Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00297-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00297-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00297-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500297-00
Actora: Yolima Jiménez Márquez
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) vida, iii) mínimo vital,
iv) acceso a la administración de justicia, v) igualdad, vi) dignidad humana y vii)
seguridad social
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra el Tribunal
Administrativo de Magdalena.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 12 de
junio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
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Núm. único de radicación: 110010315000202500297-00
Actora: Yolima Jiménez Márquez
470013333003202100244-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] Al momento de la muerte de mi compañero el mismo
ostentaba el grado de Cabo Segundo y convivía en unión marital de hecho con la
suscrita desde el 10 de febrero de 1993, hasta el 19 de julio de 1995, fecha de su
fallecimiento y el mismo fue dado de baja por causa de un ataque guerrillero
mientras se encontraba en servicio activo en la institución de la Policía Nacional
[…]”.
4. Adujo que, “[…] La suscrita una vez, cumplió la mayoría de edad y habiendo
adquirido madurez suficiente para reflexionar sobre los derechos que tenía,
presente varias solicitudes ante la Dirección de la Policía Nacional, para que se me
reconociera mi derecho como compañera permanente del señor Esau Rivera
Jiménez (Q.E.P.D.)., de acceder a pensión de sobreviviente. […]”.
5. Sostuvo que, “[…] Luego entonces el jefe de grupo de pensionados de la
entidad accionada, con fecha el 24 de mayo de 2010 resolvió la petición elevada
por la suscrita, donde manifestó que mi caso, ya había sido debatido en sede
administrativa cumpliendo con la ritualidad que exige la ley, por medio de
Resolución No. 00866 del 3 de septiembre de 1997, donde se me negaba el
reconocimiento y se aduce que dicho acto se encuentra ejecutoriado, sin haberse
acreditado la calidad de compañera permanente por parte de la actora siendo
negada la mencionada solicitud, sin realizar la respectiva notificación a la suscrita.
[…]”.
6. Expuso que, “[…] Luego de enterarme de ello, con fecha 16 de julio de 2010 la
suscrita nuevamente, requirió al área de prestaciones sociales de la Policía
Nacional, para me fuera entregado Copia del Informativo prestacional por muerte
del señor Esau Rivera Jiménez (Q.E.P.D.) para con esta acreditarme y conocer las
circunstancias de la muerte mi Compañero y las mismas me fueron entregadas en
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Núm. único de radicación: 110010315000202500297-00
Actora: Yolima Jiménez Márquez
fecha 21 de julio de 2010 con oficio N° 15721 ARPRE. UNDIN, y fue en ese
momento que la suscrita, se le entregaron copias de la resolución N° 00866 del 03
de diciembre de 1997. […]”.
7. Señaló que, “[…] en aras de acreditar mi calidad de compañera permanente
del causante, adelante (sic) proceso de declaración de existencia y unión marital
de hecho, ante los juzgados Promiscuo de familia de Ciénaga Magdalena, mediante
el cual en sentencia ejecutoriada el 21 de diciembre del 2020, se declaró probada
la existencia de la unión marital de hecho, entre la demandante y el causante Cabo
Segundo Esau Rivera Jiménez (Q.E.P.D.), quedando constituido el requisito que se
exigía por parte de la Policía Nacional para reconocer el derecho de manera
retroactiva. […]”.
8. Manifestó que, “[…] en fecha 6 de mayo de 2021, la Policía Nacional emite
respuesta negativa a la suscrita concluyendo que la solicitud no se estudiaría de
fondo, desconociendo que, aún de que la suscrita realizo (sic) todos los trámites
exigidos y aun siendo reconocida la existía de la unión marital de hecho de la
accionante con el causante, el Ministerio de Defensa- Policía Nacional, negó por
todas las rutas posibles el reconocimiento de la suscrita Yolima Jiménez como
compañera permanente sobreviviente. […]”.
9. Advirtió que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional con el fin de declarar la nulidad del acto emitido el 6 de mayo de
2021, a través de la cual fue negado su derecho a ostentar la calidad de pensionada
supérstite del causante Cabo Segundo Esau Rivera Jiménez.
9.1. Indicó que, como consecuencia de lo anterior, solicitó:
“[…] 2- Declarar que mi representada tiene derecho a que la NACIÓN-MINISTERIO
DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, le reconozca y pague la PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTE por mandato legal y supra legal a la señora YOLIMA JIMÉNEZ
MÁRQUEZ.
3- Se ordene a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL,
otorgue la pensión de sobreviviente a la Señora, YOLIMA JIMÉNEZ MÁRQUEZ, en
el monto que se le había asignado al causante como cabo segundo, debidamente
indexado y se le reconozcan todas las prestaciones sociales a que ella tendría
derecho al momento del deceso del señor ESAU RIVERA JIMÉNEZ (Q.E.P.D.),
como compañera permanente.
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Actora: Yolima Jiménez Márquez
4- Ordénese a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL que
como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a pagar a favor de
la Señora YOLIMA JIMÉNEZ MÁRQUEZ, intereses por concepto de mora por el no
pago de la pensión de sobreviviente en la modalidad de asignación de retiro, las
mesadas atrasadas desde el momento en que se hizo la solicitud de la pensión con
su respectiva indexación a la fecha de pago, y por concepto de compensación por
muerte en actos especiales del servicio y cesantías definitiva doble y ordenar la
suma que se liquide por estos conceptos los cuales componen los emolumentos que
deben ser reconocidos a un policial según norma legal en estos casos. […]”.
10. Manifestó que, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta,
mediante sentencia de 16 de diciembre de 2022, resolvió:
“[…] PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de esta providencia. […]”.
11. Adujo que, interpuso recurso de apelación, frente al cual, el Tribunal
Administrativo de Magdalena, mediante sentencia de 12 de junio de 2024, resolvió:
“[…] Primero. Confirmar la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2022, proferida por
el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, a través de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda, por los motivos expuestos en esta
providencia. […]”.
11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] 62. Hasta este punto, es menester para la sala realizar un análisis sobre la
posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad, desde la perspectiva de una
condición más beneficiosa del sujeto activo de la Litis de la mano de los que la
jurisprudencia en materia del asunto ha establecido.
63. En tal sentido el H. Consejo de Estado ha manifestado que: […]”.
[…]
“[…] 64. Así pues, para este cuerpo colegiado en el proceso de la referencia, con
respecto a la señora Yolima Jiménez Márquez, no se evidencia la necesidad de
aplicar el principio de condición mas (sic) beneficiosa, como quiera que de
conformidad con las situaciones fáticas (sic) plasmadas en el líbelo de la demanda,
no se evidencian expectativas no legítimas que puedan ser exigibles, por no estar la
actora en cabeza de una situación de vulnerabilidad que requiera la protección frente
a un alto grado de afectación de derechos fundamentales.
65. Lo anterior, de la mano de lo que en jurisprudencia unificada ha estipulado el
máximo organo de la jurisdicción del contencioso administrativo, pues dentro de los
requisitos exigibles para el reconocimiento de pensión de sobreviviente se encuentra
que puede ser probado que el aspirante a acceder al derecho prestacional y
pensional, depende económicamente o que su subsistencia depende de tales
ingresos económicos.
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Actora: Yolima Jiménez Márquez
66. Aún más, en el presente asunto considera esta Agencia Judicial que, en aras de
un análisis profundo o una consideración de aplicación del principio de condición más
beneficiosa, debió el sujeto activo de la Litis además de demostrar debidamente que
la negación a tal reconocimiento del derecho pretendido representa una afectación
que trasciende incluso a las garantías constitucionales, exponer de manera verás y
coherente las razones por las que en su momento no acudió a las puertas de la
administración de justicia sino que solo hasta los transcurridos años después,
pretende hacer valer derechos que desde la ocurrencia de los hechos que generó el
derecho pretendido pudo ser estudiado e incluso reconocido.
67. Ahora bien, para la Sala resulta menester hacer hincapié en las consideraciones
y argumentos que fueron expuesto por la actora en el recurso de apelación, pues
dentro de los mismo se esgrime que al momento de la muerte del causante Cabo
Segundo de la Policía Nacional Esau Rivera Jiménez (Q.E.P.D.), no se encontraba
en vigencia la ley 100 de 1993 que fue considerada como aplicable de conformidad
con lo proferido por el A-quo.
68. Así las cosas, resalta la Sala que tal afirmación carece de total veracidad toda vez
que, según se puede evidenciar en el expediente, por medio de registro de defunción,
el señor Esau Rivera Jiménez (Q.E.P.D.) falleció en el año1995, momento para el
cual ya había entrado en vigencia la ley 100 del año 1993, por medio de la cual se
crea el sistema se seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
69. Conforme a todo lo anterior, queda desvirtuado para este cuerpo colegiado el
argumento mencionado que busco cuestionar la aplicabilidad de la ley 100 de 1993
con la que el juez de primera instancia profirió fallo, negando las pretensiones al existir
una clara falta en uno de los requisitos establecidos en lo ateniente al tiempo de
existencia de la unión marital de hecho.
70. Bajo ese entendido para la Sala quedó claro que no existen situaciones fácticas
que requieran sea aplicado en el caso concreto el principio de condición más
beneficiosa, que implique la consideración de estudiar las pretensiones bajo un
régimen legal ya derogado, sin haberse demostrado razones suficientes de verdadera
vulnerabilidad que dé lugar a no aplicar los preceptos legales vigentes y reconocer
derechos pensionales […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
12. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1- Solicito se me amparen los derechos fundamentales los derechos
fundamentales al debido proceso, la vida, el mínimo vital, el acceso a la
administración de justicia, la seguridad social y el principio de confianza legítima, al
debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al derecho pensional, y a la
tutela judicial efectiva.
2- Se ordene dejar sin efectos la sentencia cuestionada.
3- Se ordene emitir una nueva sentencia en un plazo razonable que “sea consecuente
con la normativa legal, constitucional y convencional vigente.
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Actora: Yolima Jiménez Márquez
PETICIÓN ESPECIAL: Se solicita que constitucional “ejerza como Juez o Jueza de
Convencionalidad, como lo ordena la jurisprudencia internacional vinculante […]”.
12.1. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente1:
“[…] VIII- SOLICITUD DE AMPARO
En atención a lo antes planteado considero que el Honorable Tribunal Administrativo
Del Magdalena incurrió en la configuración del defecto sustantivo así:
Si bien, el caso fue decidido con fundamento en la norma que le era aplicable, esto
es, el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, con lo establecido en el artículo 13
de la Ley 797 de 2003, que reformó algunas disposiciones del Sistema General de
Pensiones, que se encuentra establecido en la Ley 100 de 1993, no es menos cierto
que, al momento de muerte de mi compañero el señor ESAU RIVERA JIMENEZ, esto
es el 19 de julio de 1995, se encontraba vigente la ley 100 de 1993, en tanto que esta
entró a regir el 1º de abril de 1994, por mandato de su artículo 151, y es desde esa
fecha que se deben aplicar las disposiciones contenidas en dicha ley sobre pensión
de sobrevivientes, periodo que, al fin y al cabo, aunque deviene exiguo para adquirir
el derecho a las prestaciones propias del riesgo de vejez, desborda amplia y
significativamente los gravámenes normativos allí contenidos que atañen a la
pensión sobreviniente.
Y en ese momento regia vigente el art 47 de la ley 100 de 1993, y la norma especial
de la Policía Nacional no contenida en su listado de prestaciones pensionales a las
compañeras permanentes, entonces la Sala de Tribunal Administrativo al aplicar
dicha disposición al caso concreto, desconoció su contenido normativo definido por
la jurisprudencia constitucional y ordinaria laboral.
La norma aplicable al caso concreto es el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993.
Según la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia, la norma aplicable a las solicitudes de sustitución pensional es
la vigente al momento de fallecimiento del causante. Por consiguiente, cuando estas
se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
deberán ser analizadas según lo dispuesto por el artículo 47 original de esta ley. Esta
“reguló de manera integral lo relativo al sistema general de pensiones”, así que solo
puede ser exceptuada en los casos expresamente señalados en su artículo 279.
[…]”.
Actuación
13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de enero de 2025: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Magdalena; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Santa Marta y a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, concediéndoles el término de tres (3) días para rendir
informe.
1 Transcripción literal del texto.
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Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
14. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta rindió informe
en los siguientes términos:
“[…] En respuesta a la acción de tutela de la referencia, donde fuimos vinculados, me
permito informar que este juzgado recibió en virtud del artículo 1º del Acuerdo No
CSJMMA22- 77 del 19 de agosto de 2022, el proceso correspondiente al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
47001333300320210024400 proveniente del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Santa Marta.
Mediante auto calendado 1º de septiembre de 2022, se avocó el conocimiento y se
continuó con el tramite, del proceso realizado audiencia de pruebas el 29 de
septiembre de 2022, ordenado la remisión de los alegatos de conclusión a las partes
intervinientes, dentro de los 10 días siguientes.
Después de recibidos los alegatos, por parte del demandante y la Policía Nacional,
se profirió sentencia el 16 de diciembre de 2022, negando las pretensiones de la
demanda, siendo esta apelada dentro del término por la parte demandante, y
mediante auto del 9 de marzo de 2023 fue concedida y remitida al Superior, quien por
sentencia del 12 de junio de 2024, confirmó la decisión emitida por este Despacho, lo
cual se obedeció y cumplió el 29 de agosto de 2024, ordenado además el archivo del
expediente.
De lo anterior se concluye que, en este evento el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Santa Marta, lejos de vulnerar ninguna prebenda fundamental del
accionante, siempre ha obrado dentro de los límites del marco constitucional y legal
que regula su actividad, y garantizando el debido proceso de las partes intervinientes,
por lo que respetuosamente se solicita abstenerse de proferir orden alguna, en lo que
a este Despacho atañe. […]”.
15. La Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
solicitó negar las pretensiones del amparo, al considerar que:
“[…] Corolario de lo expuesto, se precisa al Honorable Consejero que la parte no
existe un defecto sustantivo por la inaplicación a la Ley 100 de 1993, tal como lo
pretendía la parte actora, pues para el caso bajo estudio se debe tener en cuenta lo
siguiente:
• Como primera medida, la señora Yolima Jiménez Márquez no demostró a través de
pruebas, dentro del medio de control que se encontraba en situación de vulnerabilidad
que requería la protección frente a una afectación a sus derechos fundamentales,
para ser amparada o beneficiada con la pensión de sobreviviente, pues no se acreditó
que dependía económicamente del occiso o que subsistía a causa de el mismo.
• Seguidamente, al hacer el estudio del caso, la autoridad judicial evidenció que la
actora no cumplía con uno de los requisitos establecidos para demostrar la existencia
de la unión marital de hecho, situación por la cual se resolvió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de manera desfavorable a sus intereses.
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Actora: Yolima Jiménez Márquez
• Así mismo, se debe tener en cuenta que para la ocurrencia de los hechos donde res
resultó fallecido el señor cabo segundo Rivera Jiménez no se encontraba vigente la
Ley 100 de 1993.
Ahora bien, se tener claro que, actora parte pretendía se nulitara el comunicado
mediante el cual se negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente y se
accedieran a sus pretensiones, debió aportar pruebas pertinentes, conducentes y
útiles que conllevaran a autoridades judiciales a ser valoradas y adoptar una decisión
favorable a sus intereses, situación que no ocurrió, incumpliendo así lo dispuesto en
el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y se dictan otras disposiciones", el cual reza: […]”.
[…]
“[…] Citado lo anterior es claro que la carga de la prueba recaía en la parte actora,
pues era quien pretendía demostrar que era acreedora y merecedora de la pensión
sobreviviente, a causa de la muerte del señor Cabo Segundo, Esau Rivera Jiménez.
[…]”.
[…]
“[…] En este orden de ideas resulta necesario aclarar que la presente acción de tutela
es plenamente improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio
irremediable ocasionado a señora Yolima Jiménez Márquez, derivado de la
determinación adoptada por el las autoridades judiciales y que no está en la obligación
jurídica de soportar.
Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia T – 027 DE 2022, ha
precisado lo siguiente: […]”.
16. El Tribunal Administrativo del Magdalena guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500297-00
Actora: Yolima Jiménez Márquez
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
20. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental a la vida; viii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental a la dignidad humana; ix) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; x) análisis del caso concreto
y finalmente las xi) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
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Actora: Yolima Jiménez Márquez
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
22. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500297-00
Actora: Yolima Jiménez Márquez
25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
28. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de
agosto de 201410, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10 Ut supra página 6.
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Actora: Yolima Jiménez Márquez
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
13
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constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
29. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
30. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
31. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
20 Ibidem.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15
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(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
32. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
16
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libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
33. Atendiendo a que la Corte Constitucional22 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
34. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
22 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
17
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protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
36. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
24 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202500297-00
Actora: Yolima Jiménez Márquez
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
38. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan
su poder adquisitivo constante […]”.
39. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:25
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado26.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”27. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro
las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de
25 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
26 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
27 Sentencia T-173 de 2016.
19
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Actora: Yolima Jiménez Márquez
sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les
permitan ejercer sus derechos subjetivos”28 […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida
40. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.
41. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional29, se ha
sostenido que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia
digna, que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la
extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que
incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital
42. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.
43. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho30:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
28 Ibídem.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
30 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202500297-00
Actora: Yolima Jiménez Márquez
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este derecho
se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.), la salud
(Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta
forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de mayor
relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana
44. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala).
45. Atendiendo a que la Corte Constitucional31 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante
del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo
[…]”.
Análisis del caso concreto
46. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
31 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202500297-00
Actora: Yolima Jiménez Márquez
Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 12 de
junio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
470013333003202100244-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
47. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
48. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
49. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
49.1. Copia del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 470013333003202100244-01.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
50. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente32:
32 Transcripción literal del texto.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202500297-00
Actora: Yolima Jiménez Márquez
“[…] VIII- SOLICITUD DE AMPARO
En atención a lo antes planteado considero que el Honorable Tribunal Administrativo
Del Magdalena incurrió en la configuración del defecto sustantivo así:
Si bien, el caso fue decidido con fundamento en la norma que le era aplicable, esto
es, el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, con lo establecido en el artículo 13
de la Ley 797 de 2003, que reformó algunas disposiciones del Sistema General de
Pensiones, que se encuentra establecido en la Ley 100 de 1993, no es menos cierto
que, al momento de muerte de mi compañero el señor ESAU RIVERA JIMENEZ, esto
es el 19 de julio de 1995, se encontraba vigente la ley 100 de 1993, en tanto que esta
entró a regir el 1º de abril de 1994, por mandato de su artículo 151, y es desde esa
fecha que se deben aplicar las disposiciones contenidas en dicha ley sobre pensión
de sobrevivientes, periodo que, al fin y al cabo, aunque deviene exiguo para adquirir
el derecho a las prestaciones propias del riesgo de vejez, desborda amplia y
significativamente los gravámenes normativos allí contenidos que atañen a la
pensión sobreviniente.
Y en ese momento regia vigente el art 47 de la ley 100 de 1993, y la norma especial
de la Policía Nacional no contenida en su listado de prestaciones pensionales a las
compañeras permanentes, entonces la Sala de Tribunal Administrativo al aplicar
dicha disposición al caso concreto, desconoció su contenido normativo definido por
la jurisprudencia constitucional y ordinaria laboral.
La norma aplicable al caso concreto es el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993.
Según la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia, la norma aplicable a las solicitudes de sustitución pensional es
la vigente al momento de fallecimiento del causante. Por consiguiente, cuando estas
se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
deberán ser analizadas según lo dispuesto por el artículo 47 original de esta ley. Esta
“reguló de manera integral lo relativo al sistema general de pensiones”, así que solo
puede ser exceptuada en los casos expresamente señalados en su artículo 279.
[…]”.
51. Para la Sala el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio
por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial
no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de derechos fundamentales.
52. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la
causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.
23
Núm. único de radicación: 110010315000202500297-00
Actora: Yolima Jiménez Márquez
53. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
54. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
55. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza
puramente legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.
56. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega
la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
57. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad,
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la seguridad social,
a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, enunciados por la actora, no se
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Núm. único de radicación: 110010315000202500297-00
Actora: Yolima Jiménez Márquez
evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de las
formas propias del proceso, y se respetó el derecho de presentar y controvertir las
pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal
de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de
amparar los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección
constitucional.
58. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
59. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
la actora enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la seguridad social, a la
vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, esa presunta afectación tiene su origen
en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
60. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
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Actora: Yolima Jiménez Márquez
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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