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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00297-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00297-01

Fecha
9 de abril de 2025
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00297-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-00297-01 Demandante: Yolima Jiménez Márquez 1. Confirmar la sentencia del 20 de febrero de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, objeto de impugnación, por las razones aquí expuestas. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00297-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

9 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00297-01
Demandante: Yolima Jiménez Márquez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C, nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00297-01
Demandante: YOLIMA JIMÉNEZ MÁRQUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Tema: Tutela contra providencia judicial – nulidad y restablecimiento del
derecho, pensión de sobreviviente. Falta de cumplimiento de
requisitos generales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 20 de febrero de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por la
actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de enero de 2025, la parte actora, en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo
del Magdalena por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, igualdad, de mínimo vital y los principios de
confianza legítima y dignidad humana. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«(…)
2- Se ordene dejar sin efectos la sentencia cuestionada.

3- Se ordene emitir una nueva sentencia en un plazo razonable que “sea consecuente con
la normativa legal, constitucional y convencional vigente.».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

De los hechos que dieron lugar a proceso ordinario cuestionado y la actuación
en sede administrativa

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Demandante: Yolima Jiménez Márquez

El 19 de julio de 1995, falleció el señor Esau Rivera Jiménez (†), quien se
desempeñaba como cabo segundo de la Policía Nacional, mientras se encontraba en
servicio activo en su lugar de trabajo en Sevilla (Magdalena).

La accionante afirma que el 10 de febrero de 1993, inició la convivencia en unión
marital de hecho entre el señor Rivera Jiménez y ella, la cual se prolongó hasta el día
del fallecimiento del causante. Además, que, de esa relación nació su hijo Keimer
Rivera Jiménez, quien al momento del deceso tenía seis meses de edad. El 24 de
diciembre de 1996, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ciénaga
(Magdalena) profirió sentencia mediante la cual se declaró la filiación del menor
Keimer Rivera Jiménez como hijo del señor Esau Rivera Jiménez (†).

El 3 de septiembre de 1997, la Policía Nacional expidió la Resolución 00866, mediante
la cual reconoció los derechos prestacionales y pensionales al menor Keimer Rivera
Jiménez, en el 50 %, en calidad de hijo del fallecido, hasta el 30 de enero de 2016,
fecha en que cumplió 21 años. En esa oportunidad, la entidad no realizó estudio
alguno con respecto a la señora Yolima Jiménez Márquez como posible beneficiaria,
en calidad de compañera permanente y si lo hizo respecto de los padres del causante
como beneficiarios.

La accionante presentó solicitud en la que pidió el reconocimiento como beneficiaria
de la pensión del señor Rivera Jiménez (†). Sin embargo, el 23 de diciembre de 2002,
mediante oficio GRUSO-UNPEM-19722, la Oficina de Procesos de Pensionados de
la Policía Nacional informó que no se acreditaba la condición de compañera
permanente de la señora Jiménez Márquez y que era necesario allegar sentencia
judicial que declarara la unión marital de hecho.

El 7 de febrero de 2003, por medio del oficio C.N.P.P – 049, la Policía Nacional reiteró
su postura, en el sentido de indicar que solo se había reconocido la prestación al
menor de edad y que no había elementos que acreditaran la calidad de compañera
permanente de la actora.

El 24 de mayo de 2010, el jefe del grupo de pensionados de la Policía Nacional
resolvió negativamente otra solicitud presentada por la señora Yolima Jiménez, con
fundamento en que la situación ya había sido objeto de análisis con ocasión de la
Resolución 00866 de 1997 y que dicha decisión se encontraba ejecutoriada.

El 16 de julio de 2010, la actora requirió al área de prestaciones sociales de la Policía
para le fuera entregado copia del informativo prestacional por muerte del señor Rivera
Jiménez (†), para con esta acreditarse y conocer las circunstancias de la muerte de
su compañero.

El 21 de julio de 2010, mediante oficio núm. 15721 ARPRE.UNDIN, la Policía Nacional
entregó a la señora Yolima Jiménez copia del informativo prestacional por la muerte
del señor Esau Rivera Jiménez (†), junto con la Resolución 00866 del 3 de septiembre
de 1997.

El 21 de diciembre de 2020, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ciénaga
(Magdalena) profirió sentencia mediante la cual se declaró probada la existencia de la
unión marital de hecho entre la señora Yolima Jiménez Márquez y el señor Esau
Rivera Jiménez(†), desde el 10 de febrero de 1993 hasta el 19 de julio de 1995.

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Demandante: Yolima Jiménez Márquez

El 6 de mayo de 2021, la señora Yolima Jiménez presentó nuevamente solicitud de
reconocimiento de pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente,
bajo los radicados E-2021-004601-DIPON y GE-2021-021576-DIPON.

Ese mismo día, mediante oficio No. GS-2021-/ARPRE-GRUPE-1.10, la Policía
Nacional respondió negativamente e indicó que el reconocimiento ya había sido
realizado a favor del hijo del causante y que no procedía nuevo estudio.

Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se cuestiona por esta
vía

El 9 de diciembre de 2021, la señora Yolima Jiménez Márquez, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de
que se declarara la nulidad del acto ficto o presunto derivado de la respuesta del 6 de
mayo de 2021, proferida por la Oficina de Pensionados de la Policía Nacional. A título
de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, así como las demás prestaciones sociales a las que tendría derecho
en calidad de compañera permanente del señor Esau Rivera Jiménez (†).

En síntesis, expuso que la Policía Nacional le exigió como requisito indispensable una
sentencia judicial para acreditar la existencia de la unión marital de hecho, con
desconocimiento que, conforme con el artículo 11 de la Ley 54 de 1990 y a la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, dicha calidad puede acreditarse
por cualquier medio probatorio. No obstante, promovió y obtuvo sentencia judicial
debidamente ejecutoriada que declaró dicha unión, a pesar de ello, la institución
persistió en la negativa de reconocerle la pensión de sobrevivientes y la privó del
derecho, para lo cual desestimó la prueba que la misma entidad había exigido como
requisito para efectuar el reconocimiento prestacional solicitado.

El 16 de diciembre de 2022, el Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta
negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la demandante no
acreditó los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes en calidad de
compañera permanente del señor Esau Rivera Jiménez (†). Señaló que, si bien, el
causante falleció en servicio activo por causa y razón del mismo, no había cumplido
los 12 años mínimos de servicio exigidos por el Decreto 1213 de 1990, para efectos
del reconocimiento de pensión en el régimen especial, pues, solamente estaban
probados 4 años, 5 meses y 22 días de servicio. No obstante, en aplicación del
principio de favorabilidad, optó por analizar el caso a la luz del régimen general
previsto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

Anotó que, bajo los requisitos previstos en la referida norma, el causante sí cumplía
con el requisito de haber cotizado al menos 50 semanas en los tres años anteriores a
su fallecimiento. Sin embargo, respecto de la señora Yolima Jiménez Márquez,
concluyó que no acreditaba el requisito de convivencia mínima de cinco años
continuos anteriores a la muerte del causante, pues la unión marital de hecho
reconocida judicialmente tuvo lugar únicamente entre el 10 de febrero de 1993 y el 18
de julio de 1995, es decir, por un término inferior al exigido por la norma.

La demandante interpuso recurso de apelación contra esa decisión, porque, a su
juicio, la exigencia de la convivencia durante 5 años para ser beneficiaria de la pensión
no aplicaba cuando el causante se encontraba afiliado y al momento del fallecimiento,
como en el caso del señor Esau Rivera Jiménez (†), quien murió en servicio activo
como miembro de la Policía Nacional, pues «no se encontraba vigente la ley 100 de
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1993». Asimismo, con fundamento en lo anterior, invocó el principio de la condición
más beneficiosa en materia pensional, al considerar que para la fecha del fallecimiento
del causante aún resultaban aplicables disposiciones anteriores, como la Ley 12
de 1975, más favorables a su situación, al no exigir un periodo de convivencia
determinado para reconocer la pensión de sobreviviente a la compañera permanente.
Además, que la negativa de la administración desconoció sus derechos
fundamentales al mínimo vital, debido proceso y seguridad social, e insistió en que la
entidad debió evaluar su situación bajo un enfoque de favorabilidad, teniendo en
cuenta su condición de menor de edad y madre cabeza de hogar al momento de los
hechos.

El 12 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la
decisión de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

De entrada, la Sala advirtió que el análisis en segunda instancia se limitaría a los
aspectos planteados en el recurso de apelación, concretamente, a la procedencia en
la aplicación del principio de condición más beneficiosa, lo cual implicaba examinar la
posible aplicación de la Ley 12 de 1975, en lugar, del régimen general de la Ley 100
de 1993.

Seguidamente, precisó que el fallecimiento del causante se produjo en 1995, esto es,
cuando ya estaba vigente la Ley 100 de 1993, por lo cual no resultaba aplicable la
legislación anterior.

En aras de resolver los argumentos del recurso de apelación, explicó que no se
acreditaron los presupuestos que habilitaran la aplicación del principio de condición
más beneficiosa, porque no existía una expectativa legítima derivada del régimen
anterior (Ley 12 de 1975), ni se evidenciaba una situación de vulnerabilidad extrema
que hiciera necesaria la protección de derechos fundamentales mediante la aplicación
excepcional de una expectativa no legítima, conforme con la jurisprudencia proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado1.

En suma, consideró que el argumento de la apelación no prosperó, porque en el caso
de la demandante no resultaba aplicable la Ley 12 de 1975.

3. Argumentos de la acción de tutela

Sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo, por
aplicar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, el cual
exige convivencia mínima de cinco años para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en favor de la compañera permanente, esto con argumento en que, al
momento de la muerte del causante, ocurrida el 19 de julio de 1995, la norma vigente
era la redacción original del literal a) del artículo 47 ibidem.

Explicó que al momento de la muerte del causante, ocurrida el 19 de julio de 1995, la
norma vigente era la redacción original del literal a) del artículo 47 ibidem, el cual
establecía una convivencia de solo dos años o, alternativamente, la existencia de hijos
en común.

1
Sentencia de 29 de noviembre de 2021, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Exp. 11001-03-15-000-2021-
06734-00.
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Demandante: Yolima Jiménez Márquez

Asimismo, dijo que el tribunal demandado no tuvo en cuenta el principio de
favorabilidad y condición más beneficiosa, al aplicar una norma posterior que no se
encontraba vigente al momento del fallecimiento del afiliado.

Adicionalmente, explicó que no inició de manera inmediata el trámite pensional tras la
muerte de su compañero por encontrarse en situación de extrema vulnerabilidad, toda
vez que tenía 16 años de edad, un hijo recién nacido y carecía de conocimiento o
asistencia jurídica para hacer valer sus derechos

Insistió en que la sentencia del tribunal accionado desconoce la expectativa legítima
de acceder al reconocimiento de la pensión, conforme con el régimen anterior, pues
ya había sido reconocido el derecho pensional a su hijo, lo cual demostraba que existía
vínculo permanente con el causante y que las condiciones de convivencia estaban
suficientemente probadas.

Por otra parte, alegó que se configuró una violación al derecho al mínimo vital, en
tanto que actualmente no cuenta con ingresos fijos ni una fuente de sustento
económico, lo que se agrava al haber sido excluida injustamente como beneficiaria de
la pensión de sobrevivientes.

A su juicio, la conducta de la administración y la interpretación restrictiva del juez
ordinario, desconocen su situación de debilidad manifiesta y las barreras estructurales
que ha enfrentado como mujer joven, madre cabeza de familia, sin acompañamiento
legal ni recursos económicos para gestionar oportunamente sus derechos.

Adicionalmente, resaltó que la sentencia judicial que declaró la unión marital de hecho
constituye una nueva prueba determinante que debe surtir efectos retroactivos, pues
aclara la situación jurídica y desvirtúa los fundamentos del acto administrativo que
negó el reconocimiento de la pensión.

4. Trámite previo

El 27 de enero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera admitió la acción de
tutela interpuesta por la accionante contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.
Además, vinculó como terceros al Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta y a
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Magdalena no se pronunció sobre los hechos que
dieron origen a la presente acción.

6. Terceros intervinientes

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta narró las
actuaciones adelantadas por ese despacho y concluyó que su actuación no vulneró
los derechos fundamentales invocados por la accionante.

La Dirección General de la Policía Nacional solicitó que se declare de
improcedencia de la acción de tutela, porque la accionante pretende reabrir el debate
surtido en sede del juez natural.

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Aseguró que garantizó los derechos fundamentales de la accionante en el proceso de
solicitud de pensión de sobreviviente, pues fue tramitado conforme con las
disposiciones legales vigentes y en observancia del derecho al debido proceso.
Manifestó que, tanto en la vía administrativa como en el proceso judicial ordinario se
expusieron las razones por las cuales no era procedente el reconocimiento de la
pensión solicitada, en particular, insistió en que al momento de la muerte del causante
(18 de julio de 1995), la ley aplicable era la Ley 100 de 1993, norma que exige la
acreditación de una convivencia mínima de cinco (5) años anteriores al fallecimiento
para que una compañera permanente pueda acceder al derecho pensional, requisito
que no se cumplió en el caso de la accionante.

Respecto a la aplicación del principio de condición más beneficiosa, anotó que, como
lo expresó el tribunal accionado, no se acreditó una situación de especial afectación o
vulnerabilidad que ameritara inaplicar la normativa Ley 100 de 1993 en favor del
régimen anterior contemplado en la Ley 12 de 1975.

7. Sentencia de primera instancia

El 20 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera profirió sentencia
de primera instancia en la que declaró improcedente la acción de tutela con
fundamento en que el presente asunto no cumplió el requisito de relevancia
constitucional, porque la controversia respecto a la presunta configuración de un
defecto sustantivo ya había sido resuelta en sede del proceso contencioso
administrativo por el juez competente, con respeto a las formas propias del juicio. En
este sentido, precisó que la acción de tutela no podía convertirse en una tercera
instancia judicial ni en un mecanismo para reabrir un debate estrictamente legal y
probatorio ya resuelto por el juez natural.

8. Impugnación

La accionante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual insistió en que el
tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo al aplicar el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en lugar de ceñirse al
texto original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, norma vigente para la fecha del
fallecimiento del causante. En este sentido, señaló que la jurisprudencia constitucional
y ordinaria ha sido clara en establecer que las solicitudes de sustitución pensional
deben ser analizadas con base en la norma vigente al momento del fallecimiento del
afiliado.

Señaló que el presente amparo cumple con los requisitos generales y específicos de
procedencia de acción de tutela contra providencia judicial por la afectación de los
derechos fundamentales a la igualdad, la seguridad social, el acceso a la
administración de justicia, el debido proceso, la vida digna y el mínimo vital.

Además, advirtió que estaban demostradas las circunstancias que justifican su
inactividad procesal inicial, pues debía tenerse en cuenta su condición de menor de
edad al momento del fallecimiento del causante, la existencia de un hijo recién nacido
fruto de dicha unión, y la falta de asesoría por parte de la Policía Nacional, quien no
la incluyó ni le reconoció derechos en el acto administrativo mediante el cual se otorgó
pensión solamente al hijo menor del causante. Por ello, invocó la aplicación del
principio de condición más beneficiosa, así como la protección reforzada que merece
por su situación de vulnerabilidad en ese momento.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Como fundamento de la impugnación, la parte actora sostuvo que la acción de tutela
cumple con el requisito general de procedencia relativo a la relevancia constitucional.
Además, insistió en la configuración de defecto sustantivo al no aplicar el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, vigente al momento del fallecimiento
del causante, así como en el argumento relacionado con la omisión de considerar su
situación de vulnerabilidad y la aplicación del principio de condición más beneficiosa.

De acuerdo con los argumentos de la impugnación, corresponde a la Sala establecer
si la solicitud de amparo cumple con el requisito general de relevancia constitucional
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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y los demás requisitos generales de procedencia, solo respecto de los cargos que
superen dichos requisitos, será posible desplegar el análisis de fondo.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Ibidem.
8
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Demandante: Yolima Jiménez Márquez

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo para proponer nuevos
argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y como una instancia
adicional, tal como se pasa a explicar.

Para empezar, se tiene que la señora Yolima Jiménez Márquez presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que
solicitó que se declarara la nulidad «del acto ficto o presunto» derivado de la
comunicación del 6 de mayo de 2021, proferida por la Oficina de Pensionados de la
Policía Nacional, mediante la cual se negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y de las demás prestaciones
sociales que pudieran derivarse de la condición de compañera permanente del señor
Esau Rivera Jiménez (†).

Como sustento de sus pretensiones, señaló que la Policía Nacional le impuso como
condición para acreditar su calidad de compañera permanente una sentencia judicial
que declarara la existencia de la unión marital de hecho con el causante. Sin embargo,
afirmó que dicha exigencia vulneró el artículo 11 de la Ley 54 de 1990 y desconoció
reiterada jurisprudencia constitucional, según la cual, la unión marital puede
acreditarse por cualquier medio probatorio. No obstante, a pesar de que accedió a
dicha exigencia y obtuvo una sentencia por medio de la cual se declaró la existencia
de la unión desde el 10 de febrero de 1993 hasta la fecha del fallecimiento del
causante, la Policía persistió en la negativa del reconocimiento pensional. Alegó que
tal actuación desconoció no solo el principio de buena fe, sino también su derecho a
la seguridad social, al debido proceso y al reconocimiento prestacional derivado del
vínculo con el causante.

Además, advirtió que en la Resolución 00866 de 1997 solo fue mencionada en calidad
de representante legal de su hijo, no como beneficiaria y no fue vinculada formalmente
al proceso administrativo de reconocimiento pensional.

El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Décimo Administrativo de
Santa Marta, que, en sentencia de 16 de diciembre de 2022, negó las pretensiones
de la demanda con fundamento en que debía aplicarse el régimen general de la Ley
100 de 1993, por resultar más favorable, específicamente, los artículos 46 y 47 e
inaplicar el régimen especial de la Policía Nacional.

Conforme con lo anterior, estableció que el causante prestó servicio por más de 50
semanas en los tres años anteriores a su fallecimiento, con lo cual cumplió el requisito
de cotización previsto en dichas normas. Sin embargo, no demostró el requisito de la
convivencia durante 5 años, pues estaba probado que fue de solo 2 años y 4 meses
(febrero de 1993 a junio de 1995).

La accionante interpuso recurso de apelación contra esa decisión, con fundamento en
los argumentos que se transcriben:

«(…) para el presente caso se debe tener en cuenta la condición más beneficiosa, la cual
supone la existencia de una situación fáctica concreta previamente reconocida y determina

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que debe ser respetada siempre y cuando sea más favorable al trabajador, en
comparación con la nueva que habría de aplicársele.
(…)

(…) es necesario entender que para la fecha de la muerte del señor ESAU RIVERA
JIMENEZ (Q.E.P.D.), se encontraba vigente la ley sistema de sustitución pensional
de que trataba la ley 12 de 1975, artículo 1º, fue derogado de manera tácita por el de
pensión de sobrevivientes contenido en los artículos 46 a 49 y 73 a 78 de la Ley 100 de
1993; por tanto, en la actualidad no se habla de la sustitución pensional, comoquiera que
se contempló la pensión de sobrevivientes dentro del Sistema de Seguridad Social Integral
establecido en la Ley 100 de 1993 que entró a regir el 1º de abril de 1994, por mandato de
su artículo 151, y es desde esa fecha que se deben aplicar las disposiciones contenidas
en dicha ley sobre pensión de sobrevivientes, lo que comporta que en este caso y sus
especiales situaciones debe aplicarse la condición más beneficiosa es un
mecanismo para guardar las expectativas legítimas de quienes acreditan el requisito
mínimo de algún régimen derogado, así como los principios constitucionales de
proporcionalidad y equidad, recordó lo cual ha decantado la Corte Constitucional, en este
caso se tiene que aun de que en la ley derogada no existe enlistada la compañera
permanente, se tiene que por Oficio No. 392 del 12 de marzo de 1991, de la Oficina
Jurídica de la Contraloría General de la República, así: Existe un orden de preferencia
para la reclamación de las prestaciones sociales del causante, en el cual se desconoce
por completo a la "compañera permanente", en cambio, la legislación pensional; el sentido
claro e imperativo del texto, no conduce a concluir que el compañero o compañera
permanente no son beneficiarios de las prestaciones sociales del funcionario fallecido, lo
que converge a que se pueda aplicar además la ley más favorable en este caso y las
condiciones más favorables.
(…)

Así entonces, siendo prácticamente imposible que la actora a la fecha de muerte del
actor contara con más de tres años desde su muerte de convivencia pero que la ley
12 de 1975, contempla la posibilidad del reconocimiento pensional en su artículo 1.-
que el cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un
empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tienen derecho
a ser pensionados, se estima plausible traer a colación el principio de la condición más
beneficiosa en materia pensional, desde cuya perspectiva podría formularse una posible
solución al caso concreto, entre otras razones, por la elemental consideración de que
el régimen jurídico de la Ley 100 de 1993 no ofrece un esquema transicional que le
permita consolidar su derecho conforme a la legislación precedente al caso
concreto.»
(Se destaca)

De lo transcrito se encuentra que la accionante, en recurso de apelación alegó que se
debió aplicar la Ley 12 de 1975 por ser más favorable al caso, en atención al principio
de condición más beneficiosa, dado que al momento del fallecimiento del causante -
1995 - no estaba vigente la Ley 100 de 1993. Según la apelante, la referida ley
aplicable no exigía convivencia mínima de cinco años y reconocía el derecho a la
pensión al cónyuge o compañera permanente de funcionarios públicos fallecidos.

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que la autoridad judicial
demandada incurrió en defecto sustantivo por aplicar el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, modificado por la Ley 797 de 2003, el cual exige convivencia mínima de cinco
años para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la compañera
permanente, esto con argumento en que, al momento de la muerte del causante,
ocurrida el 19 de julio de 1995, la norma vigente era la redacción original del literal a)
del artículo 47 ibidem, el cual establecía convivencia de solo dos años o
alternativamente, la existencia de hijos en común. Se cita lo pertinente:

«Ahora bien, en este caso es preciso se aplique la condición más beneficiosa en materia
de pensión de sobrevivientes a fin de que no se vulneren mis derechos fundamentales y
constitucionales, pues se omitió por completo por parte de los estrados judiciales, la
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aplicación de los conceptos del momento de muerte, en tanto que la fecha de la muerte
de mi compañero se encontraba vigente la ley 100 de 1993, en atención a que la ley
especial que corresponde a la Policía Nacional de la fecha, no contaba entre los
beneficiarios a las compañeras permanentes.
(…)

En desarrollo de lo anterior, además de analizarse por parte del despacho los artículos
(sic), los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993, implicando la favorabilidad del régimen
especial de la Policía Nacional en materia pensional, debió también analizarse el
régimen general en pensiones, la sección a) del artículo 47 original de la Ley 100
de 1993 (…)
(…)

Ahora bien, el requisito exigido de 5 años de convivencia para tener derecho a la pensión
de sobrevivientes se establece en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Siendo esta ley
la que reformó algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones, que se
encuentra establecido en la Ley 100 de 1993, pero se debe dejar decantado que al
momento de muerte de mi compañero esto es, a la fecha 19 de julio de 1995, la norma
que cambio el tiempo de convivencia NO SE ENCONTRABA VIGENTE, pues regia los
artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993, no era la vigente en ese momento.

Ahora bien, es cierto que, al momento de hacer la solicitud judicial, se planteó la
posibilidad de que se ordenara el derecho tomando como precepto normativo para tal
estudio de requisitos para el reconociendo del mencionado derecho pretendido, el
sistema de sustitución pensional de que trata la ley 12 de 1975, pero no es menos cierto
que, siempre se suplicó que se le diera aplicación a la aplicación de la condición más
beneficiosa, como un mecanismo para guardar las expectativas legítimas de quienes
acreditan el requisito mínimo de algún régimen derogado, así como los principios
constitucionales de la suscrita en proporcionalidad y equidad; por lo que en el caso en
comento, debía de estudiarse en consideración la aplicación de la ley 12 de 1975, y
también la ley 100 de 1993, en tanto que la ley especial no ofrece un esquema
transicional que le permita a la actora consolidar su derecho conforme a la legislación
precedente al caso concreto.
(…)

(…) considera la suscrita que como quiera el presente asunto, se trata de la solicitud del
reconocimiento de una pensión supérstite, es preciso indicar que las normas que se
deben tener en cuenta para analizar el caso en concreto son las vigentes para la época
de ocurrencia de los hechos que dieron origen al derecho, conforme lo ha sostenido el
H. Consejo de Estado, en sentencia de la Sala Plena de la Sección Segunda de 25 de
abril de 2013, en el expediente 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-09), consejero
ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
(…)

Por ese motivo, es preciso que se aplique el régimen general de pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993, toda vez que ello significaría aplicar el principio de inescindibilidad
de la norma.»

Ahora bien, el 12 de junio de 2024 el Tribunal Administrativo del Magdalena, profirió
sentencia de segunda instancia en el sentido de confirmar la decisión inicial, que, en
lo que interesa, consideró:

«el Tribunal debe destacar que la apelación se encuentra limitada a los aspectos
indicados en el recurso formulado por la apoderada judicial de la parte demandante, en
tanto que a través de aquel se ejerce el derecho de imputación contra una determinada
providencia judicial, por lo que corresponde al recurrente confrontar los argumentos que
el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias
consideraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que
decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia; lo anterior,
de conformidad con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso.
(…)

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Hasta este punto, es menester para la sala realizar un análisis sobre la posibilidad de
aplicar el principio de favorabilidad, desde la perspectiva de una condición más
beneficiosa del sujeto activo de la Litis de la mano de los que la jurisprudencia en materia
del asunto ha establecido.
(…)

64. Así pues, para este cuerpo colegiado en el proceso de la referencia, con respecto a la
señora Yolima Jiménez Márquez, no se evidencia la necesidad de aplicar el principio
de condición más beneficiosa, como quiera que de conformidad con las situaciones
fáticas (sic) plasmadas en el líbelo de la demanda, no se evidencian expectativas no
legítimas que puedan ser exigibles, por no estar la actora en cabeza de una situación de
vulnerabilidad que requiera la protección frente a un alto grado de afectación de derechos
fundamentales.

65. Lo anterior, de la mano de lo que en jurisprudencia unificada ha estipulado el máximo
órgano de la jurisdicción del contencioso administrativo, pues dentro de los requisitos
exigibles para el reconocimiento de pensión de sobreviviente se encuentra que puede ser
probado que el aspirante a acceder al derecho prestacional y pensional, depende
económicamente o que su subsistencia depende de tales ingresos económicos.

66. Aún más, en el presente asunto considera esta Agencia Judicial que, en aras de un
análisis profundo o una consideración de aplicación del principio de condición más
beneficiosa, debió el sujeto activo de la litis además de demostrar debidamente que la
negación a tal reconocimiento del derecho pretendido representa una afectación que
trasciende incluso a las garantías constitucionales, exponer de manera verás (sic) y
coherente las razones por las que en su momento no acudió a las puertas de la
administración de justicia sino que solo hasta los transcurridos años después, pretende
hacer valer derechos que desde la ocurrencia de los hechos que generó el derecho
pretendido pudo ser estudiado e incluso reconocido.

67. Ahora bien, para la Sala resulta menester hacer hincapié en las consideraciones y
argumentos que fueron expuesto por la actora en el recurso de apelación, pues
dentro de los mismos se esgrime que al momento de la muerte del causante Cabo
Segundo de la Policía Nacional Esau Rivera Jiménez (Q.E.P.D.), no se encontraba en
vigencia la ley 100 de 1993 que fue considerada como aplicable de conformidad con lo
proferido por el A-quo.

68. Así las cosas, resalta la Sala que tal afirmación carece de total veracidad toda vez que,
según se puede evidenciar en el expediente, por medio de registro de defunción, el señor
Esau Rivera Jiménez (Q.E.P.D.) falleció en el año 1995, momento para el cual ya había
entrado en vigencia la ley 100 del año 1993, por medio de la cual se crea el sistema se
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

69. Conforme a todo lo anterior, queda desvirtuado para este cuerpo colegiado el
argumento mencionado que busco cuestionar la aplicabilidad de la ley 100 de 1993
con la que el juez de primera instancia profirió fallo, negando las pretensiones al existir
una clara falta en uno de los requisitos establecidos en lo ateniente al tiempo de existencia
de la unión marital de hecho.

70. Bajo ese entendido para la Sala quedó claro que no existen situaciones fácticas
que requieran sea aplicado en el caso concreto el principio de condición más
beneficiosa, que implique la consideración de estudiar las pretensiones bajo un
régimen legal ya derogado, sin haberse demostrado razones suficientes de
verdadera vulnerabilidad que dé lugar a no aplicar los preceptos legales vigentes y
reconocer derechos pensionales».
(se destaca)

De lo expuesto, se encuentra que la parte actora utiliza este mecanismo para introducir
argumentos novedosos, incompatibles con la postura jurídica que defendió durante el
trámite del proceso ordinario, lo cual evidencia que la tutela es utilizada como una
instancia para adicionar o variar argumentos no expuestos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que se cuestiona por esta vía.
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Lo anterior, si se tiene en cuenta que, en el proceso ordinario, la señora Yolima
Jiménez Márquez fundamentó su pretensión exclusivamente en la aplicación de la
Ley 12 de 1975, al considerar que dicha norma era la vigente al momento del
fallecimiento del causante y que, por tanto, la Ley 100 de 1993 no resultaba
aplicable. En el recurso de apelación insistió en que debía aplicarse el régimen de
sustitución pensional anterior (Ley 12 de 1975) por virtud del principio de condición
más beneficiosa, con el argumento que el régimen general de la Ley 100 de 1993
entró en vigencia después del fallecimiento del señor Esau Rivera Jiménez (†) y que
la norma derogada ofrecía un marco más favorable.

Dicho de otro modo, en el recurso de apelación no se propusieron argumentos
distintos a la aplicación de la Ley 12 de 1975, pues, la apoderada judicial de la actora
pasó absolutamente por alto exponer algún alegato dirigido a cuestionar el análisis de
convivencia y el tiempo mínimo de este requisito para acceder a la prestación. De ahí
que, al proferir sentencia de segunda instancia, el tribunal demandado se limitara a
los argumentos de la apelación, resultado del cual concluyó que no había lugar a
aplicar la Ley 712 de 1975, porque la norma estaba derogada y no se acreditaron
circunstancias que permitieran la aplicación del principio de condición más
beneficiosa.

No obstante, en la presente acción de tutela, varió los argumentos, pues, afirma que
sí debía aplicarse la Ley 100 de 1993, en particular el texto original, es decir, la
redacción anterior a la reforma introducida por la Ley 797 de 2003, con fundamento
en lo cual aduce que el tribunal incurrió en defecto sustantivo al aplicar indebidamente
esta última.

En otras palabras, la accionante introduce un nuevo argumento no expuesto en el
proceso ordinario, consistente en que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su
redacción original, sí era aplicable al caso y permitía el reconocimiento pensional sin
necesidad de acreditar los cinco años de convivencia.

Siendo así, como se expuso, aunque en la presente solicitud de amparo alega que la
providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados, lo cierto
es que la parte demandante pretende hacer uso de la acción de tutela de la referencia
para proponer nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por la parte actora, dado que la acción de tutela
no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte
del juez constitucional.

En esa medida, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela interpuesta por la señora Yolima Jiménez de Márquez de
conformidad con la parte considerativa de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

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Demandante: Yolima Jiménez Márquez

1. Confirmar la sentencia del 20 de febrero de 2025, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Primera, objeto de impugnación, por las razones aquí expuestas.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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