Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00295-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00295-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00295-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
18 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-00295-001
Demandante : Rafael Fernando Gil Sierra
Demandado : Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”
Vinculados : Participantes del “[…] IX Curso de Formación Judicial Inicial
para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la
República en todas las especialidades […]”, de la subfase
general del concurso de méritos convocado mediante el
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 20182
Acción : Tutela
Derechos : Igualdad, petición, debido proceso, trabajo y “acceso a los
cargos públicos por el mérito”
Tema : Solicitud de información relacionada con concurso de
méritos de la Rama Judicial
Decisión : Sentencia de primera instancia – niega
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela
incoada por Rafael Fernando Gil Sierra contra el Consejo Superior de la Judicatura
• Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, petición, debido proceso, trabajo y “acceso
a los cargos públicos por el mérito”.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y,
finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
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Expediente digital disponible en Samai.
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“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos
de funcionarios de la Rama Judicial”.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00295-00
Demandante: Rafael Fernando Gil Sierra
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
Rafael Fernando Gil Sierra, quien actúa en nombre propio, demanda el amparo de
sus derechos fundamentales a la igualdad, petición, debido proceso, trabajo y
“acceso a los cargos públicos por el mérito”, presuntamente vulnerados por el
Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
Por consiguiente, solicitó ordenar a la autoridad accionada atender “de fondo […]
[todos] los cuestionamientos planteados en el recurso de reposición” que interpuso
contra la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, en la cual se publicaron
los resultados de la evaluación IX Curso de Formación Judicial Inicial que se rigió
por el Acuerdo PCSJ19-11400 de 19 de septiembre de 2019, y “de resultar positiva
la respuesta a una, varias o todas las preguntas […], aumentar la calificación final
otorgada de forma equivalente y clara”.
Hechos3.
Relata el accionante que, el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, convocó a concurso de méritos
(convocatoria 27), con el propósito de proveer cargos de funcionarios de la Rama
Judicial, al que se inscribió, dentro del cual los días 19 de mayo y 2 de junio de
2024 se realizó la evaluación de la Subfase General inicial, cuyos resultados fueron
publicados en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio siguiente, en la que se
consignó que obtuvo un puntaje de 764.600.
Que, interpuso recurso de reposición contra el último de los referidos actos
administrativos, en el que aseveró que algunas de las preguntas no admitían una
única respuesta y otras fueron formuladas de manera indebida, para lo cual las
“señal[ó] de manera puntual”; no obstante, el Consejo Superior de la Judicatura -
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, con Resolución EJR24-1337 de 6 de
noviembre de 2024, desestimó sus argumentos con consideraciones genéricas y
ambiguas, lo que quebranta sus garantías superiores.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 24 de
enero de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00295-00
Demandante: Rafael Fernando Gil Sierra
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
Bonilla”; se (ii) dispuso vincular a a los participantes del “[…] IX Curso de Formación
Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República
en todas las especialidades […]”, de la subfase general del concurso de méritos
convocado mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, por
asistirles interés en el resultado del estudio que se realice en este trámite
constitucional, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991; y (iii) se
negó la solicitud de medida provisional formulada por el actor.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”4 señaló que “[a] través de la Resolución EJR24-1337 del 6 de noviembre
de 2024, se resolvió el recurso de reposición incoado por el actor contra la
Resolución EJR24-298 del 21 de junio” del mismo año, en la que se atendieron “de
manera especial los motivos de inconformidad generales y específicos frente al
contenido del cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial”.
Agregó que, “la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 “Por medio de la
cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”, es el acto definitivo para aquellos que no superaron la Subfase
General”, por lo que, “le correspondería al accionante hacer uso de los medios de
control dispuestos por la Ley 1437 de 2011 para atacar dicha decisión, verbigracia,
por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, aún más, cuando
[…] existe la posibilidad […] de solicitar medidas cautelares, que pueden ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión”.
Concluyó que, el tutelante pretende utilizar este mecanismo constitucional “como
un nuevo recurso frente a la Resolución EJR24-1337 del 6 de noviembre de 2024
que resolvió su recurso de reposición, lo cual va en contravía de [su] naturaleza”,
lo que “supone arrebatar lo que en este caso sería competencia del juez de lo
contencioso administrativo, máxime, porque [en aquella], frente a los motivos de
inconformidad con respecto al cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación
de la Subfase General, se argumentó el contexto de la pregunta, los elementos
psicométricos, la coherencia y cohesión de los ítems, lo relativo a los componentes
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Índice 00009 de Samai.
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de formación integral, a las fuentes […], en aras de valorar integralmente su
solicitud”.
2.1.2 La señora Karen Lorena Ramírez Rodríguez, en calidad de concursante de
la Convocatoria 27 de la Rama Judicial5 expuso su caso, porque es similar al del
demandante y, en esa medida, pidió “a través del EFECTO INTER COMUNIS
proteger los derechos de todos los discentes y participantes de la
CONVOCATORIA 27 que [se han] visto afectados por las actuaciones irregulares
de la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA, CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA, que han sido violatorias del derecho al debido proceso”.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestión preliminar.
Resulta necesario precisar que, en el asunto sub examine el accionante afirma que
la génesis de las vulneraciones invocadas radica en la falta de respuesta a todas
las inconformidades que expuso en el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, por consiguiente, la Sala considera
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Índice 00012 de Samai.
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que, en caso de que se demuestren las omisiones a las que alude, comportaría un
quebranto de la garantía superior de petición, mas no las de igualdad, debido
proceso, trabajo y “acceso a los cargos públicos por el mérito”, razón por la cual el
correspondiente estudio se limitará, en virtud del principio de oficiosidad 6, a
dilucidar si se configuró o no el eventual desconocimiento de aquel derecho
fundamental.
3.4 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si la autoridad demandada ha vulnerado el derecho
fundamental de petición del tutelante, al presuntamente no despachar de fondo la
totalidad de las objeciones por él planteadas en el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, por cuyo conducto el
Consejo Superior de la Judicatura publicó los resultados de la prueba de la Subfase
General inicial, en el marco de la convocatoria 27.
3.5 Derecho fundamental de petición. Consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política en los siguientes términos:
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha
sostenido:
“Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y
reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo
esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.
En este sentido, esta Corporación ha manifestado:
(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la
libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo,
de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta
debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible;
(v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre
en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades
estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo,
6
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: “Respecto del papel del juez de tutela, esta
Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda”.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00295-00
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entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial,
no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado
el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la
exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad
pública debe notificar su respuesta al interesado.
De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de
petición exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo
requerido por el ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o
abstractas, sin querer decir con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta
de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con
las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición 7”.
Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que “una respuesta es suficiente
cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del
solicitante, sin perjuicio de que […] sea negativa a sus pretensiones; es efectiva si
[…] soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 constitucionales); y es
congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que
[…] verse acerca de lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar
información adicional que se encuentre relacionada con la solicitud formulada”8.
De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es
vulnerado cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite una
pronta respuesta, conforme a los términos que directamente fija el legislador.
3.6 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el Consejo
Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para proveer “los cargos
de funcionarios de la Rama Judicial”.
b) La directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior
de la Judicatura, a través de Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, publicó
“[…] los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial”,
en la cual el tutelante obtuvo un puntaje no aprobatorio de 764.600 sobre 1000
puntos.
7
Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-350 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-
682 de 20 de noviembre de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6
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c) El actor interpuso recurso de reposición9 contra el anterior acto administrativo,
en el que indicó que algunas de las preguntas formuladas no ofrecían una única
respuesta correcta, sus enunciados eran confusos o apelaban a la memoria exacta
de cada discente, para lo cual “señal[ó] pregunta por pregunta de cada jornada que
aparece calificada como mala de [su] examen, indicando las razones por las cuales
se deberían tomar como correctas y/o deberían ser eliminadas o validadas
parcialmente”, específicamente las siguientes: 1, 2, 4, 5, 9, 11, 15, 21, 24, 27, 33,
35, 38, 39 50, 58, 65 y 79 de la jornada de la mañana del 19 de mayo de 2024 y 7,
9, 13, 14, 17, 40, 48, 59, 61, 63, 69 y 83 de la jornada de la tarde; y, 3, 10, 40, 41,
45, 54, 56, 63, 64, 68, 71, 78, 79 y 81 de la jornada de la mañana del 2 de junio del
mismo año y 2, 6, 7, 19, 27, 28, 30, 35, 37, 38, 43, 55, 69, 72, 79 y 81 de la jornada
de la tarde.
d) Por medio de Resolución EJR24-1337 de 6 de noviembre de 202410, la directora
de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de la Judicatura
desató el referido recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 de 21 de
junio de ese año. En dicho acto administrativo se analizaron los argumentos
planteados por el recurrente, los cuales se agruparon así: “(i) los motivos de
inconformidad frente aspectos generales y (ii) los motivos de inconformidad frente
al cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación de la subfase general”, estos
últimos, respecto de los cuales procedió a resolver los reproches planteados en
cada una de las preguntas que el actor censuró, “teniendo en cuenta los criterios
técnicos de la Unión Temporal Formación Judicial 2019”, en calidad de contratista
experto en el diseño, estructuración académica y desarrollo en modalidad virtual y
presencial del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
3.7 Análisis del caso concreto.
En el asunto sub examine la inconformidad del demandante consiste en que, a su
juicio, en la Resolución EJR24-1337 de 6 de noviembre de 2024 no se estudiaron
todos los motivos de inconformidad que consignó en el recurso de reposición que
interpuso contra la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de ese año, porque en
aquel justificó de manera amplia las razones por las que eran correctas las
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Índice 00009 de Samai.
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respuestas que marcó en las preguntas 1, 2, 4, 5, 9, 11, 15, 21, 24, 27, 33, 35, 38,
39 50, 58, 65 y 79 de la jornada de la mañana del 19 de mayo de 2024 y 7, 9, 13,
14, 17, 40, 48, 59, 61, 63, 69 y 83 de la jornada de la tarde; y, 3, 10, 40, 41, 45, 54,
56, 63, 64, 68, 71, 78, 79 y 81 de la jornada de la mañana del 2 de junio del mismo
año y 2, 6, 7, 19, 27, 28, 30, 35, 37, 38, 43, 55, 69, 72, 79 y 81 de la jornada de la
tarde de la de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial; sin
embargo, en el primero de los mencionados actos administrativos se desató su
alzada en atención a consideraciones generales, que no comprenden todos los
razonamientos que expuso.
Ahora bien, al analizar la aludida Resolución EJR24-1337 de 6 de noviembre de
2024, se evidencia que, se consignaron los motivos por los cuales las respuestas
catalogadas como correctas en la calificación de la prueba que presentó el
accionante los días 19 de mayo y 2 de junio de ese año eran las acertadas y,
además, se desestimaron las demás opciones de contestación con fundamento en
argumentos razonables.
En ese orden de ideas, la Sala constata que, sí existió por parte de la entidad
accionada una respuesta de fondo al recurso de reposición que interpuso el actor
contra la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, sin que, fuera resuelto
solo de manera genérica como este lo afirma, porque en dicho acto administrativo,
en aras de valorar integralmente su solicitud, primero se desarrollaron las
inconformidades generales en cuanto a aspectos como el tiempo y estructura de la
prueba y, posteriormente, se argumentó, en cada una de las preguntas que
reprochó, los componentes, las fuentes y la explicación de la respuesta válida;
diferente es que, no hayan resultado favorables a sus intereses, lo que no
quebranta su garantía superior de petición, por cuanto, la respuesta idónea no
siempre tiene que implicar la aceptación de lo solicitado.
Así lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia T-369 de 27 de junio de 201311:
“Se concluye entonces, que el derecho de petición consagra de un lado la facultad de
presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado,
el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto
solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la
autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y
normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure
que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la
correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus
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M. P. Alberto Rojas Ríos.
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intereses”.
Se establece pues el deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones
elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no
son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o
abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situación de incertidumbre,
por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en
muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos
subjetivos.12” (Énfasis propio).
De acuerdo con esta perspectiva, en el sub lite no se vulnera la garantía superior
de petición del tutelante, comoquiera que la contestación suministrada en la
Resolución EJR24-1337 de 6 de noviembre de 2024 guarda correspondencia de
objeto frente a sus argumentos de recurso de reposición y expone el motivo de
cada una de las preguntas efectuadas y respuestas asignadas en el examen
realizado por el actor el 19 de mayo y 2 de junio de 2024, en el marco de la
convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que, frente a los planteamientos de fondo
de cada una de las inconformidades del demandante, se encuentra en la
posibilidad, si a bien lo tiene, de acudir a la jurisdicción contencioso - administrativa,
a través de los medios de control dispuestos en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para que sea
analizada la motivación y legalidad de cada una de las razones que sustentan las
determinaciones adoptadas en la Resolución EJR24-1337 de 6 de noviembre de
2024.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que no se encuentra
acreditada la vulneración del derecho fundamental de petición del demandante por
parte de la autoridad accionada, se negará el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
12
Sobre el particular se puede consultar la sentencia T-1752 de 2000, en donde la Corte manifestó que con el propósito de
salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad social en materia de pensiones, se considera que el derecho a acceder
a la pensión es subjetivo, en la medida en que el aspirante a la pensión cumple con todos los requisitos para acceder a ella,
y además se puede reclamar ante los funcionarios administrativos; y también ante los funcionarios judiciales porque
la justicia es una función pública y los ciudadanos tienen acceso a ella, de suerte que e l aspirante a pensionado tiene
derecho a que se le resuelva su situación dentro del marco normativo correspondiente, preferenciándose el derecho
sustancial.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00295-00
Demandante: Rafael Fernando Gil Sierra
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición invocado por
Rafael Fernando Gil Sierra, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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