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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00281-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00281-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el abogado Yohan Alberto Reyes Rosas en nombre de los docentes que dice representar, por falta de legitimación en la causa por activa, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 2 Así lo ha determinado la Corte Constitucional en sentencias T-1025 de 2006, T-493 de 2007, entre otras, y el Consejo de Estado, Sección Cuarta en Sentencia de 28 de marzo de 2019, rad. 20001233300020180030101. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Radicado: 11001-03-15-000-2025-00281-00 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas - Archivo Central. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00281-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

13 de febrero de 2025

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00281-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00281-00
Accionante: Yohan Alberto Reyes Rosas en representación de los señores
Nélida Ballen Sierra y otros
Accionado: Departamento del Tolima- Secretaría de Educación

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales de
petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva, por no atender solicitud de información sobre
estado de trámite de cumplimiento de sentencia. Falta de legitimación
en la causa por activa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el abogado Yohan Alberto Reyes
Rosas en representación de los señores Nélida Ballen Sierra, Olga Lucía Méndez
Ramírez, Derly Yaneth Prada Useche, Melva Betancourth Varón, Cecilia
Aristizábal Arcila, María Donelia Duque Giraldo, María del Carmen Gómez
Conde, Luz Ángela Villalobos Palacio, Mercedes Masmela Hernández, Amparo
Lucía Rosas Lozada, Mercedes Volayes Ibarguen, Natividad Quiñonez de Prada,
Luz Analida Valencia Zapata, Diana Isabel Lozano Zabala, Lucero Muñoz Muñoz,
Héctor Arcesio Sáenz Cardozo, Mauricio Burbano Duque, Yolanda Rivera, Gloría
Inés Moreno Gordillo, Ismelda Tocora Calderón, Beatriz Vilma Vallejo y María del
Rosario Tique, en contra del departamento del Tolima- Secretaría de Educación.

ANTECEDENTES

El accionante pretende la protección de los derechos fundamentales al debido

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proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y de
petición, los cuales estima vulnerados a las personas que dice representar, por
la entidad antes citada.

HECHOS

Manifestó que los docentes Nélida Ballen Sierra, Olga Lucía Méndez Ramírez,
Derly Yaneth Prada Useche, Melva Betancourth Varón, Cecilia Aristizábal Arcila,
María Donelia Duque Giraldo, María del Carmen Gómez Conde, Luz Ángela
Villalobos Palacio, Mercedes Masmela Hernández, Amparo Lucía Rosas Lozada,
Mercedes Volayes Ibarguen, Natividad Quiñonez de Prada, Luz Analida Valencia
Zapata, Diana Isabel Lozano Zabala, Lucero Muñoz Muñoz, Héctor Arcesio
Sáenz Cardozo, Mauricio Burbano Duque, Yolanda Rivera, Gloría Inés Moreno
Gordillo, Ismelda Tocora Calderón, Beatriz Vilma Vallejo y María del Rosario
Tique acudieron a la administración para obtener el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación bajo el régimen anterior, por ser beneficiarios de la
transición prevista en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

Que los docentes promovieron demandas para obtener la prestación
mencionada, las cuales fueron resueltas de manera favorable, de ahí que, en los
años 2023 y 2024 radicaron solicitud de cumplimiento de sentencia judicial ante
la Secretaría de Educación departamental del Tolima. El 27 de agosto de 2024,
presentaron petición de información sobre el estado actual del trámite.

Alegó que es deber de la Secretaría de Educación del departamento del Tolima
dar respuesta a «las solicitudes relacionadas con derechos pensionales, los
cuales varían entre 15 días hábiles, 4 meses calendario o 6 meses, dependiendo
de la naturaleza del caso».

Señaló que la docente Nélida Ballén Sierra presentó reclamación administrativa
ante la accionada el 26 de febrero de 2024 con radicado núm.
TOLIM20240226F46342 y a la fecha no la han requerido para que allegue
información adicional y tampoco han expedido resolución que dé cumplimiento a
la orden judicial. Situación que comparten los demás docentes ya mencionados.

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PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados en favor de los docentes
mencionados con anterioridad y, en consecuencia, se ordene a la Secretaría de
Educación del departamento del Tolima que, dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación de la sentencia, dé trámite a las solicitudes de cumplimiento de
sentencia judicial.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 24 de enero de 2025 se dispuso su admisión, ordenó notificar a la
accionada y requirió a la parte accionante para que allegara poder con el lleno de
los requisitos para interponer la presente acción constitucional.

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La Secretaría de Educación del departamento del Tolima fue debidamente
notificada de la acción de tutela; sin embargo, guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el abogado Yohan Alberto Reyes Rosas, en
representación de los señores Nélida Ballen Sierra, Olga Lucía Méndez
Ramírez, Derly Yaneth Prada Useche, Melva Betancourth Varón, Cecilia
Aristizábal Arcila, María Donelia Duque Giraldo, María del Carmen Gómez
Conde, Luz Ángela Villalobos Palacio, Mercedes Masmela Hernández, Amparo
Lucía Rosas Lozada, Mercedes Volayes Ibarguen, Natividad Quiñonez de
Prada, Luz Analida Valencia Zapata, Diana Isabel Lozano Zabala, Lucero
Muñoz Muñoz, Héctor Arcesio Sáenz Cardozo, Mauricio Burbano Duque,
Yolanda Rivera, Gloría Inés Moreno Gordillo, Ismelda Tocora Calderón, Beatriz
Vilma Vallejo y María del Rosario Tique, para lo cual se abordarán I)
generalidades de la acción de tutela; II) legitimación en la causa por activa y III)

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caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

II) Legitimación en la causa por activa

En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene
toda persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe
en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 se dispone la legitimidad para el ejercicio de la acción de
tutela. La norma indica que esta puede ser presentada: 1. Directamente por la
persona que considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales;
2. A través de su representante legal; 3. Por medio de apoderado judicial; 4. Por
agente oficioso y 5. Mediante el defensor del pueblo y los personeros
municipales.

En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien
radica la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser
así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del
asunto. En cuanto a la presentación de la tutela mediante apoderado judicial es
preciso indicar que la Corte Constitucional1 estima que este debe aportar poder
especial que lo faculta para actuar, con las siguientes indicaciones:

“(…) La Corte, en reiterados fallos, ha señalado los elementos del apoderamiento
en materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito,

1 Corte Constitucional. Sentencia T 194 de 2012

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llamado poder, el cual se presume auténtico; (ii) tratándose de un poder
especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso
no se entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial;
(iii) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho habilitado con tarjeta profesional.

Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de
tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de
modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier
proceso para solicitar el amparo constitucional (…)” (negrilla fuera de texto
original).

III) Caso concreto

En síntesis, el abogado Yohan Alberto Reyes Rosas presentó acción de tutela,
diciendo actuar en representación de los señores Nélida Ballen Sierra, Olga Lucía
Méndez Ramírez, Derly Yaneth Prada Useche, Melva Betancourth Varón, Cecilia
Aristizábal Arcila, María Donelia Duque Giraldo, María del Carmen Gómez
Conde, Luz Ángela Villalobos Palacio, Mercedes Masmela Hernández, Amparo
Lucía Rosas Lozada, Mercedes Volayes Ibarguen, Natividad Quiñonez de Prada,
Luz Analida Valencia Zapata, Diana Isabel Lozano Zabala, Lucero Muñoz Muñoz,
Héctor Arcesio Sáenz Cardozo, Mauricio Burbano Duque, Yolanda Rivera, Gloría
Inés Moreno Gordillo, Ismelda Tocora Calderón, Beatriz Vilma Vallejo y María del
Rosario Tique, de conformidad con los poderes por ellos conferidos en los
siguientes términos:

“(…) en mi nombre y representación inicie y lleve hasta su terminación el trámite
de CUMPLIMIENTO DE FALLO de la sentencia (…) queda ampliamente facultado
para recibir, desistir, transigir, sustituir, conciliar, renunciar, reasumir, solicitar
copias de los actos administrativo (sic); pedir inspecciones judiciales, e interponer
los recursos a que haya lugar y en general de las acciones tendientes a obtener
las defensas (sic) de mis derechos de conformidad con el artículo 77 del C.G. del
P. (…)”

Observa la Subsección que los trámites ante la secretaría de Educación del
Tolima, así como la petición de información del 27 de agosto de 2024 han sido
promovidos por el abogado Reyes, en condición de apoderado de los docentes
antes mencionados y la presente acción de tutela también la promovió en dicha
calidad.

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En esa medida, advierte la Sala que los poderes conferidos por los docentes no
incluyen la facultad de interponer esta acción constitucional en contra de la
autoridad aquí accionada y tampoco relaciona los derechos aquí reclamados.

Así las cosas, es importante resaltar que, aunque el señor Reyes es el apoderado
de los docentes para adelantar ante la Administración el trámite del cumplimiento
de las decisiones judiciales, la personería adjetiva que allí se le reconoció no lo
faculta para promover también la presente solicitud de amparo, toda vez que,
para ello requiere un poder especial conferido en debida forma por los titulares
de los derechos2.

Sobre el particular sea del caso mencionar que mediante providencia del 24 de
enero de 2025 se requirió a la parte accionante para que allegara poder especial
para radicar esta acción de tutela; sin embargo, transcurrió el término otorgado
sin que se recibiera pronunciamiento alguno al respecto.

Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el abogado
Yohan Alberto Reyes Rosas en nombre de los docentes que dice representar,
por falta de legitimación en la causa por activa, conforme a las consideraciones
expuestas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

2 Así lo ha determinado la Corte Constitucional en sentencias T-1025 de 2006, T-493 de 2007, entre otras,

y el Consejo de Estado, Sección Cuarta en Sentencia de 28 de marzo de 2019, rad.
20001233300020180030101.

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• Archivo Central.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

HAPC

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