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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00292-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00292-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela que interpuso la señora Diana Patricia Páez Ochoa, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00292-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00292-00
Accionante: Diana Patricia Páez Ochoa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se niega el amparo de tutela porque no demostró el defecto
alegado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora Diana Patricia Páez Ochoa, en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por
la presunta vulneración de los principios constitucionales de favorabilidad laboral
y seguridad jurídica, y los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad,
la seguridad social y el mínimo vital, ocurrida en vista de la expedición de la
providencia del 22 de noviembre de 2024, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33- 35-012-2023-00059-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos
La accionante, Diana Patricia Páez Ochoa se vinculó como docente al magisterio
oficial, al servicio de la Gobernación de Cundinamarca – Secretaría de Educación
desde el 17 de febrero de 2005 hasta el 4 de octubre de 2010, fecha en la cual
se retiró del servicio por invalidez.

Mediante Resolución No. 856 del 7 de febrero de 2013, proferida por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), se ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez calculada en favor de la
accionante, con un IBL del 75%, la cual fue elevada a un salario mínimo legal
mensual vigente, de acuerdo con la Ley 100 de 1993.

En dictamen de «Medicina Laboral» de 19 de agosto de 2015, le fue decretada a
la accionante un aumento de 85% en la pérdida de capacidad laboral de origen
profesional.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00292-00
Accionante: Diana Patricia Páez Ochoa

Se arguye que, en la Resolución proferida por la Nación-Ministerio de Educación
Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fonpremag,
mediante la cual se le reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez, no
fueron incluidas todas las cotizaciones efectuadas al sistema pensional en el año
anterior al retiro, con un ingreso base de liquidación (IBL) del 75% conforme lo
establece la Ley 776 de 2002 y Ley 1562 de 2012.

Por lo anterior, presentó demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del FOMAG, a fin de que fuera declarada
la nulidad de los actos que reconocieron su pensión de invalidez y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara el reajuste a la liquidación de la
pensión reconocida teniendo en cuenta todas las cotizaciones realizadas a la
fecha del retiro por invalidez.

El Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá, profirió sentencia de primera
instancia dentro del proceso con radicado No. 11001333501220230005900, a
través del cual negó las pretensiones de la demanda. Al respecto, la unidad
judicial indicó que, como la Ley 776 de 2002 no contenía regulación atinente al
IBL, lo procedente era aplicar la Ley 100 de 1993 para esos efectos.

La accionante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia
solicitando que fuera revocada en segunda instancia y se reconocieran las
pretensiones de la demanda.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
dictó sentencia en segundo grado el 22 de noviembre de 2024, a través de la cual
confirmó la decisión de primera instancia.

2.2. Fundamentos jurídicos

La accionante aludió vulnerados los principios constitucionales de favorabilidad
laboral y seguridad jurídica, y los derechos fundamentales al debido proceso,
mínimo vital, seguridad social e igualdad, en razón a que la Nación-Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fonpremag para reconocer el pago de su pensión de invalidez no tuvo en cuenta
la normativa aplicable al caso, situación que, en su sentir, fue convalidado por las
autoridades judiciales al dictarse las sentencias tanto en primera como en
segunda instancia.

Agregó que la providencia objeto de reparo incurrió en un defecto sustantivo, y,
por tanto, solicitó que se realice sobre ella un juicio de validez de la ley y de la
Constitución Política, ya que considera que dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se desconocieron las formas en cómo deben
liquidarse las pensiones en Colombia. Es decir, no se ordenó la reliquidación de
la pensión de invalidez de origen profesional con la inclusión de los factores
salariales cotizados en el año anterior al retiro del servicio de la accionante.

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Accionante: Diana Patricia Páez Ochoa

Aduce que al aplicar la Ley 100 de 1993, en cuanto al IBL para liquidar la pensión
reconocida, se pasó por alto que la pensión de invalidez es de origen profesional,
por lo que cuenta con una norma especial, esto es, la Ley 776 de 2002 y la Ley
1562 de 2012.

Además, la providencia recayó en un error en la medida que el acto legislativo 01
de 2005 establece que las pensiones deben ser liquidadas sobre los factores en
que se hicieron las cotizaciones en seguridad social, circunstancia que no se
realizó en el caso bajo estudio, pues se aplicó una norma distinta.

Por último, debe acotar la Sala que, pese a que en la demanda se mencionó la
realización de un análisis sobre «el desconocimiento del precedente
constitucional como defecto autónomo»1, lo cierto es que tal situación no se
desarrolló, y en cambio, únicamente se aludió como elemento de vulneración el
desconocimiento de las normas que regulan la figura de la pensión de invalidez
de origen laboral, es decir, la inconformidad de la acción en curso recayó
únicamente sobre la existencia del defecto sustantivo de la providencia
accionada.

En ese sentido, la Sala solamente resolverá el defecto sustantivo.

2.3. Pretensiones
El accionante solicitó:

«PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE ORDENE
MODIFICAR la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDASUBSECCION "E" de fecha 22
de noviembre de 2024, la cual, CONFIRMO la sentencia proferida por el
Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente solicito al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “E” a proferir nueva sentencia de fondo ordenando al
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
a reliquidar la pensión de INVALIDEZ de origen Profesional de la señora
DIANA PATRICIA PAEZ OCHOA, con un IBL del 75% de las cotizaciones
realizadas a la fecha del retiro del servicio, conforme a lo establecido
en la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012». Negrillas propias del texto.

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 23 de enero de 2025, a través
del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E como accionado y a la Nación, el Ministerio de
Educación Nacional, Secretaría de Educación de Bogotá, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduciaria la Previsora S.A, y el Juzgado

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Demanda de tutela pág. 16
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Accionante: Diana Patricia Páez Ochoa

Doce Administrativo del Circuito de Bogotá como terceros interesados en el
resultado del proceso.

Además, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General
del Proceso.

2.4.1. La Secretaría de Educación de Bogotá D.C, a través de su oficina
asesora jurídica, contestó la demanda solicitando que se declare la
improcedencia de la acción constitucional, en tanto que no se cumplieron con
«ninguno de los requisitos específicos establecidos por la jurisprudencia
constitucional para que sea procedente la acción de tutela».

Detalla que de los argumentos expuestos en la demanda de tutela se extrae la
inexistencia de reproche sobre actuaciones desplegadas por la entidad. Por el
contrario, los hechos que fundamentan la acción recaen sobre «situaciones
específicas de la legalidad o no de una providencia judicial (…) así como la
aplicación de las normas de orden legal y administrativo que regulan la materia,
de la cual la Secretaría de Educación no tiene ni tuvo inherencia (SIC) alguna».

2.4.2. La Fiduprevisora S.A contestó la demanda solicitando que se declare la
improcedencia de la acción en curso «toda vez que las autoridades judiciales que
conoció el proceso actuaron conforme a la normativa establecida sin que se
pueda aducir que los funcionarios judiciales accionados hayan desconocido entre
otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda».
(sic).
A su vez, solicitó que se desvinculara a la Fiduprevisora S.A, quien actúa como
vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por no estar legitimada en la causa por
pasiva.

2.4.3. La Nación – Ministerio de Educación Nacional indicó que se declarara
la improcedencia de la acción en curso, porque no se «evidencia violación alguna
a los derechos del accionante».

2.4.4. El Tribunal Administrativo, Sección Segunda, Subsección E –
Despacho 13 contestó la demanda en calidad de accionado, manifestando que
la acción constitucional es improcedente, ya que con ella se pretende «el debate
en torno al reajuste de su pensión de invalidez con base en las Leyes 776 de
2002 y 1562 de 2012, y si bien, a lo largo del texto de la solicitud de amparo
insiste en que no es esta la razón que persigue, lo cierto es que invoca la misma
aplicación normativa y los argumentos del proceso ordinario tramitado en las dos
instancias».

Subsidiariamente, solicitó que fuera negado en amparo, pues no se acreditó la
vulneración de los derechos de la actora.

2.4.5. No se rindieron más informes.

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
al proferir la sentencia del 22 de noviembre de 2024, incurrió en el defecto
sustantivo de procedencia de la acción de tutela en contra de una providencia
judicial.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de
2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella
tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar

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el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió la providencia el 22 de noviembre de 2024.

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración de principios y
derechos fundamentales como consecuencia de la posible concreción del defecto
sustantivo.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado la
configuración del defecto sustantivo en los siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación

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de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»2.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha

2Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
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sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»3.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el
caso concreto

En el presente caso, la accionante alega que la autoridad judicial incurrió en un
defecto sustantivo, al no declararse la nulidad de los actos administrativos
demandados que desconocen las normas que regulan la figura de la pensión de
invalidez de origen laboral, en tanto que, a través de estos, la entidad demandada
le reconoció y canceló una pensión de invalidez de origen profesional equivalente
al 75% del ingreso base de liquidación, calculado a partir de lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 100 de 19934.

Sustenta la actora que, en la decisión judicial no se tuvo en cuenta que el
reconocimiento y pago de la pensión en comento cuenta con leyes especiales, a
saber, Ley 776 de 2002 y Ley 1562 de 2012; y en específico, el artículo 5 de esta
última regula lo atinente al ingreso base de liquidación, precisándose que debe
ser calculado del «promedio del último año, o fracción de año, del Ingreso Base
de Cotización (IBC) anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad
el origen de la enfermedad laboral». De modo que, a su caso le era aplicable esta
última preceptiva y no lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, en la sentencia objeto de cuestionamiento, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E expuso lo siguiente para
negar las pretensiones invocadas:

«De acuerdo con el objeto del presente medio de control, la parte actora
pretende el reajuste de la pensión de invalidez de origen profesional con el
75% de todas las cotizaciones efectuadas en el año anterior al retiro del

3 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.
4
«ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las
pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado
el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el
tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda
la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá
optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo».
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servicio, indexado a la fecha de estructuración, en aplicación de las Leyes
100 de 1993, 776 de 2002 y 1562 de 2012.

En la contestación, la entidad se opuso a las pretensiones, por cuanto
consideró el reconocimiento se encuentra conforme a derecho y los
factores reconocidos son los previstos en la Ley 33 de 1985.

El a quo negó las pretensiones de la demanda, porque no es posible aplicar
de manera retrospectiva la Ley 1562 de 2012 al caso concreto, ya que la
estructuración del derecho se dio con anterioridad a su entrada en
vigencia. De otro lado sostuvo que la pensión de invalidez de origen
profesional prevista en la Ley 776 de 2002, no cuenta con norma que
determine el IBL, por ello debe acudirse por analogía a la única regla
aplicable a los docentes que consolidaron su derecho después de la Ley
812 de 2003 y antes de la Ley 1562 de 2012 que no es otro que el artículo
21 de la Ley 100 de 1993.

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación
en el indica que está de acuerdo con la aplicación de la Ley 776 de 2002,
sin embargo, dicha norma debe analizase de manera armónica con la Ley
1562 de 2012 que es la norma especial y solo podría acudirse a la Ley 100
de 1993 en el evento que no existiera una que regulará el tema específico.

Para resolver dirá la Sala que no existe discusión en que el régimen
pensional aplicable es el de prima media con prestación definida teniendo
en cuenta que la vinculación de la actora con el magisterio oficial fue el 17
de mayo de 2005, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003.

Ahora bien, como se analizó en precedencia, la Ley 100 de 1993 establece
únicamente la pensión de invalidez por riesgo común, pero no aquella
derivada de enfermedad profesional o accidente de trabajo, situaciones
que fueron reglamentadas inicialmente por el Decreto 1295 de 1994 y
posteriormente, por las Leyes 776 de 2002 y 1562 de 2012.

Con base en lo anterior, se advierte en el plenario que la Junta Regional
de Calificación de Invalidez el 2 de febrero de 2012 dictaminó que la señora
Páez Ochoa tenía una pérdida de la capacidad del 80% con fecha de
estructuración del 27 de enero de 2012.

La entidad demandada, mediante Resolución N° 0853 de 7 de febrero de
2013 reconoció a la actora pensión de invalidez a partir del 27 de enero de
2012 correspondiente al 75% del promedio de salarios sobre los cuales
cotizó durante su historia laboral de acuerdo con el artículo 10 de la Ley
776 de 2002, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Existe, además, dictamen elaborado por Medicosalud el 19 de agosto de
2015, en la cual se indica que la actora cuenta con incapacidad
permanente parcial y una pérdida de la capacidad del 85% con fecha de
estructuración el 27 de enero de 2012.

Así las cosas, como lo consideró el a quo, es la fecha de estructuración la
que determina el régimen pensional aplicable a la invalidez (27 de enero
de 2012) y por ello no es posible aplicar de manera retroactiva la Ley 1562
de 2012, la cual entró a regir el 11 de julio de 2012. Entonces la prestación
de la señora Diana Patricia Páez Ochoa se encuentra reconocida conforme
las disposiciones que le son aplicables esto es, la Ley 776 de 2002,
aspecto con el cual -según se indicó en el recurso de apelación se
encuentra conforme.

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Acción de Tutela
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Accionante: Diana Patricia Páez Ochoa

El problema se presenta en la forma en que debe establecerse el IBL de la
prestación, por cuanto la entidad lo efectuó con el promedio de las
cotizaciones efectuadas durante toda la historia laboral de la demandante
entre 2005 y 2010 y no con el total de factores devengados en el último
año de servicios comprendido entre el 3 de octubre de 2009 y el 3 de
octubre de 2010.

En efecto la Ley 776 de 2002 no tiene prevista la forma en que debe
establecerse el IBL de las prestaciones por él regidas, por cuanto tal
aspecto se encontraba regulado en el literal b) del artículo 20 del Decreto
1295 de 1994, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional
en la sentencia C-1152 de 2005; a partir de allí y hasta el 11 de julio de
2012 cuando se expidió la Ley 1562 de 2012 existe un vació normativo que
lleva a la aplicación de las disposiciones para determinar el IBL de las
pensiones de invalidez de origen común previstas en la Ley 100 de 1993.

Al respecto ha dicho el Consejo de Estado5:

“Al haberse vinculado al servicio docente solo hasta el 30 de julio de 2004,
el régimen pensional que rige a la señora Nalvis Méndez Olivares, es el
establecido en la Ley 100 de 1993 y normas complementarias, esto es,
la Ley 776 de 2002, en relación con riesgos profesionales, por tratarse de
una invalidez de origen profesional.

En estas condiciones, se tiene que a la actora le es aplicable el artículo
10 de la Ley 776 de 2002, que en cuanto al monto de la pensión establece
que cuando la invalidez es superior al 66%, se tendrá derecho a una
pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación.

Y como quiera que la Ley 776 de 2002, no reguló nada en materia de
ingreso base de liquidación, el periodo que lo define y los factores
salariales a tener en cuenta, es del caso remitirse entonces a la norma
general, esto es, al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que prevé como
IBL el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o
en todo el tiempo si este fuere inferior; y al artículo 1° del Decreto 1158
de 1994, en materia de factores salariales.

(...)

De manera que, para efectos de la liquidación de la pensión de invalidez
de la señora Nalvis Méndez Olivares, se deberá aplicar lo previsto en los
artículos 10 de la Ley 776 de 2002 (monto), 21 de la Ley 100 de 1993
(IBL) y 1° del Decreto 1158 de 1994 (factores salariales).”

Así las cosas, la entidad determinó el IBL en el acto de reconocimiento,
de la siguiente manera:

(…)

Es decir, la entidad tomo (sic) el total de tiempos servidos por la actora
conforme lo prevé el artículo 2110 de la Ley 100 de 1993.

En materia de factores, se acredita que la actora devengó entre 2005 y
2010, los correspondientes a sueldo o asignación básica, prima de

5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de agosto de 2020.
Radicación: 20001- 23-39-000-2016-00464-01 (2805-2018). Magistrado Ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas. Demandante: Nalvis Méndez Olivares
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00292-00
Accionante: Diana Patricia Páez Ochoa

alimentación, prima de vacaciones y prima de navidad, sin embargo, de
estos, únicamente el salario constituye factor para determinar el IBL
conforme lo señalado en el Decreto 1158 de 19946.

Ahora bien, es del caso aclarar que, en oportunidades anteriores esta
Subsección con anuencia de la suscrita ha aplicado la Ley 1562 de 2012
en materia de pensión de invalidez docente de origen profesional para
aquellos educadores que consolidaron el derecho en su vigencia y que
se hubieren vinculado con el magisterio oficial con posterioridad a la Ley
812 de 2003, sin embargo, en esta oportunidad, la estructuración del
derecho es anterior a la vigencia de la norma especial y por eso no hay
lugar a su aplicación.

Conclusión: Por lo hasta aquí expuesto, se confirmará la providencia
impugnada en cuanto negó las pretensiones de la demanda, al estar
acreditado que el reconocimiento pensional se realizó con base en las
disposiciones vigentes y aplicables para el momento en que se
estructuró la invalidez de la demandante (…)»

En atención a las transcripciones relacionadas previamente, la Sala de tutela
considera que las conclusiones a las que llegó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E para negar las pretensiones de
la demanda y, por ende, la improcedencia de la aplicación de la Ley 1562 de
2012 en el caso bajo estudio y la imposibilidad de reconocer la pensión de
invalidez de origen laboral de la accionante equivalente al 75% del IBL calculado
con base en el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó el último año7, se
encuentra acorde a derecho, pues no obedece a un capricho o arbitrariedad, ni
se fundamentó en la simple voluntad de la autoridad judicial.

Mas bien, dicho análisis correspondió a un estudio lógico, plausible y sistemático
de las normativas que regulan el sistema de pensión de invalidez de origen
laboral en el ordenamiento jurídico colombiano.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, al sustentar su decisión, la autoridad judicial
expuso que el régimen pensional aplicable al caso de la actora era el de prima
media con prestación definida, en atención a que su vinculación al magisterio, es
decir, el 17 de mayo de 2005, fue con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003.

Luego, acotó que, si bien la Ley 100 de 1993 no reguló lo relacionado a la pensión
de invalidez de origen laboral, si lo hizo el Decreto 1295 de 1994 y posteriormente
las Leyes 776 de 2002 y 1562 de 2012. Y que mediante la Resolución N° 0853
de 7 de febrero de 2013 se le fue reconocida a la accionante una pensión de
invalidez a partir del 27 de enero de 2012, equivalente al 75% del promedio de

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ARTÍCULO 1. El artículo 6 del Decreto 691 de 1994, quedará así: "Base de cotización". El salario
mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores
públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores: a) La asignación
básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; e) La
remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o
de horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación por servicios prestados;”
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Tal y como dispone el artículo 5, literal B de la Ley 1562 de 2012.
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Accionante: Diana Patricia Páez Ochoa

los salarios sobre los cuales cotizó durante su historia laboral, siguiendo lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 776 de 2002, la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 1158 de 1994.

En concreto, explicó el Tribunal que atendiendo que la fecha de estructuración
del derecho pensional de la accionante era el 27 de enero de 2012, se tornaba
improcedente aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 1562 de 2012, pues
esta última legislación empezó a regir a partir del 11 de julio de 2012, es decir,
luego de que la actora gozara del estatus de pensionada. De manera que el
reconocimiento de la pensión se realizó con base en lo dispuesto en la Ley 776
de 2002.

De ahí que, aunque la accionante alegó que el IBL de la pensión reconocida
debía calcularse con base en el total de los factores devengados en el último año
de servicio, tal y como indica el artículo 5 de la Ley 1562 de 2012, lo cierto era
que dicha normativa no le era aplicable pues no se encontraba vigente al
momento de estructurarse su derecho a la pensión; y comoquiera que la Ley 776
de 2002 no regula la forma de establecer el IBL para el cálculo de la pensión de
invalidez, lo procedente era aplicar las disposiciones contenidas en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993 que regula el asunto, dado que se erige como normativa
general al respecto.

Con todo, coligió el Tribunal que se debía liquidar la pensión de la actora con
base en el promedio de los salarios cotizados durante todo el tiempo laborado,
es decir, entre los años 2005 y 2010, tal y como consigna el ya anunciado artículo
21 de la Ley 100 de 1993, teniendo como tasa de remplazo el 75% del IBL, según
lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 776 de 2002; y para respaldar su tesis,
citó caso precedente de similares premisas fácticas proferido por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado8, en el cual se concluyó que, en
atención a que la Ley 776 de 2002 no reguló lo atinente al ingreso base de
liquidación a calcular en la pensión de invalidez de origen laboral, para obtener
el periodo que lo define y los factores salariales a tener en cuenta, se debe remitir
al artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, se reitera que para la Sala el Tribunal accionado no incurrió en un
desconocimiento de la normativa que regula el régimen de la pensión de invalidez
de origen laboral, por el contrario, se observa un estudio sistemático y lógico
acorde a la materia y la jurisprudencia vigente expedida por el Consejo de Estado
que interpretó el asunto. Lo que le permitió concluir la imposibilidad de aplicar las
disposiciones contenidas en el artículo 5 de la Ley 1562 de la Ley 2012 en lo
concerniente al cálculo del IBL del caso de la actora, en virtud del principio de
irretroactividad de la ley y, en consecuencia, la necesaria aplicación en remplazo
del artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Situación que en modo alguno configura el
defecto sustantivo.

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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de agosto de 2020.
Radicación: 20001- 23-39-000-2016-00464-01 (2805-2018). Magistrado Ponente: Rafael
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00292-00
Accionante: Diana Patricia Páez Ochoa

En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial, sin que se evidencie un
desconocimiento de las normas aplicables o las razones por las cuales se pudo
interpretar erradamente la jurisprudencia emanada por esta Corporación o por la
Corte Constitucional. De forma que no se observa una vulneración de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, lo procedente es negar
la acción impetrada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela que interpuso la señora
Diana Patricia Páez Ochoa, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte
motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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