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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00301-00

Improcedente: no cumple con el requisito general de procedencia

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00301-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Policía Nacional – Metropolitana Santiago de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00301-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00301-00
Accionantes: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OCAMPO Y OTROS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE – No cumple con el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por los accionantes contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional y Metropolitana de Santiago de Cali.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, Natalia Patiño Ortega, Jaider
Andrés Galindo Osorio, Jhon Jairo Gómez Rodríguez y Alexander Carabali
Mosquera solicitaron el amparo de los derechos fundamentales de petición, al
debido proceso, al acceso a la información pública y a la participación ciudadana,
cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 30 de octubre de 2024, proferida
por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del recurso de insistencia
con el número de radicación 76001- 23-33-000-2024-00718-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relataron que presentaron derecho de petición ante la Policía Metropolitana de
Santiago de Cali el día 11 de junio de 2024, solicitando lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00301-00
Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

“[…] “H).- Que, directamente al señor general William René Salamanca
Ramírez director general de la PONAL, directamente al comandante de la
policía MECAL y directamente al comandante de la policía MEVAL, so pena
de ser denunciados al tenor de los (arts. 292, 293, 294, 417, 446, 454B
código penal), les peticiono con fines probatorios, lo siguiente:

H-1).- A manera de estadística, cuantos procesos disciplinarios tienen los,
(presuntos servidores públicos de la policía, y agentes de tránsito quien se
encontraban en mencionado lugar

H-2).- Con fines probatorios, solicito todos los datos de los señores policías
y agentes de tránsito todos los siguientes datos, fecha de ingreso a la
PONAL, estación o unidad y a la secretaria de tránsito fundamental a la que
pertenece, Grado, dirección, correo electrónico institucional, nombres y
apellidos completos con el número de la cédula, números internos
institucionales, etc.; (...)

H-3).- Con fines probatorios, solicito todos los datos de todos los presuntos
policías que acompañaban a los agentes de tránsito (presunto servidor
púbico de la policía, datos como, fechas de ingreso a la PONAL, estación o
unidad fundamental a la que pertenecen, Grados, direcciones, correos
electrónicos institucionales, nombres y apellidos completos con los
números de la cédula, números internos institucionales, etc.; insistimos a
ustedes señores comandantes de la PONAL, es para no involucrar a la
institución que es de todos los colombianos, la policía nacional es de
nosotros el Pueblo, no es de ustedes (...)”.

I).- Directamente al director general William René Salamanca Ramírez, so
pena de lo señalado penalmente en los artículos 292, 294, 414, 417. 446,
454A, 454B, etc., de la Ley 599 de 2000 (CP), y en directa conformidad con
los PRINCIPIOS y DEBERES DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA según
los Artículos 8° y 10 de la Ley 1801 de 2016, indicar si los uniformados a tu
cargo, están cumpliendo lo que les impuso el Constituyente Primario, el
Legislador, y especialmente informe si todos los policías (Num. 42 Art. 38
Ley 1952/2019), de la PONAL conocen y han leído las directrices y el
desarrollo de la jurisprudencia de los altos Tribunales (Ver, sentencias T-
385 de 2019, C-789 de 2006, C-282 de 2017, C-281 de 2017, T-385/2019,
Rad. 15001 3333 001 2020 00049 01 del Tribunal Administrativo de Boyacá,
entre otras y muchas más) […]”: [Negrilla, mayúscula y subrayado original
del texto].

2.2. Manifestaron que el 9 de octubre de 2024 a través de oficio la Policía Nacional -
Metropolitana de Santiago de Cali le dio respuesta advirtiendo una falsa reserva de
manera inmotivada.

2.3. Adujeron que frente a la negativa de dar respuesta a la petición interpusieron el
recurso de insistencia núm. 76001-23-33-000-2024-00718-00 ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, autoridad que, mediante providencia del 30 de
octubre de 2024, declaró bien denegada la petición formulada, al considerar que la
información solicitada se refería a información personal y reservada de funcionarios
de la entidad, tal como procesos disciplinarios en su contra, fecha de ingreso a la

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Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

institución, estación a la que pertenece, grado, dirección, correo electrónico, número
de cédula, entre otros.

2.4. Expresaron que la providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a la
información pública y a la participación ciudadana porque se señaló que los datos
solicitados eran de naturaleza reservada.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Con fundamento en lo anteriormente expuesto, Solicitamos al
H. Consejo de Estado que se tutelen mis derechos fundamentales invocados
como amenazados, violados y/o vulnerados por parte de lo accionados y
denunciados al derecho de petición, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la información pública, control social y participación
ciudadana.

SEGUNDO: Solicitamos al H. Consejo de Estado DEJAR SIN EFECTOS la
providencia emitida el 05 de noviembre [sic] del 2024 por los magistrados
Zoranny Castillo Otálora, Victor [sic] Adolfo Hernandez [sic] Diaz, Andres
[sic] Gonzalez [sic] Arango, mediante la cual se negó el recurso de insistencia
[…]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 28 de enero de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegó el
siguiente informe:

5.1. LaPolicía Nacional – Metropolitana Santiago de Cali solicitó la
desvinculación porque no había vulnerado los derechos fundamentales de la parte
accionante.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de

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Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Policía Nacional - Metropolitana
Santiago de Cali.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que los accionantes identificaron a la Policía Nacional –
Metropolitana Santiago de Cali como responsable de la vulneración de los derechos
fundamentales y dicha entidad fue parte dentro del recurso de insistencia en el que
se profirió la providencia que es objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala
considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00301-00
Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00301-00
Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

19. Los señores Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, Natalia Patiño Ortega, Jaider
Andrés Galindo Osorio, Jhon Jairo Gómez Rodríguez y Alexander Carabali
Mosquera solicitaron el amparo de los derechos fundamentales de petición, al
debido proceso, al acceso a la información pública y a la participación ciudadana,
cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 30 de octubre de 2024, proferida
por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del recurso de insistencia
con el número de radicación 76001- 23-33-000-2024-00718-00.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00301-00
Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00301-00
Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00301-00
Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202316.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales17.

27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a la
información pública y a la participación ciudadana con la providencia de 30 de
octubre de 2024 en razón a que en ella se negó el recurso de insistencia
argumentando que lo solicitado en el derecho de petición eran datos sensibles que
llevan a discriminación tales como orientación sexual, creencias, religión y demás.

28. Precisado el argumento que sustenta la presente acción de amparo, la Sala
estima que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional
porque el escrito de tutela carece de la carga mínima argumentativa y además no
hizo un desarrollo argumentativo tendiente a demostrar la configuración de las
causales específicas de procedibilidad.

29. Eneste punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.

30. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de
tutela, dado que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia
judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento
de una carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En
armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
señaló lo siguiente:

16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00301-00
Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

"[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”18. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]". [Negrilla fuera del texto].

31. En el caso sub examine se considera que la parte accionante no está exponiendo
que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que
el motivo de su inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez que
resolvió de manera desfavorable el recurso de insistencia.

32. En ese orden de ideas y, siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
citada sentencia, esta Sección considera que la controversia planteada en esta
ocasión carece de relevancia constitucional porque la parte accionante no satisfizo
la carga mínima argumentativa en el caso objeto de estudio y adicionalmente la
discusión expuesta por los accionantes no gira en torno al alcance, aplicación y/o
desarrollo de un derecho fundamental, sino frente a la mera inconformidad con la
decisión adoptada por el juez natural del asunto.

33. Además, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia de
30 de octubre de 2024, señaló lo siguiente:

“[…] iii) El caso concreto

La información solicitada por los señores los señores Miguel Ángel Rodríguez
Ocampo, Natalia Patiño Ortega, Jaider Andrés Galindo Osorio, Jhon Jairo
Gomes Rodríguez y Alexander Carabali Mosquera se refiere a información
personal y reservada de funcionarios de la entidad, tal como procesos
disciplinarios en su contra, fecha de ingreso a la institución, estación a la que
pertenece, grado, dirección, correo electrónico, número de cédula, entre otros.

Esta información se refiere a datos sensibles que afectan la órbita privada de
los funcionarios e involucran sus derechos a la privacidad e intimidad. Además,
no se trata de información solicitada por el titular, su apoderado o persona
autorizada y si se requiere como medio probatorio en procesos judiciales, los
solicitantes tienen las oportunidades probatorias legalmente establecidas para
que la información sea decretada por el funcionario judicial correspondiente,
garantizando su reserva con los protocolos legalmente establecidos en tales
eventos.

En consecuencia, lo pedido está sujeto a reserva y la petición presentada por
los señores los señores Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, Natalia Patiño
Ortega, Jaider Andrés Galindo Osorio, Jhon Jairo Gomes Rodríguez Y
Alexander Carabali Mosquera estuvo bien denegada, indicándoles de forma
precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de la información y los
documentos pedidos […]”.

18
Sentencia SU-074 de 2022.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00301-00
Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

34. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez de la jurisdicción ordinaria y no se observa
que la decisión proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiese
desconocido el derecho fundamental de la parte accionante en el trámite del
recurso de insistencia.

35. De hecho, lo que se aprecia es que el juez al analizar las pruebas conforme a
las reglas de la sana crítica concluyó que “[…] lo pedido está sujeto a reserva y la
petición presentada por los señores los señores [sic] Miguel Ángel Rodríguez
Ocampo, Natalia Patiño Ortega, Jaider Andrés Galindo Osorio, Jhon Jairo Gomes
Rodríguez Y Alexander Carabali Mosquera estuvo bien denegada, indicándoles de
forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de la información y
los documentos pedidos […]”.

36. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de
la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le
corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la sana
crítica.

37. De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la decisión
contenga errores graves, que desconozcan los principios de la sana crítica. Esta
oportunidad lo perseguido por el accionante es controvertir el análisis probatorio
efectuado por el juez contencioso, lo que claramente constituye una desnaturalización
de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una tercera instancia.

38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19.

39. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibidem.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00301-00
Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21

40. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional,
como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Policía
Nacional – Metropolitana Santiago de Cali, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00301-00
Accionantes: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y otros

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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