RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00329-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00329-00

Fecha
18 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00329-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela promovida por Wilmer Antonio Albor Alvarado contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00329-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00329-00
Demandante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo
Decisión: Declara improcedente la solicitud de amparo por no acreditar el
requisito de la subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Wilmer Antonio Albor Alvarado, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Wilmer Antonio Albor Alvarado promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
providencias proferidas el 24 de mayo de 2023 por el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito Judicial de Barranquilla, y el 15 de mayo y 18 de julio de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, en el expediente ejecutivo
identificado con el radicado 08001233301220140010000/02

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Prestó servicios profesionales como servidor público de la ESE Centro de Salud de
Palmar de Varela del 1.° de febrero de 2012 al 30 de octubre de 2013, en el cargo de
«profesional universitario» y ante su negativa de presentar la carta de renuncia, fue
declarado insubsistente mediante la Resolución 088 de 30 de octubre de 2013, por
lo que instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para

1 Ver índice 2 de Samai del expediente. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_1TUTELAWILMERALBORVS(.pdf) NroActua 2»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00329-00
Demandante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
.

cuestionar su legalidad.

ii) El proceso culminó con sentencia proferida el 23 de noviembre de 2017 por el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, confirmada
mediante el 27 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la
que se ordenó su reintegro y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
desde que se produjo el despido y hasta que se hiciera efectivo el reintegro.

iii) Presentó demanda ejecutiva en contra de la ESE Centro de Salud de Palmar de
Varela, con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor por la suma de
$352.373.874 consecuencia de la condena reconocida a su favor.

iii) El Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla en
providencias del 14 de febrero y 5 marzo de 2022 libró el mandamiento de pago y
ordenó seguir adelante con la ejecución, respectivamente.

iv) En providencia del 24 de mayo de 2023 negó la solicitud de embargo y secuestro
respecto de los dineros de la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, decretó el embargo y retención de los dineros que
posee la demandada en las diferentes cuentas corrientes o de ahorros, los que
recauda, ingresos propios por los servicios prestados a sus usuarios, o de libre
destinación, limitado a $495’855.433.84. En contra de esta decisión la parte
demandante interpuso recurso de apelación.

v) El Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 15 de mayo de 2024
revocó la decisión del a quo en cuanto a la medida cautelar decretada y la confirmó
en lo demás. En contra de esta decisión la parte ejecutante formuló solicitud de
aclaración y adición.

vi) El Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 18 de julio de 2024 negó
la solicitud de aclaración, pero lo adicionó el auto de 15 de mayo de 2024, en el
sentido de negar las demás medidas solicitadas por la parte ejecutante.

vii) Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales
al incurrir en defecto sustantivo por hacer una errada interpretación del artículo 594
del CGP respecto del principio de inembargabilidad de los recursos públicos, pues,
sustentaron sus decisiones en la inembargabilidad de recursos de salud que manejan
las entidades territoriales sin tener en cuenta que en este caso la demandada es una
ESE no una alcaldía ni una EPS, asimismo, erraron al concluir que no se puede pedir
el embargo de los recursos que maneja ADRES.

En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional2 y el Consejo

2 Al respecto citó: C-546 de 1992; C-013 de 1993; C-017 de 1993; C-107 de 1993; C-337 de 1993;

C-555 de 1993; C-103 de 1994; C-263 de 1994; T-025 de 1995; T-262 de 1997; C-354 de 1997; C-
402 de 1997; T-531 de 1999; C-427 de 2002; T-539 de 2002; T-539 de 2002; C-793 de 2002; C-566

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00329-00
Demandante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
.

de Estado3, en cuanto a los pronunciamientos en los cuales se establecieron
excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, en relación
con las deudas del Estado derivadas de créditos u obligaciones que estén
respaldadas por decisiones judiciales y/o sean de origen laboral.

1.1.1. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD, DEBIDO PROCESO y
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-
TUTELA JUDICIAL FECTIVA- que han sido vulnerados al señor WILMER ANTONO
ALBOR ALVARADO con la expedición de los autos de 24 de mayo de 2023, proferido por
la JUEZ DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, Doctora
AYDA LUZ CAMPO PERNET y los autos de 15 de mayo y 18 de julio de 2024 proferidos
por la SALA A DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO integrada por las magistradas CARMEN ROSA LORDUY GONZALEZ,
JUDITH ROMERO IBARRA y LILIA YANETH ALVAREZ QUIROZ, dentro del proceso
radicado 08001233301220140010000 (02), en cuanto incurren en los defectos material o
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional y Consejo
de Estado en materia de excepciones al principio de inembargabilidad de recursos
públicos, en tratándose de sentencias judiciales de orden laboral.

2. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO los autos de 15 de mayo y 18
de julio de 2024 proferidos por la SALA A DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO y en su lugar, se le ORDENE a ese operador
judicial, o quienes hagan sus veces, que en el término de diez (10) días contados a partir
de la notificación de la sentencia de tutela, PROFIERAN una nueva decisión en la que
valore la interpretación y aplicación del artículo 594 del CGP, para efectos de tener en
cuenta las excepciones al principio de inembargabilidad en los términos de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

3. ORDENE A la JUEZ DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA, Doctora AYDA LUZ CAMPO PERNET o quien haga sus veces, que en
un término no mayor de diez (10) días contados a partir del recibo del expediente por parte
del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO con la
decisión de remplazo, proceda a restablecer los derechos fundamentales del accionante
expidiendo las decisiones judiciales a que haya lugar sin someterlo nuevamente a que el
expediente tenga turno de acceso a su despacho para decidir […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico4 solicitó que se declarara
improcedente el amparo por no acreditar los requisitos generales de procedibilidad

de 2003; C-871 de 2003; C-1064 de 2003; T-1195 de 2004; C-192 de 2005; C-1154 de 2008; C-539
de 2010; C-543 de 2013; C-313 de 2014.
3 Al respecto citó: providencias de 5 de julio de 2018, Exp. 2018- 01530-00(AC), C.P. Julio Roberto

Piza Rodríguez; de 8 de mayo de 2014, Exp. 19717, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; de 9 de
abril de 2019, Exp. 2009- 00065-01(60616); de 11 de octubre de 2021, Exp. 66527, C.P. José
Roberto Sáchica Méndez; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 67357, C.P. José Roberto Sáchica
Méndez, Exp. Radicado 11001-03-15-000-2022-04325-00, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
4 Ver índice 8 de Samai del expediente. Archivo denominado
«16RECIBEMEMORIAL_GetFileAttachmentpdf(.pdf) NroActua 9»

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00329-00
Demandante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
.

de inmediatez ni relevancia constitucional, pues, las providencias enjuiciadas datan
de más de hace 6 meses y la verdadera intención del demandante es cuestionar lo
ya decidido en el recurso de apelación, o en su defecto, se negara lo pretendido ante
la inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales invocados.

1.2.2. La E.S.E. Hospital de Palmar de Varela5 solicitó que se declarara
improcedente la petición de amparo ante la inexistencia de vulneración a los derechos
fundamentales del demandante, toda vez que independientemente que las
providencias no fueran favorables a sus intereses, los despachos las profirieron de
conformidad con la ley y la Constitución Política, pues, se limitaron las pretensiones
al tener presente que los recursos sobre los cuales solicitó medidas cautelares tienen
naturaleza de inembargabilidad, al pertenecer al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

1.2.3. El demandante6 insistió en la protección de sus derechos fundamentales, para
lo cual informó que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla una vez le fue notificada la admisión de la solicitud de amparo procedió
a dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y expidió
la providencia del 30 de enero de 2025 mediante la cual decretó las medidas de
embargo que el tribunal corrigió, frente a lo cual la entidad demandada interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación.

Asimismo7, la ESE Hospital de Palmar de Varela interpuso solicitud de tutela ante el
Tribunal Administrativo del Circuito Judicial del Atlántico, con la finalidad de que se
invalidara el auto del 30 de enero de 2025 a través del cual el juzgado decretó las
medidas de embargo.

1.2.4. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla8
luego de hacer un reencuentro de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas
al interior del proceso ejecutivo, solicitó se declarara improcedente lo pretendido,
pues, la tutela tiene una naturaleza excepcional, no es procedente para controvertir
las decisiones que se adopten dentro de los procesos judiciales o procurar el impulso
de estos, además, tampoco se observó vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

En cuanto al decreto de las medidas cautelares solicitadas por el demandante, se ha
garantizado la segunda instancia, razón por la que los embargos solicitados fueron
decretados en los términos señalados por el ad quem, con comunicación de las

5 Ver índice 10 de Samai del expediente. Archivo denominado «17_MemorialWeb_Alegatos-
SOLICITUDDEIMPROCE(.pdf) NroActua 10»
6 Ver índice 11 de Samai del expediente. Archivo denominado «20_MemorialWeb_Otro-

OFICIOINFORMAACTUA(.pdf) NroActua 11»
7 Ver índice 11 de Samai del expediente. Archivo denominado «26_MemorialWeb_Otro-

NUEVAACTUACIONYTU(.pdf) NroActua 16»
8 Ver índice 13 de Samai del expediente. Archivo denominado
«22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-INFORMETUTELAWILME(.pdf) NroActua 13»

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00329-00
Demandante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
.

medidas a los entes materia del embargo.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; iii) problema jurídico; iv) sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de
la subsidiariedad; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 5 del artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20219 esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y otro.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.11 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.

9 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00329-00
Demandante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales15.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con el requisito de
procedibilidad general de la subsidiariedad?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00329-00
Demandante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
.

El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia16, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Sobre el caso concreto

Wilmer Antonio Albor Alvarado acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos las
providencias proferidas el 24 de mayo de 2023 por el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito Judicial de Barranquilla, y el 15 de mayo y 18 de julio de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, respecto de las medidas
cautelares solicitadas dentro del proceso ejecutivo en el cual es la parte ejecutante.

Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas en el
referido proceso ejecutivo según consta en la página de Samai17, así:

• Presentó demanda ejecutiva contra de la ESE Centro de Salud de Palmar de Varela,
con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor por la suma de
$352.373.874 consecuencia de la condena reconocida en favor a través de sentencia
judicial.

• El Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla en providencias
del 14 de febrero y 5 marzo de 2022 libró el mandamiento de pago y ordenó seguir
adelante con la ejecución, respectivamente.

• En providencia del 20 de octubre de 2022 ordenó remitir el expediente a la contadora
de la jurisdicción, para que coadyuvara con la liquidación del crédito, en atención a

16 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.
17 Visible en el expediente ejecutivo identificado con el radicado 08001333301220140010002.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00329-00
Demandante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
.

la presentada por la parte demandante. Orden que fue reiterada el 10 de febrero de
2023.

• En providencia del 14 de marzo de 2023 se improbó liquidación del crédito
presentada por la parte ejecutante, y aprobó la practicada por el Despacho, la cual
arrojó como resultado la suma total de 495’855.433.84.

• En providencia del 24 de mayo de 2023 negó la solicitud de embargo y secuestro
respecto de los dineros de la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, decretó el embargo y retención de los dineros que
posee la demandada en las diferentes cuentas corrientes o de ahorros y los que
recauda o ingresos propios por los servicios prestados a sus usuarios, o de libre
destinación, limitado a $495’855.433.84. En contra de esta decisión la parte
demandante interpuso recurso de apelación.

• El Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 15 de mayo de 2024
revocó la providencia del 24 de mayo de 2023 en lo que a las medidas de embargos
decretadas se refiere y la confirmó en lo demás. En contra de esta decisión la parte
ejecutante formuló solicitud de aclaración y adición.

• El Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 18 de julio de 2024 negó
la solicitud de aclaración y adicionó el auto de 15 de mayo de 2024, en el sentido de
negar las demás medidas solicitadas por la parte ejecutante.

• La entidad ejecutada presentó solicitud de «no aplicación de medidas cautelares», de
la cual se ordenó correr traslado a la parte ejecutante, según auto del 30 de julio de
2024.

• El a quo en providencia del 30 de agosto de 2024 resolvió «atenerse a lo resuelto por
auto de fecha 24 de mayo de 2023, que accedió parcialmente y con las prevenciones allí
indicadas, al decreto de las medidas de embargo solicitadas», pues, consideró que ya
tomó una decisión frente a la solicitud de medidas cautelares, la cual fue notificada,
sustentada y puesta en conocimiento de las partes, sin que la ejecutada dentro de la
oportunidad procesal correspondiente ejerciera resistencia.

• El Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla en providencia
del 30 de enero de 2025 decretó el embargo y secuestro de los dineros que por
cualquier concepto deben al ejecutante. En contra de esta decisión la entidad
ejecutada interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

• En providencia del 12 de febrero de 2025, el juez de conocimiento decidió no
reponer el auto recurrido al considerar que cualquier controversia que pudiera surgir
sobre la legalidad de los embargos quedó resuelta con la decisión de la segunda
instancia, y concedió el recurso de apelación.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00329-00
Demandante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
.

• En providencia del 17 de febrero de 2025 requirió a las entidades bancarias
anteriormente nombradas, para que den cumplimiento estricto a la medida de
embargo decretada en auto del 30 de enero de 2025. En contra de esta decisión la
ESE Hospital de Palmar de Varela interpuso recurso de apelación.

• A la fecha, dichos recursos se encuentran en trámite pendiente de resolución, como
se evidencia:

A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada por
Wilmer Antonio Albor Alvarado no cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda
vez que el medio de control ejecutivo identificado con el radicado
08001233301220140010000/02, en el que fueron proferidas las decisiones
acusadas, se encuentra en trámite, pues, los recursos de apelación se encuentran
pendientes de resolución, frente a lo cual se advierte que en el sistema jurídico no
puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez
natural del asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como
aquí se propone.

Es decir, pese a que la solicitud de amparo se dirigió contra las providencias del 24
de mayo de 2023 del Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla, y del 15 de mayo y 18 de julio de 2024 del Tribunal Administrativo del
Atlántico, no se puede desconocer que, posteriormente, en primera instancia con
auto del 30 de enero de 2025, se decidió acerca de la procedencia de las medidas
cautelares invocadas, el cual fue recurrido en apelación, encontrándose actualmente
en trámite.

Se recuerda que, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo
del asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de la subsidiariedad.

3. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, en el caso bajo estudio no se satisface el requisito de
procedencia general de la subsidiariedad; razón por la cual, la Sala declarará
improcedente la solicitud de tutela presentada por Wilmer Antonio Albor Alvarado

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00329-00
Demandante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
.

contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela promovida por Wilmer Antonio
Albor Alvarado contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.