Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00342-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00342-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00342-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00342-00
Accionante: Jorge Armando Romero Baldovino
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se niega el amparo solicitado al no configurarse los defectos
alegados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por el señor Jorge Armando Romero Valdovino, quien actúa
en nombre propio en contra del Tribunal Administrativo de Sucre por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la igualdad, ocurrida con ocasión de la expedición de la
providencia del 5 de junio de 2024 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 70-001-33-33-004- 2019-00225-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
Del escrito de tutela y del expediente se colige que el accionante, ingresó1 mediante
contrato laboral al Banco Agrario de Colombia y que unos años después2 fue
trasladado al municipio de Sincelejo.
El 26 de agosto de 2016, el señor Emiro Julio Frías, cliente de la entidad bancaria
referida en el municipio de San Onofre presentó una queja ante esa sucursal, en la
que informó lo siguiente:
«(…) El motivo de la presente es informar que el día 27 de julio de 2016 me fue
desembolsado un microcrédito por valor de $2.100.000.
Ese día el asesor de microcrédito me dijo que le entregara $92.000 para la
primera cuota del crédito que toca a finales de agosto y así tendría que volver a
pagar en septiembre.
El día de hoy me llaman del banco tengo la sorpresa que estoy en mora y que
tengo un saldo pendiente por valor de $72.116 ya que descontaron de la cuenta
lo poco que tenía.
1 Como asesor comercial micro finanzas, en la oficina de San Onofre - Sucre el día 18 de noviembre de 2013.
Índice 2 del aplicativo SAMAI, 6_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_22_1_202512_2_5_20250124123700240.
Contrato individual de trabajo Págs. 71-74
2 El día 5 de julio de 2016, en razón a que fue ascendido al cargo de profesional universitario de micro finanzas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00342-00
Accionante: Jorge Armando Romero Valdovino
AGRADEZCO a esta entidad financiera que resuelva la situación teniendo en
cuenta que el mismo día del desembolso pague la primera cuota al asesor
JORGE ROMERO.
Solicito poner al día la obligación ya que soy muy responsable de mis
obligaciones y cuido mi hoja de vida.». (Sic en toda la cita). Negrillas y
subrayas de la Sala.
La queja contra el actor fue remitida por el coordinador de la sucursal a la oficina
de control disciplinario interno, la cual, el 29 de agosto de 2016 abrió la indagación
preliminar del proceso. Posteriormente, el 18 de octubre de 2016, se inició la
investigación disciplinaria y se suspendió al actor en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, el 18 de noviembre de 2016, el Banco Agrario de Colombia S.A. dio
por terminado su contrato laboral.
Mediante acto administrativo disciplinario del 21 de mayo de 2018, confirmado el
103 de diciembre del mismo año, el señor Romero Valdovino fue sancionado con
destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por diez años.
El hoy accionante consideró que la sanción debía declararse nula debido a una falta
de motivación y violación al debido proceso, aunado a que en razón a ella sufrió
una afectación psicológica, familiar y social, que le ha impedido laborar en otras
entidades públicas y privadas circunstancia que debía reparársele, por lo que
instauró una demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo quien
declaró4 la nulidad de los actos administrativos sancionatorios y ordenó a la entidad
demandada cancelar los salarios y prestaciones dejados de percibir por el señor
Romero Valdovino durante la suspensión en el ejercicio de su cargo, así como
cancelar los registros y anotaciones de la sanción impuesta al actor.
La anterior decisión fue apelada por el Banco Agrario de Colombia y posteriormente
fue revocada por el Tribunal Administrativo de Sucre que además negó las
pretensiones de la demanda al considerar que en el procedimiento disciplinario
quedó demostrado que el accionante actuó con dolo en la comisión de la falta que
le fue imputada.
2.2. Fundamento jurídico
El accionante consideró vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, pues en
su sentir fue juzgado con soporte en un cargo que no ocupaba al momento de
los hechos, aunado al desconocimiento de un precedente de unificación5 y una
valoración inadecuada de las pruebas respecto a su caso por parte de la autoridad
judicial accionada con los que se quebrantó también su derecho al acceso a la
administración de justicia.
3 Índice 2 del aplicativo SAMAI, 6_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_22_1_202512_2_5_2025012412370024. Pág.
217-284. Decisión de Presidencia del Banco Agrario como segunda instancia disciplinaria.
4 Índice 2 aplicativo SAMAI, 7_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_22_1_202512_2_6_20250124123700475.
5 El actor hizo referencia al proceso seguido a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho bajo el radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00, consejero ponente: William Hernández Gómez.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruiz.
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Accionante: Jorge Armando Romero Valdovino
Lo anterior, sumado a una trasgresión al debido proceso pues adujo que se le
juzgó sin pruebas suficientes, utilizando testimonios de oídas, una queja
disciplinaria y su versión libre como si fueran pruebas válidas, omitiendo valorar
otras pruebas esenciales para su defensa, afirmando además que el Tribunal
revocó la sentencia desatendiendo las reglas procesales al respecto, pues no
ejerció un control pleno e integral de forma positiva sino negativa.
Además, adujo que se le vulneró su derecho a una tutela judicial efectiva, al
confirmar la sanción impuesta, pues reiteró que a su juicio no se realizó un análisis
idóneo de las pruebas y el derecho aplicable a su asunto.
Por lo expuesto, el actor alegó la existencia de varios defectos fácticos en la
providencia impugnada. Sostuvo en primer lugar, que el tribunal accionado basó su
juicio de reproche en unas funciones y un cargo que él no ostentaba en la época
de los hechos investigados ignorando la prueba documental que demostraba lo
contrario, lo cual vulneró su derecho al debido proceso y su presunción de
inocencia. Afirmó que esta omisión en la valoración de pruebas relevantes afectó
la validez de la sanción impuesta, dado que la culpabilidad atribuida se basa en un
error respecto de sus funciones y cargo.
Aunado a lo anterior, el actor manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió
en otro defecto fáctico con el que trasgredió el debido proceso, al aplicar una
fórmula probatoria irracional que combinó elementos de convicción que no son
pruebas (como testimonios de oídas y quejas disciplinarias) y los trató como si
fueran pruebas válidas. Argumentó que esta "alquimia probatoria" carece de
sentido lógico y legal, y que, de no haber cometido este error, su decisión habría
sido diferente.
Alegó además que el Tribunal también incurrió en el referido defecto al otorgar
alcance probatorio a su versión libre, usándola como confesión sin que él aceptara
responsabilidad alguna.
Finalmente, actor afirmó que el Tribunal incurrió en un defecto orgánico y de
desconocimiento del precedente jurisprudencial al asumir competencias de la
entidad demandada y realizar un nuevo juicio disciplinario en lugar de contrastar
las razones de inconformidad del apelante e ignoró las razones del fallo de primera
instancia, utilizando de manera equivocada el concepto de “control pleno e integral”
de los actos sancionatorios disciplinarios, lo cual vulnera el debido proceso.
El actor arguyó que el Tribunal, al aplicar el citado control, excedió sus
competencias al realizar un nuevo juicio disciplinario en lugar de simplemente
verificar las garantías procesales del sujeto disciplinado. Afirmó que con ello usurpó
funciones de la entidad demandada y desconoció el fallo de primera instancia,
utilizando de forma incorrecta la figura referida para justificar su decisión.
2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
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Accionante: Jorge Armando Romero Valdovino
«(…) Con base en los hechos narrados y el análisis jurídico expuesto,
presento las siguientes pretensiones para que sean consideradas en la
acción de tutela:
1. Que se amparen los derechos fundamentales invocados.
2. Que se ordene al Tribunal accionado que profiera en un término de 48
horas una sentencia de reemplazo.».
2.4. Intervenciones
La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto6 del 27 de enero de
2025, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Sucre como
accionado y al Banco Agrario de Colombia y al Juzgado Cuarto Administrativo de
Oralidad de Sincelejo como terceros interesados en el resultado del proceso.
Asimismo, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de
su competencia.
2.4.1. El Banco Agrario de Colombia S.A.7 solicitó negar el amparo invocado
argumentando que esa entidad no estaba legitimada en la causa por pasiva y no
vulneró ningún derecho fundamental del actor. Afirmó que el actor interpuso con
antelación otra acción de tutela8 contra la autoridad judicial accionada.
2.4.2. El Tribunal Administrativo de Sucre guardó silencio.
2.4.3. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo de Sucre, con ocasión de la expedición de la sentencia
del 5 de junio de 2024 que revocó la decisión del 18 de marzo de 2022 proferida
por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo y en su lugar negó las
pretensiones de la demanda, incurrió en las causales específicas de procedibilidad
de defecto fáctico y desconocimiento del precedente.
6 Índice 4 del aplicativo SAMAI
7 Índice 2 del aplicativo SAMAI. 19_110010315000202500342005MemorialWeb202523221936.
8 Aplicativo SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2024-01583-00/01. Relacionada con una presunta mora
judicial dentro del proceso seguido bajo el radicado 70-001-33-33-004- 2019-00225-00, la cual fue declarada
improcedente.
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3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por
parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados
en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de
defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que
aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando
no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro
de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
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Accionante: Jorge Armando Romero Valdovino
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.
3.3.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia
de los presuntos defectos fáctico y de desconocimiento del precedente en la
providencia censurada y existe una argumentación suficiente para considerar su
revisión.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional 9
ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa10, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva11, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de
tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»12.
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente vinculante.
9 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456
de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
10 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
11 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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Accionante: Jorge Armando Romero Valdovino
En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que a
pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive desde
finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la jurisprudencia y
por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la regla de la doctrina
probable.
La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición13, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican
su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la
Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente
judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la
acción de tutela.
Respecto del precedente vertical14, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado
en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las
autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que supuestos fácticos
iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente, con la misma
consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada, que otorga a los destinatarios
de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación,
pues si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza
razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede desconocer la
naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de
esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios
de buena fe y confianza legítima, que imponen a la Administración un grado de
seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con
protección jurídica; y 5) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es
necesario un mínimo de coherencia a su interior15.
Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones
jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico
sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón
central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos
fácticos relevantes de cada caso16. De esta forma, la Corte Constitucional recordó
que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso
concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza en relación con
los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los
casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».
Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio
decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el
único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan
13 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
14 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
15 Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
16 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por
tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el
juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de
discriminación17.
Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un juez
unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que un
cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del ordenamiento
jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se
adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una interpretación del
derecho frente al contexto social actual.
De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga de
transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a
conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional
y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden
jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento en la
seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente18.
En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional
por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de
arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes
se encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.6.- Análisis del defecto fáctico y de desconocimiento del precedente en la
sentencia del 5 de junio de 2024:
La Sala procede a estudiar la supuesta existencia de los defectos alegados en la
providencia de manera conjunta, al estar íntimamente relacionados conforme al
planteamiento del actor en su escrito de tutela.
El actor alegó una violación de sus derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso, al ser juzgado por un cargo que no ocupaba y con pruebas, a
su juicio, insuficientes como la queja presentada y unos testimonios que
consideró de oídas. Sostuvo que el tribunal ignoró pruebas documentales clave y
aplicó incorrectamente la figura de control pleno e integral, utilizando elementos de
convicción no válidos y su versión libre como confesión, vulnerando así su derecho
a una tutela judicial efectiva.
Además, argumentó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
jurisprudencial y excedió sus competencias al realizar un nuevo juicio disciplinario
en lugar de verificar las garantías procesales, sin tener en cuenta lo expuesto
por la primera instancia. Afirmó que estas irregularidades afectaron el juicio de la
accionada para confirmar la validez de la sanción impuesta, pues se basaron en
17 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
18 En materia Contencioso Administrativo el reconocimiento del precedente como fuente importante de
estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la jurisprudencia,
consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
artículo 256 y siguientes ibídem.
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apreciaciones erradas.
Por lo expuesto, la Sala procede a revisar el análisis realizado por el Tribunal
Administrativo de Sucre, a partir del cual revocó la decisión proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo:
«… 2.4 La providencia apelada: El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito de Sincelejo-Sucre, mediante sentencia del 18 de marzo de 2022,
resolvió: “(…)” Como sustento de su decisión manifestó que, los argumentos
asumidos por el Banco Agrario de Colombia, por medio de su autoridad
disciplinaria, no son acordes con la realidad fáctica que se pretende endilgar a
los hechos que se dicen son contentivos del delito de peculado y por óbice
sustento de la sanción disciplinaria. También que, el elemento de mayor fuerza
demostrativa invocada por la parte accionada como autoridad disciplinaria, fue
la versión libre rendida por el señor Romero Valdovino, la cual no debió tenerse
como elemento de juicio, por cuanto no es medio de prueba sino derechos de
los investigados que pueden hacer valer antes de proferirse el fallo de primera
instancia. “(…)”.
De este modo consideró que, desestimada la versión libre como medio
probatorio, los restantes elementos probatorios que se invocan en el proceso
disciplinario, no son suficientes para acreditar el elemento apropiación con
respecto al delito de peculado por apropiación, toda vez que la queja de
disciplinaria, constancia y reportes de microcréditos y las declaraciones de los
señores Daniel Dionisio Ospino Padilla – Coordinador Regional de
Microfinanzas del Banco Agrario de Colombia – San Onofre, no son suficientes
para determinar en qué condiciones de tiempo y lugar se dio la entrega del valor
de la cuota y cuál fue el destino de dichos recursos, lo que permitiría evidenciar
la condición efectiva de la apropiación, además que a lo largo del proceso
disciplinario no se recibió la declaración del cliente Emiro Julio Frías.
Agregó que, contrario a lo afirmado por la decisión disciplinaria en segunda
instancia, la queja disciplinaria no es suficiente para dar una certeza necesaria
a los supuestos fácticos del delito del cual afirma que se materializó, sino que
es obligación que el juez disciplinario haga un análisis objetivo e integral, sin
que implique la asunción de un juicio de responsabilidad objetiva, con el
cumplimiento de los principios de presunción de inocencia e imparcialidad
previstos en la ley disciplinaria y de alto contenido constitucional. “(…)”
2.5. El recurso de apelación: “(…)” la parte demandada “(…)” Señala que en
el presente caso no es cierto que la versión libre y espontánea no puede ser
tenida en cuenta por el juez disciplinario, toda vez que ello también afectaría
inclusive al propio disciplinado, debido a que las citas de las personas
investigadas deben ser cotejadas con el fin de establecer si lo liberan de su
responsabilidad o en caso contrario si lo corrobora. “(…)” arguye que se
demostró un inadecuado incumplimiento por parte del señor Jorge Armando
Romero Valdovino como servidor público frente a las formalidades y finalidades
que se deriven del principio de respeto al bloque normativo que han sido
expuestos tanto por el Consejo de Estado como por la Corte Constitucional.
Por otro lado, expresa que, en el proceso disciplinario se demostró que sí hubo
dolo, porque el señor Romero Valdovino, sabiendo que tenía que ajustar su
conducta a sus deberes y prohibiciones no lo hizo, siendo plenamente
consciente de que sus actos atentaban o estaban por fuera de los lineamientos
legales y como la buena fe se presume, no hay duda que al desplegar una
conducta contraria a sus deberes como funcionario público, esa pluralidad de
indicios, conlleva a que hubo mala fe. “(…)” Por último, sostiene que, del caudal
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probatorio se extraen indicios graves de que el demandante si se apropió de
esos recursos, aunque haya consignado posteriormente parte de esos
recursos, dado que, hubo una intención intrínseca del demandante de que esos
dineros fueron a parar a sus manos y que utilizó toda una maniobra fraudulenta,
conducta dolosa, y de mala fe al no consignar esos recursos; de esta manera,
no se evidenció que fue un error porque el demandante no lo negó. En
consecuencia, al hacer nuevamente una confrontación del fallo de primera
instancia con el material obrante en los procesos disciplinarios y por la
pluralidad de indicios allí encontrados, el hoy demandante si era acreedor a la
sanción impuesta por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. y si está
demostrado el dolo y la mala fe, como también está demostrado que el BANCO
AGRARIO no vulneró el debido proceso, ni hubo desconocimiento a la
presunción de inocencia, ni hubo falsa motivación, de tal manera que la aludida
irregularidad de los actos demandados por parte del Banco Agrario, no existe
en lo sustancial o material, ni en lo formal, en virtud de que dicha entidad se
sujetó al ordenamiento jurídico en cuanto a los motivos, los fundamentos, el
procedimiento de expedición y la competencia de la autoridad disciplinaria que
emitió los mencionados actos administrativos. “(…)”
3.6. CASO CONCRETO. En el asunto, se procura la nulidad de las decisiones
sancionatorias - fallos adiados 21 de mayo de 2018 emitido por la Oficina de
Control Disciplinario Interno Coordinación Control Disciplinario Regional Costa
y 10 de diciembre de 2018 proferido por Presidencia del Banco Agrario de
Colombia - en contra del señor JORGE ROMERO VALDOVINO, que lo
sanciona disciplinariamente con destitución e inhabilidad general para el
ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años. “(…)” Como sustento
del cargo, se indica en el acto acusado que el delito de peculado se concretó
en el “momento en que ROMERO VALDOVINO tomó los dineros entregados
por el cliente EMIRO JULIO FRIAS para el pago de su primera cuota y no le dio
la destinación señalada al cliente como era consignarla a la obligación”. De allí
que, se encuentra debidamente individualizado el tipo penal imputado al actor.
En relación a los elementos que integran la falta imputada, tenemos: a) Sujeto
activo calificado: En virtud del artículo 2553 de la Ley 734 de 2002.b) Verbos
rectores: “apropiarse”. En el caso sub lite, la falta señalada por el operador
disciplinario hace referencia al verbo rector: “apropie” cuyo significado en
algunas de sus acepciones es: “Tomar para sí alguna cosa, haciéndose dueña
de ella”19. c) Ingrediente normativo: “en provecho suyo o de un tercero de
bienes del Estado”. Aunado a ello, en dicho contrato se estipuló, entre otras
cláusulas, la siguiente: “DECIMA TERCERA.COMPROMISO ESPECIAL: EL
TRABAJADOR se obliga a suscribir un acta especial de compromiso por la cual
se obliga a cumplir con el Código de Conducta del Banco y con su Manual para
la Prevención de Lavado de Activos del Banco, así como con las directrices de
comportamiento contenidas en la Ley 190 de 1995 – Estatuto de Corrupción- y
en la Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Único- así como los reglamentos
y Procedimientos y reglamentaciones internas y externas que rijan al Banco
Agrario de Colombia como establecimiento bancario y Sociedad de Economía
Mixta sujeta al Régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado.” (Fls.
101). Tocante a la competencia para adelantar investigaciones disciplinarias,
se encuentra que, el señor JORGE ARMANDO ROMERO VALDOVINO, en su
calidad de servidor público - modalidad trabajador oficial - del BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A., era sujeto disciplinable en virtud del Código
Disciplinario Único, “(…)”. Ahora, entre los cargos que sustentan la apelación,
la demandada sostiene que, entre los elementos probatorios recaudados
dentro del proceso disciplinario, se destaca la versión libre y espontánea que
fue rendida por el investigado señor JORGE ARMANDO ROMERO
19 https://dle.rae.es/apropiar?m=form
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VALDOVINO, la cual, a su juicio, debe ser tenida en cuenta por el juez
disciplinario como medio de prueba y no descartarla como lo hizo el A quo, ello,
pues permite tener certeza de la responsabilidad del investigado. Respecto a
la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141
señala que, esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica, de manera
conjunta y con explicación en la respectiva decisión del mérito de las pruebas
en que esta se fundamenta. Sobre el particular la Subsección A20 advirtió: « […]
No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha
precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
el operador disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más
amplia que la del mismo operador judicial penal, que le autoriza para determinar,
en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado
proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia
o no de los hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la comisión
de la falta y de la responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de
las disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la Ley
734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros […]»
Observa la Sala que, dentro del procedimiento disciplinario, se tuvo en cuenta
el siguiente material probatorio: “(…)”. Frente a esta última prueba y que fue el
objeto del recurso de apelación, la cual se procura por parte de la
demandada sea tenida como prueba de la responsabilidad del demandante,
conviene anotar que, precisamente de lo se trata con la diligencia de
versión libre, es darle la oportunidad al funcionario de suministrar una
explicación clara de los hechos que justifique su proceder, libre de
juramento para brindar la posibilidad de decir todo lo que se considere
necesario en ejercicio de derecho de defensa, lo cual en efecto ocurrió.
Respecto a la versión libre, el Honorable Consejo de Estado ha explicado
contundentemente: “El numeral 3 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002,
consagra la figura de la versión libre, con el siguiente tenor literal: Artículo 92.
Derechos del investigado. Como sujeto procesal, el investigado tiene los
siguientes derechos: (…) 3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la
actuación, hasta antes del fallo de primera instancia. (…). En atención a la
norma antes trascrita, la versión libre no es un medio de prueba sino un
derecho del investigado que puede hacer valer antes de proferirse el fallo
de primera instancia, en ese sentido es susceptible de ser ejercido o no
por el encartado, tal y como ocurre con los demás derechos procesales
señalados en la referida disposición. “(…)” En el mismo sentido, la Sección
Primera del Consejo de Estado respecto a la versión libre como medio de
prueba sostuvo: “[…] La versión libre no tiene valor probatorio y no puede
ser objeto de valoración, en la medida en que difiere del testimonio porque
para su celebración no se exige la prestación de juramento: “[…] En ese
sentido, la versión libre, a menos de que contenga una confesión, no es un
medio de prueba. Al respecto, esta Subsección ha explicado lo siguiente: […]
Al no ser considerada una prueba, la versión libre no puede ser objeto de
valoración, en la medida que difiere del testimonio ya que para su celebración
no se exige juramento. En ese sentido, si la autoridad disciplinaria considera
necesaria la declaración de determinada persona debe ordenar la práctica de
esta última. De esa manera, la afirmación de que la versión libre no puede
valorarse debe ser entendida en que ello no es procedente como prueba,
pero sí como medio de defensa. Por tanto, todas las alegaciones ofrecidas
tendrán que ser estudiadas por la autoridad disciplinaria, con el fin de efectuar
un análisis integral y en conjunto con el acervo probatorio. Es por lo anterior
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero
ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C, 13 de febrero de dos mil catorce (2014).
Radicación: 11001-03-25-000-2011-00207 00(0722-11). Actor: Plinio Mauricio Rueda Guerrero. Demandado:
Fiscalía General de La Nación.
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que el carácter de derecho que le asiste a la figura en comento implica que su
ejercicio sea facultativo, atendiendo a los intereses o estrategia de defensa que
decida emplear el disciplinado como titular de aquel. Al no ser obligatorio rendir
la versión libre, quien decida hacerlo goza de la garantía de que esta sea
recepcionada libre de apremios de juramento u otra coacción, pues es claro
que se debe proteger el derecho de no autoincriminación. No obstante,
ejercido este derecho, es apenas lógico y necesario que las afirmaciones
allí ofrecidas se confronten y analicen con las pruebas que obren en el
proceso. Por su parte, algunas de las restricciones más trascendentales de
cara a la valoración de este mecanismo de defensa es que jamás se podrá
equiparar esta figura a la de un testimonio, que el juicio de responsabilidad
pueda prescindir del análisis de las diligencias que sí tienen el carácter de
prueba y que se acepte como versión una narración que materialmente no haya
cumplido su esencialidad: la libertad y espontaneidad en lo que haya sido
relatado” […]. Así, para la Sección Segunda de la Corporación “[…] la versión
libre como derecho del investigado tiene ciertas prerrogativas tales como la de
no ser rendida bajo juramento y por tanto comporta una exposición llana, simple
y libre de apremio sobre la visión de los hechos investigados por parte del
encartado, que en contraste no puede tomarse como medio de prueba[…]”21.
(subrayas para destacar) Por lo anterior, si bien, conforme al criterio
jurisprudencial citado, la versión libre, al no ser considerada una prueba
no puede ser objeto de valoración, por cuanto para su celebración no se
reúne los requisitos del testimonio, para esta Sala, una vez hecho uso de
tal beneficio, las afirmaciones allí ofrecidas pueden ser confrontadas y
analizadas con las demás pruebas que obren en el proceso. En este sentido, contrastada la versión libre con las demás pruebas recabadas
dentro del proceso disciplinario, esto es, los testimonios del Coordinador
Regional de Micro Finanzas y del director de la Oficina San Onofre, así como
las demás documentales antes relacionadas, permiten a la Sala colegir que: i)
el señor EMIRO JULIO FRIAS realizó un crédito en el Banco Agrario, sucursal
San Onofre, por valor de $2.100.00059; ii) que dicha suma fue abonada a su
cuenta de ahorros el día 27 de julio de 2016, según extracto bancario visible a
folio 71 de la demanda, siendo retirada la suma de $1.900.000 el día 29 de julio
de 2016 y descontada automáticamente el valor de $19.496, el 22 de agosto
de 2016, por concepto de gravamen movimiento financiero; iii) el 26 de agosto
de 2016 el señor EMIRO JULIO FRIAS presentó una queja en contra del asesor
JORGE ARMANDO ROMERO, por haberle entregado la suma de $92.000
pesos para que realizara el pago de la primera cuota del crédito; iv) que el
Director de la Oficina de San Onofre JHON FRED DIAZ remite al Coordinador
Comercial correo electrónico el día 26 de agosto de 2016, informando sobre
“reclamo cliente microfinanzas”; v) que el señor DANIEL OSPINO Coordinador
Comercial Microfinanzas Regional Costa, remitió un correo electrónico el día
26 de agosto de 2016, informando sobre un reclamo de un cliente
microfinanzas, con el objeto de que se iniciaran las respectivas investigaciones;
vi) que conforme al recibo de pago que fue aportado con la demanda fl. 65, se
realizó un pago o abono al crédito del señor EMIRO JULIO FRIAS, por valor de
$73.000, desde la oficina 6,303Sincelejo, el día 31 de agosto de 2016, esto es,
después de la queja radicada por el cliente y desde el lugar donde se
encontraba desempeñando funciones el señor JORGE ARMANDO ROMERO,
para dicha fecha; hechos que permiten determinar a partir del nexo causal o
lógico la existencia del hecho, la comisión de la conducta endilgada, y la ilicitud
sustancial de la misma.
Vistas así las cosas, se considera que, el actor tenía
que cumplir con todos los protocolos establecidos por la Ley para asumir las
funciones de su cargo, máxime, cuando “(…) el cumplimiento de funciones
2150001-23-33-000-2015-00091-01_20210225, Sección Primera del Consejo de Estado, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
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públicas implica la asunción de cargas especiales22 (…), de allí que todo
servidor público esté sometido no solo al imperio de la Ley sino a un
catálogo de deberes y prohibiciones, a más de un régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de
intereses, con lo que se pretende evitar la extralimitación en el ejercicio
de funciones públicas y preservar la igualdad material que debe imperar
en un Estado Social de Derecho. Bajo la anterior consideración vale la pena
destacar, que la conducta reprochada era totalmente evitable y adicional a ello,
estaba obligado a conocer la ley, en razón a que tenía más de dos años
ejerciendo dicho cargo como asesor de microfinanzas, luego entonces,
debía conocer cuáles eran sus alcances y limitaciones en el mismo, así como
las políticas de la entidad que representaba. Ahora, en punto a determinar si el
disciplinado actuó con conocimiento y voluntad (dolo) o con la infracción de los
deberes objetivo y subjetivo de cuidado (culpa), esta Sala itera que, el
demandante, para la fecha de los sucesos, llevaba en ejercicio del cargo como
asesor de microfinanzas más de 2 años (indicio de aptitud), lo que permite
colegir que este tenía el conocimiento necesario para saber que recibir dinero
de un usuario (cliente del banco) constituía un comportamiento reprochable. De
esta manera, a pesar de que el demandante tenía la capacidad de discernir
sobre la situación que se presentó, decidió actuar en contravía de sus deberes,
con lo que el dolo queda acreditado. En cuanto a la gradualidad de la sanción,
observa la Sala que en el fallo disciplinario de segunda instancia, la entidad
demandada motivó la decisión de sancionar al señor JORGE ARMANDO
ROMERO, pues para graduar la sanción tuvo en cuenta el tipo de falta
(gravísima) y el grado de culpabilidad (dolo), así: “Bajo tal precedente surge
clara la calificación jurídica de la conducta, es decir, la incursión en una falta
disciplinaria de carácter gravísima al tenor del numeral 1° del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002, toda vez que lo que refleja los elementos probatorios es que
el señor JORGE ARMANDO ROMERO VALDOVINO, utilizó las prerrogativas
de su cargo para cometer un delito, siendo es la primera de las faltas gravísimas
que contempla norma en cita. “(…)”. De conformidad con lo dicho, la Sala
encuentra que al señor JORGE ARMANDO ROMERO se le aplicó la sanción
mínima correspondiente a la falta que cometió y a la imputación dolosa que se
demostró en el procedimiento disciplinario. Por esto, aquí se considera que no
había lugar a declarar la nulidad de los actos acusados, debiéndose de revocar
la decisión primigenia y en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
3.6 Conclusión: La sentencia apelada debe revocarse porque en el
procedimiento disciplinario quedó demostrado que el señor JORGE ARMANDO
ROMERO actuó con dolo en la comisión de la falta que le fue imputada.».
Negrillas y subrayas de la Sala.
Con fundamento en lo expuesto en precedencia, la autoridad judicial accionada
revocó la providencia del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo proferida
el 18 de marzo de 2022, que accedió a las pretensiones de la demanda.
A partir de la anterior transcripción, la Sala Advierte que el Tribunal Administrativo
de Sucre, contrario a lo planteado por la parte actora, realizó un análisis integral del
material probatorio aportado al proceso, que le permitió concluir que debía revocar
la decisión proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo,
decisión que se evidencia fue adoptada bajo un criterio razonable y ajustada la sana
crítica.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-280 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Es relevante poner de presente que en la providencia objeto de cuestionamiento,
en contravía de lo afirmado en la acción de tutela, la autoridad judicial accionada si
tuvo en consideración el cargo ocupado por el accionante al momento de cometer
la falta disciplinaria; el cual, de acuerdo con el contrato individual de trabajo suscrito
en el año 2013, correspondía al de asesor comercial microcrédito, por lo que el
defecto fáctico alegado con relación a ello deviene inexistente.
Por otro lado, con relación al supuesto defecto fáctico relacionado con la valoración
de los testimonios de los señores Jhon Fred Diaz y Daniel Ospino que el actor
consideró que habían sido “de oídas”, los mismos no pueden ser tomados en este
sentido, en particular porque el primero de ellos tuvo una conversación directa con
el señor Emiro Julio Frías y este presentó una queja por escrito ante él, que
tampoco puede desconocerse como parece pretender el accionante, pese a que el
quejoso no se presentó de nuevo a reafirmar su dicho.
No obstante, es necesario recordar que el examen que le corresponde realizar al
juez constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial
no es de corrección sino de validez2324, motivo por el cual solo habrá lugar a
amparar los derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso. En ese sentido, no es procedente la
acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de
la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un
asunto.
Por otra parte, no se observa que la autoridad judicial reprochada haya trasgredido
el debido proceso de la accionante, ni ninguno de los derechos fundamentales
invocados inherentes a este, pues, por el contrario, se evidencia que atendió a
todas sus solicitudes durante el curso del proceso.
Con respecto al posible defecto endilgado de desconocimiento del precedente, la
parte actora debe recordar que no basta con citar la jurisprudencia alegando una
presunta vulneración ius fundamental si la anterior fundamentación no se precisa
en el asunto en concreto.
La Sala tampoco advierte como manifiesta el actor, que el Tribunal se haya
excedido en sus competencias o no tuviera en cuenta el fallo de primera instancia
para proferir su providencia. Por el contrario, se evidencia que la autoridad judicial
accionada sustentó de manera fundamentada su decisión con base en el estudio
de la sentencia del a quo, la apelación presentada por el demandado, la normativa
y la jurisprudencia vigentes aplicables al asunto.
En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la
conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que procede a negar el
amparo, por los argumentos expuestos en la presente providencia.
23 Folio 173-182 del Archivo 01EscritoDemanda.pdf del Expediente Digital.
24Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, la Sala procederá
a negar el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la parte
accionante en contra del Tribunal Administrativo de Sucre.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela formulada el señor Jorge
Armando Romero Valdovino, en contra del Tribunal Administrativo de Sucre con
ocasión de la expedición de la providencia del 5 de junio de 2024 que revocó la
sentencia del 18 de marzo de 2022 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral de Sincelejo y en su lugar negó las pretensiones de la demanda, dentro del
proceso seguido a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho seguido bajo el radicado 70-001-33-33-004- 2019-00225-00/01.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ. JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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