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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00354-01

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00354-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invias), por las razones expuestas. SEGUNDO: REVOCA la sentencia de 20 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Juan Martín Bravo Castaño, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00354-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

10 de abril de 2025

Demandante: Juan Martín Bravo Castaño
Demandados: Ministerio del Interior y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00354-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00354-01
Demandante: JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO
Demandados: MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Tema: Presunta vulneración de los derechos fundamentales al libre
desarrollo de la personalidad, a la locomoción, al trabajo, a la
salud y a la educación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 20 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que declaró improcedente la acción constitucional de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Juan Martín Bravo Castaño, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, la Policía
Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la
Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Vías (Invias) y la Corte
Constitucional, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales de todos
los colombianos al libre desarrollo de la personalidad, a la locomoción, al trabajo, a
la salud y a la educación.

Lo anterior, con ocasión de las obstrucciones que se han presentado en la vía
panamericana.

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Demandante: Juan Martín Bravo Castaño
Demandados: Ministerio del Interior y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00354-01

1.2. Pretensiones1

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de derechos
fundamentales de «todos los colombianos afectados por los bloqueos de la vía
panamericana» y, pidió:

«[…]
2. Declarar la Vía Panamericana como un sujeto de derechos, garantizando su
protección como un bien vital para el desarrollo económico y social del país.

3. Instaurar mecanismos jurídicos y administrativos que permitan una
respuesta rápida y eficaz del gobierno cada vez que se presenten bloqueos
en esta vía, garantizando la seguridad jurídica y la intervención oportuna para
restablecer la movilidad en el menor tiempo posible.

4. Crear un protocolo de intervención inmediata en bloqueos que priorice el
derecho al libre tránsito y locomoción, el acceso a servicios esenciales como
salud y educación, y la estabilidad de la economía nacional.

5. Establecer sanciones y medidas de resarcimiento para los afectados por
los bloqueos, con el fin de disuadir las acciones que causen perjuicio a
derechos fundamentales de la comunidad y la economía.[…]»2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La vía panamericana, es una ruta terrestre de Colombia que conecta al sur del país
con el resto del territorio nacional y con el comercio internacional, en la cual se han
presentado asedios prolongados.

Situación que, a juicio del accionante afecta el orden público y a la población que
se desplaza en esa región del país.

1.4. Fundamentos de la acción de tutela

El accionante expuso que los bloqueos prolongados de la vía panamericana tienen
consecuencias económicas devastadoras para el país.

Señaló que estos cierres impiden el transporte de insumos médicos, alimentos,
materiales de construcción y productos industriales, causando desabastecimientos
en supermercados y mercados locales, afectando la provisión de servicios de salud
y la seguridad alimentaria.

1 Índice 02 Aplicativo Samai
2 Transcripción literal de la tutela

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Así mismo, consideró que las inmovilizaciones en la vía panamericana afectan
directamente la logística portuaria y la circulación de contenedores hacia puertos de
exportación como Buenaventura.

Indicó que estas situaciones también impiden el transporte de mercancías y el
acceso de los estudiantes a las instituciones educativas y el libre tránsito de las
personas.

Afirmó que las zonas cercanas a la vía, que dependen del turismo para su
economía, también se ven gravemente afectadas y las comunidades que viven
cerca de áreas donde se realizan proyectos extractivos (como minería o explotación
de recursos naturales) suelen bloquearla en protesta por los daños ambientales
causados.

Adujo que las empresas que explotan recursos naturales no siempre cumplen con
las normas ambientales y esto genera graves impactos sobre la biodiversidad, el
agua y el suelo, afectando la vida de las personas que habitan esas zonas.

Igualmente, refirió que las poblaciones que han sido parte del conflicto armado o
que han sufrido desplazamientos forzados también bloquean la referida vía para
exigir al gobierno que cumpla con los compromisos del Acuerdo de Paz firmado en
2016, que incluye temas sobre la restitución de tierras, el acceso a programas de
reparación y la creación de condiciones para la reconciliación.

Argumentó que, con el objetivo de garantizar el flujo libre y adecuado de bienes y
servicios a través de la vía panamericana, y evitar que los bloqueos generen más
perjuicios para la economía y el bienestar de los colombianos, se hace urgente
tomar medidas que permitan la protección de la citada carretera mediante la
declaratoria de sujeto de derechos.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante providencia del
30 de enero de 20253 admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Martín
Bravo Castaño en contra del Ministerio del Interior4, el Ministerio de Transporte5, la
Policía Nacional6, la Defensoría del Pueblo7, la Superintendencia de Puertos y

3 Índice 04 Aplicativo Samai
4 Notificación al correo electrónico servicioalciudadano@mininterior.gov.co
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
5 Notificación al correo electrónico servicioalciudadano@mintransporte.gov.co
notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co
6 Notificación al correo electrónico segen.consejo@policia.gov.co notificacion.tutelas@policia.gov.co
7 Notificación al correo electrónico juridica@defensoria.gov.co

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Transporte8, la Presidencia de la República9 y el Instituto Nacional de Vías (Invias)10
y la Corte Constitucional11 y ordenó la notificación de la parte actora y de las
autoridades accionadas.

Por otro lado, consideró que no es necesario decretar la prueba solicitada por la
parte actora, consistente en que «de oficio se pida a las Cámaras de Comercio y
entidades económicas como agremiaciones empresariales, informes sobre las
pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos de la Vía Panamericana
durante los últimos años», dado que el análisis de la acción de tutela se circunscribe
a la presunta transgresión de los derechos fundamentales del accionante.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Defensoría del Pueblo12

Solicitó la desvinculación del trámite de la acción de tutela e indicó que no existen
elementos fácticos, ni jurídicos que puedan demostrar vulneración de derechos
fundamentales por parte de esa entidad.

1.6.2. Corte Constitucional13

Expuso que esa entidad no está llamada a responder por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales invocados por el accionante, en tanto no tiene la
aptitud procesal para resolver las pretensiones formuladas razón por la cual, solicitó
desvinculación del trámite constitucional.

Adujo que esa corporación no tenía la facultad para decidir sobre asuntos que no
se derivan de sus funciones jurisdiccionales y que forman parte de las competencias
atribuidas a otras autoridades.

Expresó que no es competencia de este tribunal declarar a la vía panamericana
como un sujeto de derechos, ni instaurar mecanismos jurídicos o administrativos
que permitan una respuesta rápida y eficaz del gobierno cuando se presenten

8 Notificación al correo electrónico notificajuridica@supertransporte.gov.co ,
atencionciudadano@supertransporte.gov.co ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co
9 Notificación al correo electrónico notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
contacto@presidencia.gov.co
10 Notificación al correo electrónico njudiciales@invias.gov.co atencionciudadano@invias.gov.co

impedimentosyrecusaciones@invias.gov.co
11 Notificación al correo electrónico secretaria4@corteconstitucional.gov.co
presidencia@corteconstitucional.gov.co secretaria2@corteconstitucional.gov.co
secretaria1@corteconstitucional.gov.co notificacionesjudiciales@corteconstitucional.gov.co
12 Índice 012 Aplicativo Samai
13 Índice 011 Aplicativo Samai

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bloqueos en dicha vía y tampoco le corresponde la creación de un protocolo de
intervención inmediata, ni establecer sanciones ni medidas de resarcimiento para
los afectados por los bloqueos.

1.6.3. Presidencia de la República 14

Indicó que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad,
toda vez que el accionante pretende que se adopten medidas de seguridad que
eviten la inmovilización del tránsito en vía panamericana y puede acudir ante la
jurisdicción contenciosa administrativa con el fin de que se protejan los derechos
colectivos que presuntamente pueden resultar afectados.

Así mismo, señaló que no se cumple con el requisito de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que no es el generador de la vulneración de los derechos que
invoca el accionante.

1.6.4. Ministerio de Transporte15

Solicitó la desvinculación del trámite constitucional ante la inexistencia de la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante, por falta
de legitimación en la causa por pasiva toda vez que lo pretendido salen por completo
de la esfera de competencia de ese Ministerio.

Así mismo, pidió que se declare improcedente la tutela, por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad, puesto que sólo ha de concederse en aquellos casos
donde sea evidente la ausencia o ineficacia de mecanismos o medios idóneos
defensa que ofrezcan un amparo oportuno y efectivo, pero en el presente caso, no
se prueba la ocurrencia de un perjuicio irremediable y el accionante aún dispone de
otros mecanismos judiciales.

1.6.5. Instituto Nacional de Vías (Invias)16

Precisó que la vía que de Popayán conduce a Cali y el tramo de Santander de
Quilichao a Cali están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. Mientras
que la construcción, mantenimiento y señalización del sector Popayán a Santander
de Quilichao es responsabilidad del concesionario NUEVO CAUCA S.A.S. y de la
Agencia Nacional de Infraestructura,

Por lo anterior, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que no es la entidad que debe atender y resolver de fondo las
pretensiones del accionante, ya que escapan a la competencia legalmente
establecida para la entidad.

14 Índices 014 y 015 Aplicativo Samai
15 Índice 013 Aplicativo Samai
16 Índices 09 y 010 Aplicativo Samai

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En cuanto al sector SUR de la vía panamericana es decir la Ruta 2502 Mojarras-
Popayán, PR0+0000 a PR121+0000, explicó que es una vía de primer orden y se
encuentra a cargo del INVIAS y respecto de este tramo ha cumplido a cabalidad a
través de varios contratos con su obligación de mantenimiento, conservación y
señalización.

1.6.6. Es importante señalar que, a pesar de haberse efectuado en debida forma la
notificación al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Superintendencia de
Puertos, no contestaron la acción de tutela.

1.7. Sentencia de primera instancia17

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 20
de febrero de 2025, declaró improcedente el amparo solicitado.

Advirtió que no le asiste legitimación en la causa por activa al señor Bravo, para
promover acción de tutela por no acreditar un interés sustancial, directo y particular
respecto de la solicitud de amparo.

Indicó que del escrito de tutela se desprende que el actor solicita el amparo de los
derechos presuntamente violados a «todos los colombianos afectados por los
bloqueos de la Vía Panamericana», sin embargo, no identificó o individualizó a los
titulares de la garantía, sino que se refirió a la población en general, desconociendo
que los derechos fundamentales son personalísimos o subjetivos, así como
tampoco explicó, ni demostró la calidad en que actúa, es decir, en representación o
como agente oficioso de ellos.

Manifestó con relación a la pretensión de declarar la vía panamericana como sujeto
de derechos, que el juez debe analizar las particularidades de la problemática social
y ambiental, así como lo imprescindible que es el recurso natural o el ecosistema
para otorgar personalidad jurídica.

Expuso que, en el caso concreto el actor no explica por qué el cierre prolongado de
dicha ruta afecta un recurso natural o el medio ambiente y, cómo afecta en la salud,
vida o bienestar del ser humano, por el contrario, se limita a indicar las dificultades
que ocasiona para la movilidad de las personas, el transporte de alimentos e
insumos y las pérdidas económicas de los diferentes sectores, entre otras.

Señaló que no resulta procedente la tutela, dado que el actor busca la protección
de derechos colectivos y no individuales, para lo cual cuenta con la acción popular.

17 Índice 018 Aplicativo Samai

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1.7. Impugnación18

El accionante presentó memorial de impugnación contra la decisión de tutela de
primera instancia en la que solicitó sea revocada y, en su lugar, se conceda el
amparo constitucional y se ordene a las autoridades accionadas tomar medidas
concretas para garantizar la movilidad en la vía panamericana.

Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela referente a que los
bloqueos de la vía panamericana han causado perjuicios para la población de esa
región del país, en cuanto impide el tránsito de personas, medicamentos, alimentos,
mercancías.

Adujo que la sentencia de primera instancia sostiene que la acción popular es el
mecanismo adecuado. Sin embargo, no es así en este caso, por las siguientes
razones: 1) no brinda una protección inmediata y urgente, 2) no protege derechos
fundamentales de forma directa y 3) el perjuicio es irremediable en la medida que la
tutela busca evitar que las afectaciones derivadas de los asedios sigan ocurriendo.

Agregó que la acción popular busca la protección de derechos colectivos y en el
presente asunto, se han invocado como vulnerados derechos fundamentales, como
el derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la locomoción, derecho
al trabajo, derecho a la salud, y el derecho a la educación.

1.8. Manifestación de impedimento

El magistrado Omar Joaquín Barreto Suarez, mediante escrito del 1 de abril de
2025, manifestó́ estar impedido para conocer de la acción constitucional del asunto.
Consideró que estaba inmerso en la causal 1.º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal.

Al respecto, los demás magistrados de la Sección Quinta, mediante auto de la fecha
declararon infundada la manifestación, toda vez que no se encontró́ acreditado los
supuestos de hecho establecidos en la norma para su configuración.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el señor Juan
Martín Bravo Castaño contra la sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Lo anterior, de conformidad

18Índices 022 y 023 Aplicativo Samai

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con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Cuestión Previa

Teniendo en cuenta que en la primera instancia se omitió resolver sobre las
solicitudes de desvinculación, en segunda instancia se procede con su análisis, así:

La Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, la Presidencia de la República,
el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invias) solicitaron
desvinculación en el presente trámite de tutela.

Sin embargo, no se accederá a lo pedido, puesto que su vinculación al trámite
constitucional, se dio en calidad de accionados, toda vez que el accionante les
atribuyó la responsabilidad de los bloqueos en la vía Panamericana y la vulneración
de los derechos fundamentales invocados, para que ejerzan su derecho de defensa
y contradicción.

En sentir del accionante, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, la
Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de
Vías (Invias) tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar y los derechos
fundamentales de todos los ciudadanos incluida en la vía panamericana.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 20
de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, a efectos de lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas
jurídicos:

Comprobar si en el presente asunto, se cumplen con los requisitos generales de la
procedencia de la acción de tutela.

Así mismo, establecer si la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, la
Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de
Vías (Invias), han vulnerado los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad, a la locomoción, al trabajo, a la salud y a la educación de todos los
colombianos que se han afectado por los bloqueos en la vía panamericana.

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) la legitimación en la causa e
interés y (iii) el caso concreto.

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2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades, o de los particulares en los casos previstos en el Decreto
2591 de 1991.

Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia
de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio
irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.4.1. Legitimación e interés en las acciones de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona puede acudir
a la acción de tutela «para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».

En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 «Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», en los artículos 1°, 10, 46
y 49, precisa que dicha acción puede ser presentada por cualquier persona que
encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a
través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo
y los personeros municipales19.

De esa manera, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto»20. (Subrayas fuera de
texto).

19Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-793, 27.09.07, M.P. Marco Gerardo

Monroy Cabra.
20“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-

018 del 25 de enero de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez”.

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La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200321, manifestó que la acción de
tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y
que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá
ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se
«requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es
decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción.
Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de
que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no
sepa escribir o sea menor de edad»22.

En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, con ponencia del Dr.
Jaime Córdoba Triviño, señaló:

«La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación
en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades23, a partir de las normas de la
Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en
los procesos de tutela» (Subraya fuera de texto)

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales
(caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el
apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se
debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general
respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso…»24.

En línea con lo anterior, el alto Tribunal Constitucional, en la sentencia T-697 de
2006, indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución, se tiene que «un primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela es
la exigencia de que quien solicite el amparo, se encuentre «legitimado en la causa» para
presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. La legitimación «por
activa» exige que el derecho cuya protección se invoca, sea un derecho fundamental
radicado en cabeza del demandante y no, en principio, de otra persona».

Así las cosas, es importante recordar que, en relación con la legitimación por activa
en la acción de tutela, el Órgano Límite de Interpretación Constitucional en
sentencia de Unificación SU-173 de 2015, estableció lo siguiente:

21 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T- 1020, 30.10.03, M.P. Jaime Córdoba

Triviño.
22“Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14

del Decreto 2591 de 1991.”
23“Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett.”
24 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-552, 14.07.06, M.P. Jaime Córdoba

Triviño.

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«La legitimación en la causa es un presupuesto procesal exigido en la acción de
tutela, debido a que los derechos fundamentales son inherentes a las personas y,
además, son intransferibles, aun tratándose de personas jurídicas o entidades
territoriales. (…)
La legitimación para ejercitar la acción de tutela a favor de terceros es excepcional y
por lo mismo sólo puede intentarse cuando el interesado demuestre que se ven
afectados sus derechos fundamentales y que se halle imposibilitado para deprecar
por sí mismo el amparo constitucional; así los interesados son aquellas personas a
quienes la decisión afecte directamente en sus derechos fundamentales, esto es, las
partes del litigio».25

2.5. Caso concreto.

Revisado el escrito de amparo, se tiene que, en el presente asunto, se solicita como
pretensión «al señor Juez disponer y ordenar que se protejan los derechos
fundamentales de todos los colombianos afectados por los bloqueos de la Vía
Panamericana» y se adopten algunas medidas consistentes en instaurar
mecanismos jurídicos y administrativos que permitan una respuesta rápida y eficaz
del gobierno cada vez que se presenten bloqueos, crear un protocolo de
intervención, establecer sanciones y medidas de resarcimiento a los afectados.

Por su parte, el aquo constitucional consideró de una parte, que el actor carece de
legitimación en la causa y de otra, que lo pretendido puede ser debatido en el medio
de control de protección de intereses colectivos al reclamar el amparo a los
derechos al libre desarrollo a la personalidad26, a la locomoción27 , al trabajo28 , a la
salud29 y a la educación30 de índole «fundamentales» conforme a la Constitución
Nacional.

En su impugnación el actor asegura que la tutela es el medio idóneo para la
protección de los derechos fundamentales invocados que no se encuentran
circunscritos a derechos colectivos, por lo cual, no sería posible alegar que la acción
procedente es la popular, como lo indicó en la providencia impugnada el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

No obstante, pese a invocar derechos fundamentales no allegó evidencia alguna
que él directamente sufriera una afectación respecto de los mismos, tal y como lo
exige el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, por lo que carece de legitimación en
la causa por activa. En suma, el actor reclama la protección de derechos
fundamentales invocando un interés general «de todos los colombianos que
resultan afectados con los cierres de la vía panamericana» y no en defensa de sus
garantías constitucionales, ni en un interés directo o particular.

25 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-173, 16.04.15., M.P. Gabriel Eduardo Mendoza

Martelo.
26 Art. 16 CN
27 Art. 24 CN
28 Art. 25 y 53 CN
29 Art. 49 C.N
30 Art. 67 CN

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Demandante: Juan Martín Bravo Castaño
Demandados: Ministerio del Interior y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00354-01

Como se advierte, el actor tanto en el escrito de tutela y en la impugnación indicó
que los bloqueos de la vía panamericana vulneran de manera directa e inmediata
los derechos fundamentales a la salud31, a la vida, a la educación y al trabajo, sin
individualizar las personas afectadas.

Si bien, indicó que actúa en nombre propio, es pertinente precisar que, revisados
los argumentos de la solicitud de amparo se evidencia que, mediante el presente
asunto reclama la protección de derechos fundamentales en interés general de
todas las personas a las cuales se les ha impedido movilizarse en la vía
panamericana, sin individualizarse los sujetos afectados32 y sin referirse a la
defensa de su interés particular o directo.

Aunado a lo anterior, el señor Bravo Castaño tampoco manifestó y acreditó que
actuara en calidad de agente oficioso o en representación de otras personas.
Circunstancia que, imposibilita un estudio y pronunciamiento de fondo de la solicitud
de amparo.

Frente a este asunto, la Corte ha sostenido que «cuando alguien busca proteger
derechos fundamentales que no son propios, o cuando el Defensor del Pueblo
interpone una acción de tutela, es necesario individualizar al sujeto o sujetos
presuntamente afectados por la vulneración, pues de lo contrario la tutela se
tornará improcedente»33 (Negrillas fuera de texto original). En esa medida, es
necesario exponer situaciones concretas por medio de las cuales se esté
ocasionando una vulneración a los derechos fundamentales de una persona en

31 Los bloqueos de la Vía Panamericana vulneran de manera directa e inmediata derechos como:

A. El derecho a la salud (art. 49 C.P.), al impedir el traslado oportuno de pacientes y la distribución
de insumos médicos esenciales.
B. El derecho a la vida (art. 11 C.P.), pues el desabastecimiento y la falta de movilidad pueden
generar situaciones de emergencia médica no atendidas.
C. El derecho a la educación (art. 67 C.P.), ya que los bloqueos impiden la movilidad de estudiantes
hacia sus instituciones.
D. El derecho al trabajo (art. 25 C.P.), debido a la imposibilidad de que miles de trabajadores lleguen
a sus lugares de empleo o transporten mercancías.
32 Índice 02 Aplicativo Samai. Escrito de tutela acápites entidades vinculadas a la tutela y derechos

vulnerados.

33 Corte Constitucional, sentencia T-078 de 2004.

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particular, frente a la cual el juez constitucional deba dar una orden de acción u
omisión.34

En este sentido, la Sala considera que el accionante no acreditó el interés jurídico
que le permita configurar su legitimación en la causa por activa en esta acción de
tutela, toda vez que, por conducto de la solicitud de amparo no puede solicitar la
protección de garantías constitucionales de las cuales no ostenta la titularidad.

Así las cosas, se revocará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, para en su lugar, declarar la falta de legitimación
en la causa por activa del señor Juan Martín Bravo Castaño; y, en consecuencia,
no se continuará con el estudio de fondo del asunto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Defensoría del
Pueblo, la Corte Constitucional, la Presidencia de la República, el Ministerio de
Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invias), por las razones expuestas.

SEGUNDO: REVOCA la sentencia de 20 de febrero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró improcedente la
acción de tutela y, en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por activa
del señor Juan Martín Bravo Castaño, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

34Sentencia T 461 del 16 de diciembre de 2021 Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES
CANTILLO

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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