Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00351-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00351-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00351-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
14 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 14 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000- 2025-00351-00
Demandante: Jorge Eliécer Guzmán García
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA |
Subsidiariedad
Síntesis del caso: El actor reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión del cobro de una tarifa por
el consumo del servicio de energía eléctrica.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Jorge Eliécer
Guzmán García contra la Presidencia de la República, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios - Dirección Territorial Noroccidente y la
empresa Air-E SA. ESP.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 23 de enero de 2025, Jorge Eliécer Guzmán García presentó una
acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios - Dirección Territorial Noroccidente y la
empresa Air-E SA ESP, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
con ocasión del cobro de una tarifa por el consumo del servicio de energía
eléctrica en su residencia.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“ORDENAR Al Presidente de la República, que haga los llamados de atención,
como quiera que el mandato del Articulo 370 Superior, es IMPERATIVO, CLARO
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00351-00
Demandante: Jorge Eliécer Guzmán García
Demandado: Presidencia de la República y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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Y DEFINITIVO, al señalar que es de su resorte, ejercer a través de la
Superintendencia el control, inspección y vigilancia de estos operadores de
servicios públicos, pero, SI QUIEN DICE REPRESENTAR, NO CUMPLE, con los
derechos y las obligaciones que le asisten al REPRESENTADO, este último es
llamado a responder.
ORDENAR Al Director Nacional de la Superintendencia de Servicios Públicos,
para que inicie investigación disciplinaria interna contra los funcionarios, que
por acción y por omisión, acolitan las inveteradas conductas negligentes y
prevaricadoras de los operadores y con los cuales, vulnera los derechos
fundamentales de los Usuarios.
ORDENAR Al Gerente y/o Representante Legal del operador de servicios
públicos, que conforme la CONSECUENCIA JURÍDICA, dispuesta en el Inciso 4
del Artículo 146 de la Ley 142 de 1994, proceda a reconocer la PERDIDA DEL
DERECHO A RECIBIR EL PRECIO, de los consumos cuyo valor deviene de lecturas
derivadas de bienes y servicios que fueron impuestos, VIOLANDO los
presupuestos de los Artículos 9.2, 144 de la Ley 142 de 1994 y las ordenes
dispuestas por el Máximo Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia C-186
de 2022 y si los recibió, que proceda conforme lo señalan los Artículos 2318 y
2319 del Código Civil, rembolsando en efectivo y con su correspondiente
indexación, TODOS los valores pagados por esos CONSUMOS , que surgen
ilegales, merced de su propia incuria, negligencia y dolo.
ORDENAR la compulsa del expediente y su correspondiente proveído, conforme
las obligaciones que señalan los Artículos 67 de la Ley 906 de 2004 y 38.25 del
Código Único Disciplinario.”
3. Como hechos relevantes a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) En la residencia de Jorge Eliécer Guzmán García, ubicada en el
barrio Las Palmas en Barranquilla, se encuentra instalado un medidor de
energía bajo el Número de Identificación del Contrato (NIC) 1349480.
5. 2) El 27 de septiembre de 2022, el señor Guzmán García presentó una
petición ante la empresa Air-E SAS ESP, radicada con el No. 8497877, con el
fin de manifestar su inconformidad con el consumo de energía facturado
durante el mes de septiembre de 2022.
6. 3) La empresa Air-E SAS ESP, mediante Decisión Administrativa No.
202290807110 de 4 de octubre de 2022, resolvió de manera desfavorable la
petición antes mencionada, puesto que estableció que el consumo
facturado para el periodo de septiembre de 2022 en el predio NIC 1349480
presentó una secuencia lógica de lectura generada por el equipo de
medición.
7. 4) El 10 de octubre de 2022, el señor Guzmán García presentó recurso
de reposición y, en subsidio, apelación, con el radicado No.
90223798497877, contra la decisión tomada por el prestador, de modo que
reiteró su inconformidad con el alto consumo facturado durante septiembre
de 2022. Además, solicitó que se hiciera una revisión del medidor y se
reubicara, y pidió que la lectura del mismo se hiciera de forma física y no
satelital.
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Decisión: Declara improcedente
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8. 5) La empresa Air-E SAS ESP, mediante Oficio No. 202290891470 de 26
de octubre de 2022, resolvió el recurso reposición de forma desfavorable,
por lo que reiteró que la lectura del consumo se había hecho de
conformidad con las reglas establecidas en el artículo 146 de la Ley 142 de
1994. Por otro lado, concedió el recurso de apelación para que fuera
resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
9. 6) Por medio de Resolución No. SSPD - 20248200920665 de 12 de
diciembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
decidió confirmar la Decisión Administrativa No. 202290807110 de 4 de
octubre de 2022, proferida por la empresa Air-E SAS ESP, al constatar que el
consumo de septiembre de 2022 no presentó un aumento que configurara
una desviación de cara a lo establecido en la cláusula 38 del Contrato de
servicio público (condiciones uniformes) suscrito con el prestador, en virtud
del cual, para que se diera una desviación de esa índole la variación debía
ser superior al 340%.
10. 7) El acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios resolvió el recurso de apelación, de acuerdo
con la parte actora, se notificó electrónicamente el 16 de diciembre de
2024, con el radicado No. 20248205773941827661.
11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa Air- E SA
ESP desconocieron lo previsto en el artículo 79, 80, 155 y 159 de la Ley 142 de
1994, al querer imponer el cobro de una tarifa por el consumo de energía
que desconocía sus derechos como usuario y que privilegiaba condiciones
uniformes leoninas que quedaron plasmadas en el contrato suscrito con la
empresa prestadora del servicio de energía.
12. Manifestó que el cobro de la tarifa era injustificado en la medida que
no hubo una variación significativa en el consumo de energía en su
residencia, por lo que el valor que se reflejaba en las facturas solo podía
explicarse en razón a que las lecturas que hacía el medidor inteligente
instalado de manera arbitraria en su vivienda estaban mal.
13. Añadió que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
había notificado tardíamente el acto administrativo mediante el cual
resolvió el recurso de apelación contra la decisión de la empresa Air-E SA
ESP y que estaba fundamentado en el parágrafo 1 del artículo 37 de la
Resolución 108 de 3 de julio de 1997, expedida por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, la cual fue suspendida por el Consejo de
Estado mediante Auto de 5 de abril de 2021, dentro del proceso No. 11001-
03-24-000-2020-00058-00.
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Decisión: Declara improcedente
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1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
14. La Presidencia de la República presentó un memorial en el que señaló
que la acción de tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad
porque fue empleada por el señor Guzmán García para cuestionar la
legalidad de la Resolución No. SSPD 20248200920665 del 12 de diciembre de
2024, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y
para ello debió acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
a través del medio de control de nulidad.
15. Agregó que los cuestionamientos de la parte actora estaban
relacionados con presuntas irregularidades acaecidas en el marco del
procedimiento administrativo adelantado por la superintendencia
comentada, de modo que no era posible atribuirle una vulneración de
derechos fundamentales, no tenía legitimación en la causa por pasiva en el
asunto y por tanto debía ser desvinculada. Pidió que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela o se negaran las pretensiones de
amparo respecto de ella.
16. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios allegó un
informe en el que precisó que el procedimiento administrativo adelantado
por ella fue respetuoso del debido proceso y que lo pretendido por la parte
actora era que el juez de tutela se pronunciara sobre su inconformidad
respecto del análisis jurídico y la valoración probatoria que realizó para
tomar la decisión enjuiciada, lo cual desbordaba su ámbito de
competencia. Por tal razón, señaló que el mecanismo de defensa ordinario
que debía utilizar el señor Guzmán García para hacer valer sus derechos era
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Manifestó,
con base en ello, que la tutela debía declararse improcedente y, de no ser
así, debía negarse el amparo solicitado.
17. La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG señaló que, de
acuerdo con las leyes 142 y 143 de 1994, tiene competencia para expedir
la regulación de los servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas
combustible, y para emitir conceptos de carácter general y abstracto sobre
los temas materia de su regulación, pero no estaba facultada para
pronunciarse sobre situaciones particulares que podían presentarse entre un
usuario y la empresa prestadora del servicio, ni para vigilar y controlar el
cumplimiento de la normatividad. Manifestó que no había desplegado
ninguna acción tendiente a vulnerar los derechos fundamentales de la
parte actora, por lo que solicitó ser desvinculada.
18. Air-E SA ESP presentó un informe en el que indicó que la parte actora
2 Mediante Auto de 27 de enero de 2025, el despacho ponente resolvió, entre otras, (1) admitir la acción de tutela
de la referencia, (2) tener como accionados la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios - Dirección Territorial Noroccidente y la empresa Air-E SA. ESP, y (3) vincular al Ministerio de
Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), como terceros con interés en el asunto.
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enrostraba una serie de inconformidades en la acción de tutela, pero que
no había aportado ningún soporte de la reclamación que supuestamente
interpuso ante la empresa, como tampoco allegó ningún documento
relacionado con el recurso de reposición y, en subsidio, apelación. Precisó
que ni siquiera había allegado un acuse de recibo de las peticiones
presentadas, por lo que no podía hacerse rastreo de lo reclamado y por
tanto no había vulnerado ningún derecho fundamental. De esa forma, pidió
que se negara el amparo.
19. El Ministerio de Minas y Energía, a pesar de haber sido notificado en
debida forma, guardó silencio3.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Metodología de estudio. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra autoridad pública. 2.4. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
20. En lo que respecta a las solicitudes de desvinculación presentadas
por la Presidencia de la República y la Comisión de Regulación de Energía
y Gas, la Sala las despachará de forma desfavorable, comoquiera que, en
el caso de la primera, de ella se predica la presunta vulneración de
derechos fundamentales y, en el caso de la segunda, porque su vinculación
al trámite de la tutela se dio en calidad de tercera con interés en el asunto,
con base en las competencias que le asignó el ordenamiento jurídico.
2.2. Metodología de estudio
21. La Sala estima necesario señalar que los argumentos expuestos por la
parte actora están encaminados, por un lado, a cuestionar la legalidad de
la Resolución No. SSPD 20248200920665 del 12 de diciembre de 2024,
proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y por el
otro, a que se ordene a las entidades accionadas a iniciar distintas
investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el cobro de
una tarifa de consumo de energía. Con base en ese panorama, se
establecerá si la solicitud de amparo cumple con los requisitos de
procedencia de la acción de tutela.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra autoridad pública
22. La Sala declarará la improcedencia de la presente acción por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad, de acuerdo con los motivos que
pasan a analizarse.
3 Índice 7 de SAMAI
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23. Para estudiar el requisito en comento, resulta preciso recordar que el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 19914, que desarrolló el artículo
865 constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
24. La Corte Constitucional6 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
25. 1) Ahora bien, en el caso concreto se observa que la parte actora
alegó, en primer lugar, que la Resolución No. SSPD 20248200920665 del 12 de
diciembre de 2024, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, se adoptó con base en el parágrafo 1 del artículo 37 de la
Resolución 108 de 3 de julio de 1997 de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, la cual fue suspendida por esta Corporación mediante Auto
de 5 de abril de 2021, dentro del proceso No. 11001-03-24-000-2020-00058-
00.
26. En esa medida, lo que se advierte es que la parte actora quiso utilizar
la acción de tutela como un medio para cuestionar la legalidad de la
Resolución No. SSPD 20248200920665 del 12 de diciembre de 2024, cuando
contaba con mecanismos de defensa judicial ordinarios, como lo son los
medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho,
previstos en la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), mediante los cuales pudo
manifestar sus inconformidades contra el mencionado acto administrativo e
incluso solicitar medidas cautelares al interior de estos7.
4 “Artículo 6. causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”
5 “Artículo 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
7
“ARTÍCULO 229 del CPACA. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado
del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo. (…) ARTÍCULO 234 del CAPCA. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de
la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar
el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar”.
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27. Lo anterior, en atención a la indiscutible naturaleza de actos
administrativos que detentan aquellas decisiones de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios, que dan lugar a recursos administrativos de
reposición (ante el prestador de los servicios públicos domiciliarios) y
apelación (ante la SSPD), en los términos del artículo 154 de la Ley 142 de
1994.
28. Adicionalmente, la Sala constata que la parte actora no demostró
estar inmersa en una circunstancia que diera lugar a la procedencia de la
acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En ese orden, se reitera, la acción de tutela no puede ser
utilizada como una acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales
ordinarios.
29. Por otro lado, 2) en lo que respecta a las solicitudes encaminadas a
que se ordene a las entidades accionadas adelantar investigaciones
disciplinarias por supuestas irregularidades en el cobro de las tarifas por la
prestación del servicio de energía, se le recuerda igualmente a la parte
actora que la acción de tutela no es el mecanismo para encausar
investigaciones penales, disciplinarias y/o de cualquier otro tipo, ya que
para ello hay conductos procesales y canales específicos.
30. En gracia de discusión, si lo que pretendía la parte actora por medio
de esta acción constitucional era que se le ordenara al Presidente de la
República y a las demás autoridades accionadas ejercer debidamente sus
funciones de inspección, vigilancia y control sobre la prestación del servicio
público de energía, la Sala advierte que no pidió eso directamente y de
manera previa a las autoridades, por lo que se estaría ante la ausencia de
un hecho vulnerador, puesto que no es posible hablar de una negativa
frente a la pretensión aludida cuando ello no ha sido solicitado.
2.4. Conclusión
31. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela porque el cuestionamiento de la
Resolución No. SSPD 20248200920665 del 12 de diciembre de 2024, proferida
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no cumple con
el requisito de subsidiariedad, y porque la acción de tutela no es el medio
para ordenar investigaciones disciplinarias.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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Decisión: Declara improcedente
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RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Presidencia de la República y la Comisión de Regulación de Energía y Gas,
de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Jorge Eliécer Guzmán García, de acuerdo con las razones dadas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 8.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
8 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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