Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00329-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00329-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00329-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
13 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00329-01
Accionante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 18
de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 22 de enero de 20251 Wilmer Antonio Albor Alvarado, a través de apoderado,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia, los que considera vulnerados por el Juzgado Doce Oral Administrativo de
Barranquilla con la expedición de la providencia del 24 de mayo de 2023, y por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A con ocasión de los autos
del 15 de mayo y 18 de julio de 2024, en el marco del proceso ejecutivo de radicado
08001233301220140010000/02.
2. Hechos
2.1. Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2017 el Juzgado Doce
Administrativo Oral de Barranquilla accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Wilmer
Antonio Albor Alvarado contra la E.S.E Centro Salud de Palmar de Varela, radicado
08001-33-31-012-2014-00100-00. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico el 27 de mayo de 2019.
1
Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 3A0164DA29F16B40 07EE39BE161B6091
6CFBEE54DD514ED8 4C8FE1E1BD00B36B.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 39C49AF67ECB19C1 12531F8C2F77F622
5EF7E3988894A3E0 2C844CB4285C7EE9.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00329-01
Accionante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
2.2. A raíz de lo anterior, el señor Albor Alvarado presentó demanda ejecutiva contra
la E.S.E Centro Salud de Palmar de Varela y en escrito separado solicitó medidas
cautelares.
2.3. El Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla a través del auto del 14 de
febrero de 2022 ordenó librar mandamiento de pago a favor de Wilmer Antonio Albor
Alvarado y contra la E.S.E Centro Salud de Palmar de Varela, dentro del proceso 08-
001-33-33-012-2014-00100-00.3
2.4. Posteriormente, el 5 de abril de 20224, el Juzgado Doce Administrativo Oral de
Barranquilla profirió auto, en el entendido de ordenar seguir adelante con la
ejecución.
2.5. El apoderado del ejecutante presentó impulsos procesales respecto a la
solicitud de medidas cautelares, con el fin de garantizar el pago de la mencionada
sentencia. Con auto del 24 de mayo de 2023 el Juzgado Doce Administrativo Oral
de Barranquilla se pronunció en los siguientes términos:
“1. NEGAR la solicitud de embargo y secuestro respecto de los dineros de la
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD -ADRES, adscrita al Ministerio de Salud y protección Social, así
como los que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según lo expuesto.
2. DECRETAR el embargo y retención de los dineros que posee la demandada ESE
CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA, NIT 802006267-6 en las diferentes
cuentas corrientes o de ahorros, en los siguientes bancos o establecimientos financieros:
BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTA, DAVIVIENDA, BBVA, BANCO DE
OCCIDENTE, BANCO AGRARIO, BANCO POPULAR, SCOTIA BANK COLPATRIA,
BANCO ITAU, BANCO GNB SUDAMERIS, BANCO CAJA SOCIAL, AV VILLAS,
BANCOOMEVA, BANCO PICHINCHA, BANCO FINANDINA, BANCAMIA, BANCO
FALABELLA, BANCO WWB S.A,BANCO SERFINANZA, BANCO PROCREDIT
COLOMBIA, siempre que no se trate de los bienes inembargable del Sistema General
de Participaciones, ni de los rubros del presupuesto destinado al pago de
sentencias y conciliaciones y al Fondo de Contingencias, los cuales son
inembargables, al igual que las cuentas corrientes o de ahorros exclusivamente a
favor de la Nación-Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de conformidad, al límite de embargo
establecido en el artículo 594 del Código General del Proceso.
3. DECRETAR el embargo y retención de los dineros que recauda la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA o ingresos propios por
los servicios prestados a sus usuarios, o de libre destinación, aclarando que dichos
recursos no podrán ser aquellos de destinación específica para la financiación de
la prestación de los servicios de salud a los usuarios del sistema, sino los recursos
3
Formato onedrive, archivo denominado “02 auto libra mandamiento”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera
instancia, certificado 0B78B61A29FED9D4 56FA1F6646DAF7AB 16E970D925A7738C 0672B97B83B36910.
4
Formato onedrive, archivo denominado “05. auto sigue adelante la ejecución”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente
de primera instancia, certificado 0B78B61A29FED9D4 56FA1F6646DAF7AB 16E970D925A7738C 0672B97B83B36910.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
propios de la entidad ejecutada, siempre que correspondan a la tercera parte de los
ingresos brutos del respectivo servicio, conforme al límite de embargo establecido en el
artículo 594 del Código General del Proceso. Para tal efecto, oficiese al Gerente de la
ESE en mención.
4. LIMÍTESE el embargo a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS, CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
($495’855.433.84), cifra que corresponde a la liquidación del crédito aprobada por este
Despacho dentro del asunto.
5. POR SECRETARÍA, ofíciese a las entidades financieras antes citadas y al Gerente
de la ESE CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA la orden de embargo
decretada, precisando la identificación de cada una de las partes, así como la cuenta de
depósitos judiciales en el Banco Agrario de Colombia de Barranquilla y el límite del
embargo decretado.”5 (Resaltado original del texto).
2.6. La parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra la providencia del 24
de mayo de 2023.
2.7. El 15 de mayo de 20246 el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A revocó
la providencia apelada, mediante la cual se negó la medida cautelar de embargo
formulada por la parte ejecutante en los numerales 3 y 4 de su solicitud de 29 de
marzo de 2023 y, en su lugar, ordenó al juzgado estudiarlos nuevamente sin oponer
la inembargabilidad de los recursos. Asimismo, confirmó lo resuelto por aquel
juzgado respecto a la negativa de la medida cautelar de embargo formulada en el
numeral 1° de la referida petición y, finalmente, confirmó en lo demás la providencia
aludida.
2.8. Como consecuencia de lo anterior, la parte ejecutante solicitó aclaración y
adición del auto del 15 de mayo de 2024, lo que fue resuelto mediante providencia
del 18 de julio del mismo año, en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: NIEGASE la solicitud de aclaración formulada por la parte ejecutante,
conforme lo expuesto en precedencia.
SEGUNDO: ADICIONESE el auto de 15 de mayo de 2024, en el sentido de negar las
demás medidas solicitadas por la parte ejecutante en su solicitud cautelar.”7 (Resaltado
original del texto).
5
Formato onedrive, archivo denominado “26. auto decide embargos”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera
instancia, certificado 0B78B61A29FED9D4 56FA1F6646DAF7AB 16E970D925A7738C 0672B97B83B36910.
6
Formato onedrive, archivo denominado “04. auto decide apelación”, de la carpeta llamada “40. Devolución expediente […]”,
sub carpeta “02. Segunda instancia”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
0B78B61A29FED9D4 56FA1F6646DAF7AB 16E970D925A7738C 0672B97B83B36910.
7
Formato onedrive, archivo denominado “08. Aclaración y adición auto”, de la carpeta llamada “40. Devolución expediente
[…]”, sub carpeta “02. Segunda instancia”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
0B78B61A29FED9D4 56FA1F6646DAF7AB 16E970D925A7738C 0672B97B83B36910.
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Accionante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
2.9. El accionante manifiesta que a la fecha de la presentación de la presente acción
de tutela el Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla no ha emitido
pronunciamiento alguno sobre las solicitudes 3 y 4 de la petición de medidas
cautelares, pese a lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo:
3.1. Las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales
al incurrir en defecto sustantivo, porque indebidamente interpretaron el artículo 594
del CGP respecto del principio de inembargabilidad de los recursos públicos, pues
sustentaron sus decisiones en la inembargabilidad de los recursos de salud que
manejan las entidades territoriales sin tener en cuenta que en este caso la
demandada es una ESE, esto es, una entidad pública especial, descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada por el
Concejo Municipal de Palmar de Varela, de manera que no es una alcaldía ni una
EPS. Asimismo, erraron al concluir que no se puede pedir el embargo de los recursos
que maneja la ADRES y que debe girar a la demandada como aportes y/o
contraprestación por los servicios que presta.
3.2. Las providencias censuradas desconocieron el precedente judicial trazado por
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que estable excepciones al principio
de inembargabilidad de los recursos públicos, en relación con las deudas del Estado
derivadas de créditos u obligaciones que estén respaldadas por decisiones
judiciales y/o sean de origen laboral. Para tal efecto, el accionante cita las siguientes
providencias emitidas por: a. la Corte Constitucional: C-546 de 1992; C-013 de
1993; C-017 de 1993; C-107 de 1993; C-337 de 1993; C-555 de 1993; C-103 de
1994; C-263 de 1994; T-025 de 1995; T-262 de 1997; C-354 de 1997; C-402 de
1997; T-531 de 1999; C-427 de 2002; T-539 de 2002; T-539 de 2002; C-793 de
2002; C-566 de 2003; C-871 de 2003; C-1064 de 2003; T-1195 de 2004; C-192 de
2005; C-1154 de 2008; C-539 de 2010; C-543 de 2013; C-313 de 2014; y b. el
Consejo de Estado: 5 de julio de 2018, radicado 2018- 01530-00(AC); de 8 de mayo
de 2014, radicado 19717; de 9 de abril de 2019, radicado 2009- 00065-01(60616);
de 11 de octubre de 2021, radicado 66527; de 22 de noviembre de 2021, radicado
67357 y radicado 11001-03-15-000-2022-04325-00.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
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4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“1. AMPARAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD, DEBIDO PROCESO y
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-
TUTELA JUDICIAL FECTIVA- que han sido vulnerados al señor WILMER ANTONO
ALBOR ALVARADO con la expedición de los autos de 24 de mayo de 2023, proferido
por la JUEZ DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA,
Doctora AYDA LUZ CAMPO PERNET y los autos de 15 de mayo y 18 de julio de 2024
proferidos por la SALA A DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO integrada por las magistradas CARMEN ROSA LORDUY GONZALEZ,
JUDITH ROMERO IBARRA y LILIA YANETH ALVAREZ QUIROZ, dentro del proceso
radicado 08001233301220140010000 (02), en cuanto incurren en los defectos material
o sustantivo y desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado en materia de excepciones al principio de inembargabilidad de
recursos públicos, en tratándose de sentencias judiciales de orden laboral.
2. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO los autos de 15 de mayo y
18 de julio de 2024 proferidos por la SALA A DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO y en su lugar, se le ORDENE a ese operador
judicial, o quienes hagan sus veces, que en el término de diez (10) días contados a partir
de la notificación de la sentencia de tutela, PROFIERAN una nueva decisión en la que
valore la interpretación y aplicación del artículo 594 del CGP, para efectos de tener en
cuenta las excepciones al principio de inembargabilidad en los términos de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
3. ORDENE A la JUEZ DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA, Doctora AYDA LUZ CAMPO PERNET o quien haga sus veces, que
en un término no mayor de diez (10) días contados a partir del recibo del expediente por
parte del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO con
la decisión de remplazo, proceda a restablecer los derechos fundamentales del
accionante expidiendo las decisiones judiciales a que haya lugar sin someterlo
nuevamente a que el expediente tenga turno de acceso a su despacho para decidir.”8
(Resaltado original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 27 de enero de 20259 se admitió la acción de tutela y se
vinculó a la E.S.E Centro de Salud de Palmar de Varela. También se dispuso la
notificación a las partes y a la vinculada.
5.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico10 señaló que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir los requisitos de a. relevancia constitucional,
comoquiera que las decisiones reprochadas se expidieron conforme a derecho,
8
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 39C49AF67ECB19C1 12531F8C2F77F622
5EF7E3988894A3E0 2C844CB4285C7EE9, folios 55 y 56.
9
Índice 5 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado DAA75AAF3CB14AE0
323BE502613F632F 320ADF11944D346A 4708D553551D1758.
10
Índice 9 de SAMAI, certificado 0267BBC77246CD00 51AECC570944B567 FF15F82677366ACF 3ADDCB68DE0BD3CF,
ibid.
6
Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
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cosa diferente es que la parte ejecutante no esté de acuerdo con ellas y acuda a la
acción de tutela para reabrir un debate ya definido, con el fin de convertirla en una
tercera instancia; y b. inmediatez, porque las providencias censuradas datan del 15
de mayo y 18 de julio del año 2024, de manera que transcurrieron más de 6 meses
hasta la interposición de la presente acción.
5.3. La E.S.E Centro de Salud de Palmar de Varela11 aseveró que las decisiones
censuradas se profirieron de conformidad con la ley y la Constitución, razón por la
cual, pese a que la resolución de sus pretensiones no sea favorable a los intereses
del accionante, no constituye una violación del debido proceso.
5.4. El accionante12 informó que a raíz de la notificación del auto admisorio de la
presente acción de tutela, el Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla
emitió auto del 30 de enero de 2025 a través del cual decretó las medidas cautelares
de embargo que el tribunal le devolvió, ante lo cual la entidad ejecutada interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación. Agrega que el recurso de reposición13
fue negado por el referido juzgado mediante auto del 12 de febrero de 2025. En
consecuencia, solicita se tomen las medidas pertinentes en aras de que no continúe
la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Por otro lado,14 pone de presente que la E.S.E Centro de Salud de Palmar de Varela
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Doce Administrativo Oral de
Barranquilla, la cual cursa ante el Tribunal Administrativo del Atlántico de radicado
08-001-23-33-000-2025-00036-00, con la finalidad de que se ordene la suspensión
de los efectos de la medida decretada en el auto del 30 de enero de 2025.
5.5. El Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla15 realizó un recuento de
las actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo y solicitó se declarara
improcedente lo pretendido, pues la acción de tutela no es la herramienta jurídica
para controvertir las decisiones que se adopten dentro de los procesos judiciales,
11
Índice 10 de SAMAI, certificado A630D01E1D9D6DB7 4B7E7AF124E452EF 19AB74028A231325 C17841B17A96AD09,
ibid.
12
Índice 11 de SAMAI, certificado 949157C93F926A91 7125D8E02268ACD0 C00C75A95061FBD6 639D4509BD87EEEB,
ibid.
13
Índice 16 de SAMAI, certificado 82A7B20F617D57E5 B9EACDA38551516B DF39A0E77550A284 74358BB475DF7E96,
ibid.
14
Índice 16 de SAMAI, certificado 82A7B20F617D57E5 B9EACDA38551516B DF39A0E77550A284 74358BB475DF7E96,
ibid.
15
Índice 13 de SAMAI, certificado 7C2B85837706DFA8 97F245CFC0FFDC4D 0BFF1FBE3D08D538 840AE396AD149464,
ibid.
7
Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
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como si fuera una tercera instancia, o para procurar su impulso. Manifestó que no
se acreditó una vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Finalmente, sostuvo que en cuanto al decreto de las medidas cautelares solicitadas
por el demandante se ha garantizado la segunda instancia, razón por la que los
embargos solicitados fueron decretados en los términos señalados por el tribunal.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 18 de febrero de 202516 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
declaró improcedente la acción de tutela.
El a quo constitucional consideró que la acción de tutela no cumplía el presupuesto
de subsidiariedad.
Advirtió que en providencia del 30 de enero de 2025 se decretó el embargo y
secuestro de los dineros que por cualquier concepto deben al ejecutante y contra
esa decisión la entidad ejecutada interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, el primero de ellos fue negado por el Juzgado Doce Administrativo de
Barranquilla el 12 de febrero de 2025 y el segundo se concedió. Posteriormente,
observó que el 17 de febrero de 2025 el referido juzgado requirió a las entidades
bancarias con el fin de que den cumplimiento estricto a la medida de embargo
decretada en auto del 30 de enero de 2025. Contra esa decisión la E.S.E Hospital
de Palmar de Varela interpuso recurso de apelación.
Concluyó que dichos recursos se encuentran en trámite, pendiente de resolución.
Pese a que la solicitud de amparo se dirigió contra las providencias del 24 de mayo
de 2023 del Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, y del 15 de mayo y 18 de
julio de 2024 del Tribunal Administrativo del Atlántico, no se puede desconocer que,
posteriormente, en primera instancia con auto del 30 de enero de 2025 se decidió
acerca de la procedencia de las medidas cautelares invocadas, el cual fue recurrido
en apelación, encontrándose actualmente en trámite.
16
Índice 18 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 0A706EF78617CB21 2E8FEF49893A90ED
43ADC4CD730AA0D8 0B4216DFB4E1B66C.
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Sentencia de segunda instancia
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7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 17,
en el que argumentó lo siguiente:
7.1. La acción de tutela sí cumple el requisito de subsidiariedad, sin embargo el a
quo constitucional desconoció que el auto del 30 de enero de 2025 fue expedido por
el Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla en cumplimiento de la orden
dada, erróneamente, por el Tribunal Administrativo del Atlántico al resolver el
recurso de apelación propuesto por el hoy accionante contra el auto del 24 de mayo
de 2023.
En el proceso ejecutivo radicado 08001233301220140010000/02 no hay ningún
recurso pendiente por resolver que tenga la vocación de salvaguardar los derechos
fundamentales invocados y el “irregular recurso de apelación que está en trámite no
le daría nada más, antes bien, de llegar a prosperar, le quitaría lo concedido por
auto de 30 de enero hogaño, pero que todo eso deviene del error en que incurrió la
Sala A del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico al expedir el auto
de 15 de mayo de 2024, cuya invalidez se pide y que de ser concedida,
automáticamente decaerían los autos que de él se desprendieron”.
7.2. El CPACA y el CGP establecen que el recurso de apelación procede contra los
autos que se pronuncien sobre medidas cautelares, lo que no se encuentra
establecido en las normas procesales es que al ser resuelta una solicitud de
medidas cautelares, el demandante apele, se le conceda el recurso de apelación,
el juez de segunda instancia resuelva y devuelva la competencia al a quo para que
se pronuncie (sin haber decretado nulidad alguna), el a quo emita nuevamente
decisión sobre la solicitud de medidas cautelares y, esta vez, sea el demandado
quien apele y se le conceda el recurso de apelación.
7.3. El a quo constitucional erró al aceptar que el recurso de apelación propuesto
por la demandada contra el auto del 30 de enero de 2025 se concedió en debida
forma, pues, por el contrario, aquel fue expedido en acatamiento de una orden del
superior que ya había estudiado el asunto, es decir, a lo sumo es un auto de
cumplimiento y contra él no procedía recurso alguno.
17
Índice 22 de SAMAI, certificado 313F2D9DDBBDE97C 71BC52183C5F57DE 09D1737BA6687ACC 12F8150741F618FA,
ibid.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
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8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 11 de abril de 202518 el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 18 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad19 y de procedencia20 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
18
Índice 24 de SAMAI, certificado 85A993BA0CA6FAA5 CF418A42AEB66D6F B59B0C7A407228F5 A7C272C89DF92F3E,
ibid.
19
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
20
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00329-01
Accionante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
4. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional i) cuando a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y, en
el segundo, transitoria.
4.2. En el sub examine, el interesado considera que sus derechos fundamentales
fueron transgredidos por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla y el
Tribunal Administrativo del Atlántico al dictar, en su orden, las providencias del 24
de mayo de 2023, del 15 de mayo y 18 de julio de 2024, mediante las que a. se
negó la solicitud de embargo y secuestro respecto de los dineros de la ADRES,
decretó el embargo y retención de los dineros que poseía la entonces demandada
en cuentas corrientes o de ahorros y los que recaudara o ingresos propios por los
servicios prestados a sus usuarios, o de libre destinación, limitado a
$495.855.433.84 (auto del 24 de mayo de 2023); b. se revocó la anterior decisión
en lo que a las medidas de embargo no decretadas se refiere y la confirmó en lo
demás (auto del 15 de mayo de 2024); y c. se negó la solicitud de aclaración y se
adicionó la providencia del 15 de mayo de 2024, en el sentido de negar las demás
medidas solicitadas por la parte ejecutante (auto del 18 de julio de 2024).
4.3. Pues bien, la Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se
satisface, por cuanto tras revisar el expediente del proceso ejecutivo con radicado
08001233301220140010000/02/0321, se observa que aún no se ha emitido decisión
definitiva sobre algunas de las medidas cautelares solicitadas por la entonces parte
ejecutante, esto es, actualmente se encuentra en trámite. Así, en el expediente se
acreditó lo siguiente:
• El Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla a través de providencia
del 24 de mayo de 2023 negó la solicitud de embargo y secuestro respecto
21
Visible en los siguientes link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080013333012201400100000800133 y
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080013333012201400100030800123 ,
revisados el 3 de junio de 2025. Igualmente, consúltese índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
0B78B61A29FED9D4 56FA1F6646DAF7AB 16E970D925A7738C 0672B97B83B36910.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
de los dineros de la ADRES, decretó el embargo y retención de los dineros que
poseía la entonces demandada en las cuentas corrientes o de ahorros y los
que recaudara o ingresos propios por los servicios prestados a sus usuarios,
o de libre destinación, limitado a $495.855.433.84.22
• Contra esa decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación23.
• El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante auto del 15 de mayo de
202424 revocó la providencia del 24 de mayo de 2023 en lo que a las medidas
de embargo no decretadas se refiere, ordenó al Juzgado Doce Administrativo
Oral de Barranquilla estudiar nuevamente la solicitud en tal sentido, “sin
oponer la inembargabilidad de los recursos” y lo confirmó en lo demás.
Contra aquel la parte ejecutante presentó solicitud de aclaración y adición.
• El Tribunal Administrativo del Atlántico por medio de auto del 18 de julio de
2024 negó la solicitud de aclaración y adicionó el auto de 15 de mayo de
2024 en el sentido de negar las demás medidas solicitadas por la parte
ejecutante.25
• El Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla a través de auto del 30
de enero de 2025 se pronunció sobre los numerales 3 y 4 de la solicitud de
medidas cautelares, como consecuencia de la orden dada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, en el entendido de proferir nueva decisión.
Así, decretó el embargo y secuestro de los dineros que por cualquier
concepto se deban a la parte ejecutada, como giros, aportes y/o
contraprestación por los servicios que presta, ha prestado y/o de cualquier
suma de dinero pendiente de pago, en las siguientes entidades: Alcaldía de
Palmar de Varela, Gobernación del Atlántico, Cajacopi EPS, Ambuq EPS-S,
Famisanar EPS, Mutual Ser EPS, Nueva EPS y Coosalup EPS. Por otro lado,
decretó el embargo y secuestro de los dineros que por cualquier concepto
deba girar el Ministerio de Hacienda a la E.S.E Centro de Salud de Palmar de
Varela. Se limitó el embargo a la suma de $495.855.433.8426.
22
Formato onedrive, archivo denominado “26. auto decide embargos”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera
instancia, certificado 0B78B61A29FED9D4 56FA1F6646DAF7AB 16E970D925A7738C 0672B97B83B36910.
23
Formato onedrive, archivo denominado “30. Recurso de apelación”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera
instancia, certificado 0B78B61A29FED9D4 56FA1F6646DAF7AB 16E970D925A7738C 0672B97B83B36910.
24
Formato onedrive, archivo denominado “04. auto decide apelación”, de la carpeta llamada “40. Devolución expediente […]”,
sub carpeta “02. Segunda instancia”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
0B78B61A29FED9D4 56FA1F6646DAF7AB 16E970D925A7738C 0672B97B83B36910.
25
Formato onedrive, archivo denominado “08. Aclaración y adición auto”, de la carpeta llamada “40. Devolución expediente
[…]”, sub carpeta “02. Segunda instancia”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
0B78B61A29FED9D4 56FA1F6646DAF7AB 16E970D925A7738C 0672B97B83B36910.
26
Índice 78 de SAMAI del Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla, radicado 08001333301220140010000,
certificado 029A66075E20E3AD C6FAD2DF60FD6CDC 1BE5B3863BD2BC3E 6CE98E2B9743508B. Consúltese en el
siguiente link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080013333012201400100000800133
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Contra esta decisión la entidad ejecutada interpuso recurso de reposición y
en subsidio apelación27.
• Posteriormente, el Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla
mediante auto del 12 de febrero de 2025 resolvió no reponer la providencia
del 30 de enero de 2025 y concedió, en el efecto devolutivo, el recurso de
apelación28.
• El 17 de febrero de 2025 el referido juzgado requirió a las entidades
bancarias para que den cumplimiento estricto a la medida de embargo
decretada en auto del 30 de enero de 202529. Contra esa decisión la E.S.E
Hospital de Palmar de Varela interpuso recurso de apelación30
4.4. Al revisar el sistema SAMAI del Tribunal Administrativo del Atlántico, radicado
0800133330122014001000331, se observa que el recurso de apelación contra el
auto del 30 de enero de 2025 se encuentra en trámite pendiente de resolución.
Dicho de otro modo, al día de hoy aún no existe una decisión dictada por el juez
competente que determine la procedencia o no de algunas de las medidas
cautelares solicitadas en el marco del proceso ejecutivo en comento.
Así, se estima que aún no se han agotado los mecanismos de defensa para la
protección de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo,
pues al estar todavía en trámite lo antes anotado, se tiene que ese es el escenario
natural en el que el peticionario debe exponer sus argumentos y realizar el debate
correspondiente.
4.5. Esta Subsección precisa que no se puede desconocer que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática y reiterativa en señalar que “la acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite”32. Lo contrario, llevaría
a desnaturalizar al mecanismo tutelar y a que el juez constitucional incurra en una
27
Índice 83 de SAMAI del Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla, radicado 08001333301220140010000,
certificado 14F728944438E06E BF940B3E03B8B098 C7C9AE9F237E829E A3D77B4D3D604CFD. Consúltese en el
siguiente link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080013333012201400100000800133
28
Índice 98 de SAMAI del Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla, radicado 08001333301220140010000,
certificado 594C6BF422DE07FC 012A9850CA905285 CC081C7BF7A0ADF1 63DB68EF409DECCB. Consúltese en el
siguiente link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080013333012201400100000800133
29
Índice 121 de SAMAI del Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla, radicado 08001333301220140010000,
certificado 3B1041990330E4FC C309DBCEC412FF70 A68803E1D034A0FF A73CBF6A35274361.
30
Índice 126 de SAMAI del Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla, radicado 08001333301220140010000,
certificado FC43920BF4C94BC7 76E8F6D1633FDDFA 5F21E7009AAC93D1 B81803B71CB3B457.
31
Consúltese en el siguiente link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080013333012201400100030800123
32
Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2014. Es de anotar que ya desde la sentencia C-543 de 1992 se dejó sentado
este postulado.
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Sentencia de segunda instancia
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intromisión en asuntos que no son de su competencia, pues la Corte Constitucional
ha sostenido lo siguiente:
“De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su
poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate
en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte.
No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen
diligencias judiciales ya ordenadas por el juez de conocimiento, ni modificar providencias
por él dictadas, no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita
autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que caracterizan a la
administración de justicia (artículo 228 C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente
las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio
(artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del
debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible falta de competencia que
podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias producidos como consecuencia de
la decisión con los consiguientes perjuicios para las partes, la indebida prolongación de
los procesos y la congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los
despachos judiciales.”.33
De este modo, no cabe duda que el juez de tutela no puede concebirse ni actuar
como juzgador de instancia o de conocimiento, sobre la necesidad de reconocer la
primacía de derechos fundamentales, por cuanto el ordenamiento jurídico ha dotado
de diferentes instrumentos y recursos a las partes para salvaguardar sus intereses,
siendo estos a los cuales debe ceñirse el interesado, por ser idóneos y eficaces
para la defensa de sus derechos.
4.6. Bajo este panorama, la Sala halla la razón al a quo constitucional cuando
aseveró que pese a que la solicitud de amparo se dirigió contra las providencias del
24 de mayo de 2023, 15 de mayo y 18 de julio de 2024, no es posible desconocer
que a través del auto del 30 de enero de 2025, el cual fue emitido con ocasión de lo
resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la providencia del 15 de mayo
de 2024, se decidió acerca de la procedencia de las medidas cautelares invocadas.
4.7. Ahora, en lo que corresponde al perjuicio irremediable, la Sala tampoco advierte
su acaecimiento34, porque con la decisión censurada no se ocasionó un daño que
amerite la adopción de medidas urgentes.
33
Sentencia C-543 de 1992.
34
Ha señalado la Corte Constitucional que en la valoración del perjuicio irremediable se exige que este sea (i) cierto, en el
entendido de que exista plena certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho invocado; (ii) con una alta
probabilidad de ocurrencia, pues no puede tratarse de una simple conjetura hipotética o percepción del solicitante; y (iii)
inminente, de modo que esté por suceder en un tiempo cercano, por lo que no se trata de una mera expectativa. Ver Corte
Constitucional, sentencia T-425 de 2019.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Wilmer Antonio Albor Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de subsidiariedad, en consecuencia, la acción tuitiva resulta improcedente,
como lo concluyó el a quo, razón por la que se confirmará el proveído impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 18 de febrero de 2025 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado
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