RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00270-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00270-01

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00270-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación presentada por el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00270-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

24 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR LAS RAZONES
EXPUESTAS EN LA PRESENTE PROVIDENCIA. LA ACTORA CARECE DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, COMOQUIERA QUE NO SE HIZO
PARTE COMO SUCESORA PROCESAL DENTRO DE LA ACCIÓN DE GRUPO EN LA
QUE FUERON PROFERIDAS LAS PROVIDENCIAS CUESTIONADAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD Y VIVIENDA DIGNA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 7 de marzo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO en calidad de

heredera de la señora MARÍA ISABEL BEJARANO BOLÍVAR

(Q.E.P.D.), actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción

de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,

solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido

proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a

la vivienda digna los cuales estima vulnerados por el JUZGADO

TERCERO ADMINISTRATIVO DE FACATATIVÁ2 y el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN PRIMERA-

SUBSECCIÓN “C”3 al haber proferido las providencias de 13 de

julio de 2021 y 19 de julio de 2024, respectivamente, dentro de la

acción de grupo identificada con el número único de radicación

25269-33-40-003-2016-00011-00.

I.2.- Hechos

2
En adelante el Juzgado.
3
En adelante el Tribunal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

Manifestó que entre los años 2008 y 2010 en el Municipio de Salgar

se presentó una ola invernal que afectó varios barrios y veredas

aledañas al río magdalena, circunstancia que ocasionó la

declaratoria de calamidad pública.

Aseveró que el MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR gestionó junto

con el Gobierno Nacional la reubicación de las familias damnificadas

y, para tal efecto, se entregó el predio denominado “La Esperanza I”

adquirido por la Nación en virtud de un proceso de extinción de

dominio.

Señaló que en el aludido predio se construyó un proyecto de

vivienda de interés social sin considerar las condiciones ambientales

y sociales del lugar, pues no se evaluaron las condiciones de las

viviendas aledañas.

Indicó que durante la construcción del proyecto de vivienda se

afectó gravemente el predio de propiedad de su madre la señora

MARÍA ISABEL BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) ubicada en el

barrio “Buenos Aires” colindante con el proyecto urbanístico, pues,

debido a la maquinaria y el tráfico de los vehículos con materiales

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

de obra, se causaron una serie de daños estructurales al punto del

riesgo inminente de colapso, razón por la que su señora madre se

vio en la obligación de desalojar la vivienda junto con sus

familiares.

Señaló que en vida su señora madre la señora MARÍA ISABEL

BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) junto con otros afectados

presentaron demanda en ejercicio de la acción de grupo contra la

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA y el MUNICIPIO DE

PUERTO SALGAR con el fin de obtener el reconocimiento y pago

de los perjuicios ocasionados a sus inmuebles con ocasión al

proyecto de vivienda que pretendió reubicar a los damnificados de

la tragedia invernal.

Indicó que el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 25269-33-40-003-2016-00011-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia

de 13 de julio de 2021, i) declaró probada la excepción de falta de

legitimación en la causa por activa de la señora MARÍA ISABEL

BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) por cuanto las pretensiones

formuladas no guardaban similitud y unidad respecto de las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

pretensiones invocadas por los demás integrantes del grupo y, ii)

declaró probada la excepción de caducidad de la acción de grupo.

Mencionó que, inconforme con lo anterior el apoderado de los

accionantes formuló recurso de apelación ante el TRIBUNAL que,

en providencia de 19 de julio de 2024, revocó el numeral segundo

de la sentencia cuestionada, en cuanto declaró probada la

excepción de caducidad del medio de control y, en lo demás,

confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en el defecto fáctico, comoquiera que cometieron

sendas irregularidades en el estudio del material probatorio obrante

en el expediente, pues, a su juicio, no se efectuó una apreciación

integral ya que se limitaron a transcribir y resaltar algunos apartes,

pero, al momento de valorarlas, se apartaron de los hechos que

estas demostraban llegando a una conclusión negativa y contraria a

la realidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

Así mismo, manifestó que “[…] es una sola la causa por la que las

dos sentencias vulneran ciertos derechos y en especial emiten una

decisión equivocada, sin ir más allá de lo que exige la interpretación

textual de las normas. De ahí que, el defecto en el que incurren

ambas instancias es el defecto fáctico […]”.

I.4.- Pretensiones

La actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Que se amparen a la accionante los derechos
fundamentales de IGUALDAD, al DEBIDO PROCESO y ACCESO
REAL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y los demás que
considere vulnerados el Honorable Magistrado o Consejero de
Tutela; los cuales les fueron vulnerados a los Accionantes por las
Accionadas con las decisiones tomadas en la Sentencia
anteriormente señaladas.

SEGUNDO: Se ordene dejar sin efectos las Sentencia de primera
y segunda instancia bajo radicado No.
25269334000320160001100 y 25269334000320160001102
proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Facatativá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera Subsección “C”.

TERCERO: Que se ordene a la parte accionada que en un término
no superior a treinta (30) días dicten una nueva sentencia en el
proceso radicado No. 25269334000320160001100 y
25269334000320160001102 […]”. (Destacado pertenece al
texto).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital de la

acción de grupo objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento

alguno frente al fondo del asunto.

I.5.2.- El JUZGADO señaló que la actora no intervino en la acción

de grupo objeto de estudio, sino que quien acudió como actora en

calidad de demandante fue la señora MARÍA ISABEL BEJARANO

BOLÍVAR madre de la actora.

Asimismo, informó que el fallo proferido por ese despacho judicial

efectuó el análisis de los elementos de hecho y de derecho, además

de los medios de prueba que pretendieron hacer valer las partes y,

por lo tanto, no constituyó una violación de las garantías

constitucionales de la actora.

Además, manifestó que el 6 de septiembre de 2023 la actora

interpuso una acción de tutela contra el Municipio de Puerto Salgar,

la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Vivienda, la Caja

de Compensación Familiar- CAFAM, trámite al que fue vinculado ese

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

despacho judicial, en aras de que se le amparan sus derechos

fundamentales a la vida y a la vivienda digna y, en consecuencia, se

ordenara su evacuación inmediata y permanente a otra vivienda y

se le reconociera la indemnización de daños y perjuicios, causados

por la falta de atención a la situación.

Recalcó que el aludido trámite constitucional fue conocido por la

Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, a

través de sentencia de 28 de septiembre de 2023, declaró que no

se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable y, en

consecuencia, denegó por improcedente el amparo constitucional.

I.5.3.- El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

señaló que debe ser desvinculada del trámite constitucional, por

cuanto no goza de legitimación en la causa por pasiva para dar

alcance a las pretensiones de la actora, esto en razón a que no

participó como demandada dentro de la actuación objeto de

controversia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

Igualmente, recalcó que no fue la entidad que profirió las

providencias judiciales enjuiciadas, ni fue la causante de la

afectación de los derechos fundamentales deprecados por la actora.

I.5.4.- Los señores JULIAN FELIPE GALVIS MORENO y YENNY

PAOLA AGUDELO PINZÓN vinculados en calidad de terceros con

interés directo en las resultas del proceso, solicitaron la

desvinculación del trámite constitucional, por cuanto no hacen parte

procesal dentro de la acción de grupo objeto de estudio, ni tampoco

presentaron interés alguno en el proceso ya que desconocen a las

partes involucradas en la contienda jurídica.

I.5.5.- El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARÍA

DE HACIENDA, el MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, el FONDO

DE EMPLEADOS DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE

ECOPETROL S.A. – CAJA DE VIVIENDA PETROLERA

(CAVIPETROL), la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y el señor

GENARO ALBERTO LÓPEZ junto con los demás intervinientes en

la acción de grupo, vinculados en calidad de terceros con interés

directo en las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida

forma, guardaron silencio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 7 de marzo de

2025, declaró improcedente el amparo al considerar que no se

encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Señaló que las providencias judiciales cuestionadas fueron

sustentadas en debida forma por las autoridades judiciales

accionadas, en particular, el hecho de que no existía identidad de

causa entre las pretensiones formuladas por la señora María Isabel

Bejarano y el resto de los integrantes de la acción de grupo.

Igualmente, resaltó que los argumentos expuestos en la solicitud

de amparo están encaminados a reabrir un debate que debió

plantearse al interior de la acción ordinaria procedente, no siendo la

acción de tutela el mecanismo judicial idóneo para conjurar los

errores deprecados.

Asimismo, ordenó la desvinculación del trámite constitucional de los

señores JULIÁN FELIPE GALVIS MORENO y YENNY PAOLA

AGUDELO PINZÓN, por cuanto no intervinieron como partes en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

proceso cuestionado.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la

decisión, pues, a su juicio, dentro de la actuación judicial se logró

probar el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, ya

que la solicitud de amparo está encaminada a obtener la protección

de sus derechos fundamentales debido a que se le ha ocasionado

un perjuicio desproporcionado y, además, se ha afectado el acceso

efectivo a la justicia.

Recalcó que “[…] esta acción de tutela no es un recurso más en un

litigio legal. Se trata de la última esperanza para una familia que,

día a día, enfrenta la angustia de vivir en un inmueble que no es

apto para seres humanos. Un hogar que, en lugar de ofrecer

refugio y seguridad, representa un peligro constante para su salud,

su dignidad y su vida misma […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

La Sala advierte que el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRITORIO solicitó su desvinculación en la presente acción de

tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el
juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y
las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y
lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de
texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, al verificar el contenido de las decisiones proferidas

dentro de la acción de grupo identificada con el número único de

radicación 25269-33-40-003-2016-00011-00, objeto del presente

estudio, la Sala advierte que el MINISTERIO DE VIVIENDA,

CIUDAD Y TERRITORIO no fue vinculado a la actuación como

parte demandada, ni como tercero con interés directo en las

resultas del proceso, razón por la que la Sala aceptará su solicitud

de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva

alegada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia

de la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se dejen sin efecto las sentencias de 13 de julio de 2021 y 19

de julio de 2024, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

respectivamente, dentro de la acción de grupo identificada con el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

número único de radicación 25269-33-40-003-2016-00011-00.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad y a la vivienda digna, toda

vez que, a juicio de la actora, las autoridades judiciales incurrieron

en el defecto fáctico, comoquiera que cometieron sendas

irregularidades en el estudio del material probatorio obrante en el

expediente, pues no se efectuó una apreciación integral ya que se

limitaron a transcribir y resaltar algunos apartes, pero, al momento

de valorarlas, se apartaron de los hechos que estas demostraban

llegando a una conclusión negativa y contraria a la realidad.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 7 de marzo de

2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no

se acreditó el requisito general de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la actora impugnó la decisión proferida

en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

motivación de la decisión, pues, a su juicio, dentro de la actuación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

judicial se logró probar el cumplimiento del requisito de relevancia

constitucional, ya que la solicitud de amparo está encaminada a

obtener la protección de sus derechos fundamentales debido a que

se le ha ocasionado un perjuicio desproporcionado y, además, se ha

afectado el acceso efectivo a la justicia.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita

dejar sin efectos tanto la providencia de 13 de julio de 2021

proferida por el JUZGADO, como la dictada el 19 de julio de

2024 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de

la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta

la que dio por terminado el proceso.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y,

de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró

los derechos deprecados e incurrió en el defecto alegado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

En ese sentido, en primera medida le corresponde a la Sala

determinar si la actora está legitimada en la causa por activa para

promover la acción de tutela de la referencia.

De la legitimación en la causa por activa en las acciones de

tutela

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo

10° del Decreto 2591 de 19914 preceptúa:

“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción

de tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo

o mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia

oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente tal

circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales el

agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la

causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de

fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las

partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso

de tutela, de modo que el derecho cuya protección se persigue debe

ser propio del demandante y no de otra persona5.

Ahora bien, conforme con las piezas procesales del expediente

digital que se encuentra en el aplicativo de consulta Samai6, así

como del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el plenario, se

5
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
6
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=252693340003201600
011022500023

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

observa que la madre de la actora, la señora MARÍA ISABEL

BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) acudió en calidad de

demandante dentro de la acción de grupo identificada con el

número único de radicación 25269-33-40-003-2016-00011-00.

El proceso aludido fue atribuido para su trámite en primera

instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 13 de julio de

2021, i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la

causa por activa de la señora MARÍA ISABEL BEJARANO

BOLÍVAR (Q.E.P.D.) por cuanto las pretensiones formuladas no

guardaban similitud y unidad respecto de las pretensiones

invocadas por los demás integrantes del grupo y, ii) declaró

probada la excepción de caducidad de la acción de grupo.

La anterior decisión, fue apelada por la entidad ejecutada ante el

TRIBUNAL que, en providencia de 19 de julio de 2024, revocó el

numeral segundo de la sentencia cuestionada, en cuanto declaró

probada la excepción de caducidad del medio de control y, en lo

demás, confirmó la decisión del a quo.

Asimismo, la Sala advierte que la señora MARÍA ISABEL

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) falleció el 20 de julio de 20217,

es decir, estando en trámite la primera instancia.

Así las cosas, se tiene que, en principio, las legitimadas en la causa

para promover la presente acción de tutela eran la señora MARÍA

ISABEL BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.), la GOBERNACIÓN DE

CUNDINAMARCA y el MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, por

cuanto fungieron como parte demandante y demandadas,

respectivamente.

Sin embargo, la solicitud de amparo de la referencia fue promovida

por la señora MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO quien si

bien acude como heredera de la señora MARÍA ISABEL

BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.), no figura como parte o sucesora

procesal de la accionante dentro de la acción de grupo identificada

con el número único de radicación 25269-33-40-003-2016-00011-

00, objeto del presente estudio.

Al respecto, se advierte que esta Sala ha considerado que la

7
Según consta en el Registro civil de defunción aportado junto con los anexos de la demanda.
Expediente digital índice núm. 002 aplicativo Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002025002
70001100103

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

legitimación en la causa por activa de quien promueve acción de

tutela contra providencia judicial y alega la vulneración de sus

derechos fundamentales, está determinada por la participación

en el proceso judicial cuya revisión depreca en ejercicio del

amparo constitucional.

Así lo sostuvo esta Sala en la sentencia de 27 de abril de 20178, en

la que se indicó:

“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a
establecer si la mencionada autoridad judicial quebrantó los
referidos derechos fundamentales del accionante, con la
providencia cuestionada.
Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, de acuerdo con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional,
acogida por la Sala Plena de esta Corporación, resulta
necesario determinar la legitimación en la causa por
activa, en tanto que uno de los derechos alegados como
vulnerados es el del debido proceso.
Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual,
quien promueva una acción de tutela con el propósito de
buscar la protección del derecho fundamental al debido
proceso, presuntamente vulnerado con ocasión de las
providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un
proceso judicial, debe acreditar que es o fue parte en el
mismo [9].

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001
03 15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
[9] Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias
acciones de tutela promovidas por los electores de la señora Johana Chaves García, que interpusieron
numerosas solicitudes de amparo, tendientes a controvertir las decisiones tomadas en el medio de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10,
que determina que en la acción de tutela la legitimidad para
actuar está radicada en la persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien ejercerá la
acción, directamente o a través de apoderado,
debidamente acreditado [10].
Lo anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el
objeto de la acción de amparo es el de controvertir y dejar sin
efecto el numeral segundo de la parte resolutiva de la
providencia del 3 de marzo de 2016, dictada en el medio de
control de nulidad electoral bajo el radicado (…); pues de ésta
es que el actor deriva la vulneración, en primer lugar, del
derecho fundamental al debido proceso, y, como consecuencia
de ello, de los de buena fe y de elegir y ser elegido; sin que él
se hubiere constituido como parte en el mismo.
En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio
de control de nulidad electoral (…), la Sala pudo determinar
que el actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud
alguna de coadyuvancia, razón por la que no puede ser
considerado como parte en ese proceso.
En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia
arriba citada respecto de la legitimación en la causa y con base
en el criterio prohijado por la Sala, solo podrían promover
una acción de tutela por la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de las
decisiones que se profieran en el respectivo medio de
control, quienes ostenten la calidad de partes en el
mismo, […].
Así las cosas, en razón a que el actor no ostenta ninguna de

control de nulidad electoral, radicado con el número (acumulados) 2014-00057-00 y 2014-00083-00,
demanda promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro. Ver: Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03603-00. Actor: Daul Monroy
Mendoza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia
de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero.
C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de
febrero de 2015. Radicado: 2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.: Dra. María
Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015.
Radicado: 2014-03870-00. Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00.
Actor: Deryan Johan Monsalve Barajas. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
[10] Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional explicó que la razón de
ser de la exigencia de acreditar el interés para demandar en tutela, obedece “al verdadero significado
que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de
que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos
para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo” (Subrayado y
negrilla fuera de texto).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

esas calidades, no se encuentra legitimado para promover
la presente acción de amparo, en tanto no es titular del
derecho fundamental al debido proceso cuya vulneración
depreca; por lo que se declarará la falta de legitimación
en la causa por activa […]” (Resaltado es del texto original).

En el mismo sentido, esta Sala en providencia 29 de julio de

202111, señaló:

“[…] En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la
causa por activa para cuestionar las providencias proferidas
dentro del trámite del incidente de desacato objeto de estudio
son las personas respecto de las cuales se tramitó el incidente
de desacato, que en este caso resultaron sancionadas y
conminadas a cumplir la orden de tutela, es decir, los señores
i) Darío Antonio Valen Trujillo, en calidad de Director del
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y
Carcelario de Alta Seguridad de Popayán – EPAMSCAS
Popayán; ii) Mauricio Iregui Tarquino, en calidad de
Representante Legal del Consorcio Fondo de Atención en Salud
PPL 2019 – 2020; iii) Andrés Ernesto Díaz Hernández, en
calidad de Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz Botero Coy, en
la calidad de Director del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – INPEC, último frente al cual el Tribunal
Administrativo del Cauca resolvió revocar la sanción impuesta.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de
30 de octubre de 200312, manifestó que la acción de tutela es
un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la
persona afectada, quien podrá presentarla directamente o por
quien actúe en su nombre.
[…]

En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la
USPEC tenga un interés directo y particular respecto al
amparo que se solicita ante el juez constitucional que
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Hernando
Sánchez Sánchez. expediente 11001-03-15-000-2021-03712-00.
12
Corte Constitucional, sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

permita establecer que el derecho fundamental
presuntamente vulnerado sea propio del actor, razón por
la cual esta Sala no puede emitir un pronunciamiento de
fondo, para establecer si en el presente caso concreto
hubo o no la afectación de su derecho fundamental.

En ese sentido, se considera que, en el caso sub
examine, la USPEC carece de legitimación en la causa
por activa […]” (Resaltado por la Sala).

De acuerdo a lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que

para acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa

en las acciones de tutela contra providencias judiciales, se requiere

que los actores hayan sido parte del respectivo proceso judicial que

reprochan, con el fin de que, como inferencia lógica, puedan alegar

que se vulneraron sus derechos fundamentales.

Corolario a lo anterior, es claro que la actora en el presente asunto

carece de legitimación en la causa por activa para formular

solicitud de amparo contra las providencias cuestionadas, por

cuanto no demuestra que se haya hecho parte dentro del proceso

judicial en el que fueron proferidas.

Ahora bien, la Sala destaca que el hecho de que la señora MARÍA

ISABEL BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) hubiese fallecido

durante el trámite de la acción de grupo, no legitima de manera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

automática a la actora para interponer la presente acción como

eventual beneficiaria y heredera de la fallecida, comoquiera que

aquella debió solicitar su reconocimiento como parte dentro del

proceso objeto de amparo a través de la figura de sucesión procesal

prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso, lo cual no

ha ocurrido.

Lo anterior, en razón a que el fallecimiento de la señora MARÍA

ISABEL BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) ocurrió el 20 de julio de

2021, mientras que la última providencia proferida dentro de la

acción de grupo, aquí cuestionada, es de 19 de julio de 2024, lo

que significa que la actora contó con 3 años para intervenir dentro

de la actuación judicial cuestionada y solicitar ser reconocida como

sucesora procesal de la fallecida.

En efecto, aun cuando la actora dentro del trámite de la acción de

tutela de la referencia aseguró actuar en calidad de heredera de la

señora MARÍA ISABEL BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) no obra

prueba dentro del expediente ni tampoco se advierte actuación

alguna en el aplicativo de consulta Samai en el que se evidencie

que esta solicitó hacerse parte dentro del citado proceso, ni que el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

JUZGADO o el TRIBUNAL le haya reconocido como sucesora

procesal dentro del mismo.

Es del caso resaltar que dicha postura ha sido acogida por esta Sala

en otras oportunidades, en sentencia de 7 de septiembre de 202313,

por medio de la cual se declaró la falta de legitimación en la causa

por activa de la allí actora, quien pretendía cuestionar las

providencias proferidas dentro de un medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho en el cual no se había hecho parte,

por lo que a pesar de que podría ser la eventual beneficiaria de la

pensión del causante, objeto de debate, debía en primer término

acudir a la figura de la sucesión procesal dentro del proceso

controvertido. En la citada sentencia se precisó lo siguiente:

“[…] 1. Ahora bien, el hecho de que el señor José Vicente
López Sánchez hubiese fallecido durante el trámite del
proceso ordinario no legitima a la señora Norma Patricia Lara
González para interponer la presente acción como eventual
beneficiaria de la pensión del fenecido, como quiera que no se
hizo parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento a
través de la figura de la sucesión procesal prevista en el
artículo 68 del Código General del Proceso.

2. Lo anterior, en razón a que el fallecimiento de su cónyuge
ocurrió el 30 de abril de 2021 y la providencia objeto de

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. (E) Nubia Margoth
Peña Garzón, sentencia de 7 de septiembre de 2023 identificada con el número único de radicación
110010315000-2023-04321-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

censura por vía constitucional se profirió el 28 de febrero de
2023. Es decir, contó con más de un año para intervenir
dentro del proceso ordinario y solicitar que fuera reconocida
como sucesora procesal del finado. Sin embargo, no lo hizo.

3. Por último, vale la pena resaltar que, mediante la sentencia
de 3 de octubre de 201914, esta Sala de Decisión estudió un
caso idéntico al presente y señaló lo siguiente:

«Así las cosas, en razón a que la señora Blanca Stella Cañón
de Aguas no ostenta ninguna de esas calidades, en tanto no
es titular del derecho fundamental al debido proceso cuya
vulneración depreca, debe la Sala declarar, sin lugar a dudas,
la falta de legitimación en la causa por activa.

Por ende, y ya que el extremo demandante no se hizo parte
en el respectivo medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 81001-33-31-
001-2016-00175-01 cuya decisión ataca vía tutela, forzoso
resulta concluir que, en definitiva, no se encuentra legitimado
por activa en el sub examine.

Ahora bien, el hecho de que el señor Wilbert Saúl Aguas
Cañón hubiese fallecido durante el trámite del proceso
ordinario no legitima a la señora Blanca Stella Cañón para
interponer la presente acción como eventual beneficiaria,
como quiera que no se hizo parte dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento a través de la figura de la sucesión
procesal prevista en el artículo 68 del Código General del
Proceso.

Lo anterior en razón a que el fallecimiento de su hijo ocurrió
el 20 de enero de 2018 y la providencia objeto de censura por
vía constitucional se profirió el 28 de marzo de 2019. Es decir,
contó con más de un año para intervenir dentro del proceso
ordinario y solicitar que fuera reconocida como sucesora
procesal del finado. Sin embargo, no lo hizo. Ello pone de
presente que en el asunto bajo estudio tampoco se satisface
el requisito de subsidiariedad, menos aun cuando el mismo
transcurso del tiempo sin hacerse parte del proceso descarta
la eventual ocurrencia de un perjuicio irremediable.

14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de
octubre de 2019. Exp. N° 11001-03-15-000-2019-01826-01(AC). C.P.: Roberto Augusto Serrato
Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

Como consecuencia de ello, en el sub judice, al no
encontrarse acreditado el requisito exigido en el artículo 10º
del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 , como
tampoco el de subsidiariedad, la Sala de Decisión revocará la
sentencia de 3 de julio de 2019, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, impugnada
por la señora Blanca Stella Cañón de Aguas, y en su lugar
declarará la improcedencia de la acción de amparo promovida
por la señora Cañón de Aguas, en contra de la sentencia de
28 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Arauca, por los motivos señalados en la presente
sentencia, como en efecto se dispondrá en su parte
resolutiva». [Subrayado de la Sala] […]”

En ese orden de ideas, la Sala concluye que la solicitud de amparo

no cumple con el requisito previsto en el artículo 10 del Decreto

2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la

legitimación en la causa por activa de la parte actora.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo presentada por la actora, pero

por las razones expuestas, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

F A L L A:

PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación presentada por

el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las

razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de abril de

2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01
Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.