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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00284-00

Fecha
4 de marzo de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00284-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00284-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de marzo de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, cuatro (4) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00284-00
Demandante: ALEXANDER ANAYA DITA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. CUANDO SE PRETENDE USAR ESTE
MECANISMO COMO UNA TERCERA INSTANCIA EL
ASUNTO CARECE DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: el actor cuestionó la sentencia proferida en un proceso de reparación
directa por privación injusta de la libertad. La Sala encontró que la acción de tutela no
superó el requisito de relevancia constitucional porque se pretendió emplear como una
instancia adicional a las del proceso ordinario.

La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada 1 por el señor Alexander
Anaya Dita en contra del Tribunal Administrativo del Cesar para la protección de sus
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Carta Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 7 de noviembre de
2024 proferida por dicha autoridad judicial en el medio de control de reparación
directa no. 20001-33-33-007-2021-00224-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

1
Mediante escrito radicado ante esta Corporación el 21 de enero de 2025. El paso al despacho del
presente proceso para fallo se surtió el 21 de febrero de 2025 previo trámite secretarial.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00284-00
Demandante: Alexander Anaya Dita
Acción de tutela

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 7 de septiembre de 2017, el demandante y otros2 fueron capturados en
Valledupar en una operación que adelantó la Unidad de Narcóticos de la Seccional
de Investigación Judicial (SIJIN) por ser sorprendidos en flagrancia en un inmueble
donde se almacenaban sustancias ilícitas.

2) El 8 de septiembre de 2017, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Valledupar celebró la audiencia de legalización de captura,
imputación e imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva por
el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

3) En esa diligencia se impuso al actor la medida de detención preventiva intramural,
con base en los elementos probatorios recaudados por la fiscalía, según los cuales
fue capturado en el lugar donde se almacenaba droga ilícita, lo cual generó una
inferencia razonable de su participación en la conducta delictiva.

4) Mediante sentencia del 15 de agosto de 2018, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Valledupar absolvió al acusado en aplicación del principio in dubio pro
reo, dado que la señora Madeleine Andrade Chamorro, excompañera permanente
del imputado, aceptó cargos en un preacuerdo y afirmó que los acusados no
estaban implicados en la actividad ilícita, decisión que confirmó el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Valledupar mediante providencia del 16 de octubre de 2019.

4) Tras la absolución, el demandante y su grupo familiar presentaron una demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, para que se les declarara
administrativamente responsables por la privación de su libertad, la cual
consideraron injusta.

5) El 2 de junio de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar profirió sentencia en la cual negó las pretensiones de la demanda3.

2
Yesid Alfonso Andrade Chamorro y Marcos Andrade Racines.
3
El juzgado declaró probada la excepción de “inexistencia del daño antijurídico” propuesta por la
Fiscalía General de la Nación y consideró que la privación de la libertad no fue antijurídica porque

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00284-00
Demandante: Alexander Anaya Dita
Acción de tutela

6) Los demandantes apelaron esa decisión4 y, mediante providencia del 7 de
noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia del
juzgado.

7) El tribunal señaló que la responsabilidad en casos de privación injusta de la
libertad no se determina exclusivamente por la verificación objetiva de los
presupuestos normativos, sino mediante un análisis detallado del caso concreto y
que corresponde al juez evaluar si la medida de aseguramiento estuvo debidamente
justificada.

8) El daño especial es aplicable cuando, aun sin irregularidades en la imposición de
la medida, la absolución se produce porque el hecho nunca ocurrió o la conducta
carecía de tipicidad objetiva, de conformidad con lo establecido en la sentencia SU-
072 de 2018.

9) Para la autoridad judicial demandada, la detención del demandante fue una carga
legítima dentro del proceso penal, ya que la medida de aseguramiento se impuso
con base en indicios razonables de autoría y participación en el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes y cumplió con los requisitos del artículo 308
del Código de Procedimiento Penal

10) En particular, valoró que el demandante fue capturado en flagrancia durante un
allanamiento y registro en una vivienda, diligencia en la cual se encontraron e
incautaron sustancias ilícitas y elementos para su procesamiento y

se impuso conforme a la ley y con base en indicios razonables sobre la posible participación del actor
en la conducta delictiva.

Esa autoridad señaló que la absolución, motivada por la falta de pruebas para atribuir la conducta
imputada, evidenciaba la inexistencia del daño antijurídico.
4
Los demandantes alegaron que la sentencia de primera instancia desconoció la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en particular las sentencias del 15 de noviembre de 2019 y 15 de agosto de
2018, las cuales definieron los presupuestos en materia de privación injusta de la libertad y
establecieron que cuando una persona es absuelta tras haber estado privada de la libertad, se
configura un daño antijurídico que debe ser indemnizado.

Para los actores, su caso debió resolverse bajo el régimen de daño especial, pues la privación de la
libertad les generó un perjuicio grave y desproporcionado y el juzgado valoró de manera deficiente
que la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación se fundó en pruebas insuficientes,
lo cual generó una carga desproporcionada para los acusados.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00284-00
Demandante: Alexander Anaya Dita
Acción de tutela

comercialización, lo cual evidenciaba una inferencia razonable de la posible
participación de los capturados en el delito imputado.

11) El tribunal interpretó que los elementos5 encontrados en el allanamiento
respaldaban la hipótesis de la Fiscalía sobre la posible vinculación de los capturados
con actividades de tráfico de drogas y consideró que la medida de aseguramiento
no tuvo una duración excesiva, sino que se ajustó a los plazos normales del proceso
penal.

2. Los fundamentos de la vulneración

El demandante argumentó que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en un
desconocimiento del precedente judicial, un defecto fáctico y una violación directa
de la Constitución.

Frente al desconocimiento del precedente judicial alegó que el tribunal desconoció
la sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, según la cual, en casos de privación de
la libertad, el Estado puede ser responsable patrimonialmente, incluso si no existió
falla del servicio, siempre que la detención hubiere generado un daño antijurídico.

La autoridad demandada desconoció los parámetros fijados en las sentencias
proferidas el 15 de agosto de 20186 y 15 de noviembre de 20197 proferidas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que definieron los presupuestos de la
responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad.

Sobre el defecto fáctico y la violación directa de la Constitución afirmó que la
autoridad demandada no evaluó de manera adecuada los elementos probatorios
relacionados con la medida de aseguramiento, en particular, la falta de pruebas
contundentes que justificaran la detención preventiva, además, tampoco tuvo en

5
Marihuana en cantidad de 84.5 gramos, cocaína y sus derivados en cantidad de 17.1 gramos,
grameras de 500 gramos y 5 kilos, una licuadora con residuos de sustancias con características y
olor a droga y bolsas herméticas, utilizadas generalmente para el empaquetado y distribución de
drogas.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicación no. 66001-
23-31-000-2010-00235-01(46947), demandante Martha Lucía Ríos Cortés y otros, demandado
Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, MP Carlos Alberto Zambrano Barrera.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
radicación no. 11001-03-15-000-2019-00169-01(AC), MP Martín Bermúdez Muñoz.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00284-00
Demandante: Alexander Anaya Dita
Acción de tutela

cuenta el testimonio de la señora Madeleine Andrade Chamorro en el juicio penal,
quien reconoció ser la única responsable de la actividad de almacenamiento y
distribución de drogas, con lo cual vulneró el principio de la presunción de inocencia.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de mi representado
al DEBIDO PROCESO, EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, LA IGUALDAD Y LA SEGURIDAD JURÍDICA.

SEGUNDO: En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, el siete (07) de
noviembre de 2024, por medio de la cual confirmó la providencia judicial
proferida el dos (2) de junio de 2022, por el JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, dentro
del medio de control de REPARACIÓN DIRECTA adelantado por
ALEXANDER ANAYA DITA Y OTROS contra LA NACIÓN – FISCALIA
GENERAL DE LA NACIÓN, bajo el radicado 2021 – 0224.

TERCERO: Por consiguiente, ordénese al TRIBUNAL
ADMINSITRATIVO DEL CESAR, dictar sentencia de remplazo bajo
garantías constitucionales en la que se declare administrativa y
patrimonialmente responsable a las demandadas de los perjuicios
irrogados a los actores con la privación injusta de la libertad constitutiva
de daño antijuridico.”. (negrillas y mayúsculas del original – archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal

Mediante auto de 23 de enero de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó la
notificación de la magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Cesar y del
titular del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y se
vinculó a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a los señores Juan
José Anaya Pérez, Andrés Avelino Anaya Ospino, Yaniris Sandrith Anaya Dita, José
Luis Anaya Dita, Eblin Aminta Anaya Dita, Enedys del Carmen Anaya Dita, Yesid
Alfonso Andrade Chamorro, Rosmira Vinelda Chamorro Rodríguez, Marcos
Andrade Racines, Iván José Andrade Chamorro, Luis David Andrade Chamorro,
Geiner Antonio Andrade Chamorro y Gustavo Andrés Andrade Chamorro, con el fin
de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas y vinculadas

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00284-00
Demandante: Alexander Anaya Dita
Acción de tutela

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Cesar solicitó que se nieguen
las pretensiones de la acción de tutela porque la providencia cuestionada se profirió
con base en la normativa, la jurisprudencia aplicable y de acuerdo con las pruebas
aportadas en el proceso.

En la providencia se realizó un análisis detallado sobre la configuración del daño
antijurídico y se concluyó que no se cumplieron los presupuestos para declarar
responsabilidad.

La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación solicitó ser desvinculada del presente trámite por no tener
injerencia frente a la alegada vulneración de derechos fundamentales.

La acción de tutela no cumplió con los requisitos de procedencia excepcional de
este mecanismo de amparo contra providencias judiciales porque no se probó la
existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez
constitucional.

El actor cuenta con la posibilidad de acudir a otros mecanismos de defensa judicial
para ventilar sus pretensiones y empleó la acción de tutela como una tercera
instancia para revivir un debate que ya quedó resuelto en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

Las demás autoridades demandadas y vinculadas no presentaron un informe de
respuesta a pesar de estar debidamente notificadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la
solicitud de desvinculación y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

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Demandante: Alexander Anaya Dita
Acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.

2. La solicitud de desvinculación

Frente a la alegada falta de legitimación en la causa por pasiva que alegó la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, la Sala
considera que, en la medida que se trata de una las autoridades demandadas en el
asunto discutido en el medio de control de reparación directa no. 20001-33-33-007-
2021-00224-01 en el que se profirió la providencia que aquí se cuestiona, es
necesaria su participación dentro del presente trámite para hacer valer sus
derechos.

Por esa razón en la parte resolutiva de este fallo se negará la referida solicitud de
desvinculación, en tanto fue vinculada como tercero con interés en aras de
garantizar su derecho de defensa y debido proceso.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cesar con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00284-00
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Acción de tutela

presuntamente vulnerados con la sentencia de 7 de noviembre de 2024 en el
proceso de reparación directa no. 20001-33-33-007-2021-00224-01.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará su
improcedencia por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por
las razones que procederán a exponerse:

1) En el presente caso, la actora alegó que la providencia cuestionada adolece de
los defectos fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de
la Constitución, sin embargo, la Sala considera que respecto de tales cargos la
acción de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, pues, es claro
el interés de la parte demandante de revivir una discusión que ya fue analizada y
resuelta en la providencia cuestionada.

2) Los aspectos que fundamentaron la acción de tutela, ya fueron expuestos por el
actor en el recurso de apelación del proceso ordinario y la autoridad judicial
demandada abordó de manera expresa tales planteamientos en la providencia
judicial cuestionada, en los siguientes términos:

“Inconforme con la sentencia proferida en primera instancia, el apoderado
de la parte actora interpuso recurso de apelación indicando que, la
sentencia le resulta confusa al momento de analizar los elementos de la
responsabilidad extracontractual del Estado por la privación injusta de la
libertad, más aún cuando en ella se desconocen los parámetros sentados
por el H. Consejo de Estado en las sentencias proferidas el 15 de
noviembre de 2019 (proceso No. 11001-03-15-000-2019-00169-01) y de
15 de agosto de 2018 (proceso No. 66001-23-31-00-2010-00235-01,
sentencia de unificación), en las cuales se delinean claramente los
presupuestos de este título de imputación (...).

Cuestiona que no se haya tenido en cuenta que la investigación penal
desde el principio estuvo llena de vacíos, errores por parte de las
entidades accionadas ante las cuales los actores manifestaron
claramente no ser los responsables de las conductas investigadas, toda
vez que no residían en el lugar en el cual se llevó a cabo el allanamiento,
hecho reconocido por la señora MADELEINE ANDRA[D]E CHAMORRO,
quien con posterioridad se allanó a los cargos, por lo que es claro que las
víctimas de la medida de aseguramiento deben ser objeto de
resarcimiento, en tanto su sufrimiento y angustia y la de sus familiares
constituyen un perjuicio cierto e indemnizable (...).

Con base a los antecedentes referidos, la Sección Tercera del Consejo
de Estado, Subsección B, tomando como punto de referencia, la
Sentencia de 11 de febrero de 2022. Exp. 08001-23-31-000-2009-00995-
01(45.748). C.P. Alberto Montaña, ha venido aplicando la siguiente
metodología con el fin que, el juez contencioso administrativo analice los

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siguientes puntos en eventos en los que la litis recaiga sobre privación
injusta de la libertad: i) identificación del daño, ii) legalidad de la privación
de la libertad y título de imputación aplicable al caso. Podrá ser la falla del
servicio si se comprueba que la medida se impuso contrariando la
normativa que la reglamenta; esto es, que la medida no obedeció a los
criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

En consecuencia, habrá lugar a la aplicación del daño especial si, pese a
la ausencia de irregularidad en la imposición de la medida, se observa que
la absolución devino como consecuencia de que (i) el hecho no existió o,
(ii) ante la atipicidad objetiva de la conducta, siguiendo lo dispuesto por la
Corte Constitucional en sentencia SU-072 de 2018; iii) de prosperar el
juicio de atribución, deberá determinarse la entidad a quien se imputa el
daño; iv) análisis de la culpa de la víctima (desde el punto de vista de su
conducta en el marco del proceso penal y no la conducta pre procesal que
originó la investigación), siempre que se avance en el juicio de imputación,
y, v) determinación y reparación de los perjuicios. Así, en todo caso, y
como lo muestra la jurisprudencia reciente, el eje fundamental del análisis
radica en el estudio de las condiciones en que se llevó a cabo la
imposición de la medida de aseguramiento”.

De acuerdo con lo anterior, y partiendo de la premisa que la libertad no es
un derecho absoluto, pues admite ciertas limitaciones, es deber del Juez
de la responsabilidad establecer en cada caso, si a la luz de esas
exigencias legales la medida de aseguramiento estuvo o no justificada
(...).

Descendiendo al caso concreto, se procederá a verificar el cumplimiento
de los requisitos legales de la medida de aseguramiento impuesta a los
Señores ALEXANDER ANAYA DITA (...). La Fiscal delegada fundamentó
la solicitud de detención preventiva en los siguientes elementos materiales
probatorios: (i) orden de allanamiento (iii) la captura en flagrancia, (iii)
elementos materiales incautados (iv) el artículo 308, 310 y 313 Código de
Procedimiento Penal (CPP).

Estos medios de convicción permitían colegir el cumplimiento del estándar
probatorio, para decretar la medida de aseguramiento. En efecto, existió
una inferencia razonable de la posible participación de los demandantes
en la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
(...).

[E]sta Colegiatura rechaza el argumento (...) de la parte demandante en
el cual expresa lo siguiente: “Sin dificultad alguna se concluye de lo
anterior que aun cuando en el curso de la investigación preliminar no se
recaudó elemento material que acreditara a los señores ALEXANDER
ANAYA DITA (...) la calidad de autores o participes en el almacenamiento
de la sustancia estupefaciente incautada, la fiscalía no dudó en solicitar la
imposición de la medida de aseguramiento que les privó de la libertad
durante el periodo citado.” partiendo de que, esta Sala constata la correcta
actuación de la fiscalía, como quiera que, responde a la aplicación
razonable de la Ley 906 de 2004 con relación a las medidas de
aseguramiento. En efecto, según la valoración que de las pruebas del
proceso penal realizó la autoridad judicial (...) fueron capturados en
flagrancia a causa de un allanamiento por encontrarse sustancias ilegales
en el lugar donde se encontraban, hecho que permitía inferir
razonablemente la necesidad de imponerle medida de aseguramiento ya
que, (ii) el delito que se le imputó tiene una pena de más de 4 años y (iii)
los hechos permitían inferir razonablemente la posible relación entre todos
los capturados, en especial con la Señora MADELEINE ANDRADE

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Demandante: Alexander Anaya Dita
Acción de tutela

CHAMORRO, quien como se dijo anteriormente, antes de llegar a la
audiencia de acusación, acepto el delito endilgado llegando a un pre
acuerdo con la fiscalía, causando una ruptura en el proceso, lo que
conllevó a una sentencia anticipada a su favor (...)”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI)

3) Como viene de leerse, la providencia cuestionada resolvió la materia que sirvió
de fundamento a la presente acción de tutela, en la medida en que el análisis del
tribunal se centró en evaluar la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta
al demandante, la configuración de un daño antijurídico y la posible aplicación del
daño especial como título de imputación.

4) La autoridad judicial concluyó que la detención preventiva obedeció a una
inferencia razonable basada en las pruebas disponibles en el momento de la
captura, lo cual impidió considerar la privación de la libertad como injusta y
susceptible de indemnización.

5) El tribunal consideró, específicamente, que la privación de la libertad no
constituyó un daño antijurídico, puesto que la Fiscalía sustentó su solicitud con base
en indicios objetivos y pruebas materiales obtenidas en el allanamiento, como la
captura en flagrancia y los elementos incautados.

6) Asimismo, la autoridad judicial accionada explicó y justificó las razones por las
cuales consideró que el caso debía analizarse con base en un régimen subjetivo,
estudio a partir del cual no encontró que la medida resultara ilegal,
desproporcionada o irrazonable.

7) La Sala denotó que el análisis efectuado por el tribunal en ejercicio de la
autonomía judicial frente a la evaluación de la medida de aseguramiento y la
aplicación de la jurisprudencia en materia de responsabilidad del Estado es
razonable y se basó en la normativa y la jurisprudencia vigente, especialmente en
lo dispuesto en la sentencia SU-072 de 2018, según la cual el juez de la reparación
es autónomo para definir el régimen de imputación que mejor se ajuste a las
circunstancias del caso concreto.

8) Con base en dicho razonamiento y en una interpretación que resulta razonable,
encontró que la medida de aseguramiento no fue ilegal y se impuso ya que había
una inferencia razonable sobre la posible autoría o participación del acusado en la

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conducta investigada, ya que fue capturado en flagrancia y en una residencia en la
que se hallaron estupefacientes.

9) Además, lo cierto es que en el recurso de apelación presentado por el actor en el
proceso ordinario también se invocaron los mismos antecedentes jurisprudenciales
que en el presente trámite alegó como desconocidos, y si bien la providencia
cuestionada no se refirió de manera expresa a cada uno de ellos, dicha decisión se
basó en otros precedentes aplicables al caso y desarrolló argumentos suficientes
para justificar su conclusión de analizar el asunto desde la óptica de la falla del
servicio.

10) A partir de lo expuesto, para la Sala es claro que los fundamentos que
soportaron la interposición de la acción de tutela se dirigieron de manera exclusiva
a discutir los argumentos que fueron debidamente debatidos en el trámite del
proceso de reparación directa y el actor no aportó nuevos elementos que
evidenciaran una vulneración de derechos fundamentales y justificaran la
intervención del juez constitucional.

11) Así entonces, es claro que la providencia judicial cuestionada es resultado de
un análisis judicial sobre la controversia reformulada en la acción de tutela, lo cual
permite concluir que el actor pretendió emplear la acción de tutela como una
instancia adicional y buscó obtener una decisión favorable a sus intereses en el
proceso en que se profirió la providencia atacada.

12) Ante ese panorama, la Sala reitera que el proceso de acción de tutela no está
instituido como una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento
jurídico cuyo análisis radica en el juez natural de la causa para decidir sobre las
controversias sometidas a su consideración.

13) En consecuencia, se encuentra acreditado que la acción de tutela de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque su objeto fue reabrir un debate
jurídico propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia o interferir con el
ejercicio legítimo de la autonomía judicial de los jueces ordinarios, motivo por el cual
se declarará la improcedencia de la acción de tutela.

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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de la
Nación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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