Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00296-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00296-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00296-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500296-00
Actora: Vivi Katherin Hernández Mendoza
Demandados: Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Tunja y otros1
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) petición, iii) acceso
a la administración de justicia y iv) acceso a cargos públicos
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra el Juzgado Octavo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, porque, a su juicio,
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Actora: Vivi Katherin Hernández Mendoza
al expedir “[…] la Resolución No. 018 del 18 de noviembre de 2024 […] y la
Resolución No. 019 del 12 de diciembre de 2024 […]”, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, “[…] Teniendo en cuenta la vacante de Asistente Administrativo
Grado 6 del Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Tunja, VIVI KATHERIN HERNÁNDEZ MENDOZA en calidad de aspirante a ocupar
el cargo por concurso de méritos, dentro de la oportunidad realizó la
correspondiente postulación […]”.
4. Señaló que, “[…] Mediante el Acuerdo CSJBOYA24-35 del 10 de abril de 2024,
el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare conformó la lista de
elegibles en orden descendente teniendo en cuenta para el efecto el puntaje
obtenido en el concurso de méritos, ocupando el primer puesto dentro de dicha
lista de elegibles VIVI KATHERIN HERNÁNDEZ MENDOZA […]”.
5. Indicó que, “[…] La lista que fue conformada fue enviada al Juzgado Octavo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, para proveer el cargo
que se encontraba en vacancia definitiva, siendo necesario que el nominador
designara dentro de la lista a VIVI KATHERIN HERNÁNDEZ MENDOZA (para
ingreso en carrera por ocupar el primer puesto dentro de la lista de elegibles) o a
la señora DORIS HELENA ANGARITA PUENTES, persona que ocupa
actualmente el cargo de Asistente Administrativo Grado 6 en el Juzgado Sexto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, quien obtuvo concepto
favorable de traslado por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá
y Casanare […]”.
6. Sostuvo que, “[…] Mediante Resolución No. 006 del 3 de mayo de 2024, el
nominador del cargo optó por aceptar el traslado de la señora DORIS HELENA
ANGARITA PUENTES. […]”.
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Actora: Vivi Katherin Hernández Mendoza
7. Adujo que, “[…] El 28 de mayo del año en curso, la señora VIVI KATHERIN
HERNÁNDEZ MENDOZA ante la inconformidad presentada por la decisión
adoptada, dentro de la oportunidad presentó recurso de reposición el cual se
resolvió mediante Resolución No. 009 del 13 de junio de 2024, la cual dispuso no
reponer el acto administrativo. […]”.
8. Advirtió que, presentó acción de tutela contra el Juzgado Octavo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, frente a la cual la Sala Segunda de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja profirió
sentencia, en primera instancia, el 9 de julio de 2024, mediante la cual resolvió:
“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos, artículo 40.7 de la Constitución Política Colombiana,
invocado por Viví Katherin Hernández Mendoza, conculcado por el Juez Octavo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
SEGUNDO: DEJAR sin efectos el contenido de las Resoluciones 006 del tres (3) de
mayo y 009 del 13 de junio de dos mil veinticuatro (2024) mediante la cual se autorizó
el traslado en propiedad de Doris Helena Angarita Puentes y se ratificó el mismo en
recurso de reposición, proferidas por el Juez Octavo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja.
TERCERO: ORDENAR al Juez Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja que, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
notificación de esta providencia, provea la vacante en el cargo de Asistente
Administrativo Grado 6 para el cual optó la accionante, acorde con lo señalado en la
parte motiva de esta decisión. […]”.
9. Expuso que, “[…] Mediante Resolución No. 015 del 16 de julio de 2024, fui
nombrada para ocupar el cargo de Asistente Administrativo Grado 6 en el Juzgado
Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, en propiedad y
en carrera judicial. […]”.
10. Señaló que, “[…] Este acto administrativo que crea y establece una nueva
situación jurídica respecto a las expectativas que hasta entonces ostentaba la
suscrita y la señora DORIS HELENA ANGARITA PUENTES, para ocupar el cargo
de Asistente Administrativo Grado 6 en el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Tunja, fue notificado de manera personal a cada una
de las aspirantes el 26 de julio de 2024, para que, dentro de la oportunidad allí
establecida, presentaran los recursos procedentes. […]”.
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Actora: Vivi Katherin Hernández Mendoza
11. Manifestó que, “[…] El 18 de septiembre de 2024, tomó posesión para ocupar
el cargo para el cual había sido designada. […]”.
12. Indicó que, el “[…] Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare,
teniendo en cuenta la situación jurídica profirió la Resolución No CSJBOYR24-946
del 27 de septiembre de 2024 Por medio de la cual se realiza una inscripción en el
Escalafón de Carrera judicial de la servidora judicial Vivi Katherín Hernández
Mendoza […]”
13. Sostuvo que, “[…] El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y
Casanare, procedió a incluir dentro de la lista de excluidos de registro vigente de
la convocatoria 4 CAJBA17- REGISTRO NO VIGENTES a VIVI KATHERIN
HERNÁNDEZ MENDOZA. […]”.
14. Adujo que, la Señora Doris Helena Angarita Puentes impugnó la sentencia de
tutela, frente a lo cual, el 13 de agosto de 2024, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:
“[…] 1. PRIMERO: REVOCAR el fallo impugnado por DORIS HELENA ANGARITA
PUENTES para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo pretendido
por VIVI KATHERIN HERNÁNDEZ MENDOZA. […]”.
14.1 Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] 4. Respecto al estudio de los requisitos generales, de acuerdo con la sentencia
C-590-2005, esta Sala ha señalado que el mecanismo de amparo constitucional es
residual o subsidiario; por tanto, es procedente únicamente cuando el interesado ha
agotado todos los recursos previstos por el legislador en cada escenario procesal. Es
igualmente factible flexibilizar este requisito cuando se evidencia la necesidad de
precaver un perjuicio actual, inminente o irremediable sobre los derechos que se
invocan.
De conformidad con lo anterior, y en consonancia con lo señalado en el escrito
opugnado (sic), esta Sala se aparta de la decisión de primera instancia, toda vez que
la acción constitucional no cumple el requisito de subsidiariedad, en la medida en que
la parte accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo prevé para discutir la validez de los mismos; trámite en
el cual puede solicitar, incluso, medidas cautelares como la suspensión de las
actuaciones administrativas atacadas, tal como procedió a invocarla en este amparo.
Igualmente, si su propósito es atacar el nombramiento en propiedad y de carrera de
quien ocupa actualmente el precitado cargo y controvertir su legalidad, emerge
imperioso recordar que cuando se acude a la justicia administrativa para demandar
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Actora: Vivi Katherin Hernández Mendoza
la validez de un acto es viable proponer la suspensión provisional de sus efectos, en
los términos y condiciones del artículo 231 del CPACA, aliviando temporalmente la
afectación que sobre los derechos fundamentales del proponente se producirían de
continuar su ejecución, todo a la luz de lo dispuesto en el artículo 238 de la
Constitución Política, que le otorga un carácter general a dicha medida cautelar frente
a toda clase de actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía
judicial.
De hecho, la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, hace menos exigente la sustentación de la petición de
suspensión provisional. El juez, al hacer la confrontación del acto administrativo
demandado con las normas que el actor dice infringidas, puede con igual propósito
realizar un análisis que vaya más allá de los textos normativos propuestos, para
revisar incluso si el acto administrativo objeto de la medida se aviene a la finalidad,
os valores o los principios involucrados en las disposiciones que sustentan la
solicitud. Así se dijo en pronunciamiento de la Sección Quinta del Consejo de Estado
[…]”.
[…]
“[…] Al margen de lo anterior y en gracia de discusión, en relación con la naturaleza
y razón de ser de las listas de elegibles, la Corte Constitucional –sentencia SU-446
de 2011- explicó que: […]”.
[…]
“[…] Dentro de ese contexto, el artículo 134 de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, modificado por el artículo 1º de la Ley 771 de 2002, prevé:
[…]”.
[…]
“[…] En desarrollo de ello, son causales taxativas o situaciones fácticas puntuales
para el traslado: i) por razones de salud o seguridad; ii) en forma recíproca entre
funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales; iii) cuando lo solicite un
servidor público que se encuentre en carrera y exista la vacante para el mismo; y, iv)
al sustentarse la petición por razones del servicio.
De acuerdo con lo anterior, los funcionarios y empleados de carrera tienen la
prerrogativa de solicitar su traslado a un cargo que se encuentre vacante, de
semejante categoría al que desempeñan en propiedad, lo cual deben hacer dentro
de los cinco primeros días hábiles de cada mes, teniendo en cuenta las publicaciones
de plazas definitivas efectuadas en la página Web de la Rama Judicial. La solicitud
debe ser resuelta por la entidad competente antes de la conformación de la lista de
elegibles, para el caso concreto la señora Angarita Fuentes presentó ante el Juzgado
8° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja el - 13 de marzo de
20204 - concepto favorable por el Consejo Seccional de la judicatura de Boyacá y
Casanare de traslado, y la lista de elegibles se conformó mediante - Acuerdo
CSJBOYA24-35 del 10 de abril de 2024 -, para que, posteriormente, de ser favorable
el concepto, el nominador decida respecto de la provisión del cargo de conformidad
con el principio del mérito, como así ocurrió el 3 de mayo de 2024, según Resolución
n.° 006.
Ahora bien, no basta la enunciación de la configuración de un perjuicio irremediable
para que se dé la intromisión del juez constitucional en asuntos propios de otras
autoridades, pues debe probarse la existencia real del daño, lo cual no se acreditó
en estas diligencias. Adicionalmente, VIVI KATHERIN HERNÁNDEZ MENDOZA
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Actora: Vivi Katherin Hernández Mendoza
puede solicitar la vacante como asistente administrativa grado 6 en el Juzgado 6° de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, la cual quedó disponible por
el traslado de la señora DORIS HELENA ANGARITA PUENTES. […]”.
15. Señaló que, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja expidió la Resolución núm. 018 de 18 de noviembre de 2024,
en la cual dispuso dejar sin efectos la Resolución núm. 015 de 16 de julio de 2024,
mediante la cual, se nombró a Vivi Katherin Hernández Mendoza, en propiedad y
carrera judicial, en el cargo de Asistente Administrativo Grado 06.
16. Advirtió que, en contra de la anterior Resolución, interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, frente a lo cual el Juzgado expidió la
Resolución núm. 019 de 12 de diciembre de 2024, que dispuso no reponer la
decisión adoptada.
La solicitud de tutela
Pretensiones
17. La actora solicitó en su escrito de tutela2:
“[…] PRIMERO: Se ampare los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo
vital, derecho a la carrera administrativa de la señora VIVI KATHERIN HERNÁNDEZ
MENDOZA que están siendo amenazados por el juez del Juzgado Octavo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración se deje sin efecto alguno
las resoluciones No. 018 del 18 de noviembre de 2024 y Resolución No. 19 del 12 de
diciembre de 2024, por ser contrarias a derecho y al ordenamiento jurídico. […]”.
[…]
“[…] ÚNICO: Ordene suspender el acto de posesión de la señora DORIS HELENA
ANGARITA PUENTES, facultado por la emisión de la Resolución No. 018 del 18 de
noviembre de 2024, la cual fue confirmada por la Resolución 019 del 12 de diciembre
de 2024, hasta tanto no se decida de fondo la tutela aquí interpuesta. […]”.
17.1. Como fundamento de su solicitud consideró que3:
“[…] Actualmente la señora VIVI KATHERIN HERNÁNDEZ MENDOZA, goza con
plenos derechos en carrera de la Rama Judicial, pues cumplió todos los requisitos y
2 Transcripción literal del texto.
3 Transcripción literal del texto.
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Actora: Vivi Katherin Hernández Mendoza
cumple a cabalidad con las exigencias establecidas para ocupar el cargo y su
nombramiento no adolece de ningún vicio.
Nótese señor magistrado que con la expedición Resolución No. 018 del 18 de
noviembre de 2024, la cual fue confirmada por la Resolución No. 019 del 12 de
diciembre de 2024, de manera irregular se separa del cargo de carrera a la señora
VIVI KATHERIN HERNÁNDEZ MENDOZA, para el cual fue designada y al cual
accedió por concurso de méritos, haciéndole perder sus derechos en carrera,
desconociendo los lineamientos establecidos en la sentencia de unificación SU-452
del 24 de octubre de 2024 emitida por la Corte Constitucional Sala Plena.
No se puede desconocer que el nominador en el acto administrativo de retiro dispuso
oficiar al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, para que
procediera a reintegrarla a la lista de elegibles y de esta manera pueda optar por los
cargos que a futuro lleguen a quedar vacantes; no obstante, esta medida no
garantizar los derechos de la accionante […]”.
[…]
“[…] Respecto a la procedencia excepcional de la acción de tutela para cuestionar
los actos administrativos que desconocen los derechos en carrera la Corte
Consticional en reiteradas decisiones ha establecido que no es necesario acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues el tiempo que se demora dichas
acciones no resultan ser efectivas para garantizar sus derechos, al respecto ha
precisado: […]”.
[…]
“[…] DERECHO MÍNIMO VITAL Soy madre cabeza de hogar y desde la separación
de quien para ese momento era su compañero permanente (hace aproximadamente
un año y medio) asumió la totalidad de los gastos que generan el sostenimiento de
sus hijos, pues el padre de estos asumió en su totalidad las deudas bancarias que
habían adquirido durante su convivencia.
En la actualidad soy la única persona que vela por el cuidado, sostenimiento y
mantenimiento de mis hijos menores, quien bajo la gravedad de juramento deriva su
sustento y el de los mismos se deriva únicamente del cargo ocupado en la Rama
Judicial y del cual pretende ser separada de manera irregular.
El hecho que se llegue a materializar las decisiones adoptadas por el nominador del
Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, en la
Resolución No. 018 del 18 de noviembre de 2024, la cual fue confirmada por la
Resolución No. 019 del 12 de diciembre de 2024, afectaría mi mínimo vital, pues no
tendría ningún sustento económico; es preciso resaltar que antes de su ingreso a la
Rama Judicial, labora en la Alcaldía de Ramiriquí y renuncie al cargo que allí ocupaba
para tomar posesión del cargo de Asistente Administrativo Grado 6; asimismo,
cambie mi lugar de residencia y el de sus hijos al municipio de Tunja, atendiendo a
mi estabilidad laboral (ingreso en carrera). […]”.
[…]
“[…] En esta oportunidad se vulnera el derecho al debido proceso, contradicción y
defensa toda vez que la señora DORIS HELENA ANGARITA PUENTES sí considera
que la Resolución No. 015 del 16 de julio de 2024, a través de la cual se nombra a la
señora VIVI KATHERIN HERNÁNDEZ MENDOZA en carreta para ocupar el cargo
de Asistente Administrativo Grado 6 en el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja, debía cuestionar el mismo ante la autoridad
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Actora: Vivi Katherin Hernández Mendoza
correspondiente, o por lo menos solicitar ante el nominador la suspensión de sus
efectos mientras se decidía por completo la acción de tutela que estaba en curso,
circunstancia que nunca ocurrió, y por el contrario su silencio permitió que
transcurridos los términos establecidos para el efecto, se materializaran y
consolidaran los derechos que ahora pretenden ser conculcados por nominador del
despacho […]”.
[…]
“[…] Es preciso señalar que la beneficiaria de la decisión adoptada es la señora
DORIS HELENA ANGARITA PUENTES quien actualmente se encuentra ocupando
el cargo de Asistente Administrativo Grado 6 en carrera en el Juzgado Sexto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, el cual no solo se encuentra
en el mismo edificio, en el mismo piso, sino que aunado a ello está junto al juzgado
al cual pretende ser trasladada.
Asimismo, la solicitud de traslado no se fundamenta en ninguna circunstancia que
amerite alguna consideración, toda vez que no existen situaciones de seguridad,
salud o alguna otra que el Juez de tutela pueda o deba analizar […]”.
Actuación
18. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de enero de 2025: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Juez Octavo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja; iii) vinculó, como terceros con interés legítimo a
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Tunja y a Doris Helena Angarita Puentes, concediéndoles el
término de tres (3) días para rendir informe sobre el particular; y v) negó la medida
provisional solicitada por la actora
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
19. El Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja
solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] Con base en este recuento fáctico, se puede concluir que el camino elegido por
la accionante, al pretender atacar la legalidad de los actos administrativos referidos,
es a todas luces equivocado, pues nuevamente acude a la tutela, a pesar que cuenta
con los medios jurídicos para debatir esos asuntos ante el Juez natural, como sería
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde se sabe, puede pedir
se la suspensión de los actos administrativos como medida cautelar.
Cuando la accionante acusa al suscrito operador judicial, de haber generado
inseguridad jurídica con las decisiones ya referidas, debe recordarse que tal y como
se respondió en la Resolución 019 de 2024; dicha inseguridad jurídica, fue creada
desde el mismo momento en que Vivi Katherin Hernández Mendoza, decidió acudir
a un medio de protección improcedente, pues como lo dijo la Corte Suprema de
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Justicia, era su deber cuestionar la legalidad del nombramiento de Doris Helena
Angarita Puentes, a través de la jurisdicción competente.
Adicionalmente, según la accionante, la Resolución 018 de 2024 adolece de “falsa
motivación”, porque en la sentencia de tutela del 13 de agosto de 2024, emitida por
la Corte Suprema de Justicia, no se hace referencia al acto administrativo, que
permitió la posesión de Vivi Katherin Hernández Mendoza, ni se pronunció sobre los
actos administrativos que dejó sin efecto la Sala Penal de Tribunal Superior de Tunja;
por lo que no podía dejarse sin efecto la Resolución 16 de 2024, ni revivir los actos
administrativos ya que estos fueron revocados y no se pueden materializar.
Pero a diferencia de lo dicho por la señora Hernández Mendoza, en la sentencia del
13 de agosto de 2024, la Corte Suprema de Justicia hace alusión, tanto a la orden
que emitió la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja, pero sobre todo,
a la vigencia de los actos administrativos anulados por esta última corporación, que
habían beneficiado a Doris Helena Angarita Puentes; veamos: […]”.
[…]
“[…] Es decir, que es la misma Corte Suprema de Justicia, manifestó que si Vivi
Katherin Hernández Mendoza, deseaba controvertir la legalidad de los actos
administrativos, mediante los cuales, se autorizó el traslado de Doris Helena Angarita
Puentes y no se repuso dicha decisión; debía acudir a la jurisdicción contenciosa
administrativa, porque el camino de la tutela es equivocado; luego no tendría sentido,
que el máximo Tribunal de la justicia penal, señale el sendero que legalmente debía
transitar la parte recurrente, si considerara que ya hay una situación administrativa
consolidada e inmodificable. Al contrario, ese operador judicial colegiado, afirmó que
los actos administrativos que definieron la situación administrativa de Doris Helena
Angarita Puentes, se encuentran vigentes pues el mecanismo utilizado para
cuestionar su legalidad, no fue el adecuado y se fundamentó en una orden
equivocada - según la Corte-, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja
[…] Por todas estas razones, solicito se declare la improcedencia de la acción de
tutela, por existir otro medio judicial eficaz para atacar la validez de los actos
administrativos, y además, porque no se comprobó la existencia de un perjuicio
irremediable. […]”.
20. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja solicitó negar
el amparo de la acción de tutela, al considerar que:
“[…] Revisado el sistema Siglo XXI, se pudo establecer que fue repartida la Acción
de Tutela con NUR 150012204000202400350 y Radicado Interno 2024-0722,
promovida por VIVI KATHERIN HERNANDEZ MENDOZA contra el JUZGADO
OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA, a
la Segunda Sala de Decisión Penal de la que es ponente el Dr. SIMÓN EDUARDO
MARTÍNEZ ESCANDÓN, ingresando al despacho el 24 de junio de 2024.
El Magistrado Ponente mediante sentencia 140/24 del 9 de julio de 2024, resolvió:
[…]”.
[…]
“[…] Una vez notificada la anterior providencia, la accionante impugnó el fallo y
mediante auto del 15 de julio de 2025 se concedió la impugnación y se ordenó el
envío a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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Actora: Vivi Katherin Hernández Mendoza
El 14 de noviembre de 2024 esta Corporación fue notificada del fallo de segunda
instancia proferido el 13 de agosto de 2024 por el H. Magistrado Dr. Hugo Quintero
Bernate, quien resolvió: […]”.
[…]
“[…] En consecuencia, solicito que se niegue el amparo solicitado, toda vez que no
se ha incurrido en ningún acto que transgreda derechos fundamentales del
accionante. […]”.
21. La señora Doris Helena Angarita Puentes solicitó declarar la improcedencia
de la solicitud de tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] Teniendo en cuenta lo anterior el día 16 de diciembre del 2024, tome posesión
en el cargo de Asistente Administrativo Grado 6 del Juzgado Octavo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
Bajo estas circunstancias es claro que no existe ninguna presunta vulneración como
lo quiere hacer ver la señora Viví Katherin Hernández Mendoza, toda vez que lo
dispuesto en decisiones judiciales son de inmediato cumplimiento, las cuales han
sido acatadas por los dos funcionarios que han estado a cargo del Juzgado Octavo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja. Difiero de las
argumentaciones presentadas por la precitada accionante, en razón a que no es
posible que desgaste a la administración de justicia de manera caprichosa, toda vez
que con su actuar podría considerarse la existencia de temeridad en el presente
asunto, pues al respecto ya se ha pronunciado el juez nominador, la jurisdicción
constitucional en primera y segunda instancia, luego no puede pretender excederse
interponiendo recursos y un sin número de acciones de tutela cuando claramente ya
existen decisiones al respecto.
De igual manera se puede evidenciar que la señora Viví Katherin Hernández
Mendoza pretende victimizarse exponiendo hechos y circunstancias que no hicieron
parte de las decisiones que ya se han tomado respecto del nombramiento en el cargo
de Asistente Administrativo Grado 6 del Juzgado 8° de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Tunja, queriendo generar un manto de dudas y como consecuencia
de toda la dilación obtener finalmente que su nombramiento en propiedad quede en
firme pasando por encima de las decisiones judiciales y de mis propios derechos que
como servidora judicial tengo, insiste en señalar que mi traslado no fue con ocasión
de: “condiciones de salud, no obedece a condiciones de seguridad, unidad familiar o
acoso laboral”, desconociendo que dentro de las causales puntuales para el traslado
existe: “iv. cuando lo solicite un servidor público que se encuentre en carrera y exista
la vacante para el mismo”.
La señora Viví Katherin Hernández Mendoza insiste en indicar que se le ocasiona un
perjuicio irremediable con mi traslado, desconociendo lo manifestado en la decisión
de la Impugnación por parte de la Corte Suprema de Justicia, donde refirió que la
accionante en su dicho indicaba un presunto perjuicio irremediable el cual no probó
pues no solamente basta con indicarlo sino hay que probarlo, adicional a ello como
fue advertida en la impugnación que presenté a la Acción de Tutela pues la misma
no cumple con el requisito de subsidiariedad, en razón a que la accionante contaba
con otro mecanismo para atacar la decisión, circunstancia que también fue advertida
por la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, indicó que el juez de tutela no era el
competente para pretermitir el referido instrumento, a través de esa vía, pues ello
supondría una intervención injustificada en la orbita (sic) de competencia de otras
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Núm. único de radicación: 110010315000202500296-00
Actora: Vivi Katherin Hernández Mendoza
autoridades a todas luces incompatible con la Constitución y la Ley […] Es pertinente
recordar a la señora Viví Katherin Hernández Mendoza que sigue contando con la
posibilidad de ser nombrada en propiedad, por ejemplo, en la vacante que dejé en el
Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja; así como
en un primer momento, una vez conocida la Resolución No. 006 del 3 de mayo de
2024, tuvo la posibilidad de ser nombrada en provisionalidad en el mencionado
despacho, toda vez que dicha vacante fue publicada en la página de la Rama Judicial
[…]”.
22. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia guardó silencio
en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
23. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
24. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Problemas jurídicos
25. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia, y
de ser así, ii) establecer si el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja al expedir las Resoluciones núms. 018 de 18 de noviembre de
2024 y 019 del 12 de diciembre de 2024, vulneró los derechos fundamentales
invocados por la actora.
26. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos; ii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso;
iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso
a cargos públicos; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de petición; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; vi) análisis del caso concreto,
y finalmente vii) las conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos
27. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la
subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y concreto (numeral
1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°), toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el medio de control
de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad7
si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó la Constitución
Política.
28. En ese sentido, la jurisprudencia8 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:
7 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se
debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela,
salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y
pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la
posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo caso las
acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber caducado al
momento de interponerse la acción de tutela.
[…]
“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto
de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el
juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la
inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente
[…]”.
29. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 20039, la Corte Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado
por la Sala)
30. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
9 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional10 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
10 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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petición
33. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. […]”
34. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional11 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una
obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el
ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
35. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”
36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional12 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
11 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
acceso a cargos públicos
37. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.
[…]
“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.
38. Atendiendo a que la Corte Constitucional13 ha entendido que entran dentro
del ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que
han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo14, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos15, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos16, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.
Análisis del caso concreto
13 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Sentencia T-309 de 1993.
15
Sentencia T-313 de 2006.
16 Sentencia T-451 de 2001.
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39. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, porque, a su juicio,
al expedir “[…] la Resolución No. 018 del 18 de noviembre de 2024 […] y la Resolución
No. 019 del 12 de diciembre de 2024 […]”, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
40. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
42.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.
42.2. Informe rendido por la autoridad accionada y terceros con interés legítimo,
junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
Análisis de la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
en el caso concreto
43. En el caso sub examine, la actora afirma que el Juzgado Octavo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja vulneró sus derechos fundamentales al
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expedir la Resolución número 018 de 18 de noviembre de 2024 y la Resolución
número 019 del 12 de diciembre de 2024.
44. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios
de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
establecer, como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad de los actos administrativos
referidos por la actora, con los cuales, en su sentir, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
45. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico
colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la
legalidad de los actos administrativos y a través de ellos se puede proteger de forma
oportuna e inmediata los derechos fundamentales que la actora considera le han
sido vulnerados.
46. En segundo lugar, para demandar dichos actos administrativos, a saber, las
Resoluciones número 018 de 18 de noviembre y la Resolución número 019 de 12
de diciembre de 2024, expedidas por el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja, el legislador estableció en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo los respectivos
medios de control, entre ellos, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
47. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las
causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió […]”.
48. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que las pretensiones de la
actora relacionadas con que se “[…] deje sin efecto alguno las resoluciones No. 018
del 18 de noviembre de 2024 y Resolución No. 19 del 12 de diciembre de 2024, por
ser contrarias a derecho y al ordenamiento jurídico […]”, debe analizarse por su juez
natural ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que es el
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encargado de realizar el examen de legalidad de dichos actos expedidos, en este
caso, por el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Tunja.
49. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores17
que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el argumento según
el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el
estudiado.
50. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes
herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas
cautelares incluso de urgencia18, como la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes,
las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte
una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva.
51. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección19 ha señalado que
aun cuando la actora considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las
medidas cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.
52. La Sala precisa que, si bien la actora en su escrito de tutela hizo referencia a
que la “[…] expedición Resolución No. 018 del 18 de noviembre de 2024, la cual fue
confirmada por la Resolución No. 019 del 12 de diciembre de 2024, de manera
irregular se separa del cargo de carrera a la señora VIVI KATHERIN HERNÁNDEZ
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
18 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada
deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
19 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de
2015).
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MENDOZA, para el cual fue designada y al cual accedió por concurso de méritos,
haciéndole perder sus derechos en carrera, desconociendo los lineamientos
establecidos en la sentencia de unificación SU-452 del 24 de octubre de 2024
emitida por la Corte Constitucional Sala Plena. […]”, corresponde al juez ordinario
el respectivo análisis, previo al cumplimiento de los requisitos legales.
53. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que la actora no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.
54. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional20:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”.
55. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que
la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
56. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, existe
otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales,
para controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados, antes de
acudir a la acción de tutela.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Conclusiones de la Sala
57. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por la
actora contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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Actora: Vivi Katherin Hernández Mendoza
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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