Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00353-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00353-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00353-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00353-00
Demandante: Marleny Galvis Montoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento
del derecho / Sustitución de la pensión de invalidez post
mortem y pensión de sobrevivientes / Defectos sustantivo,
fáctico y desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada Marleny Galvis Montoya, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Marleny Galvis Montoya promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva,
y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 15759333300220190004101.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso:
i) Presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, con el fin de cuestionar la legalidad de los actos
administrativos por medio de los cuales se le negó, en calidad de madre, la
pensión de invalidez post mortem y pensión de sobreviviente respecto su hijo José
Andrés Hincapié Galvis.
1 Ver índice 2 de Samai. Actuación denominada «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua
2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Marleny Galvis Montoya
ii) El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso en
sentencia del 13 de mayo de 2021 negó las pretensiones de la demanda, por
cuanto los demandantes al momento del fallecimiento de su hijo no dependían
económicamente de él, pues, el padre gozaba de su pensión cuyo monto era
mayor a dos salarios mínimos vigentes, asimismo, en cuanto a la pensión de
invalidez, refirió que pese a que el dictamen pericial preceptuó una pérdida de la
capacidad laboral y ocupacional del 98%, no se dictaminó una incapacidad
permanente, sin contar con el referido derecho pensional termina con el deceso.
En contra de esta decisión la demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia del 26 de agosto de 2024,
confirmó parcialmente lo resuelto por el a quo al considerar que, si bien en
principio se cumplieron los postulados señalados por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación sobre pensión de sobrevivientes, no se acreditó el
requisito de dependencia económica respecto del causante, pues, el fallecimiento
ocurrió en 1996 mientras que la solicitud se presentó en 2016, razón por la que
por 20 años los demandantes pudieron suplir sus necesidades. Por otra parte, en
cuanto a la pensión de invalidez, consideró no se puede trasmitir en la medida en
que nunca fue reconoció, porque no hubo calificación de pérdida de capacidad
laboral.
iv) Se vulneraron sus derechos fundamentales por la corporación judicial
demandada al incurrir en defecto sustantivo al omitir la aplicación de los artículos
181, 182 y 185 del Decreto 1211 de 1990, respecto de las prestaciones por
incapacidad sicofísica de los oficiales y suboficiales, las cuales corresponderían
al 100% por cuanto en servicio activo sufrió una lesión que conllevó a que sufriera
un 98% de pérdida de la capacidad laboral. Así como exigió requisitos que no
están determinados en el régimen especial para acceder a la sustitución
pensional, como lo es la dependencia económica.
En defecto fáctico, por cuanto no se tuvo en cuenta que se demostró que el 1.º de
mayo de 1996 el Suboficial José Andrés Hincapié Galvis dentro del Batallón Tarquí
de Sogamoso recibió un impacto de bala en la cabeza, lo cual provocó que
estuviese en un estado de incapacidad hasta el 12 de septiembre de 1996, fecha
de su muerte.
Además, de los testimonios rendidos se encontraba probado que el causante
asistía económicamente a su padre y madre, cuyo ingreso se limitaba a la pensión
que aquel recibía pero que era insuficiente para suplir las necesidades propias,
pues, eran utilizados para pagar la educación de sus otros hijos, y demás
servicios.
En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional 2 y del
2 Al respecto citó: i) C-111 de 2006; ii) T-456 de 2016; iii)
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Consejo de Estado3 respecto a que la dependencia económica no debe ser de
forma total y absoluta, sino que esta puede ser parcial.
1.1.1. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] se tutelen los derechos fundamentales invocados como vulnerados y como
consecuencia de esa declaración se disponga:
1. Dejar sin valor u efecto jurídico la decisión adoptada por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Boyacá el 26 de agosto de 2024, en el proceso radicado
15759333300220190004101.
2. Se ordene a la Corporación judicial accionada a emitir providencia de reemplazo,
teniendo en cuenta las consideraciones y precedentes jurisprudenciales aludidos
en la presente acción constitucional, esto es, en relación con la exigencia del
requisito de la dependencia económica.
3. Ruego se adopten las medidas o correctivos que se estimen procedentes o
necesarios para garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales del
accionante y el cese en su vulneración […]». [sic]
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 4 solicitó que se declarara
improcedente la petición de amparo ante la inexistencia de vulneración a los
derechos fundamentales invocados, por cuanto la demandante tuvo a su
disposición todos los medios de defensa correspondientes, por lo que gozó de la
oportunidad de acceder a la administración de justicia. Asimismo, refirió que la
tutela no es el mecanismo para defender los derechos que ya fueron juzgados en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sin perjuicio de lo anterior, requirió su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, pues, de acuerdo con los estatutos internos de la entidad, su
objeto es reconocer y pagar las asignaciones de retiro de los miembros de las
Fuerzas Militares, mientras que lo que acá se pretende es el reconocimiento de la
pensión de invalidez, frente a lo cual no tiene competencia, pues, ello le
corresponde al grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional.
3 Al respecto citó la Sentencia del 4 de octubre de 2018, Sección Segunda. C.P. William Hernández
Gómez. Rad. 050012333000201300741-01
4 Ver índice 9 de SAMAI. Actuación denominada
«12RECIBEMEMORIAL_RV_CONTESTACIONDETUT(.zip) NroActua 9»
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1.2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Sogamoso 5 luego de hacer un reencuentro de las actuaciones jurídico-
procedimentales surtidas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo, por cuanto
no cumplió con el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional, pues, la verdadera intención de la demandante es convertirla en
una tercera instancia del expediente contencioso.
1.2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá 6 solicitó que se negara lo
pretendido, por cuanto, si bien se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad, lo cierto es que la Sala interpretó debidamente la normativa y
jurisprudencia aplicable al caso concreto, respecto de las reglas para otorgar la
pensión de sobrevivientes.
Señaló que se desvirtuó lo indicado en los testimonios, referente a que la pensión
percibida por el padre del causante fuera de un mínimo, cuando en realidad
superaba los dos, y en concordancia con las fechas de muerte del militar y de
presentación de la demanda, se observó que transcurrieron 20 años en que la
demandante ha podido suplir las necesidades del hogar con los ingresos de su
esposo fallecido. Además, de que tampoco se podía acceder al derecho pensional
de invalidez cuando nunca se determinó por sanidad militar la pérdida de
capacidad laboral del causante.
1.2.4. Los demás terceros con interés guardaron silencio7.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de
legitimación en la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 5 del artículo 1 del
5 Ver índice 10 de Samai. Actuación denominada «12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionTutelaCE(.pdf) NroActua 10»
6 Ver índice 11 de SAMAI. Actuación denominada
«15RECIBEMEMORIAL_contestaciontutela20(.pdf) NroActua 11»
7 Mediante auto del 27 de enero de 2025 se admitió la tutela de referencia y se ordenó vincular al
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
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Demandante: Marleny Galvis Montoya
Decreto 333 del 6 de abril de 20218 esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.
2.2. Cuestión previa - falta de legitimación en la causa por pasiva
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como
lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio
de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la
acción se tendrá por ejercida contra el superior.
La Corte Constitucional9 en relación con la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de
la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental10. En la medida que
refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso”11, la misma, en principio, no se predica del funcionario
que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente
será la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de
que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios,
por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez
constitucional “debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia
que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución,
fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce
la Carta Fundamental.”12 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente
formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la
protección del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien
es demandado […]».
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares alegó su falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues, al considerar que carece de competencia frente a la
pretensión de amparo.
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de
la acción de tutela.
9 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
10 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
12 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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A respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
tercera con interés, al ser la parte demandada dentro del proceso contencioso-
administrativo cuestionado, y en aras de garantizarles su derecho de defensa y
contradicción, por lo que se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estad13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas
posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 14. Al respecto
señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la Sala].
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que
esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes
que desconozcan derechos fundamentales.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-
2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 17, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de
alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales18.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir
el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los
derechos fundamentales de Marleny Galvis Montoya con ocasión de la sentencia
del 26 de agosto de 2024, a través de la cual confirmó parcialmente la decisión
del a quo que negó la sustitución de la pensión de invalidez post mortem y la
pensión de sobrevivientes al no demostrar el requisito de la dependencia
económica, con lo cual incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo y fáctico,
y desconocimiento del precedente jurisprudencial?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.5.2. Desconocimiento del precedente judicial
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover
la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad
de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas
jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado
de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales,
presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a
la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias
de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de
estudio. Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el
sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en
términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en
su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.3. Defecto fáctico
El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 19, tiene una
19 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de
2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
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dimensión negativa y otra positiva.
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»20, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente» 21 . La segunda, se
acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»22.
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5.4. Defecto sustantivo
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto23. En su jurisprudencia, la corporación
ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los
jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar
normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta24, para lo cual precisó que los
límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los
intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en
cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la
disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se
efectúa una interpretación sistémica de la norma; y (vi) se desconoce la norma
constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
20 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
21 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
22 Sentencia T-538 de 1994.
23 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
24 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
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caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que
la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad
de los derechos fundamentales de los sujetos procesales25.
2.5.5. Caso concreto
Marleny Galvis Montoya acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 26 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá que confirmó parcialmente la decisión del a quo de negar la sustitución de
una pensión de invalidez post mortem, y el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes.
Lo anterior al considerar que la decisión judicial acusada incurrió en defecto
sustantivo al omitir dar aplicación de los artículos 181, 182 y 185 del Decreto 1211
de 1990, respecto de las prestaciones por incapacidad sicofísica de los oficiales y
suboficiales, las cuales corresponderían al 100% por cuanto el causante, durante
el servicio activo sufrió una lesión que le generó el 98% de pérdida de la capacidad
laboral; y por exigir requisitos que no están determinados en el régimen especial
para acceder a la sustitución pensional, como lo es la dependencia económica.
En defecto fáctico, por cuanto no se tuvo en cuenta que se demostró que el 1.º de
mayo de 1996 el Suboficial José Andrés Hincapié Galvis dentro del Batallón Tarquí
de Sogamoso recibió un impacto de bala en la cabeza, lo cual provocó que
estuviese en un estado de incapacidad hasta el 12 de septiembre de 1996, fecha
de su muerte.
También señaló que de los testimonios rendidos se encontraba probado que el
causante asistía económicamente a su padre y madre, última que no percibía
ingreso alguno, y que la mesada pensional de su esposo era insuficiente para
suplir las necesidades propias, pues, era utilizada para pagar la educación de sus
otros hijos, y demás servicios.
Expuesto lo anterior, para la Sala es importante aclarar que los mencionados
defectos serán estudiados en conjunto, toda vez que van dirigidos a controvertir
la decisión de la autoridad judicial demandada respecto de negar el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente pretendida con fundamento en que
no se demostró la dependencia económica absoluta de los demandantes respecto
al causante.
Al respecto, para mayor claridad se recuerda el análisis probatorio efectuado por
el Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia enjuiciada, a efectos de negar
el derecho pensional, así:
25 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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Demandante: Marleny Galvis Montoya
«[…] 7.1. Verificación del cumplimiento de requisitos para la pensión de
sobrevivientes
Como lo precisa en Consejo de Estado en sentencia del 12 de julio de 2018, La Ley
100 de 1993 regula en sus artículos 46 y 47 la pensión de sobrevivientes y la
sustitución pensional, con el objeto garantizar la seguridad económica de los familiares
del causante que encontrándose pensionado o afiliado al sistema y sin haber logrado
el estatus pensional falleció.
Se trata de una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico
que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca
en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas
beneficiarias de dicha prestación.” […]
En el caso objeto de estudio se puede establecer con claridad que la incapacidad del
señor José Andrés Hincapié Galvis (Q.E.P.D) inició el 1° de mayo de 1996, los 30 días
hábiles para informar a sanidad Militar vencieron el 14 de junio de 1996. Y los tres
meses vencieron el 31 de julio de 1996, sin que se hubiera convocado a la junta médica
científica.
El Consejo de Estado en sentencia de fecha 1° de marzo de 2018 mencionada en
precedencia, estableció que los suboficiales fallecidos en simple actividad tienen
derecho a la pensión sobrevivientes de la Ley 100 de 1993, y en este sentido, de
acuerdo con la documentación allegada al proceso se observa que el señor Hincapié
Galvis, cotizó desde el 1° de marzo de 1995 al 12 de septiembre de 1996, es decir 562
días, 374 días laborables, 80,28 semanas. […]
En ese entendido es prudente afirmar que efectivamente se cumplen los postulados
señalados por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación sobre pensión de
sobrevivientes, y de acuerdo con el artículo 48 de la citada norma, el monto pensional
sería el 45% del IBL.
7.2. De la dependencia económica
Revisado el escrito de demandada, se observa que con el objeto de demostrar la
dependencia económica que tenían los padres del señor José Andrés19 la parte actora
solicitó como prueba los testimonios de los señores Alba Lucy Gálvez Montoya, Jimmy
Alexander Tapiero, los cuales, fueron recibidos en la audiencia de pruebas celebrada
el 4 y 6 de noviembre de 2020.
De sus declaraciones, destaca la Sala, como relevantes las de Alba Lucy Gálvez
Montoya, quien indica que el señor José Andrés Hincapié se fue al ejército con el único
fin de colaborar en su casa, y que el padre del fallecido era quien sostenía la casa con
una pensión de un mínimo que no les alcanzaba para vivir, que le consta que el militar
salía a girarle dinero a sus papás, y que el hermano de José Andrés Hincapié
(Q.E.P.D), Walter Andrés, también es fallecido […]
Que mediante auto del 8 de febrero de 2021 el a quo ofició a la parte demandante para
que allegara al proceso la resolución que le concedió la pensión de vejez al señor
Orlando Hincapié Caviedes, la cual devengaba para el año 1996.
Que en efecto el apoderado de la parte demandante allegó la resolución No. 298 de
07 de diciembre de 2003, en la cual se plasma que mediante resolución No. 1671 de
5 de noviembre de 1986 las Empresas Públicas de Pereira S.A E.S.P. concedió
pensión de jubilación al señor Orlando Hincapié Caviedes, y que la empresa le pagaba
a agosto de 2003 la suma de $780.56222, que para 2003 el salario mínimo era de
$332.000 por lo que se puede concluir que el padre del fallecido recibía dos salarios
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Demandante: Marleny Galvis Montoya
mínimos más $116.562, desvirtuando lo indicado en los testimonios quienes afirmaban
que la pensión era del mínimo.
A diferencia del dinero que por pensión recibía el padre del señor Hincapié Galvis, este
último someramente ganaba un poco más del salario mínimo que para 1996 era de
$142.125 […]
Aunado a lo anterior, se tienen que la muerte del militar se produjo en 1996 mientras
que la solicitud se presentó en 2016, además para la fecha de los hechos los hermanos
del causante se encontraban estudiando, colegio y universidad según lo indicado por
los testigos.
Igualmente, se colige que trascurridos casi 20 años los reclamantes han podido suplir
las necesidades del hogar con la pensión del señor Orlando Hincapié Caviedes, que
era constante y suficiente y dentro de las pruebas que reposan en el proceso no se
logró demostrar que la supuesta ayuda económica que brindaba José Andrés Hincapié
a la familia fuera indispensable para su subsistencia.
En tal virtud, como lo consideró el a quo, concluye la Sala que la demandante no
acreditó el requisito de dependencia económica respecto del causante, como
necesidad para acceder a la pensión de sobrevivientes que ahora reclama, razón por
la cual encuentra la Sala que debe confirmarse el fallo de primera instancia.
Sin embargo, no sobra tener presente también que nunca hubo junta médica ni
calificación de pérdida de capacidad laboral, por lo que resulta equívoco reconocer
derecho pensional, considerando que con el fallecimiento del titular y sin haber logrado
el estatus de pensionado por invalidez no hay lugar a reconocer ni trasmitir derechos
que no fueron adquiridos […]». [sic]
Como se observa, la autoridad judicial demandada hizo un análisis explícito de las
pruebas allegadas al plenario, dentro de las cuales se destacan las declaraciones
y el acto administrativo de reconocimiento pensional del padre del causante, lo
cual le permitió concluir que, en efecto, la supuesta ayuda económica que el
causante brindaba no era indispensable para la subsistencia del hogar, máxime,
cuando este último devengaba poco más de 1 SMLMV, mientras que la pensión
de su padre era superior a 2 SMLMV.
Ahora bien, la Sala entiende que el principal reproche de la demandante de
acuerdo con su decir es que, de conformidad con las declaraciones rendidas se
podía establecer que no devengaba ingresos, y que las normas y jurisprudencia
preceptúan que la dependencia no debe ser absoluta, basta con que sea parcial.
Sin embargo, lo cierto es que las pretensiones del medio de control iban dirigidas
a obtener dos reconocimientos pensionales, esto es, la pensión de invalidez post
mortem y la pensión de sobrevivientes, por lo que resulta indispensable para la
Sala aclarar que la negativa entre una y otra obedece a situaciones diferentes.
En cuanto a la primera, pese a que no se desconocieron las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que el causante recibió un impacto de bala en la cabeza,
y, el dictamen pericial rendido por el médico Armando Cardozo Vargas que
preceptúo una pérdida de la capacidad laboral del 98%, el tribunal demandado
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Demandante: Marleny Galvis Montoya
consideró que dicha prueba documental habría sido pertinente si se hubiese
convocado la junta médica y esta hubiese dictaminado sobre la incapacidad
permanente, sin embargo, lo cierto es que dicho derecho pensional termina con
el fallecimiento del titular.
Respecto de la segunda, el tribunal demandado refirió que los suboficiales
fallecidos en actividad tienen derecho a la pensión de sobrevivientes de que trata
la Ley 100 de 1993, cuyos requisitos cumplía el causante, no obstante, advirtió
que la dependencia económica de los padres como posibles beneficiarios no fue
acreditada, pues, pese a que el fallecimiento de su hijo data de 1996 la demanda
fue presentada hasta el 2016, por lo que durante 20 años pudieron suplir las
necesidades del hogar sin dicha asignación, ya que el padre ostentaba una
pensión superior a los 2 SMLMV, por lo que no se vio afectada su subsistencia.
A juicio de la Sala, la autoridad judicial enjuiciada efectuó el estudio del caso en
concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por lo que no observa
una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio de los intereses de la parte
demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente, o un
defecto fáctico o sustantivo, en contraste, en la sentencia enjuiciada se dio
respuesta al reproche formulado en el escrito de tutela en relación con la decisión
de concluir que la demandante no tenía el derecho pensional.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Marleny Galvis Montoya, en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00353-00
Demandante: Marleny Galvis Montoya
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Marleny Galvis
Montoya, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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