Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00284-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00284-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00284-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00284 01
Accionante: Alexander Anaya Dita
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
Directa. Privación de la libertad por medida de aseguramiento
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala1 decide la impugnación presentada por Alexander Anaya Dita contra
la sentencia de 4 de marzo de 2025 de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo del Cesar por falta de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 21 de enero de 2025, Alexander Anaya Dita, a través de apoderado,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, así como del principio de seguridad jurídica,
con ocasión de la Sentencia de 7 de noviembre de 2024. A título de amparo
constitucional, la parte actora solicitó:
«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de mi representado al DEBIDO
PROCESO, EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LA IGUALDAD Y LA
SEGURIDAD JURÍDICA.
SEGUNDO: En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR, el siete (07) de noviembre de 2024, por medio de la
cual confirmó la providencia judicial proferida el dos (2) de junio de 2022, por el
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
VALLEDUPAR, dentro del medio de control de REPARACIÓN DIRECTA adelantado
por ALEXANDER ANAYA DITA Y OTROS contra LA NACIÓN – FISCALIA GENERAL
DE LA NACIÓN, bajo el radicado 2021 – 0224.
TERCERO: Por consiguiente, ordénese al TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DEL
CESAR, dictar sentencia de remplazo bajo garantías constitucionales en la que se
declare administrativa y patrimonialmente responsable a las demandadas de los
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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Accionante: Alexander Anaya Dita
perjuicios irrogados a los actores con la privación injusta de la libertad constitutiva de
daño antijuridico.»
2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante indicó
que fue capturado el 7 de septiembre de 2017, sindicado como presunto
responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes2, en un
allanamiento en virtud de una orden de captura expedida por la Fiscalía 30
Seccional de Valledupar.
3. El 8 de septiembre de 2017, el Juzgado 3 Penal Municipal con función de
control de garantías de Valledupar le impuso medida de aseguramiento consistente
en detención preventiva en centro carcelario, dentro del proceso penal identificado
con el radicado No. 20001-60-01-074-2017-01055-00.
4. El 19 de diciembre de 2018, el Juzgado 3 Penal de Circuito con funciones de
conocimiento de Valledupar profirió fallo absolutorio y ordenó el levantamiento de la
medida de aseguramiento impuesta. Esta decisión fue confirmada mediante
Sentencia del 16 de agosto de 20193 del Tribunal Superior de Valledupar.
5. La decisión judicial se sustentó en la falta de prueba sobre la comercialización
o distribución del estupefaciente por parte del accionante. Se concluyó que el solo
conocimiento de la existencia de la sustancia incautada no lo hacía partícipe del
delito.
6. El accionante, junto a otras personas4, presentó demanda de reparación
directa para que se declarara la responsabilidad del Estado por la privación de la
libertad dada entre el 7 de septiembre de 2017 y el 19 de diciembre de 2018 y,
consecuencialmente, se pagara una indemnización por los perjuicios causados5.
7. Mediante Sentencia del 2 de junio de 2022, el Juzgado 7 Administrativo de
Valledupar negó las pretensiones de la demanda, argumentando que si bien se
demostró la existencia del daño, la medida de aseguramiento fue en su momento
necesaria, procedente, proporcional y adecuada. Consideró que cumplieron los
fines de la medida y existió una inferencia razonable de autoría y participación. En
consecuencia, concluyó que la privación de la libertad no fue antijurídica, razón por
la cual no se estableció un vínculo entre la medida de aseguramiento y los perjuicios
cuya indemnización se reclamó.
8. El 20 de junio de 2022, la parte demandante presentó recurso de apelación
contra la anterior decisión, en el que argumentó que no se tuvieron en cuenta los
lineamientos establecidos por el Consejo de Estado en las Sentencias de 15 de
noviembre de 2019 (Rad. 11001-03-15-000-2019-00169-01) y 15 de agosto de 2018
2
En ese mismo hecho se capturó también a Yesid Alfonso Andrade Chamorro y Marcos Andrade Racines.
3
«Absolver a MARCOS ANDRADE RACINES (…) ALEXANDER ANAYA DITA (…) YESID ALFONSO ANDRADE
CHAMORRO (…) de los cargos que por el ilícito de Trafico, fabricación o porte de estupefacientes le hiciera la fiscalía general
de la Nación (…) Ordenar levantar la medida de aseguramiento (…) y cancelar cualquier anotación o registro que por razón
de este procedimiento criminal se haya configurado en contra de los acusados (…)»
4
Familiares suyos y de las personas con las que fue capturado.
5
Rad. 20001-33-33-007-2021-00224-00.
2
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Accionante: Alexander Anaya Dita
(Rad. 66001-23-31-00-2010-00235-01), en las cuales se establecen claramente los
requisitos para imputar responsabilidad en estos casos.
9. Asimismo, alegó que no se valoró debidamente la presunción de inocencia ni
los errores cometidos durante el proceso penal, como el hecho de que el accionante
no residía en el inmueble allanado. Sostuvo que el daño antijurídico sí existió y se
materializó durante el período en que el accionante estuvo privado de su libertad sin
que existiera prueba que permitiera inferir su participación en los hechos.
10. Mediante Sentencia de 7 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Cesar confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que la medida de
aseguramiento impuesta a los demandantes fue proporcional, razonada y adecuada
al fin constitucional y legal que con ella se persigue. Señaló que la presunción de
inocencia solo fue plenamente reconocida a partir de la aceptación de los cargos
por parte de la también investigada Madeleine Andrade Chamorro, así como por la
inexistencia de otros medios de prueba que permitieran inferir la participación de los
demandantes en los hechos investigados.
11. El tribunal añadió que no toda imposición de medida de aseguramiento
generaba automáticamente un derecho a ser indemnizado, en tanto el Estado puede
restringir el derecho a la libertad personal, siempre que dicha limitación se haga con
sujeción estricta a los mandatos legales y constitucionales.
12. En ese sentido, indicó que la responsabilidad del Estado en casos de privación
injusta de la libertad no se configura de manera objetiva por la sola comprobación
de ciertos presupuestos normativos, sino que exige un análisis integral desde la
perspectiva del régimen de responsabilidad administrativa y de los derechos
fundamentales de quien fue privado de la libertad sin haber sido condenado
penalmente.
13. Tras analizar el proceso penal, concluyó que no se encontraba demostrada la
antijuridicidad del daño alegado por los demandantes con ocasión de la detención
preventiva. Es decir, consideró que dicha privación de la libertad no tuvo carácter
antijurídico, ya que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales
exigidos. Señaló, además, que al tratarse de una medida preventiva, no era
necesario definir de fondo la situación jurídica del accionante, ni discutir su
responsabilidad penal. Por tanto, para efectos de determinar la responsabilidad
estatal, no resulta determinante que el proceso penal haya culminado con sentencia
absolutoria o con medida de preclusión. Lo relevante, en cambio, es establecer si la
medida de aseguramiento se ajustó a los requisitos establecidos en la Ley 906 de
2004.
14. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó el
desconocimiento del precedente judicial, señalando que el fallo impugnado
desestimó lo dispuesto en la Sentencia T-328 de 2023, la cual —según el
accionante— modificó la posición tradicional de la jurisdicción de lo contenciosa
administrativo en relación con la inaplicación del régimen de responsabilidad
objetiva.
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15. En segundo lugar, alegó la existencia de una violación directa a la
Constitución, sustentada en el principio de supremacía constitucional consagrado
en el artículo 4 de la Carta Política. De esta manera, el accionante sostuvo que las
consideraciones en las que se basó el tribunal para atribuir la responsabilidad
exclusiva a la víctima resultan abiertamente contrarias a la Constitución.
Particularmente, señaló la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
al desconocerse 2 principios esenciales: la garantía del juez natural y la presunción
de inocencia.
16. El accionante advirtió que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en
prejuzgamientos contrarios a la presunción de inocencia, al atribuirle una supuesta
culpa grave o dolo que justificaría la privación de su libertad:
«pese a haberse mantenido incólume su inocencia en el proceso penal, el juez
administrativo determina que el procesado sí delinquió, solo que por la falta de
diligencia de la fiscalía o de la jurisdicción ordinaria, los imputados fueron dejados en
libertad».
Intervenciones6
17. El Tribunal Administrativo del Cesar realizó un resumen de los
fundamentos expuestos en la sentencia de segunda instancia, destacando el
recuento histórico sobre la responsabilidad extracontractual del Estado. En dicho
análisis, precisó que la naturaleza del régimen de imputación, ya sea objetivo o
subjetivo, varía en función del origen del daño y que ambos regímenes coexisten y
no se excluyen mutuamente. Adujo que la determinación sobre cuál aplicar
corresponde exclusivamente al juez de lo contencioso administrativo, quien debe
valorar las circunstancias particulares del caso.
18. Señaló que en casos de privación injusta de la libertad, ya no basta con
aplicar el régimen de responsabilidad objetiva de manera automática. En su lugar,
se requiere un análisis detallado y contextualizado del caso concreto, en el que se
evalúe la responsabilidad del Estado y los derechos de la persona afectada, aun en
ausencia de una sentencia condenatoria. Esta postura, según el tribunal, refleja que
la libertad, si bien es un derecho fundamental, no es absoluto, ya que admite
limitaciones legítimas.
19. Finalmente, reconoció la existencia del daño derivado de la privación de la
libertad como consecuencia de la detención preventiva. No obstante, precisó que
dicho daño no podía considerarse antijurídico, dado que la medida de
aseguramiento fue decretada en cumplimiento de los requisitos legales y bajo
parámetros subjetivos previamente establecidos para su imposición.
6
Mediante Auto del 23 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Cesar y al Juzgado 7 Administrativo de Valledupar, así como a Juan José Anaya Pérez, Andrés
Avelino Anaya Ospino, Yaniris Sandrith Anaya Dita, Jose Luis Anaya Dita, Eblin Aminta Anaya Dita, Enedys del Carmen
Anaya Dita, Yesid Alfonso Andrade Chamorro, Rosmira Vinelda Chamorro Rodríguez, Marcos Andrade Racines, Iván Jose
Andrade Chamorro, Luis David Andrade Chamorro, Geiner Antonio Andrade Chamorro y Gustavo Andrés Andrade Chamorro;
a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, como terceros con interés en el proceso.
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20. La Fiscalía General de la Nación manifestó que carece de legitimación en
la causa por pasiva, al no estar facultada para pronunciarse de fondo sobre la
sentencia objeto de cuestionamiento por parte del accionante. En consecuencia,
consideró que la acción de tutela resulta improcedente en lo que a su vinculación
respecta.
21. Asimismo, sostuvo que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar no incurrió en ningún defecto que habilite la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Señaló que la acción interpuesta
no cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues el accionante no acreditó haber
agotado los mecanismos ordinarios ni justificó la necesidad urgente de acudir a la
tutela. Añadió que no se expusieron de forma adecuada, ni conforme a la
jurisprudencia constitucional, las causales específicas de procedibilidad para este
tipo de acciones y que, además, no se demostró la existencia de una vulneración
de derechos fundamentales ni la relevancia constitucional del asunto. Por lo tanto,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción.
22. Los demás vinculados al proceso, pese a que fueron debidamente
notificados, guardaron silencio.
Sentencia impugnada
23. El 4 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Anaya
Dita, tras considerar que no se trataba de un asunto con relevancia constitucional
que justificara su estudio por el juez de tutela.
24. En su decisión, la corporación destacó que el accionante reiteró los mismos
argumentos que ya había expuesto en el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, con la finalidad de reabrir un debate probatorio sobre
decisiones judiciales previamente adoptadas. Indicó que no se plantearon nuevos
elementos de discusión ni se demostró una afectación concreta y directa a los
derechos fundamentales alegados.
25. Subrayó que la sentencia de segunda instancia se centró en analizar la
legalidad de la medida de aseguramiento impuesta al accionante, concluyendo que,
en el caso concreto, la privación de la libertad no constituía un daño antijurídico. El
análisis realizado por el tribunal fue considerado razonable, de conformidad con los
lineamientos establecidos en la Sentencia SU-072 de 2018.
26. Además, resaltó que los antecedentes que el accionante presentó como
supuestamente ignorados ya habían sido tenidos en cuenta por el tribunal para
sustentar su decisión. En consecuencia, se concluyó que la acción de tutela no
revestía relevancia constitucional, en tanto su propósito era reabrir un debate
jurídico propio del proceso ordinario. Por tal razón, se declaró improcedente la
acción de tutela.
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Impugnación
27. El accionante presentó impugnación, argumentando, en primer lugar, que se
realizó un análisis inadecuado y deficiente de la acción de tutela. Señaló que la
decisión de primera instancia mencionó la existencia de un supuesto defecto fáctico
que nunca fue alegado, lo cual evidencia una evaluación incorrecta de la
procedencia de la acción. En segundo lugar, sostuvo que sí se trataba de una
cuestión de relevancia constitucional, derivada del daño antijurídico causado al
accionante, lo que justificaría el estudio de fondo del caso.
28. Así mismo, cuestionó el argumento del juez de primer grado según el cual «los
aspectos que fundamentaron la acción de tutela ya fueron expuestos por el actor en
el recurso de apelación dentro del proceso ordinario, y la autoridad judicial
demandada abordó expresamente dichos planteamientos en la providencia judicial
cuestionada», considerando que esta conclusión se basó en una deficiente o
inexistente valoración de los elementos de juicio aportados en el proceso, lo que
demostraría que no se realizó un análisis sustancial de la acción de tutela.
29. Finalmente, la accionante alegó que el juez de primera instancia no se
pronunció sobre todos los puntos planteados en la acción de tutela, generando una
incongruencia entre la demanda presentada y la decisión adoptada, en contravía
del principio de debido proceso.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
30. La Sala advierte que pese a que el accionante no mencionó expresamente la
existencia de un defecto fáctico, en su escrito planteó cuestionamientos sobre la
valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo del Cesar. Señaló que
no se evaluaron de manera adecuada las pruebas relacionadas con la medida de
aseguramiento, en especial la ausencia de elementos contundentes que justificaran
la detención preventiva y argumentó que no se valoró el testimonio de Madeleine
Andrade Chamorro. Por lo tanto, tal como lo hizo el juez de tutela de primera
instancia, el caso será analizado bajo la perspectiva de un posible defecto fáctico.
31. Aunque el accionante manifestó expresamente en el escrito de impugnación
que no alegó dicho defecto, no puede perderse de vista que sus argumentos están
orientados a cuestionar la valoración probatoria. Por lo tanto, en atención al principio
de primacía del derecho sustancia y garantizar en la mayor medida posible el
derecho de acceso a la administración de justicia, se procederá al estudio del
defecto fáctico.
Problema jurídico
32. Corresponde a la Sala establecer, una vez verificados los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial (entre ellos el de
relevancia constitucional, si el Tribunal Administrativo del Cesar, como juez de
segunda instancia, incurrió en (i) defecto fáctico al no valorar de forma adecuada
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las pruebas relacionadas con la medida de aseguramiento; (ii) desconocimiento del
precedente contenido en la Sentencia T-328 de 2023 de la Corte Constitucional,
sobre el análisis que debe hacer el juez de la responsabilidad en casos de
privaciones de la libertad; y/o (iii) violación directa de la Constitución, respecto a los
articulo 4 y 29 de la Constitución.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
33. La Sala revocar la Sentencia de 4 de marzo de 2025 de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones que pasan a explicarse:
34. Contrario a lo que sostuvo el juez de tutela de primer grado, la controversia sí
posee relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centra en la posible
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, así como del principio de seguridad jurídica,
de cara a la Sentencia 7 de noviembre de 2024 del Tribunal Administrativo del
Cesar, en la que se discutió la responsabilidad del Estado por la privación de la
libertad de la parte actora. Aguando a ello, no puede perderse de vista que los
reparos fueron dirigidos contra el análisis y valoración que hizo concretamente el
juez de segunda instancia del proceso ordinario y el asunto bajo estudio no es de
carácter eminentemente legal o económico.
35. Frente a los demás requisitos generales de procedencia, la Sala advirtió que:
(1) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva,
puesto que el accionante participó como parte demandante dentro del proceso No.
20001-33-33-007-2021-00224-00/01 y la decisión objeto de cuestionamiento fue
emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar; (2) se cumplió con el requisito de
subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los recursos judiciales disponibles
para procurar la defensa de sus derechos; (3) la acción de tutela fue presentada el
21 de enero de 2025, esto fue, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la
notificación de la providencia enjuiciada7; (4) no se trató de una simple irregularidad
procesal; (5) los hechos y fundamentos en los que se basó la presunta vulneración
de derechos fueron identificados de manera razonable; y (6) la tutela no fue
presentada contra una providencia de la misma naturaleza.
36. Por lo anterior, existen razones suficientes para revocar la decisión de primer
grado en el proceso de la referencia y proceder a estudiar de fondo los reparos.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
37. La Sala negará la solicitud de amparo, por las siguientes razones:
38. Para analizar el defecto fáctico alegado, se revisará la presunta indebida
valoración de las pruebas sobre la medida de aseguramiento, en particular la falta
de elementos contundentes que justificaran la detención preventiva y la omisión de
valoración del testimonio de Madeleine Andrade Chamorro, quien asumió toda la
responsabilidad del almacenamiento de la sustancia estupefaciente. Para ello, es
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La sentencia fue notificada el 8 de noviembre de 2024, a través de correo electrónico
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necesario revisar lo que dijo el Tribunal Administrativo del Cesar a la hora de valorar
estas pruebas:
« Dentro del expediente, se encuentra demostrado que el 8 de septiembre de 2017 8,
fue realizada la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación, e
imposición de medida de aseguramiento, ante el Juez Tercero Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Valledupar, en la que se impartió legalidad a la
captura de los señores ALEXANDER ANAYA DITA, YESID ALFONSO ANDRADE
CHAMORRO, MARCOS ANDRADE RACINES y MADELEINE ANDRADE
CHAMORRO, se les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
y se les impuso medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario, la
cual no fue impugnada por ninguno de los sujetos procesales. 9 y a la señora
MADELEINE ANDRADE CHAMORRO, se le impuso prisión domiciliaria.
El 2 de noviembre de 2017, la Fiscal Treinta Seccional de Valledupar – Unidad
Antinarcóticos, presentó ante el Centro de Servicios de los Juzgados Penales de
Valledupar, el escrito de acusación 10 en contra de los señores ALEXANDER ANAYA
DITA, YESID ALFONSO ANDRADE CHAMORRO, MARCOS ANDRADE RACINES y
MADELEINE ANDRADE CHAMORRO. En este documento se relacionaron los
siguientes elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente
obtenida:
1. Formato de investigador de campo FPJ-11, de fecha 08 de septiembre de 2017,
suscrita por el perito MIGUEL DARÍO LÓPEZ ENRÍQUEZ, sobre la prueba preliminar
homologada (piph), en la cual se incautaron 49 bolsas plásticas con un peso neto de
84.5 gramos, la cual da positivo para alcaloide de cocina y sus derivados. Y una
sustancia vegetal la cual da positivo para marihuana y sus derivados con un peso neto
de 17.1 gramos.11
2. Acta de registro y allanamiento FPJ-18, de fecha 7 de noviembre de 2017, radicado
N.º 200016001074201701055, a cargo de los patrulleros JUAN CARLOS BARROS
SUÁREZ, JUAN CAMILO RAMOS y ROBERT TARAPUES ALPALA, y firmado por los
accionantes, donde relacionan los objetos incautados u ocupados.12
3. Acta de incautación de elementos, de fecha 7 de septiembre de 2017, bajo radicado
N.º 200016001074201701055, firmada por los accionantes donde relacionan los
elementos incautados, entre ellos bolsas plásticas con sustancias color blanco con
características de cocaína, bolsas con sustancia vegetal con características de la
marihuana y una gramera digital y otros elementos. 13
4. Tarjeta decadactilar de los Señores ALEXANDER ANAYA DITA, YESID ALFONSO
ANDRADE CHAMORRO, MARCOS ANDRADE RACINES y MADELEINE ANDRADE
CHAMORRO14
5. Formato de investigador de campo FPJ-11, suscrito por JOSÉ ÁNGEL SARMIENTO
YEPES, dirigido a la Fiscal 30 Seccional de Valledupar, Unidad Antinarcóticos, con la
documentación fotográfica de allanamiento y registro a inmueble en la dirección Carrera
40ª numero 2-20 del Barrio Nuevo Amanecer de la Ciudad de Valledupar, Cesar 15.
6. Informe de laboratorio 5087, con fecha 25 de abril de 2018 suscrito por el técnico
investigador, OSWALDO MATÍAS PICO D ELA HOZ, grupo de química de la sección
de Policía Judicial, Seccional del Atlántico, donde se hace la identificación de
sustancias controladas, dando como resultado cocaína y marihuana 16.
7. Escrito de acusación con fecha de 2 de noviembre de 2017, bajo radicado N.º
200016001074201701055 en contra de los Señores ALEXANDER ANAYA DITA,
8
01PrimeraInstancia, C01Principal, 02DemandaReparaciónDirecta.pdf, Folios 208 al 210, OneDrive
9
01PrimeraInstancia, C01Principal, 02DemandaReparaciónDirecta.pdf, Folio 210, OneDrive
10
01PrimeraInstancia, C01Principal, 02DemandaReparaciónDirecta.pdf, Folios 195 al 204, OneDrive
11
01PrimeraInstancia, C01Principal, 02DemandaReparaciónDirecta.pdf, Folios 148-149, OneDrive
12
01PrimeraInstancia, C01Principal, 02DemandaReparaciónDirecta.pdf, Folio 151, OneDrive
13
1PrimeraInstancia, C01Principal, 02DemandaReparaciónDirecta.pdf, Folio 152, OneDrive
14
1PrimeraInstancia, C01Principal, 02DemandaReparaciónDirecta.pdf, Folios 156 al 161, OneDrive
15
01PrimeraInstancia, C01Principal, 02DemandaReparaciónDirecta.pdf, Folios 162 al 164 OneDrive
16
01PrimeraInstancia, C01Principal, 02DemandaReparaciónDirecta.pdf, Folios 165 al 166 OneDrive
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Alexander Anaya Dita
YESID ALFONSO ANDRADE CHAMORRO, MARCOS ANDRADE RACINES y
MADELEINE ANDRADE CHAMORRO17
(…)
Descendiendo al caso concreto, se procederá a verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de la medida de aseguramiento impuesta a los Señores
ALEXANDER ANAYA DITA, YESID ALFONSO ANDRADE CHAMORRO y MARCOS
ANDRADE RACINES. La Fiscal delegada fundamentó la solicitud de detención
preventiva en los siguientes elementos materiales probatorios: (i) orden de
allanamiento (iii) la captura en flagrancia, (iii) elementos materiales incautados (iv) el
artículo 308, 310 y 313 Código de Procedimiento Penal (CPP) 18.
Estos medios de convicción permitían colegir el cumplimiento del estándar probatorio,
para decretar la medida de aseguramiento. En efecto, existió una inferencia razonable
de la posible participación de los demandantes en la comisión del delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes.
Para ese momento procesal, no se había desvirtuado la presunción de inocencia de los
imputados, ya que, hasta ese entonces, la fiscalía contaba con los suficientes
elementos materiales probatorios para que los demandantes fueran enjuiciados, es
decir, que este medio cognoscitivo era válido para iniciar el proceso penal contra los
hoy accionantes19.
En esta etapa no era exigible a la Fiscal, ni al Juez de Control de Garantías definir si
los imputados ejecutaron la conducta punible20. Como se dijo con anterioridad, la
finalidad de la medida de aseguramiento es preventiva. No se discute la
responsabilidad penal de los procesados. Por ende, para efectos de determinar la
responsabilidad estatal no es relevante que el proceso haya terminado con sentencia
absolutoria o con medida de preclusión»
39. No se advierte que el Tribunal haya actuado de manera arbitraria o irracional.
Por el contrario, al valorar de forma conjunta los informes de los investigadores, las
actas de allanamiento e incautación, la tarjeta decadactilar, el informe de laboratorio
y el escrito de acusación, concluyó de manera lógica la inexistencia de un daño
antijurídico. Esto, tras realizar un análisis de los elementos probatorios que en su
momento justificaron la medida de aseguramiento, en concordancia con los
requisitos establecidos en la legislación para su validez y cumplimiento de los fines
propios de dicha figura jurídica.
40. Es preciso señalar que el testimonio de Madeleine Andrade Chamorro fue
posterior a la orden de detención, por lo que al momento de dictarse esta medida
aún operaba la presunción de inocencia. Aunque su declaración fue relevante para
absolver al accionante, no fue la única base de esa decisión21.
41. Es importante recordar que las autoridades judiciales actúan con
independencia y autonomía, y que su función implica valorar el conjunto de pruebas
recabadas en el proceso. En este contexto, el juez constitucional solo puede
intervenir cuando se evidencie un error manifiesto que contradiga los principios de
la sana crítica. Que la decisión del Tribunal no coincida con las pretensiones de la
parte accionante no significa, por sí mismo, que exista un defecto fáctico, ya que la
interpretación de las pruebas fue razonable y no se observan omisiones o errores
en su valoración.
17
01PrimeraInstancia, C01Principal, 02DemandaReparaciónDirecta.pdf, Folios 195 al 204, OneDrive
18
01PrimeraInstancia, C01Principal, 02DemandaReparaciónDirecta.pdf, Folios 209 al 210, OneDrive.
19
Ley 906 de 2004, artículo 275, literal d.
20
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana Marín,
Rad. No. 18001-23-31-000-2010-00265-01(57267), Sentencia del 8 de mayo de 2020.
21
El tribunal tuvo en cuentas además testimonios que dan cuenta que el accionante no habitaba el sitio del allanamiento
9
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 00284 01
Accionante: Alexander Anaya Dita
42. En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del Cesar
realizó una valoración adecuada de los elementos probatorios y fundamentó su
decisión con base en un análisis completo. El desacuerdo de una de las partes con
el fallo no constituye, por sí solo, una irregularidad ni una vulneración de derechos
fundamentales.
43. Respecto al presunto desconocimiento del precedente, no se advierte que este
se haya configurado. La supuesta omisión de la Sentencia T-328 de 2023 de la
Corte Constitucional no constituye una vulneración, dado que se trata de una tutela
seleccionada por la Corte para resolver un caso concreto (efectos interpartes,
artículo 48.2 de la Ley 270 de 1996) y no de un pronunciamiento de unificación que
establezca reglas generales para casos similares. Por el contrario, el Tribunal
Administrativo del Cesar aplicó la sentencia SU-072 de 2018, la cual sí tiene efectos
vinculantes y resulta pertinente para el asunto analizado.
44. En primer lugar, esta última providencia fue proferida en sede de unificación,
lo que le confiere carácter vinculante frente a casos análogos. Su propósito fue
unificar la jurisprudencia sobre la responsabilidad estatal en casos de detención
preventiva seguida de absolución, estableciendo que corresponde al operador
jurídico, según las circunstancias particulares, determinar el régimen de
responsabilidad más adecuado, ya sea objetivo o subjetivo. En otras palabras,
corresponde al juez de la responsabilidad determinar el régimen de imputación
aplicable al caso, a partir de la valoración de los hechos materiales del mismo.
45. En contraste, la Sentencia T-328 de 2023 fue proferida en sede de revisión de
tutela, limitando su alcance al caso concreto. Aunque en ella la Corte puede sentar
criterios interpretativos, no tiene fuerza unificadora ni impone reglas generales
obligatorias. En dicha providencia se reconoció una afectación a derechos
fundamentales por una actuación judicial desproporcionada, pero su conclusión
responde exclusivamente a las particularidades del expediente, sin intención de
extenderse a casos similares. En otras palabras, la decisión no contiene una regla
aplicable o extensible al caso a resolver.
46. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Cesar actuó conforme al
marco jurisprudencial vigente al fundamentar su decisión en la sentencia SU-072 de
2018, que constituye un precedente vinculante. La no aplicación de la Sentencia T-
328 de 2023 no implica, por sí mismo, el desconocimiento del precedente.
47. Respecto de la violación directa de la Constitución, no se aprecia, como
sostiene el accionante, que el juez administrativo haya incurrido en una calificación
negativa o juicio particular sobre la conducta preprocesal del accionado, lo que se
observa es un ejercicio de revisión objetiva, cuyo propósito fundamental fue evaluar
si la decisión que dio lugar a la privación de la libertad generó un daño antijurídico,
a partir de la justificación legal y probatoria que sustentó dicha medida.
48. lo anterior tiene sustento en que el juez administrativo no tiene la facultad de
cuestionar la responsabilidad penal del accionante; su función se limita a verificar si
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Accionante: Alexander Anaya Dita
la decisión fue adoptada con base en criterios jurídicos válidos, razonables y
proporcionales, y, en consecuencia, determinar si de ello se deriva, o no,
responsabilidad del Estado. La valoración que realiza el juez administrativo se
centra en examinar la suficiencia y pertinencia de los argumentos y evidencias
presentados para imponer la medida de aseguramiento. Este análisis permite
identificar si la medida fue desproporcionada, carente de fundamento o injustificada,
lo que podría configurar un daño antijurídico que requiere reparación. De esta
manera, la evaluación se orienta exclusivamente a la legalidad y legitimidad de la
decisión judicial, evitando cualquier juicio penal sobre la persona que la adoptó.
Conclusión
49. La Sala revocará la decisión de primera instancia y negará el amparo.
En mérito de lo expuesto, la Subsección de la Sección Segunda del Consejo de
Estado administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva la Sentencia de 4
de marzo de 2025 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por medio de la cual se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, para
que, en su lugar, disponga: NEGAR la acción de tutela presentada por Alexander
Anaya Dita contra el Tribunal Administrativo del Cesar, de acuerdo con lo expuesto
en este proveído.
SEGUNDO: REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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