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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00279-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00279-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela formulada por la señora Dora Vargas de Sainea por conducto de apoderada, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00279-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00279-00
Accionante: Dora Vargas de Sainea
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial.

Decisión: Se niega el amparo de tutela por no configurarse los defectos
alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por la señora Dora Vargas de Sainea, quién actúa por
conducto de apoderada, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad, la seguridad social y el mínimo vital,
ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia del 2 de octubre de 2024,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-
33-35-018-2022-00101-01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se infiere que la accionante, nació en el mes
de septiembre de 1956, se desempeñó como docente al servicio de la Secretaría
de Educación del Distrito Capital, en el periodo comprendido entre el 26 de
febrero de 1981 y el 31 de diciembre de 2020 y se encontraba afiliada al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG.

Sostuvo que uno vez cumplidos los requisitos, el FOMAG le reconoció1 su pensión
de jubilación a partir del 30 de septiembre de 2011 incluyendo como factores
salariales la asignación básica y las primas de navidad, especial y de vacaciones.

Adujo que solicitó al FOMAG la reliquidación de su pensión tras su retiro definitivo
del servicio el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, mediante la resolución núm.
7352 de 6 de octubre de 2021, la entidad solo tuvo en cuenta la asignación básica,
la bonificación mensual y la bonificación pedagógica para la reliquidación.

1 Mediante resolución núm. 6574 del 16 de octubre de 2012

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Acción De Tutela
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Accionante: Dora Vargas de Sainea

Por lo anterior presentó una petición2 ante el FOMAG requiriendo el reajuste de
su pensión porque en su criterio esta no tuvo en cuenta todos los factores
salariales devengados al retirarse del servicio y la aplicación de los descuentos a
los factores que no fueron descontados inicialmente, pero su solicitud le fue
negada mediante la resolución núm. 9542 del 20 de diciembre de 2021.

Afirmó en el proceso que la Secretaría de Educación Distrital no realizó los
descuentos para la seguridad social sobre todos los factores devengados durante
su tiempo como docente por lo que le solicitó3 que se efectuaran los aportes
correspondientes, pero esta petición también le fue negada4.

En consideración al anterior escenario la accionante por conducto de apoderada
interpuso una demanda a través del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, con la pretensión de anular las resoluciones del
FOMAG y ordenar la reliquidación de su pensión de jubilación para que se
incluyera la prima de vacaciones, además de los factores ya reconocidos durante
el año anterior al retiro del servicio.

No obstante, las súplicas de su demanda fueron negadas5 y luego de presentar
un recurso de apelación contra la decisión del a quo, esta fue confirmada mediante
providencia del 2 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

2.2. Fundamento jurídico

La apoderada de la actora consideró que la providencia censurada trasgredió los
derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la seguridad social y el
mínimo vital de la accionante. Con respecto al derecho a la igualdad para
sustentar su argumento se limitó a citar unas sentencias6 de esta corporación con
circunstancias fácticas que consideró iguales a las de su asunto, sin precisar con
respecto a ninguna de ellas, como estas aplicaban puntualmente a su caso
concreto y porqué tendrían un carácter vinculante en este escenario.

Se colige de lo anterior, (pues la abogada tampoco hizo mención clara al
respecto), que con ello endilgó un presunto defecto por desconocimiento del
precedente a la sentencia censurada.

Consideró además trasgredido su derecho fundamental al debido proceso porque,
a su juicio, la autoridad judicial no interpretó ni aplicó adecuadamente los
lineamientos establecidos en las leyes 33 y 62 de 1985 y 812 de 2003, así como
el Acto Legislativo 1 de 2005 y la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019, con lo que se
2 Rad. E-2021-262638 de 10 de diciembre de 2021.
3 Rad. E-2021-267435 de 20 de diciembre de 2021.
4 Mediante oficio S-2022-3970 de 11 de enero de 2022.
5 A través de la providencia del 19 diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Dieciocho (18) Administrativo

de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda. Exp. 11001-33-35-018-2022-00101-
00/01 del aplicativo SAMAI.
6 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expedientes: 11001-33-35-029-2021-00343-01, 11001-33-35-

030-2022-00086-01, 11001-33-35-021-2022-00042-01,11001-33-35-013-2021-00251-01, 11001-33-35013-
2021-00251-01 y 11001334205020220044501, con providencias de fechas 11/6/23, 22/09/2023, 26/09/23,
4/10/23, 11/10/23 y 15/11/23 respectivamente.

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Accionante: Dora Vargas de Sainea

deduce que también alegó un defecto sustantivo en la providencia censurada.
Aunado a la normativa expuesta citó algunas sentencias7 de esta corporación sin
profundizar en estas y aterrizarlas a su situación, alegando la existencia de un
derecho adquirido respecto de la inclusión de los factores solicitados en la
reliquidación de su pensión.

Por último, se infiere que consideró la existencia de un defecto fáctico pues
estimó que no fueron valorados por la accionada los aportes realizados a la
seguridad social en el último año previo a su reclamación reliquidatoria.

2.3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las
sentencias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “C”, en la providencia de fecha 02 de octubre
de 2024 que CONFIRMO la sentencia de primera instancia proferida por el
JUZGADO DIECIOCHO (18) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 19 DE DICIEMBRE
DE 2022, mediante la cual se Negaron las suplicas de la demanda, dentro del
proceso con radicado No. 11001333501820220010100.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “C” a proferir sentencia
de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO a reliquidar la pensión jubilación al retiro del servicio de la docente ,
incluyendo además de los factores reconocidos, adicionalmente se debe reconocer
la PRIMA DE VACACIONES, factor sobre el cual se hicieron cotizaciones a
seguridad social.». (Sic a toda la cita).

2.4. Intervenciones

La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 23 de enero
de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C como accionado y a la Nación,
el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, la Secretaria de Educación de Bogotá, la Fiduprevisora S.A y al
Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá como terceros
interesados en el resultado del proceso. Asimismo, notificó a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia y reconoció personería
a la abogada Jhennifer Forero Alfonso como apoderada de la demandante.

2.4.1. El Tribunal8 Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, a través del magistrado ponente de la decisión, solicitó negar las
pretensiones de la parte actora, toda vez que con su decisión no incurrió en
ninguna vulneración iusfundamental pues esta se sustentó en la normativa y
jurisprudencia vigente al respecto.

7 Radicados 19001-23-31-000-2011-00144 01(1502-15), 76001-23-31-000-2011-01418 01(0852-15), 25000-

23-42-000-2013-02705 01(3190-14) y 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ)
8 Índice 10 del aplicativo SAMAI

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Accionante: Dora Vargas de Sainea

Adujo además que al realizar el estudio del asunto estableció que este no era
procedente, en razón a que no fue aportada una prueba que de manera clara
certificara, que efectivamente sobre los factores reclamados se hubieran
realizado los aportes correspondientes, entre estos, la prima de vacaciones.

2.4.2. El Ministerio de Educación Nacional9, a través de su jefe de la Oficina
Asesora Jurídica, solicitó declarar la improcedencia de la acción por carecer del
requisito de relevancia constitucional, al no probar la trasgresión efectiva de los
derechos fundamentales de la accionante, así como tener una pretensión de
carácter privado y netamente económico.

2.4.3. La Fiduprevisora S.A10. actuando en calidad de vocera y
administradora del FOMAG, a través de su directora de Gestión Judicial solicitó
declarar la improcedencia de la acción y desvincular a esa entidad de esta por no
estar legitimada en la causa por pasiva.

Adujo que la acción de tutela por vía de hecho exige de la parte actora la
fundamentación de causales genéricas y específicas de procedibilidad pues
estas no están llamadas a ser interpretadas por el juez constitucional, sino
que deben ser expuestas de manera clara por quien las alega, considerando
débiles los argumentos del escrito de tutela presentado para sustentarlas.

2.4.4. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
al proferir la providencia del 2 de octubre de 2024 que confirmó la providencia del
19 de diciembre de 2022 proferida por Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y de
desconocimiento del precedente y con ello trasgredió los derechos fundamentales
al debido proceso, la igualdad, la seguridad social y el mínimo vital de la
accionante.

3.3. Cuestión Previa

La Sala no realizará consideraciones con respecto de la sentencia del 19 de
diciembre de 2022 proferida por Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, toda vez que la decisión se revisó por el superior al

9 Índice 13 del aplicativo SAMAI
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resolver el recurso de apelación. En tal sentido, el estudio del sub judice solo se
dirigirá a lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382
de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter
de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios
y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que
la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el
cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)
Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

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3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.

3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de
los defectos: fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente en la
providencia censurada.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional11 ha
identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa12, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.

b. Una dimensión positiva13, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de
tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»14.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez
que ordinariamente conoce de un asunto.

11 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-

456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
12 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
13 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle

Correa.

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3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»7.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los cuales
se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la
cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que
los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad
no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de
la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario

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se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación
al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la
propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional,
no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador»8.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.7. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar si
en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente vinculante.

En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que a
pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive desde
finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la jurisprudencia y por
ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la regla de la doctrina
probable.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición15, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los
jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar
en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando,
«expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su
decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia
C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical16, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las
decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado en
consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las
autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que supuestos fácticos
iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente, con la misma
consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada, que otorga a los destinatarios
de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación,
pues si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza
razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede desconocer la
naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos
dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena
fe y confianza legítima, que imponen a la Administración un grado de seguridad y
consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección
jurídica; y 5) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un
mínimo de coherencia a su interior17.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones
jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico

15 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
16 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
17 Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.

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sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón
central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos
fácticos relevantes de cada caso18. De esta forma, la Corte Constitucional recordó
que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso concreto,
ii) se determina a través del problema jurídico que analiza en relación con los hechos
del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se
subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio
decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha reiterado
que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar la
interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible
para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y
salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del
precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera
suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial
que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las
exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá
reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá
efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación19.

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un juez
unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que un cambio
en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del ordenamiento jurídico, o
de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron
aquellas decisiones, haciendo incoherente una interpretación del derecho frente al
contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto
de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las decisiones
judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico y, además de ello,
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivará de la desobediencia al precedente20

En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional
por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de
arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se
encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.8. Análisis de los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del
precedente en la providencia del 02 de octubre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
C:

Sea lo primero señalar que las causales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, fueron deducidos por esta Sala, en atención a que la

18 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
19 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
20 En materia Contencioso Administrativo el reconocimiento del precedente como fuente importante de
estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la
jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.

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profesional del derecho no las delimitó en forma clara. Su estudio se realizará en
forma conjunta, al encontrarse estrechamente relacionadas.

Señala la parte accionante que la sentencia objeto de censura, violó sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, la seguridad social y el mínimo
vital, teniendo en cuenta que adolece de un defecto por desconocimiento del
precedente judicial, en atención a que dejó de aplicar las sentencias que sobre el
tema debatido ha proferido esta Jurisdicción.

Afirmó que no se interpretaron adecuadamente los lineamientos establecidos en
las leyes 33 y 62 de 1985 y 812 de 2003, así como el Acto Legislativo 01 de 2005
y la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019, de donde se colige que reprochó la
existencia de un defecto sustantivo.

También se infiere que presuntamente alegó la existencia de un defecto fáctico
pues adujo que no se valoró por parte del ad quem los aportes a la seguridad
social realizados en el último año de servicios anterior a la solicitud de
reliquidación de la pensión.

No obstante, la Sala observa que en la sentencia proferida el 2 de octubre de 2024
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, sobre el punto objeto de debate, esto es la reliquidación de la mesada pensional
con la inclusión de la prima de vacaciones, se efectuó el siguiente análisis:

«(…) SOBRE LA PRIMA DE VACACIONES RECLAMADA

En este punto, advierte la Sala al confrontar el acto administrativo que le reajustó la
pensión por retiro del servicio (Resolución No. 7352 del 6 de octubre de 2021), que
la pensión de jubilación de la demandante se liquidó con los factores de asignación
básica, bonificación mensual y bonificación pedagógica, los cuales, no están
determinados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, aspecto que no se discute en
el proceso, es decir la inclusión en la liquidación de la mesada pensional de estos
emolumentos, o si sobre los mismos se efectuaron aportes o no al sistema de
seguridad social.

La controversia gira en torno a que la entidad no le computó en la pensión los
demás factores que devengó en el año anterior al retiro del servicio que
corresponden a la prima especial, prima de navidad y prima de servicios y
prima de vacaciones. Adicionalmente, sostiene que, sobre este último
emolumento efectuó aportes.

Es así como, atendiendo los lineamientos de la sentencia de unificación citada
en precedencia, para la liquidación de la pensión de jubilación de la actora en
su calidad de docente, solo se deben tener en cuenta en su prestación, los
factores salariales que expresamente señala el artículo 1º de la Ley 62 de 1985
y sobre los emolumentos que se realizaron aportes. Negrillas y subrayas de la
Sala.

Según el Formato Único para Expedición de Certificado de Salarios, emitido el 30 de
noviembre de 2021, por la Secretaría de Educación de Bogotá, la demandante en el
año anterior al retiro del servicio (30 de diciembre de 2019 – 30 de diciembre de
2020), devengó sueldo, prima especial, bonificación pedagógica, prima de servicios,
bonificación mensual, prima de vacaciones y prima de navidad. “(…)”

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Del certificado anterior21 y demás documental allegado al proceso, se observa
que, no consta que efectivamente se hubieran realizado aportes sobre los
factores de prima especial, prima de navidad, prima de servicios y prima de
vacaciones. En cuanto al emolumento de prima de vacaciones, aunque tiene
unos asteriscos, no se puede determinar con certeza que obedezca a que se
hayan realizado cotizaciones sobre dicho factor, dado que el certificado no
contiene ninguna observación o precisión al respecto, como tampoco se
puede deducir de los demás certificados de salarios que fueron aportados al
proceso, por la parte actora respecto de los años 2009, 2010, 2011, 2012, ni los
allegados por la Secretaría de Educación de Bogotá.

Por lo tanto, no le asiste razón a la demandante para solicitar la reliquidación
de su pensión con el cómputo de todos los factores salariales que devengó y
no se le incluyeron en la pensión de jubilación, en consideración a que no
hacen parte de los emolumentos que enlista la norma, ni se probó que fueran
objeto de aportes.

Igualmente, tampoco demostró que hubiera percibido otro factor en el año
anterior al estatus pensional sobre el que haya realizado aportes y se
encontrara enlistado en la Ley 62 de 1985.

Ahora, no procede ordenar la deducción de aportes sobre los factores
salariales de manera posterior, como lo pretende la parte actora, dado que, en
todo caso, la liquidación se realiza con fundamento en los valores cotizados,
dado que las pensiones de jubilación se construyen con base en aportes
periódicos a lo largo de la vida del trabajador, para que la entidad utilice y
capitalice estos recursos, para cuando llegue el momento de acceder a este
derecho y se mantenga el sistema pensional.

Conforme lo indica el aforismo latino “actori incumbit probarum”, le corresponde a la
parte demandante la carga de probar la razón de su dicho, es decir, demostrar los
hechos que sustentan sus pretensiones. Así bien, en los términos del Doctor Jairo
Parra Quijano22, la carga de la prueba “es una noción procesal que consiste en una
regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que
los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman
aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez como fallar cuando no
aparezcan probados tales hechos”.

Lo anterior encuentra sustento normativo en el artículo 167 del Código General del
Proceso, el cual prescribe que por regla general le incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen, y si bien, a los jueces les asiste un papel activo dentro del proceso, le
compete a la parte que reclama desplegar su actividad probatoria para
acreditar lo alegado en la demanda y brindar los elementos necesarios al
operador judicial para desatar la litis, pues como bien lo señala el Doctor Jairo
Parra Quijano antes citado, “la jurisprudencia ha dicho que si el interesado en
suministrar la prueba no lo hace, o la allega imperfecta, se descuida o equivoca
en su papel de probador, necesariamente ha de esperar un resultado adverso
a sus pretensiones” .

Quien no logra probar los hechos que fundamentan su reclamación ante la
Jurisdicción no puede pretender la prosperidad de sus pretensiones. En
consideración a lo anterior, la Sala procederá a confirmar el fallo apelado que
negó la reliquidación de la pensión de jubilación, conforme a lo indicado en
precedencia. (…) Negrillas y subrayas de la Sala.

De las transcripciones realizadas previamente, contrario a lo planteado por la
parte actora, lo que la Sala advierte es que la autoridad judicial accionada sustentó
la decisión en un análisis probatorio integral, en consonancia con las pautas

21 Visible en la página 16 de la sentencia del 2 de octubre de 2024. Índice 9 del aplicativo SAMAI.
22 QUIJANO PARRA, J. (2009). Manual de Derecho Probatorio. Bogotá D.C., Colombia: Librería Ediciones

del Profesional Ltda.

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jurisprudenciales que ha fijado el Consejo de Estado, lo que le permitió concluir
que debía confirmar la decisión del 19 diciembre de 2022, proferida por el Juzgado
Dieciocho (18) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C. –
Sección Segunda.

Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez23, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar
los derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.

En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente en
los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria o
irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es razonable.

Así las cosas, si la parte actora no logró probar lo alegado en el proceso ordinario,
no puede pretender una nueva valoración al respecto en esta sede, pues ello iría
en contra del sentido del amparo constitucional y desconocería adicionalmente los
principios de autonomía e independencia judicial.

En ese entendido, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación de
las pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un defecto fáctico en punto
de una indebida valoración probatoria, puesto que para que ello resulte
configurado es necesario que el juez de instancia se separe por completo de los
hechos probados, situación que no se muestra evidente en este asunto.

Por otro lado, la Sala tampoco evidencia la existencia del defecto sustantivo
invocado, teniendo en cuenta que la autoridad judicial accionada no desconoció
la normativa y jurisprudencia vigentes aplicables al asunto, en particular la
Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019, sino que, por el contrario, hizo un
análisis juicioso de estas y las aplicó al asunto, por lo que la simple divergencia
en la interpretación por parte de la accionante, no lo configura.

Aunado a lo anterior, la Subsección no encuentra configurado el desconocimiento
del precedente judicial, teniendo en cuenta que las providencias citadas por la
parte actora y sobre las cuales no precisó con claridad cómo le eran aplicables a
su caso concreto, tenían circunstancias fácticas distintas a las de su asunto, e
incluso algunos de ellas negaron las pretensiones de las demandas, por lo que no
tienen un carácter vinculante frente a su controversia.

En ese entendido, la revisión de los argumentos y la aplicación de la jurisprudencia
vigente demuestran que no ha habido un desconocimiento injustificado del
precedente judicial en el caso en análisis, debido a que el Tribunal accionado
actuó de conformidad con los principios establecidos por el Consejo de Estado,
ajustando su decisión a las circunstancias específicas del caso y a la
jurisprudencia aplicable.

23 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina

Pardo Schlesinger.

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En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que procede a negar el
amparo, por los argumentos expuestos en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela formulada por la señora
Dora Vargas de Sainea por conducto de apoderada, en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ. JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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