 2024, en la
que la Corte Constitucional reafirmó la centralidad del principio pro homine como
criterio hermenéutico para garantizar los derechos fundamentales. En particular, por
imponer una interpretación restrictiva y desproporcionada de la figura de la doble
militancia en el contexto de las coaliciones políticas, que carece de un desarrollo
legislativo claro y preciso, y por omitir valorar adecuadamente las pruebas que
demostraban que el candidato actuó en estricto cumplimiento de las directrices de su
partido y de los acuerdos de coalición programática, lo que deviene en una análisis
normativo y probatorio.

68. En igual sentido, en lo que se refiere al error inducido, en el que se alegó la
ambigüedad normativa en materia de coaliciones políticas, y la interpretación
restrictiva y descontextualizada de los elementos probatorios aportados, entre ellos, la
instrucción contenida en el anexo «acuerdo de coalición»; y en el cargo de decisión
sin motivación, en el que se controvirtió una violación al principio de congruencia, por
reconocer la validez de las coaliciones programáticas, pero no tener en cuenta las
directrices emitidas por los partidos coaligados. Argumentación que también se
desarrollará en el análisis de los defectos sustantivo y fáctico.

69. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad electoral.

70. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo, en los términos
que planteó la parte actora, esto es, el estudio de las causales específicas de
procedencia defecto sustantivo y defecto fáctico.

24 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, C.P.

María Elizabeth García, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ), unificó su jurisprudencia en torno a la
procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse
el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de
defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

3.6. Análisis de las causales específicas de procedencia

3.6.1. Generalidades de los defectos

3.6.1.1. Defecto sustantivo

71. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado 25.

72. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.

73. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia
judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos
previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y
para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor
no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que
son de forzosa aplicación […]26.

74. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a
su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

75. Así, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4° de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2° superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5° de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior)27.

25 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
26 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

3.6.1.2. Defecto fáctico

76. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»28. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»29 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

77. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”».30 Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»31.

78. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso.32

79. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el análisis
del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia
judicial33, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, las razones por
las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»34.

80. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica, por
lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión

28
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
29 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
32 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
33 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
34 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las
pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […]
diametralmente opuesta ― siguiendo las reglas de la lógica― a la que se
desprende del contenido de los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido
valoradas de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor
valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]35.

3.6.2. Caso concreto

81. Se analiza en el caso la posible vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor José
Luis Bohórquez López en la sentencia del 12 de diciembre de 2024, emitida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro del proceso de nulidad electoral con
radicado núm. 15001-23-33-000-2023-00428-02.

82. El accionante alegó, en sede de impugnación, que el juez de tutela de primera
instancia no analizó en debida forma los argumentos con los cuales sustentó los
defectos invocados. De esta forma, itera que, en la sentencia discutida se incurrió en
los defectos sustantivo, desconocimiento de precedente constitucional, violación
directa de la Constitución, error inducido, decisión sin motivación y fáctico. No
obstante, como se dejó sentado en líneas anteriores, la Sala dirigirá su estudio al
análisis de los defectos sustantivo y fáctico.

83. En punto al defecto sustantivo lo centró el tutelante en la indebida interpretación
y/o interpretación restrictiva de los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la
Ley 1475 de 2011, no aplicación del principio pro homine en el análisis del asunto y
desconocimiento de las salvedades establecidas por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en torno de la doble militancia en la modalidad de apoyo para coaliciones.

84. A su turno y para sustentar el defecto adujo la falta de análisis del concepto n°. 13
de 2024, emitido por la Procuraduría 122 Judicial II en Asuntos Administrativos, y del
clausulado del acuerdo de coalición programática, sus respectivos anexos, y los avales
y coavales otorgados; y la indebida valoración del video publicado el día 16 de
septiembre de 2023 relacionado con la directriz emitida por el partido Colombia
Humana; y de las declaraciones juramentadas aportadas por los militantes del referido
partido político colombino.

85. Pues bien, en la providencia objeto de censura, emitida el 12 de diciembre de 2024,
la Sección Quinta del Consejo de Estado analizó la demanda de nulidad electoral
presentada en contra del acto de elección del señor José Luis Bohórquez López, como

35 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

alcalde del municipio de Duitama (Boyacá), para el período constitucional 2024-2027,
por doble militancia política en la modalidad de apoyo, causal de anulación electoral
prevista en el numeral octavo del artículo 275 del CPACA.

86. En la citada providencia la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la
decisión de primera instancia, declaró la nulidad del formulario E–26 ALC del 4 de
noviembre de 2023, en el cual constaba la elección de José Luis Bohórquez López
como alcalde del municipio de Duitama (Boyacá), para el período constitucional 2024-
2027.

87. El juez colegiado adoptó dicha determinación, luego de estudiar los cargos
presentados por los demandantes en la apelación, esto es: i) el desconocimiento de la
línea jurisprudencial en punto de la doble militancia en la modalidad de apoyo para
coaliciones, y ii) la indebida y falta de valoración probatoria.

88. Para desatar el primero de los cargos propuestos, el juez del proceso electoral
presentó, el marco normativo y jurisprudencial relacionado con la causal de nulidad
por doble militancia en la modalidad de apoyo, a partir del cual refirió el contenido de
los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 201136, así como las
sentencias del 10 de marzo de 202237, 26 de enero de 2023, y 27 de junio de 202438,
de la Sección Quinta del Consejo de Estado, respecto de los elementos que deben
acreditarse para tener por configurada la causal alegada como fundamento de la
pretensión de nulidad del acto de elección.

89. Posteriormente, estudió la jurisprudencia constitucional como de lo contencioso
administrativo en torno de la aplicación de la doble militancia en la modalidad de apoyo
para los candidatos inscritos por una coalición.

90. De manera particular, citó la sentencia de unificación SU-213 de 2022, en la que
la Corte Constitucional ha referido como criterio que el inciso segundo del artículo 2 de
la Ley 1475 de 2011 es aplicable a los candidatos de coalición porque en su caso
también se cumplen los supuestos fácticos que la norma exige.

91. En igual sentido, las sentencias del 24 de septiembre de 202039, y del 3 de
diciembre de 202040, en las que se hizo claridad que un candidato de coalición en su
intención de manifestar apoyo a otros, lo debe hacer, en primer lugar, a los que
pertenecen a la colectividad en la que milita y, en caso de que su partido para un cargo
específico no haya inscrito a algún aspirante, lo puede hacer en favor de los candidatos
de los demás integrantes de la coalición o de los partidos o movimientos políticos que
se hayan adherido.

92. Asimismo, la sentencia del 1° de julio de 202141, respecto de las reglas de la doble
militancia a candidatos de coalición; la sentencia del 10 de agosto de 2023 42, que
reiteró la regla consistente en que la prohibición de la doble militancia resulta aplicable

36
Exp. 11001-03-28-000-2022-00196-00.
37 Exp. 76001-23-33-000-2019-01141-01.
38 Exp. 11001-03-28-000-2023-00105-00.
39 Exp. 11001-03-28-000-2019-00074-00
40 Exp. 68001-23-33-000-2019-00867-02
41 Exp. 11001-03-28-000-2020-00018-00
42 Exp. 11001-03-28-000-2022-00198-00

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

a candidatos inscritos en virtud de un acuerdo de coalición; y la sentencia del 9 de
noviembre de 202343, que replicó la postura pacífica en materia de apoyos cuando
existen las coaliciones, esto es, que «en primer lugar, se debe apoyar al candidato del
partido que otorgó el aval; en caso de que no se haya inscrito candidato por aquel, se
puede apoyar a uno de la coalición».

93. Finalmente, la sentencia del 22 de agosto de 202444, en punto de la doble
militancia para elecciones a cargos uninominales, en la que se insistió que la
prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo tiene lugar cuando el
implicado en los hechos despliega actos positivos y concretos de respaldo a una
candidatura distinta de la que avaló o promovió su colectividad política, pero, que, si el
partido de origen del aspirante demandado no inscribió candidatura alguna al cargo de
elección popular referido, su proceder proselitista no está limitado por la prohibición
proscrita en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

94. A partir de lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado presentó las
siguientes conclusiones:

104. Del recuento jurisprudencial se tiene que, en efecto, la doble militancia se predica,
incluso, respecto de candidatos que inscriban su aspiración por medio de una coalición
de partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos, de ahí que, como se
anticipó, el deber de lealtad surge a partir de la postulación de su partido o movimiento
político a determinado cargo de elección popular.

105. Para ello, se determinó en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 que en el formulario
de inscripción se indicará la filiación política del candidato, pues, es precisamente a esta
agrupación la que debe respaldar aquel aspirante de la coalición. En ese sentido, la Sala
se separa del criterio expuesto por el tribunal de primera instancia tendiente a que la
fidelidad no se predica del partido sino de la coalición, pues, se insiste que dicha figura
asociativa no conlleva la eliminación de tal deber de lealtad.

106. En otros términos, la fidelidad del candidato, a pesar de haber suscrito un acuerdo
de coalición, se mantiene con su partido de origen, en tanto que la afiliación a aquel no
desaparece, incluso en aquellas hipótesis cuando se trate del candidato único de las
organizaciones políticas que integran la coalición. Así ha sido reiterado por esta Sala de
lo Electoral: […]

107. En efecto, en decisión reciente de esta Sección se recordó que la inclusión de una
colectividad en una coalición no elimina la pertenencia de los aspirantes a la
organización que otorga el aval para participar en la elección, porque las coaliciones no
son una forma organizativa que pueda inscribir candidatos por sí misma, conforme lo
siguiente: […]

108. Desde esos mismos argumentos, debe considerarse que tampoco es cierta la
afirmación tendiente a que el análisis de la doble militancia varía dependiendo de la
forma en que se inscribió la candidatura de un aspirante a un cargo de elección popular.
Por el contrario, del contenido del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 se advierte que la
prohibición referida consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del partido o
movimiento político al cual se encuentran afiliados.

43 Exp. 11001-03-28-000-2022-00258-00
44 Exp. 11001-03-28-000-2023-00154-00

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

109. Nótese así que la norma no hace ninguna distinción en punto de que la observancia
de aquella dependerá si la inscripción se efectuó o no a través de un acuerdo de
coalición. Por consiguiente, la doble militancia en la modalidad de apoyo aplica sin
excepción ni distinción a todos aquellos que aspiren a un cargo de elección popular.

[…]

114. Conforme lo expuesto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Boyacá
desconoció la línea jurisprudencial del órgano de cierre en lo consistente a: i) el deber
de lealtad de los candidatos inscritos por una coalición con su partido de origen y, a su
vez, ii) la aplicación, indistinta y sin excepción, a la prohibición de la doble militancia en
la modalidad de apoyo a aquellos. De manera que es factible colegir que los apelantes
tienen razón en este punto de su impugnación.

95. La Sección Quinta encontró configurado el cargo de desconocimiento de la línea
jurisprudencial relacionada con la doble militancia en la modalidad de apoyo para los
candidatos inscritos por una coalición, luego de traer de presente la jurisprudencia de
la Sala en el particular. Encontró evidente que, en efecto, la jurisprudencia apuntaba a
señalar que la doble militancia se predica, incluso, respecto de candidatos que
inscriban su aspiración por medio de una coalición de partidos, movimientos o grupos
significativos de ciudadanos» y, además, que «la fidelidad del candidato, a pesar de
haber suscrito un acuerdo de coalición, se mantiene con su partido de origen».

96. En este contexto, esta Sala constitucional no aprecia que, en el caso materia de
estudio, se haya incurrido en defecto sustantivo, ya que, como se dejó visto, el criterio
de interpretación utilizado por el juez de lo contencioso-administrativo en la aplicación
de los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la de la Ley 1475 de 2011,
relacionados con la prohibición de la doble militancia política, no deviene de una
concepción aislada, sino de un análisis juicioso del desarrollo jurisprudencial obtenido
en la materia.

97. Ahora, aunque el accionante cuestionó que la jurisprudencia utilizada resulta
ajena al caso, en tanto involucra a candidatos que actúan en contravía de sus partidos
o coaliciones, lo cierto es que, no se aprecia que, sobre el particular, se hayan traído
antecedentes a efectos de determinar que la Sección Quinta haya incurrido en una
indebida aplicación jurisprudencial; por el contrario, la jurisprudencia citada, además
de tratar explícitamente la doble militancia en coaliciones, precisa las salvedades
presentadas en torno a la no configuración de la prohibición, tratándose de candidatos
inscritos por coalición, de la que, luego concluyó, no se aplicaban al asunto en estudio.

98. De igual forma, pese a que se alega que la autoridad accionada no consideró las
especificidades de las coaliciones y el carácter vinculante de los acuerdos
programáticos entre los partidos, ello obedeció, se reitera, a la estricta aplicación del
criterio de interpretación desarrollado en el asunto, esto es, a que la fidelidad del
candidato, a pesar de haber suscrito un acuerdo de coalición, se mantiene con su
partido de origen; y pese a que también se controvierte que las coaliciones no están
sometidas a iguales reglas de doble militancia aplicables a los partidos individuales,
por cuanto su naturaleza asociativa responde a una lógica de unión en torno a un
programa político común, tal argumento no fue soportado con jurisprudencia.

99.En igual sentido, tampoco es de recibo el argumento según el cual no se realizó
una interpretación que propendiera por la protección de los principios pro homine, pro

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

sufragium, verdad electoral y eficacia del voto, toda vez que el juez electoral no
desconoció ningún precepto constitucional, ni realizó una interpretación de la
normativa contraria a la Constitución, sino que se sustentó en lo considerado en el
particular por la Sección Quinta. En todo caso, es de advertir que al juez de tutela no
le es permitido adoptar criterios de interpretación sobre puntos de derecho que son
propios del juez del proceso ordinario.

100.Ahora bien, en el análisis del segundo de los cargos, relacionado con la indebida
y falta de valoración probatoria, la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó
que, el demandado, de manera continuada, durante la campaña electoral que culminó
con las elecciones del 29 de octubre de 2023, realizó actos positivos, concretos e
inequívocos de apoyo hacia los aspirantes al Concejo Municipal de Duitama por el
partido Polo Democrático Alternativo, a pesar de que su agrupación de origen o base
(Colombia Humana) contaba con aspirantes propios a esa corporación pública. Así, en
lo que interesa al caso, señaló:

123. Así las cosas, se procederá a estudiar los supuestos actos de apoyo que fueron
objeto de reproche en las apelaciones, esto es, aquellos ocurridos el 17 de agosto, 19
de agosto, 16 de septiembre, 30 de septiembre, 16 de octubre y 23 de octubre, todos de
2023. […]

c) 16 de septiembre de 2023: relacionaron una transmisión en vivo en la red social
Instagram (desde el perfil de Andrea Paola Tavera Cuervo), el cual también allegaron en
cuatro videos en formato mp4, en los que el demandado entabla una conversación con
la candidata referenciada, a saber: […]

141. […] para la Sala si se deriva otro acto positivo, concreto e inequívoco de apoyo del
accionado para la aspirante al Concejo de Duitama por el Polo Democrático Alternativo,
Andrea Paola Tavera Cuervo.

142. En efecto, de la documental analizada se observa que el señor José Luis Bohórquez
López, ante el conocimiento que está en una transmisión en vivo por una red social (así
se lo hace saber aquella), invita a votar de manera consciente por la candidata que
transmite el video, esto es, Andrea Paola Tavera Cuervo.

143. Tal invitación a sufragar por aquella resulta manifiesta para la sala porque el
accionado indica la forma en que ello se hace, esto es, marcando «polo dieciséis», lo
cual, según el formulario E-6 CON, corresponde al renglón y partido de dicha aspirante.
Resulta incuestionable la voz de patrocinio, que la comunicación finaliza con el dicho del
accionado referido a que «[…] por favor apoyémosla […]».

144. Así las cosas, se concluye que lo expresado por el accionado, a través de las redes
sociales de la candidata apoyada, denota un respaldo a la candidatura de una aspirante
distinta de Colombia Humana, lo cual se efectuó el 16 de septiembre de 2023, esto es,
dentro del periodo electoral que culminó el 29 de octubre siguiente. […]

149. Por consiguiente, a partir de lo analizado se concluye que lo acontecido en el evento
de amor y amistad, con un gremio específico de la ciudad de Duitama (mototaxistas),
configura, también, el elemento objetivo y temporal de la prohibición de la doble
militancia en la modalidad de apoyo.

[…]

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

175. A su vez, resta precisar que el argumento propuesto por el demandado Bohórquez
López consistente en que los artículos 5.° y 6.° del anexo al acuerdo de coalición lo
facultaron para que, entre otros, manifestara su apoyo a cada una de las campañas
adelantadas por los partidos integrantes de la coalición. Así, se estableció: […]

176. Tal argumento de defensa no es de recibo para la sala, por cuanto, no le es
permitido a ninguna colectividad política desconocer las normas de rango constitucional
y legal, en concreto sobre la prohibición de doble militancia, en tanto que aquellas son
imperativas y de forzoso cumplimiento.45 En ese orden de ideas, aquellos artículos del
anexo del acuerdo de coalición no eximían al demandado de su deber de no desconocer
la prohibición de la doble militancia en apoyo.

177. En efecto, el artículo 107 de la Constitución Política reconoce la autonomía de los
movimientos y partidos políticos para, entre otros, organizarse y tomar sus decisiones,
sin embargo, tal principio de autonomía «[…] está sujeta a las limitaciones que
legítimamente realice el legislador».46 En otras palabras, si bien Colombia Humana podía
establecer las condiciones, limitaciones y restricciones para el ejercicio y uso del aval,
en punto de la candidatura de José Luis Bohórquez López, lo cierto es que dicho anexo
no puede desconocer el ordenamiento jurídico en lo atinente a la prohibición de doble
militancia.47 […]

179. Al respecto, se insiste que la decisión particular emitida por Colombia Humana en
este caso concreto no puede pasar por alto el carácter vinculante de lo establecido en el
artículo 107 de la Constitución Política, esto es, que «[e]n ningún caso se permitirá a los
ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con
personería jurídica», pues, este último compendio normativo es «[…] norma de
normas»,48 de ahí su carácter de imperativo y de forzoso cumplimiento […].

181. En ese orden de ideas, se impone concluir que Colombia Humana, mediante el
anexo traído a colación por el demandado, no podía ir en contravía de los postulados
constitucionales y legales (artículo 2.° de la Ley 1475 de 2011), en tanto que al ser
aquellos de orden público no pueden ser desobedecidos «[…] por ninguna clase de
convenio, acto o declaración unilateral adoptada o expedida por organizaciones de
carácter particular como lo son los partidos y movimientos políticos […]»49.

101.Así, se tiene que en orden a analizar el elemento objetivo de la conducta, por los
hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2023, el juez colegiado examinó la
transmisión en vivo en la red social Instagram, desde el perfil de Andrea Paola Tavera
Cuervo, aspirante al Concejo de Duitama por el Polo Democrático Alternativo, en el
que el señor José Luis Bohórquez López, del partido Colombia Humana, entabló una
conversación con la candidata y de la cual evidenció el acto positivo, concreto e
inequívoco de apoyo, pues de manera consciente invitó a votar por ella.

45 Cita propia del texto transcrito. «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

sentencia del 1.º de julio de 2021, radicación: 11001-03-28-000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.»
46 Cita propia del texto transcrito. «Corte Constitucional, sentencia 490 del 23 de junio de 2011, MP. Luis Ernesto

Vargas Silva.»
47 Cita propia del texto transcrito. «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

sentencia del 9 de noviembre de 2023, Radicación: 11001-03-28-000-2022-00258-00, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra.»
48 Cita propia del texto transcrito. «Artículo 4.° de la Constitución Política»
49 Cita propia del texto transcrito. «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

sentencia del 29 de junio de 2017, Radicación: 25000-23-41-000-2015-02781-01, MP. Rocío Araújo Oñate. Tesis
reiterada en: sentencia del 10 de diciembre de 2020, Radicación: 19001-23-33-003-2019-00368-01, MP. Rocío
Araújo Oñate.»

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

102.Asimismo, que los artículos 5.° y 6.° del anexo al acuerdo de coalición que
facultaron al demandante para manifestar su apoyo a cada una de las campañas
adelantadas por los partidos integrantes de la coalición, no eximían de su deber de no
desconocer la prohibición de la doble militancia en apoyo, contenida en los artículos
107 constitucional y 2 de la Ley 1475 de 2011.

103.A juicio del accionante, existió indebida valoración de dicha prueba dado que la
Sección Quinta del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que no se puede dar
valor a la publicación de un tercero. No obstante, el caso traído como referente estudió
un tipo de prueba distinta, esto es, una captura de pantalla, que según se indicó, no
constituía prueba contundente de apoyo, mientras que en el asunto en discusión lo
valorado fue una transmisión en vivo, soportado, por demás, en cuatro videos en
formato MP4.

104.A su turno, tampoco se evidencia que haya existido una indebida valoración de la
directriz que le fue emitida por el partido Colombia Humana, en el anexo del acuerdo
de colación, ya que, lo que se concluyó fue que tal directriz de apoyo no podía ir en
contra de la Constitución y la ley, y ello se explicó, por demás, en el análisis que hizo
la corporación al traer de presente la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, a partir de la cual concluyó que lo establecido
en el anexo del acuerdo de coalición no podía aplicarse como excepción al elemento
objetivo de doble militancia, en tanto ella dependía de que el partido del candidato no
contara con aspirante para el cargo al cual se dio apoyo, lo cual no aconteció en el
caso.

105.Y en lo que corresponde con las declaraciones juramentadas aportadas por los
candidatos al Concejo de Duitama, en representación del partido Colombia Humana,
como de las pruebas aportadas por la defensa, lo que se encuentra es que el juzgador
realizó una valoración conjunta del acervo probatorio, el cual no se advierte irracional
o caprichoso, sino adecuado a las reglas de la sana crítica.

106.Finalmente, el alegato relacionado con la omisión de valorar el concepto rendido
por el ministerio público, se aprecia que este no tiene efectos vinculantes para el
operador jurídico, sino que su función es eminentemente orientadora, por lo que no
puede alegarse su desconocimiento; y en lo referente al clausulado del acuerdo de
coalición programática, sus respectivos anexos, y los avales y coavales otorgados por
los partidos coaligados se colige que estos sí fueron valorados, diferente es que de
estas pruebas no se encontraron razones para establecer que no se incurrió en la
causal de doble militancia analizada y que fundamentó la decisión de nulidad objeto
de tutela.

IV. CONCLUSIÓN

107.La Sala concluye que la providencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado no vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia del accionante, por cuanto no se evidencia en
su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos
de orden constitucional y legal, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal
motivo, se confirmará la sentencia impugnada.

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00267-01
Accionante: José Luis Bohórquez López
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de abril de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones presentadas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si esta decisión no es impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

YASM/SEJV

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.